Seguridad México-EUA: muerte de El Mencho

Desde hace más de una década, agencias de inteligencia estadounidenses como la Drug Enforcement Administration (DEA) y el Departamento de Estado ofrecieron recompensas millonarias por información que condujera a la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. La crisis del fentanilo en ciudades estadounidenses incrementó la presión política sobre México, particularmente desde el Congreso y varios gobernadores, que exigían resultados más contundentes frente a los grandes cárteles. En ese contexto, la figura de El Mencho se convirtió en símbolo de la amenaza transnacional y en argumento recurrente para endurecer la cooperación en materia de inteligencia, control financiero y operativos conjuntos. Con la llegada de Donald Trump a su segunda administración y al nombrar a los cárteles de la droga como terroristas, este objetivo se reforzó a partir del 20 de enero de 2025 y los mensajes para el gobierno mexicano fueron claros: “O cooperan con nosotros o vamos a actuar unilateralmente”.

El 22 de febrero de 2026 pasará a la historia de la seguridad y cooperación en la relación bilateral, por la confirmación de la muerte de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ese día, en un operativo militar ejecutado en Tapalpa, Jalisco, fuerzas del Ejército mexicano, apoyadas por inteligencia de Washington, abatieron al capo tan buscado en los últimos años. 

El operativo fue resultado de una cooperación que, si bien respetó la soberanía mexicana —al ser planificado y dirigido por las autoridades mexicanas—, contó con información de inteligencia compartida por Estados Unidos. El gobierno mexicano confirmó oficialmente que, además de sus capacidades propias, se integró información que complementó el trabajo de las fuerzas armadas y permitió ubicar con precisión al líder criminal y su grupo cercano, el domingo pasado. 

En términos políticos, la cooperación puede ser presentada por Washington como prueba de eficacia en la lucha contra el tráfico de drogas, y por México como muestra de capacidad operativa y compromiso con la seguridad regional. Sin embargo, también reabre el debate sobre los límites de la presión estadounidense y el equilibrio entre colaboración y soberanía. Para que la muerte de El Mencho represente un avance estructural y no solo simbólico, será indispensable profundizar la coordinación en materia de control de armas, lavado de dinero, desarrollo regional y fortalecimiento institucional.

La respuesta de Washington no se limitó a advertencias. Funcionarios estadounidenses reconocieron que la colaboración de inteligencia fue un factor crucial en la operación, una señal del compromiso de ambos países para combatir el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo, cuya producción y envío hacia Estados Unidos habían sido vinculados directamente al CJNG. La Casa Blanca celebró públicamente el resultado del operativo, calificándolo como un avance importante dentro de las estrategias bilaterales contra el crimen transnacional. Trump, en su discurso del “State of the Union” del martes 24 de febrero, lo presentó como un gran logro.

A nivel político interno, la muerte de El Mencho también obligó a las autoridades mexicanas a llamar a la calma y reforzar la presencia de fuerzas de seguridad para contener la oleada de violencia que siguió. El gobierno de México subrayó que si bien la acción fue un golpe significativo al CJNG, el desafío ahora radica en estabilizar las regiones afectadas, fortalecer las instituciones locales y evitar que la fragmentación del cártel derive en una mayor violencia. 

El 22 de febrero de 2026 marcó un momento clave en la colaboración de seguridad entre México y Estados Unidos. Más allá del impacto inmediato de la muerte del líder criminal, el episodio puede reflejar un punto de inflexión en una relación que combina presiones externas, apoyo técnico y operativo, y la necesidad de enfrentar conjuntamente amenazas transnacionales complejas. Veremos en las próximas semanas de qué manera –o no– Trump sigue presionando a México. A los principales capos, o ya los tienen o están muertos. ¿Buscará también acabar con los narcopolíticos?

El siguiente blanco de la “armada” de Trump: ¿Irán?

El cerco naval y aéreo que Washington desplegó alrededor de Venezuela y que precipitó el bombardeo de Caracas y la captura de Maduro, parece ahora desplazarse hacia el Mediterráneo y el Golfo Pérsico. En la mira, el gobierno de Irán, que desde finales de diciembre pasado hasta hace unos días aplastó, sin piedad, a miles de manifestantes que se pronunciaron en la capital y en varias partes del país, contra la degradación económica, social y política que se vive desde hace ya años y que se agudizó a raíz del bombardeo a las instalaciones nucleares iraníes por parte de Israel y Estados Unidos, en junio del año pasado. Desde las primeras semanas de enero, cuando los disturbios cobraron fuerza, Trump amenazó con bombardear nuevamente al país persa para frenar las masacres. Sin embargo, en ese entonces la concentración de su poderío militar se ubicaba en el Caribe.

