La autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR) está garantizada en el artículo 102, apartado A, de la Constitución. Al aprobarse la reforma, se afirmó que se creaba un nuevo pilar del Estado de derecho y que la procuración de justicia quedaría blindada y a salvo de la injerencia del Poder Ejecutivo, guiada por criterios técnicos e imparciales, libres de coyunturas políticas. Sin embargo, se pasó por alto un rasgo recurrente de nuestra vida pública: la simulación.

No es un fenómeno nuevo. Fox, el presidente de la alternancia, intervino en la elección de 2006 en favor de un candidato; Calderón, quien declaró la guerra al narcotráfico, colocó al frente de la seguridad pública a un funcionario vinculado al cártel de Sinaloa; durante el sexenio de Peña Nieto se creó el Sistema Nacional Anticorrupción mientras se perpetraba la “Estafa Maestra”. Con López Obrador se prometió erradicar la corrupción, pero emergió el “huachicol fiscal”; se anunció el regreso de los militares a los cuarteles, pero atestiguamos su creciente presencia en tareas de seguridad y en funciones del Estado consideradas estratégicas.

Con esos antecedentes, no sorprende el manejo que la administración de Claudia Sheinbaum dio a la destitución —porque eso fue— del fiscal Alejandro Gertz Manero y al nombramiento de su sucesora. La designación directa de Ernestina Godoy por parte de la presidenta derivó en uno de los procesos más desaseados de los que se tenga memoria y provocó críticas fundadas sobre la vulneración constitucional por parte del Ejecutivo.

La secuencia de hechos, aclarada después con un cinismo inusitado —la salida de Gertz, el nombramiento expedito de Godoy como encargada de despacho, el reconocimiento de una negociación política que incluyó la oferta de una embajada al fiscal saliente y un proceso de ratificación en el Senado que desfiguró la reforma de autonomía— genera serias dudas sobre la independencia de la persona que estará al frente de la principal institución encargada de combatir los delitos federales y dejó en evidencia un ejercicio de poder concentrado. Un ejercicio que debilitó deliberadamente a la FGR y la volvió a subordinar al poder político.

La tragicomedia comenzó el 26 de noviembre, cuando distintos medios difundieron el rumor de que Alejandro Gertz Manero presentaría su renuncia. Un día después, el 27, el propio Senado confirmó la versión al dar lectura a la carta en la que el fiscal manifestaba su intención de dimitir, bajo el argumento de que la presidenta le había ofrecido una embajada en “un país amigo”. La renuncia se discutió y aprobó de inmediato con los votos de Morena y sus aliados, pese a que a Gertz le restaban más de dos años de un encargo para el que había sido designado en 2019 por un periodo de nueve años.

Había, además, una razón jurídica contundente que tendría que haberles servido a los senadores para no aceptar la dimisión. El artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República establece que la renuncia de la persona titular “solamente procederá por causa grave así calificada por el Senado de la República”. Durante el debate, legisladores de oposición señalaron con razón que una embajada no constituía ninguna causa grave. Jurídicamente es un argumento irrefutable, pero lo cierto es que la salida de Gertz fue una maniobra para colocar al frente de la FGR a una figura afín al oficialismo, sin atender a la autonomía constitucional de la institución.

Los senadores de Morena y sus aliados intentaron justificar la decisión con el argumento de que nadie puede ser obligado a permanecer en un cargo que ya no desea ejercer. Esa defensa duró poco. Pronto comenzó a desvelarse que la renuncia no fue un acto voluntario, sino el resultado de una negociación política en la que participó la propia presidenta, y que el Senado actuó como una simple oficialía de partes a la hora de elegir a la nueva fiscal.

Antes de renunciar, Gertz nombró fiscal de Control Competencial a Ernestina Godoy, quien, conforme al artículo 21 de la Ley de la Fiscalía, asumiría la FGR como encargada de despacho. El proceso, sin embargo, estuvo marcado por la improvisación y las prisas. No se había informado previamente de la renuncia de Godoy a la Consejería Jurídica, ni la presidenta hizo referencia alguna al tema en su conferencia del 27 de noviembre. El anuncio tomó por sorpresa a muchos y no faltaron quienes dudaron incluso de su veracidad.

