Este mes, la reflexión del Grupo México en el Mundo analiza tres temas relevantes en el panorama internacional.
Texto de Guadalupe González, Isidro Morales y Susana Chacón 19/03/26
Este mes, la reflexión del Grupo México en el Mundo analiza tres temas relevantes en el panorama internacional.
La segunda guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, desde el 28 de febrero, ha mostrado que la administración Trump, lejos de asegurar la paz a través de la fuerza, como lo ha repetido en varias ocasiones, se ha convertido en una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Los objetivos de esta nueva conflagración militar, además de ser totalmente violatoria del Derecho Internacional, intentan ahora precipitar un cambio de régimen en la nación persa, cuyas consecuencias en el mediano y largo plazo podrían ser nefastas.
Por ahora, los costos de la incursión estadounidense-israelí se han globalizado, a diferencia de la anterior, que tuvo lugar en junio de 2025, en la que las instalaciones nucleares de la República Islámica fueron bombardeadas para poner fin a su programa de enriquecimiento de uranio. En esta ocasión, los países ofensivos subestimaron la capacidad de respuesta del Ejército iraní que, a pesar de haber perdido a su líder supremo el ayatolá Alí Jameneí, ha orquestado una contraofensiva coordinada y descentralizada para atacar las bases militares estadounidenses ubicadas a lo largo del Golfo Pérsico y cerrar el comercio marítimo por el estrecho de Ormuz, lo que ha afectado el abastecimiento global tanto de crudo como de gas natural. El resultado ha sido un choque en los mercados energéticos y la extensión de la guerra hacia las monarquías del Golfo, incluyendo a Omán, país que hasta antes del ataque armado había mediado entre las partes en conflicto en las negociaciones que tenían lugar en Ginebra.
En efecto, desde enero de este año, poco después de haber realizado el ataque quirúrgico en Caracas para destituir a Nicolás Maduro, Washington concentró su “armada” naval en el Mediterráneo y el Medio Oriente, mientras sus enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, negociaban en Ginebra con los representantes iraníes el cese de su programa nuclear y la reducción de su capacidad defensiva en la región. Queda claro ahora que dichas negociaciones se mantuvieron solo para ganar tiempo en el despliegue de las tropas estadounidenses: después del ataque sufrido en junio pasado, la capacidad nuclear de la República Islámica había prácticamente sido eliminada, algo que el mismo Trump celebró con creces. En Ginebra estaba en juego la reducción de la capacidad balística iraní, algo que Teherán se mostraba reticente a aceptar, pues significaba renunciar a su capacidad defensiva frente a Israel. Por tanto, la nueva ofensiva estadounidense-israelí pretende aniquilar a la élite gobernante y militar del país, así como diezmar su capacidad defensiva, para lo cual ha convocado a un cambio de régimen cuya eventual composición aún no está nada clara.
La generalización de la guerra en el Medio Oriente y el cierre al tránsito comercial por Ormuz han volatilizado los precios de los combustibles fósiles, generando ondas de choque en las cadenas globales de petroquímicos y refinados. La posibilidad de organizar un nuevo régimen de gobierno, tal y como lo quieren Washington y Tel Aviv, resulta difícil mientras el país se encuentre asediado por los bombardeos, lo que podría alimentar más bien el nacionalismo y el resentimiento antioccidental de la población iraní y de la región. El derrumbe de la República Islámica podría, además, desatar rivalidades étnicas y religiosas, y multiplicar la proliferación de células extremistas y militarizadas de filiación chiita, lo que elevará la inseguridad de Israel y los países del Golfo. La resiliencia que ha mostrado el Ejército iraní podría, en fin, crear el resultado contrario a lo que esperan los países ofensivos y fortalecer más bien a la República Islámica que, aunque debilitada militarmente, se mantendría como un bastión de resistencia a Israel y a los países que lo apoyan, incluyendo a varios del Medio Oriente.
Lejos de lograr la paz a través de la fuerza, Trump ha iniciado una vez más una guerra de su elección, innecesaria, ilegítima y hecha para manifestar la supremacía estadounidense en el Medio Oriente, multiplicando la inestabilidad de la región e infligiendo costos económicos a nivel global. Sus ambiciones imperiales, lejos de alcanzar la paz mediante la guerra, se han convertido en la principal amenaza para la seguridad y el bienestar mundiales.
La reunión convocada por Donald Trump en Miami el pasado 7 de marzo, con 12 presidentes y representantes latinoamericanos de derecha y afines a él, puede interpretarse al menos como un intento explícito de proyectar su doctrina de seguridad nacional sobre el hemisferio occidental. En este sentido, el encuentro no solo buscó coordinar agendas, sino alinear prioridades bajo un marco estratégico definido desde Washington. Asistieron Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago.