Una vez capturado Maduro, y de haber hecho de Venezuela prácticamente un vasallo, pareciera que su objetivo bélico apunta ahora hacia el Golfo Pérsico. Pocas semanas después del ataque al país caribeño, Trump ha levantado toda una “armada” –según sus palabras– para poner nuevamente presión sobre el gobierno iraní. Casi 40 mil soldados se han concentrado en la región, apoyados con el desplazamiento de 13 cazatorpederos, radares, drones y antimisiles, además del célebre portaaviones USS Gerald R. Ford, que también participó en las operaciones del Caribe.

Al igual que en Venezuela, el objetivo de Trump no es tanto democratizar a la república islámica, sino más bien presionar, por todos los medios, a que su gobierno acepte las condiciones de Washington en materia nuclear. Dichas condiciones se están negociando en Ginebra, a través de la mediación del embajador de Omán. Los emisarios de Trump, entre los que se encuentra su yerno, Jared Kushner, han puesto nuevamente sobre la mesa el desmantelamiento del programa nuclear del gobierno, por lo que piden la entrega total del uranio que supuestamente todavía está enriqueciendo, a pesar de los ataques de junio pasado. Piden, además, limitar el alcance de los misiles balísticos de Irán para que no puedan atacar a Israel, así como poner fin a su apoyo a las milicias regionales de Hamás, Hezbolá y los hutíes.

De acuerdo con las últimas conversaciones tenidas en Ginebra, Irán pareciera estar dispuesto a reducir severamente su enriquecimiento de uranio, pero abiertamente se opone a recortar el alcance de sus misiles, pues de esa manera quedaría prácticamente indefenso ante un nuevo ataque proveniente de Israel. Empero, y a diferencia de Venezuela, Trump y sus asesores tendrán que calibrar con sumo cuidado la eventualidad de lanzar un ataque quirúrgico para capturar al líder supremo del país, Ali Jamenei, pues la fuerza que el gobierno ha desplegado ante la crisis interna muestra que no hay fisuras entre el ejército, los clérigos y las cúpulas políticas.

Washington tampoco apuesta a un desplome del régimen, similar al caso venezolano, ya que por ahora no está claro qué grupos religiosos y étnicos podrían conformar una nueva coalición política favorable a los intereses estadounidenses, so pena de desencadenar una revolución civil, tal y como la sufrió Siria, y la emergencia de guerrillas y grupos radicales similares a los que Trump quiere ahora debilitar. Los fracasos que se tuvieron en Irak y Afganistán en administraciones pasadas pesan lo suficiente como para templar la mano dura de Trump.

Sin embargo, dada la estrategia transaccional que Trump ha seguido tanto en los frentes comerciales y bélicos, el jefe de la Casa Blanca no podrá retirar su gran “armada” sin obtener nada a cambio. Se vería como signo de debilidad para sus seguidores. Por tanto, es probable que la presión militar se mantenga mientras las conversaciones en Ginebra continúen. Todo parece indicar que los representantes iraníes tienen claros los límites de Trump para iniciar una operación quirúrgica sobre Teherán, por lo que tendrán que estar dispuestos a ceder en sus ambiciones nucleares.

Si la línea roja es no reducir el rango de alcance de sus misiles balísticos, tendrán que ir pensando en abrir su gran potencial petrolero y gasero a compañías estadounidenses y occidentales, en un momento en que Teherán busca terminar también con el embargo comercial que viene sufriendo desde la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 –realizada por Trump en su primera administración en 2018–. En fin, y al igual que Venezuela, renovar la industria petrolera y gasera iraní, con dinero estadounidense, daría más recursos económicos al régimen para atemperar la frustración social y política que se ha manifestado con fuerza en los primeros meses del año en curso, y que ha causado más de tres mil muertes y un número mucho mayor de heridos, erosionando aún más la legitimidad política de la república islámica.

