El PPEF 2026 exhibe la concentración del poder presidencial y las tensiones entre ciudadanía, contribuyentes y consumidores, en un contexto de bajo crecimiento económico e instituciones debilitadas.
Texto de Juan-Pablo Calderón Patiño 18/09/25
El PPEF 2026 exhibe la concentración del poder presidencial y las tensiones entre ciudadanía, contribuyentes y consumidores, en un contexto de bajo crecimiento económico e instituciones debilitadas.
En Este País pedimos a especialistas de distintos ámbitos su reacción y análisis sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026. Con datos, contexto y mirada ciudadana, estas colaboraciones explican qué cambia respecto al año anterior y cómo impactan las decisiones presupuestales en la vida cotidiana y en el rumbo del país. Desde la política exterior hasta la cultura, la educación y los programas sociales, las voces convocadas ofrecen una visión plural que ayuda a entender qué país dibuja este presupuesto y cuáles podrían ser sus implicaciones para el futuro inmediato.
Otto Granados Roldán cita en su libro Viaje a la memoria una frase del ex primer ministro francés Michel Rocard: “¿Gobernar es presupuestar?”. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), publicada en marzo de 2006 para dar orden al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y evitar que las discusiones presupuestales se extendieran hasta diciembre en la Cámara de Diputados, estableció una hoja de ruta clara para este proceso.
No obstante, México sigue atrapado en la anemia fiscal, con un porcentaje de recaudación que en las últimas cuatro décadas no ha rebasado el 18 % del PIB.
El PEF vuelve a tropezar con la escasez, reflejo de decisiones postergadas en el recorrido democrático. Han pasado varios sexenios y más de una decena de legislaturas sin que el país logre un sistema fiscal eficiente. Evitar pagar el costo político ha sido una de las razones para posponer reformas fiscales, que hoy —al igual que las pensiones— se han convertido en una bomba de tiempo para el Estado mexicano.
Si bien el primer gobierno de la 4T obligó a los grandes contribuyentes a saldar sus adeudos, también es cierto que, tras siete años en el poder, no ha mostrado intención de emprender un esfuerzo fiscal serio, más allá de acumular deuda para sufragar la vena yugular del sistema morenista: la transferencia directa de recursos a programas que, en muchos casos, no construyen ciudadanía ni equilibran derechos con obligaciones.
El neo-clientelismo del siglo XXI mexicano plantea una pregunta inevitable: ¿hasta cuándo se podrá estirar la liga de un gasto clientelar que descobija áreas estratégicas como la salud o la educación?
En México se despliega una contradicción evidente: pese al crecimiento mediocre —incluso menor al de la era neoliberal—, a la devaluación de la administración pública y a la mayor crisis de inseguridad, existe una aprobación histórica hacia la jefatura del Ejecutivo. Lidiar con esa contradicción en el PEF es, literalmente, alquimia.
Las tres C —ciudadanía, contribuyente y consumidor— están atrapadas entre la crisis democrática, la responsabilidad de pagar impuestos desde la equidad y la realidad de que todos somos consumidores. A esto se suma el agotamiento institucional, impulsado por la bancada oficial al restar importancia al Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Si Gabriel Zaid dijo que “la economía se hace en Los Pinos”, hoy podríamos afirmar que “el PEF se traza en Palacio Nacional”.
El riesgo de estadísticas y datos sin rigor, con sus implicaciones para la credibilidad de las inversiones productivas, la balcanización productiva de México, el desafío de la informalidad laboral y la criminalización de la economía productiva, se entremezcla en el proceso del PEF. Todo esto ocurre en un contexto de autocracia, donde la supremacía del Ejecutivo sobre el Poder Judicial y Legislativo cooptados convierte al presupuesto en un instrumento de régimen, no de Estado.
La LFPRH, concebida bajo la realidad de “gobiernos divididos”, podría ser vista por la 4T como un artilugio del pasado y, en consecuencia, derogada. Con la reforma política planteada para concentrar el poder, es previsible que ello ocurra.
Es cierto: “gobernar es presupuestar”, pero Rocard lo dijo desde el vértice democrático, no desde la omnipresencia presidencial. EP
Explora estos cinco análisis para entender cómo el presupuesto 2026 redefine las prioridades del país, redistribuye recursos y revela las tensiones entre derechos, clientelismo y desarrollo futuro.
DOPSA, S.A. DE C.V