Los más puristas cuestionaron cómo y por qué el fiscal designaba para un cargo clave en la Fiscalía a la consejera jurídica del Ejecutivo. Otros señalaron que, en estricto sentido, Godoy debió haber renunciado primero a su puesto para después ser nombrada. Pero en un México donde lo desatinado es tendencia, Ernestina Godoy anunció la mañana del 28 de noviembre, a través de su cuenta de X: “Asumo este nuevo encargo con la misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional: servir al pueblo de México…”.

Por su parte, Sheinbaum comenzó a ofrecer más detalles sobre la “renuncia” de Gertz. En su conferencia de prensa declaró: “Ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó esta propuesta…”. Acto seguido, sin dar espacio para los desperdicios, añadió: “Pero aceptó el fiscal y aceptó… bueno, más bien él nombra a Ernestina Godoy en una de las áreas, porque la Constitución y la ley de la Fiscalía establecen que se queda una persona encargada de un área, no me acuerdo cómo se llama, dentro de la Fiscalía… está establecido en la ley y que es quien se queda a cargo”. Para justificar el episodio, la presidenta remató diciendo: “Creo que una nueva tarea para quien llegue a la Fiscalía es transformar a la Fiscalía”.

Como si no bastara, expresó su “reconocimiento” y “respeto” hacia Alejandro Gertz, a quien acababa de defenestrar, y concluyó: “Ahora se entra a una nueva etapa”.

Ese reconocimiento marca, a mi juicio, el punto más alto de esta trama de simulación. No solo revela una forma específica de concebir el poder en México, sino que abre una discusión de fondo sobre el uso de cargos diplomáticos de alto nivel como moneda de cambio para forzar renuncias. Más allá de la anécdota política, se trata de una confesión explícita de la vulneración directa de la autonomía constitucional de la FGR.

Tras las declaraciones presidenciales —que dejaron en el subsuelo el contenido mismo del artículo 102-A constitucional—, el procedimiento para designar formalmente a la sucesora de Gertz, quien ya estaba en funciones, avanzó en el Senado sin mayores sobresaltos. El 2 de diciembre se aprobó una lista de 10 aspirantes, seleccionados de entre 43 inscritos, a efecto de continuar en el proceso de designación de la titularidad de la FGR, una titularidad que, en los hechos, ya estaba ocupada.

El listado fue enviado a la presidenta para que definiera una terna de finalistas de la cual saldría la nueva persona responsable de investigar los delitos federales en el país. Supongo que realizó el mismo análisis “amplio y profundo” que antaño practicaban los sectores del PRI cuando “elegían” a sus candidatos. Tras esa “meditación “cuidadosa, la terna quedó integrada por Luz María Zarza Delgado, Maribel Bojorges Beltrán y —música de suspenso— Ernestina Godoy Ramos.

Una vez conformada, Sheinbaum la remitió al Senado, que de inmediato citó a comparecer a las tres candidatas. Los legisladores, lejos de honrar su misión, no escucharon a conciencia las propuestas, el plan de trabajo ni discutieron con seriedad los perfiles, cualidades u objeciones de las finalistas. 

Renunciaron a evaluar cuál de ellas representaba, bajo criterios profesionales, el mejor perfil para encabezar la FGR. Hicieron lo que saben hacer: votar en bloque. El resultado —vaya sorpresa— fue previsible. La ganadora fue Ernestina Godoy, con 97 votos de 127 posibles.

El papel del Senado fue lamentable. Un procedimiento serio y riguroso para el nombramiento del fiscal general exige análisis estricto, audiencias públicas y comparecencias ante las comisiones legislativas que permitan demostrar la idoneidad e independencia de los aspirantes, precisamente para evitar que el cargo se convierta en una extensión del poder presidencial.

Nada de eso ocurrió. El proceso que culminó con la ratificación de Godoy fue una simulación. Las comparecencias ante el Senado y el análisis de las candidaturas fueron superficiales y acelerados. La mayoría legislativa, alineada con el Ejecutivo, se limitó a convalidar una decisión tomada desde la Presidencia. Esto resulta especialmente grave porque el diseño constitucional prevé que el Senado valide la capacidad e independencia del fiscal. Al renunciar a esa función y actuar como simple validador de los designios presidenciales, no solo incumplió su deber constitucional, sino que contribuyó activamente a erosionar la autonomía de la FGR.