Para Trump, América Latina ha dejado de ser únicamente un espacio de cooperación económica o diálogo político y se ha convertido en un componente central de su visión de seguridad. Esto implica redefinir problemas tradicionales —como el narcotráfico, la migración o el crimen organizado— como amenazas directas a la seguridad nacional de Estados Unidos. Bajo esta lógica, la región es concebida como una “zona de contención” donde deben neutralizarse riesgos antes de que lleguen a territorio estadounidense.
En la reunión de Miami, esta visión se tradujo en una serie de planteamientos que apuntan a una mayor integración operativa en materia de seguridad, pero bajo términos marcadamente asimétricos. Trump habría insistido en la necesidad de reforzar la cooperación en inteligencia, ampliar la presencia de agencias estadounidenses en la región y establecer mecanismos más estrictos de control fronterizo en países de tránsito. Más que colaboración horizontal, lo que emerge es una arquitectura de seguridad jerárquica, en la que Estados Unidos define prioridades y los países latinoamericanos ejecutan.
Este enfoque también está estrechamente vinculado a la competencia geopolítica con otras potencias, particularmente China. Desde la perspectiva de Trump, la creciente presencia económica y tecnológica china en América Latina representa no solo un desafío comercial, sino un riesgo estratégico. Por ello, la imposición de su agenda de seguridad incluye limitar la penetración de actores externos en sectores considerados sensibles, como telecomunicaciones, infraestructura y energía. La seguridad nacional, en este marco, se expande hacia el terreno económico y tecnológico.
El tema migratorio ilustra con claridad esta lógica. Más allá del discurso público sobre control fronterizo, lo que Trump plantea es una externalización de la política migratoria estadounidense. Es decir, convertir a los países latinoamericanos en extensiones funcionales de su sistema de seguridad, obligándolos a contener flujos migratorios, reforzar sus fronteras y aceptar acuerdos de repatriación en condiciones desfavorables. Esta estrategia reduce la presión interna en Estados Unidos, pero transfiere costos políticos y sociales a la región.
Asimismo, la lucha contra el narcotráfico se presenta como un eje legitimador de esta estrategia. Sin embargo, el énfasis no está únicamente en desarticular redes criminales, sino en ampliar la capacidad de intervención estadounidense. Esto puede incluir desde mayor intercambio de inteligencia hasta operaciones conjuntas, lo que inevitablemente reabre el debate sobre soberanía y dependencia.
En última instancia, la reunión en Miami refleja la intención de Trump de consolidar una doctrina hemisférica donde la seguridad nacional de Estados Unidos se proyecta más allá de sus fronteras y redefine las relaciones con América Latina. No se trata solo de cooperación, sino de la construcción de un sistema en el que la región se integra —de manera desigual— a la estrategia global de Washington. El desafío para los países latinoamericanos será encontrar márgenes de maniobra que les permitan participar sin ceder completamente el control de sus propias agendas de seguridad.
El inicio del gobierno de José Antonio Kast abre preguntas que trascienden el caso chileno y remiten al panorama político latinoamericano en su conjunto: ¿qué tipo de derecha gobernará Chile?, ¿qué tan distinta es de otras variantes en la región? y ¿hasta qué punto comienza a perfilarse una derecha predominante en América Latina? Más que un giro ideológico en abstracto, lo que está en juego es cómo una agenda centrada en la seguridad, el control territorial y la contención migratoria se traduce en ejercicio de gobierno bajo condiciones de fragmentación política, expectativas sociales elevadas y un entorno internacional incierto.
Kast llega al poder con una tensión de origen. Su trayectoria lo ubica en el campo del conservadurismo tradicional, con énfasis en la disciplina fiscal y un rol acotado del Estado en la economía. Al mismo tiempo, su ascenso se inscribe en un contexto regional donde han ganado terreno liderazgos de derecha más disruptivos, como los de Javier Milei, Nayib Bukele y Daniel Noboa. Esa doble referencia, de alternancia moderada o cambio radical, delimita los márgenes dentro de los cuales deberá gobernar.
Las primeras acciones del gobierno sugieren una decisión deliberada de concentrarse en un conjunto acotado de prioridades. Seguridad pública, control migratorio y reactivación económica estructuran la agenda inicial, en sintonía con preocupaciones ciudadanas persistentes. En el frente migratorio, el recurso a barreras físicas —muros y zanjas—, junto con un mayor despliegue de fuerzas en frontera, responde a una lógica de contención territorial orientada a recuperar el control estatal y a reforzar su base de apoyo en un contexto de creciente sensibilidad antimigratoria. El énfasis está puesto, así, en resultados verificables más que en disputas de carácter identitario, aunque nada asegura que no se produzcan brotes de xenofobia.
