La Doctrina Monroe es una postura de la política exterior de Estados Unidos mediante la cual ese país se opone a la intervención de potencias europeas —y posteriormente extracontinentales— en los asuntos del hemisferio occidental, al considerarla una amenaza a su propia seguridad. Fue articulada por primera vez por el presidente James Monroe en su discurso anual ante el Congreso el 2 de diciembre de 1823. En diciembre de 2025, al conmemorarse más de doscientos años de su formulación, la Casa Blanca publicó una actualización de esta doctrina, conocida como el “Corolario Trump”, que reafirma y expande su vigencia como eje central de la estrategia de seguridad nacional estadounidense para la región.

En los primeros días de diciembre de 2025 tuve acceso temprano a este documento de 33 páginas a través de un colega que me lo compartió y lo señaló como el gran eje de la política internacional de la administración Trump. En ese momento leí el texto, titulado National Security Strategy of the United States of America. November 2025, y lo consideré un exceso, casi un panfleto. En él se eleva la doctrina de “Estados Unidos primero” y se establece un reajuste de la política exterior estadounidense que va desde la redistribución de recursos militares en el hemisferio occidental hasta la adopción de una postura de confrontación sin precedentes hacia Europa.

Hoy, tan solo un mes después, ese planteamiento es una realidad. El documento no era retórico: es, exactamente, lo que parecía, una hoja de ruta para una regresión peligrosa al peor imperialismo del siglo pasado y una amenaza existencial para la soberanía y el futuro de toda América Latina. La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, ocurrida el pasado 3 de enero, es un ejemplo concreto de la nueva doctrina de seguridad hemisférica que Washington ha formalizado.

La nueva doctrina afirma sin ambages que Estados Unidos reclama su “preeminencia en el hemisferio occidental” y se arroga el derecho de usar “fuerza letal” donde y cuando lo considere necesario. No concibe a América Latina como una comunidad de naciones soberanas, sino como un patio trasero, una extensión de su frontera de seguridad. La operación en Venezuela, justificada bajo el difuso paraguas del narcoterrorismo, establece un precedente gravísimo: como ya se ha señalado en diversos medios de información, se trató de una incursión militar en suelo soberano, con decenas de muertos, que culminó con un jefe de Estado secuestrado para ser juzgado en cortes extranjeras. El mensaje es crudo e ineludible: para Estados Unidos, la soberanía de los países de América Latina es condicional y depende únicamente del interés de Washington.

Detrás de esta doctrina hay tres pilares que delinean un futuro de sumisión para la región. Primero, un control unilateral ejercido mediante la militarización. Se anuncia una expansión de bases militares y de acuerdos que buscan convertir a países latinoamericanos en gendarmes regionales, erosionando nuestra autonomía en nombre de la seguridad norteamericana. Segundo, una lógica de contención y alineamiento forzoso. El texto busca explícitamente “negar la influencia a potencias extrahemisféricas”, como China y Rusia, transformando a América Latina en un tablero de la nueva Guerra Fría, donde nuestras relaciones soberanas pueden ser castigadas. Tercero, un interés económico descarnado. La retórica sobre “recuperar” el petróleo venezolano deja al descubierto el viejo apetito por los recursos estratégicos de la región —del litio al gas y al cobre—, ahora disfrazado de cruzada moral.

Si los gobiernos latinoamericanos no articulan una respuesta unida y firme, el futuro que nos espera es sombrío. Cualquier país cuyas políticas internas o alianzas resulten inconvenientes para Washington se volverá vulnerable a la desestabilización, a sanciones asfixiantes o incluso a nuevas acciones militares “quirúrgicas”. Esta estrategia, que premia la docilidad y castiga la disidencia, busca fracturar a la región, reviviendo la nefasta dinámica de países “buenos” y “malos” según el dictado del norte. Peor aún, normaliza la idea de que un Estado puede imponer su ley más allá de sus fronteras, un precedente que entierra el derecho internacional y nos devuelve a la ley de la jungla.

Ante esta coyuntura histórica, las declaraciones aisladas de condena por parte de las y los presidentes de la región ya no bastan. La única respuesta posible es la unidad estratégica y la acción coordinada. América Latina no es un conjunto de países dispersos. Compartimos una identidad profunda, forjada en una historia común de yugo colonial, de luchas por la independencia y del desafío permanente de construir Estados soberanos y repúblicas democráticas. Nos une una idiosincrasia similar, lenguas hermanas y una cultura rica que constituye nuestro mayor patrimonio.

Los gobiernos de la región deben activar de inmediato los mecanismos de defensa colectiva en la CELAC y la OEA. La violación de la soberanía de un Estado miembro es un ataque a todos, y estas instancias deben exigir con una sola voz el respeto al orden internacional. Asimismo, los bloques de integración —como el Mercosur, la Comunidad Andina o el SICA— deben trascender lo comercial y articular una política exterior común. Nuestro poder real reside en el tamaño de nuestro mercado conjunto y en el peso de una diplomacia unificada. Europa puede ser un aliado, en un momento en el que ha perdido relevancia frente a la emergencia de otras dos potencias extrahemisféricas: China y Rusia.

Este es el momento de reafirmar los principios que le dieron origen a nuestra región. No en vano hemos luchado contra imperios coloniales durante más de quinientos años para aceptar ahora un nuevo corolario que nos reduce a un patio trasero o a una mera condición de seguridad hemisférica para una potencia en declive. La “Doctrina Donroe” es la prueba definitiva para América Latina. O nos unimos para defender con firmeza nuestro derecho a un futuro propio, determinado por nosotros mismos, o nos condenamos a una nueva era de subordinación y fragmentación. La historia —esa que hemos escrito con tanto esfuerzo— nos juzgará por la decisión que tomemos hoy. La unidad institucional e internacional, en el marco de los mecanismos regionales que nos hemos dado como países que compartimos un mismo territorio ancestral y precolombino, no es una opción política más; es, sencillamente, una necesidad de supervivencia. EP

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