El resultado fue el nombramiento de una fiscal percibida por amplios sectores de la opinión pública como la “favorita” del Ejecutivo, lo que socava de origen la credibilidad de la Fiscalía como órgano imparcial de procuración de justicia.

Al final se anunció que el mandato de la nueva fiscal, como en su momento se dijo de Gertz, tendrá una duración de nueve años… siempre y cuando en el siguiente sexenio no le ofrezcan una embajada o no le muestren un expediente que la haga renunciar.

Lo cierto es que el cese de Gertz de la titularidad de la FGR careció de la transparencia que exige la relevancia del cargo. Y por más que se haya seguido el trámite legislativo —como tantas veces en el pasado— y se hayan respetado las formalidades, la percepción pública apuntó casi de manera unánime a una presión política orquestada desde la cúpula del Ejecutivo como la verdadera razón de su salida.

El cargo de fiscal está constitucionalmente diseñado para garantizar estabilidad institucional. El periodo de nueve años fue establecido precisamente para evitar su sujeción al presidente en turno. La salida abrupta e inesperada de Gertz, sin una explicación veraz que disipara los rumores de un conflicto interno y/o de una negociación a espaldas de la ley, sentó un precedente negativo que no puede justificarse con la fórmula: “la FGR requiere una transformación”. Cuando un fiscal puede ser forzado a dejar su encargo por presiones políticas, independientemente de los méritos o deméritos de su gestión, la protección constitucional que supuestamente lo blinda de la voluntad presidencial queda anulada en los hechos. La opacidad en la remoción refuerza la crítica de que la FGR sigue siendo un espacio vulnerable a la cooptación gubernamental.

Aunque nos hemos acostumbrado a estos escenarios y hemos normalizado el desapego a las normas, tendríamos que estar profundamente preocupados. Más allá de si la autonomía de la Fiscalía es o no garantía de imparcialidad, o de si mejorará o no su desempeño porque ahora —se nos dice— la nueva fiscal sí se coordinará con el secretario de Seguridad Pública (personalmente creo que la respuesta es no en ambos casos, pero ese es otro debate), lo que no puede ni debe pasarse por alto es que la autonomía está prevista en la Constitución.

Ofrecerle al fiscal un cargo en el Servicio Exterior a cambio de que deje su puesto implica utilizar recursos del Estado para negociar el contenido mismo de la Constitución. Esto transforma la procuración de justicia: deja de ser un asunto legal y técnico para convertirse en una cuestión de componendas políticas. El fiscal, al aceptar —o al ser objeto— de tal oferta, queda expuesto a la instrumentalización de su cargo con fines políticos, confirmando que su permanencia o salida depende de la voluntad del Ejecutivo y no de las causales previstas en la ley. Que este hecho haya sido reconocido públicamente normaliza una práctica que debería ser inaceptable, porque supone la injerencia directa del poder político en la operación de la justicia y en el sentido efectivo de las normas constitucionales.

Pero esa no es la única preocupación que debería mantenernos alertas. Hay otra que prende todas las alarmas y tiene nombre propio: Ernestina Godoy. No solo inquieta la forma en que fue designada, ni la actuación expedita y dócil del Senado al convalidar su nombramiento, ni siquiera el impulso deliberado de Godoy como figura política, que reforzó la percepción de una sucesión impuesta y no de una designación basada en méritos jurídicos. La crítica central es más profunda: la politización de la figura del fiscal.

Al promover a una persona abiertamente cercana a la presidenta y al proyecto de la coalición gobernante, se dinamitó la idea de que la FGR pueda estar encabezada por un perfil capaz de investigar a los cercanos al poder. Con ello se generaron sospechas fundadas sobre la intención de asegurar un control transexenal de la Fiscalía. La designación de Godoy —cuya trayectoria está estrechamente ligada a la esfera política de López Obrador y de Sheinbaum— deja poco margen a la duda: se busca homologar la procuración de justicia federal con la línea política del Ejecutivo.

El mensaje enviado a la ciudadanía es claro y desalentador: la procuración de justicia federal, pese a su diseño constitucional de autonomía, continúa sujeta a los intereses y a la voluntad del poder político. Este patrón de intervencionismo no solo debilita a la FGR, sino que erosiona la confianza pública en la imparcialidad de la justicia y en la solidez institucional. El costo de estos movimientos es alto y constituye una amenaza seria para el Estado de derecho en México. EP

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