Este enfoque, sin embargo, no está exento de tensiones. La expansión de atribuciones en materia de seguridad y el endurecimiento de las políticas migratorias suelen activar dilemas conocidos en la región, en particular en lo que respecta a los equilibrios entre eficacia, derechos y controles institucionales. Experiencias recientes, como la de Nayib Bukele, muestran que estos arreglos tienden a desplazarse con rapidez una vez que se instalan como eje de gobierno.
La opinión pública en este inicio refleja una combinación de respaldo y cautela. El nivel de aprobación es elevado (57 %) y da cuenta de expectativas claras de cambio, especialmente en materia de seguridad. Al mismo tiempo, la magnitud de la desaprobación desde etapas tempranas habla de un entorno polarizado. Más que un apoyo incondicional, lo que emerge es un mandato exigente: avanzar en la recuperación del control en materia de seguridad sin desbordar ciertos límites normativos que siguen siendo relevantes para amplios sectores.
Ese mismo equilibrio se proyecta en la dimensión institucional. La ausencia de mayorías legislativas —la coalición oficialista controla alrededor de dos quintas partes de la Cámara de Diputados— obligará al Ejecutivo a gobernar mediante acuerdos. Esto introduce incentivos claros a la moderación, tanto en las formas como en los tiempos de implementación. En esa misma lógica se inscribe la integración de un gabinete con perfiles técnicos y trayectorias no necesariamente partidistas, que apunta a ampliar la base de interlocución y a reforzar señales de certidumbre.
La comparación regional ayuda a precisar el perfil de un gobierno de derecha todavía en construcción. A diferencia de Javier Milei, no se observa una apuesta por una transformación económica de carácter refundacional. En contraste con Nayib Bukele, el margen para concentrar poder es más acotado, tanto por diseño institucional como por correlación de fuerzas políticas. Y frente a Daniel Noboa, la agenda aparece menos reactiva y más estructurada. En conjunto, lo que se perfila es una variante de derecha securitaria que busca compatibilizar control con viabilidad política.
La viabilidad y sostenibilidad de esa combinación dependerán de la capacidad del nuevo gobierno para implementarla y de la rapidez con que se traduzca en resultados visibles. Las expectativas ciudadanas son altas —en seguridad, crecimiento y empleo— y el margen de error es acotado. En contextos como este, la distancia entre promesa y resultado se reduce con rapidez, tensionando los equilibrios que el propio diseño de gobierno busca preservar. Más aún en un país donde las tres presidencias recientes han mostrado trayectorias de apoyo volátiles, con caídas tempranas o deterioros acelerados en contextos de malestar social.
En el plano internacional, el margen de maniobra de Chile no es necesariamente estrecho, pero sí exige calibración. Un mayor énfasis en la cooperación en seguridad, reflejado en iniciativas como el “Escudo de las Américas”, apunta a una mayor convergencia con prioridades hemisféricas y puede responder a la necesidad de dar señales a su base interna. Sin embargo, una aproximación demasiado expedita hacia Estados Unidos podría erosionar activos recientes en materia de reputación internacional, en particular la imagen de equilibrio, autonomía relativa y apego a estándares democráticos. Al mismo tiempo, la inserción económica de Chile, profundamente anclada en el Pacífico y estrechamente vinculada a China, introduce costos claros a cualquier reorientación sostenida hacia el Norte. La gestión de este doble anclaje será un indicador clave del tipo de pragmatismo que el gobierno logre sostener.
Este reposicionamiento ocurre en un contexto regional en movimiento. Los procesos electorales en Colombia, Perú y Brasil podrían alterar los equilibrios actuales y reconfigurar los márgenes de coordinación entre gobiernos de distinto signo. En ese escenario, Chile podría transitar desde un rol de intermediación hacia uno más definido por sus propias prioridades —en particular en seguridad y gestión de flujos migratorios— o, alternativamente, hacia un posicionamiento más alineado con las derechas de corte más radical en la región, cercanas al trumpismo. El desenlace sigue abierto.
Más allá de sus especificidades, el caso chileno permite observar una cuestión más amplia. La posible consolidación de una derecha con énfasis securitario en la región no dependerá únicamente de su capacidad para responder a demandas inmediatas, sino de su habilidad para hacerlo sin erosionar los marcos institucionales ni generar costos externos que terminen acotando sus propias opciones.El arranque del gobierno de Kast perfila una estrategia que busca combinar control y viabilidad política. Su sostenibilidad dependerá menos de las definiciones iniciales que de su capacidad para producir resultados sin poner en riesgo la gobernabilidad ni los equilibrios democráticos. Es en esa tensión —entre eficacia y contención— donde se jugará no solo el rumbo de su administración, sino también el tipo de derecha que podría ganar tracción en la región. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
