El “desacuerdo fundamental” entre Dinamarca y los Estados Unidos

El regreso de Trump a la Casa Blanca no sólo se ha caracterizado por una renovación de la doctrina Monroe, tal y como lo mostró la reciente captura de Nicolás Maduro en Venezuela, sino también por un regreso del expansionismo territorial estadounidense característico del siglo XIX, mediante el cual Washington terminó por apropiarse casi la mitad del entonces territorio mexicano. En esta ocasión, la mira está puesta en Groenlandia, una isla de 2.17 millones de km²; es decir, más extensa que el territorio mexicano, pero con sólo 56 mil habitantes y que pertenece al Reino de Dinamarca, aunque se beneficia de autonomía administrativa.

Trump ha declarado su interés por adquirir la isla o, como le aconsejan los radicales de su equipo, tomarla por la fuerza. No es la primera vez que Washington manifiesta su interés por ella, cuya parte de su territorio está apenas a 26 km de una isla canadiense y cuya importancia geopolítica se ha elevado a medida que el cambio climático derrite sus glaciares y China ha abierto ya una “ruta de la seda” por el Ártico.

No obstante, el interés de Trump también está por el potencial de sus recursos naturales, sobre todo, de minerales críticos para la elaboración de microprocesadores. En un momento en que el mandatario de la Casa Blanca busca romper el cuasimonopolio chino en materia de tierras raras y minerales asociados, la isla danesa adquirió una relevancia crucial. De acuerdo con información revelada por The New York Times, Groenlandia cuenta con 31 de los 34 minerales estratégicos catalogados por la Unión Europea. Existen ya compañías que se encuentran explorando y extrayendo dichos minerales y tanto Bill Gates como Jeff Bezos han invertido en ella con miras a afinar sus recursos prospectivos.

Existen, empero, varios obstáculos para desarrollar los recursos groenlandeses. Uno de ellos es la falta de población, sin duda, y otro, el clima inhóspito; quizás el factor más decisivo sea político. Si bien la isla pertenece al Reino de Dinamarca, existe un acuerdo con los groenlandeses mediante el cual podrían convocar a un referéndum para independizarse totalmente del Reino, algo que hasta ahora no ha sido factible debido a que la isla se beneficia de los subsidios y del estado de bienestar daneses.

En este contexto se dio el encuentro, en la ciudad de Washington, el 14 de enero pasado, entre J. D. Vance, Marco Rubio y Lars Løkke Rasmussen, secretario de Relaciones Exteriores danés, para discutir sobre las pretensiones estadounidenses. Un día después de la reunión, la portavoz de la Casa Blanca anunció que se había creado un grupo de trabajo para discutir los aspectos técnicos para la “adquisición” de Groenlandia, lo que enfureció tanto a la comitiva danesa como a la groenlandesa, ya que, de acuerdo con ellos, en el encuentro se había dejado claro que la posibilidad de compra estaba fuera de la discusión.

Aunque Trump ha argumentado razones de seguridad nacional para extender su dominio en la isla ante las pretensiones rusas y chinas en el Ártico, lo cierto es que Washington cuenta ya con una base militar en la isla, instalada durante la Guerra Fría como parte de los compromisos daneses con la OTAN. En caso de que se mantenga el grupo de trabajo entre las partes interesadas, daneses y groenlandeses podrían negociar una mayor presencia logística y de inteligencia por parte de la OTAN en la isla. Sin embargo, si Trump se apropia de los recursos y del territorio groenlandés, un poco como lo está haciendo con los de Venezuela, sepultaría definitivamente a la OTAN, una alianza militar que ha servido para contener el resurgimiento del expansionismo ruso.

Venezuela después de Maduro

La operación militar quirúrgica de Estados Unidos del 3 de enero para capturar a Nicolás Maduro y trasladarlo ante un juez en Nueva York por cargos por narcoterrorismo, abrió un escenario inédito y profundamente incierto. Lejos de clausurar la crisis venezolana, este golpe de fuerza unilateral la reconfiguró en varios planos a la vez: interno, regional e internacional. Quince días después de la caída del hombre fuerte del régimen, es evidente que su salida fue posible gracias a la colaboración de sectores del propio madurismo, que mantiene en el poder bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez con un horizonte constitucional de al menos 180 días. De un plumazo, Trump descalificó y dejó a la oposición fuera del juego, al menos en el corto plazo. El panorama interno es extremadamente fluido y cambiante, y todo indica que durante este año las dudas sobre una eventual transición democrática en Venezuela permanecerán sin resolverse.