Perú: la normalización de la inestabilidad

En la última década, Perú ha vivido una realidad tan contrastante como enigmática de crecimiento económico sostenido con inestabilidad política crónica por la constante rotación de presidentes débiles que no terminan sus mandatos constitucionales ni logran llevar a buen puerto sus programas de gobierno. La destitución de José Jerí por voto de censura y la designación de José María Balcázar como presidente interino a ocho semanas de las elecciones generales, vuelven a poner en evidencia que la inestabilidad se ha normalizado en Perú.

La cifra récord de ocho jefes de Estado desde 2016 no responde a accidentes coyunturales ni únicamente a liderazgos fallidos, sino a un diseño institucional que otorga al Congreso un poder de remoción extraordinario sobre el Ejecutivo con reglas flexibles de interpretación. Por la vía de los hechos, el presidencialismo peruano ha dejado de existir para convertirse, poco a poco y de manera azarosa por el cortoplacismo oportunista de su clase política, en un régimen parlamentario donde el control real lo tiene un Congreso fragmentado, sin mayorías parlamentarias ni bases sociales sólidas, pero con capacidad de vetar, remover y nombrar presidentes amateurs. Un caso extremo de volatilidad y gobiernos sin rumbo.

Este último episodio tiene, además, una carga simbólica adicional porque Balcázar pertenece a Perú Libre, la misma fuerza política que llevó a Pedro Castillo a la presidencia en 2021 y que hoy se encuentra en la cárcel por intento de golpe de Estado. Sin embargo, más que un giro ideológico coherente, el desenlace revela la lógica de un sistema partidario altamente fragmentado, donde las mayorías se construyen de manera contingente y pueden deshacerse con la misma rapidez. El flamante nuevo presidente interino enfrenta ya acusaciones de malversación de fondos durante su paso en el Colegio de Abogados y duros cuestionamientos por su posición en el tema de matrimonio infantil. Su presidencia es tan o más precaria que la de sus antecesores, por lo que es posible que tampoco termine su mandato.

La paradoja peruana es que esta inestabilidad política coexiste con un desempeño macroeconómico relativamente sólido en comparación con el resto de la región. Durante las últimas dos décadas, Perú ha mantenido uno de los crecimientos promedio más altos de América Latina, impulsado por la minería, la agroexportación, la disciplina fiscal y la apertura comercial. Este contraste entre dinamismo económico y fragilidad política ha permitido amortiguar crisis institucionales que en otros contextos habrían derivado en desajustes macroeconómicos severos. El modelo, sin embargo, se encuentra bajo presión creciente por las fuertes demandas de la administración Trump para forzar el desacoplamiento de la economía peruana de China, su mercado más importante de exportaciones agrícolas y la principal fuente de inversión en infraestructura. Frente a este nuevo contexto externo, la incertidumbre política amenaza con afectar la inversión, la confianza empresarial y la capacidad del Estado para responder a demandas sociales tan apremiantes como la seguridad.

El interinato de Balcázar, limitado a cinco meses, tendrá un margen de maniobra estrecho frente a una serie de tareas inmediatas. Su función principal será garantizar condiciones mínimas de gobernabilidad, organizar elecciones competitivas el 12 de abril y facilitar una transición ordenada el 28 de julio que tome posesión quien resulte electo.  Sin embargo, incluso estas tareas básicas se antojan titánicas dado el clima de desafección ciudadana y baja credibilidad institucional. La experiencia reciente sugiere que la credibilidad del proceso dependerá menos de la voluntad del Ejecutivo que de la conducta de un Congreso fragmentado y proclive a pactos de corto plazo para evitar el castigo electoral del hartazgo ciudadano.

De cara a las elecciones generales de 2026, cualquier pronóstico resulta frágil ante la presencia de un número récord de candidatos que competirán por la presidencia y el Congreso. La combinación de fragmentación extrema, voto volátil y desconfianza hacia la clase política hace imposible anticipar el resultado ni la orientación ideológica del próximo gobierno. Lo único claro es que la inseguridad y la corrupción estarán en el corazón de las campañas con narrativas similares a las de Bukele. Sin reformas al diseño institucional, especialmente a los mecanismos de destitución y al sistema de partidos, el próximo presidente probablemente enfrentará las mismas restricciones que sus predecesores. EP

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