El aumento presupuestal al nuevo Poder Judicial desata tensiones entre austeridad y autonomía judicial, revela fracturas internas en la Suprema Corte y anticipa un debate clave en el Congreso para definir su futuro.
Texto de Verónica Ortiz Ortega 18/09/25
El aumento presupuestal al nuevo Poder Judicial desata tensiones entre austeridad y autonomía judicial, revela fracturas internas en la Suprema Corte y anticipa un debate clave en el Congreso para definir su futuro.
En Este País pedimos a especialistas de distintos ámbitos su reacción y análisis sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026. Con datos, contexto y mirada ciudadana, estas colaboraciones explican qué cambia respecto al año anterior y cómo impactan las decisiones presupuestales en la vida cotidiana y en el rumbo del país. Desde la política exterior hasta la cultura, la educación y los programas sociales, las voces convocadas ofrecen una visión plural que ayuda a entender qué país dibuja este presupuesto y cuáles podrían ser sus implicaciones para el futuro inmediato.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 contempla un aumento significativo para el nuevo Poder Judicial de la Federación, lo que ha desatado un intenso debate público sobre la supuesta austeridad de la autodenominada Cuarta Transformación.
Para 2026, el Poder Judicial prevé un presupuesto de 85,960 millones de pesos, lo que implicaría un incremento nominal cercano al 17 % respecto al aprobado para 2025. De ese monto, la mayor parte se destinará al nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ), que sustituye al extinto Consejo de la Judicatura Federal, con 74,224 millones de pesos asignados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría un monto proyectado de 5,869 millones de pesos, un aumento del 8.1 % en comparación con 2025.
El proyecto de presupuesto también contempla recursos para el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, con alrededor de 1,856 millones de pesos, aunque en este caso no se especifica el incremento respecto al año anterior.
Tan pronto fue presentado el proyecto a la Cámara de Diputados, comenzó la polémica. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó públicamente su rechazo y pidió al Congreso que elimine gran parte del incremento presupuestal al Poder Judicial —alrededor de 15,000 millones de pesos— argumentando que el monto solicitado provino de los ministros salientes e incluye gastos excesivos y privilegios que deberán revisarse bajo criterios de austeridad.
En sintonía con la mandataria, los diputados federales de Morena, en voz de su coordinador Ricardo Monreal, han señalado que “el aumento no va a pasar”, que se revisarán todos los rubros del proyecto y que habrá recortes o ajustes.
Dentro de la propia Suprema Corte, el tema también generó discordia. Oficialmente, el pleno manifestó su desacuerdo con el anteproyecto avalado por los integrantes anteriores. Según la nota oficial, este incremento presupuestal “no refleja la realidad de la nueva Corte, que está decidida a ejercer los recursos con mayor responsabilidad y congruencia con los principios de austeridad”, particularmente en rubros como remuneraciones, arrendamientos y otros gastos de servicio.
En el discurso público, la Corte se alinea al Ejecutivo; sin embargo, en el ámbito individual la percepción es distinta. La ministra Loretta Ortiz, quien formó parte de la integración anterior, expresó su descontento por los recortes salariales aplicados este año, que han reducido su ingreso hasta colocarlo más cerca del de sus subordinados.
El monto final que autorice la Cámara de Diputados —a más tardar el 15 de noviembre— dependerá del debate legislativo y de cómo se acuerden los ajustes entre lo solicitado por el Poder Judicial y lo estimado por las autoridades hacendarias.
En última instancia, el objetivo de estos recursos debería ser mejorar la impartición de justicia en el país. De poco servirá un presupuesto, sea oneroso o austero, para un Poder Judicial plegado a los designios del Ejecutivo federal. EP
Explora estos cinco análisis para entender cómo el presupuesto 2026 redefine las prioridades del país, redistribuye recursos y revela las tensiones entre derechos, clientelismo y desarrollo futuro.
DOPSA, S.A. DE C.V