Más allá de su eficacia táctica para remover a un presidente sin credenciales democráticas, la intervención vulnera principios básicos del derecho internacional —soberanía, no intervención, debido proceso— y sienta un precedente de alto riesgo para la región y la estabilidad global. Washington la presentó como una operación judicial extraterritorial contra el narcotráfico, aunque su propia naturaleza sigue en disputa: ¿fue una invasión, una intervención militar acotada que requería autorización del Congreso, o una operación judicial dentro del marco legal estadounidense? Los resultados inmediatos para Venezuela son cuestionables, porque la operación deja intactas las estructuras, los liderazgos autoritarios y las redes criminales en Venezuela, incluso sin Maduro al frente. El régimen no se desmanteló ni colapsó, sólo se reconfiguró bajo condiciones de subordinación externa orientadas a asegurar el control y la estabilidad “a distancia” sin necesidad de una ocupación prolongada.

Por ahora, Venezuela parece encaminarse hacia una forma de protectorado autoritario de facto, cuya duración y consecuencias internas y regionales están por verse. Esta lógica de recomposición acelerada bajo presión externa se ha traducido en una avalancha de decisiones por parte del gobierno de Rodríguez. La liberación de presos políticos, anunciada como gesto de distensión, ha sido selectiva y a cuentagotas: el gobierno reporta 400 excarcelaciones, pero organizaciones independientes han podido verificar apenas algunas decenas. En paralelo, se enviaron reformas a la ley de hidrocarburos orientadas a flexibilizar las condiciones para la inversión y apuntalar la economía y se introdujeron cambios en el gabinete con el fin de remover al círculo cercano de Maduro y afianzar el control de los hermanos Rodríguez sobre el resto de las facciones del chavismo. Las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad, lejos de fragmentarse, han optado mayoritariamente por una estrategia de preservación evitando enfrentamientos abiertos y negociando márgenes de autonomía o prebendas en el nuevo escenario.

Este episodio marca una redefinición del equilibrio de poder en América Latina, polarizando y desordenando el tablero político regional, en vísperas de elecciones clave en Costa Rica, Colombia, Perú y Brasil. Se inscribe, además, en un avance de las derechas latinoamericanas funcionales al trumpismo y plantea dilemas estratégicos para gobiernos de izquierda, cercanos o críticos de Maduro, que deben recalibrar su posición frente a Washington y al nuevo escenario hemisférico. La Casa Blanca ha dejado claro que Cuba, México y Colombia están en su mira, consolidando un mensaje de presión unilateral que trasciende Venezuela y subraya la disposición de Estados Unidos a usar la fuerza para proteger sus intereses estratégicos, con el apoyo explícito o tácito de gobiernos afines y el silencio de quienes se sienten bajo amenaza. Esta dinámica desarma cualquier posibilidad de acción colectiva y elimina contrapesos efectivos en la región.

En última instancia, la mayor fuente de incertidumbre no está en Caracas sino en Washington. La política exterior de Estados Unidos bajo la conducción de Trump se mueve en un estado marcadamente mercurial, una dinámica que previsiblemente se intensificará en un año electoral como 2026. La proliferación de mensajes y énfasis divergentes entre las distintas “tribus” trumpistas —Trump, Rubio, Vance, Hegseth, Miller— refuerza la percepción de una agenda en Venezuela sin una estrategia de largo plazo claramente definida. El único hilo conductor reconocible es geopolítico: la rivalidad con China. Todo lo demás parece subordinado a impulsos tácticos, cálculos electorales, negocios y demostraciones de fuerza, con consecuencias aún difíciles de dimensionar para Venezuela y para el equilibrio regional en su conjunto.

Presiones de Trump a Sheinbaum

La relación con los Estados Unidos se encuentra en uno de los momentos más delicados de la historia de la relación bilateral. Un día después de la caída de Maduro, Trump dijo públicamente y una vez más que México está gobernado por el crimen organizado con un narcogobierno por lo que pronto habría que hacer algo directamente para acabar con eso. 

El aparato militar de Estados Unidos, desplegado en el Caribe y en el Pacífico, se mantiene ahí a pesar de que ya lograron su primer objetivo que fue sacar al presidente venezolano. Desde ese momento, y dados los acontecimientos en Venezuela, se prendieron las alertas en el más alto nivel del gobierno para contrarrestar las amenazas estadounidenses. Sheinbaum le pidió a su canciller Juan Ramón de la Fuente que buscara a Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado para aclarar la situación. Cabe mencionar que Rubio tardó casi tres días en contestarle la llamada, lo que en un momento como este es un mensaje claro del enojo estadounidense por la falta de resultados por parte del gobierno mexicano. Rubio fue contundente en decirle a México que era inminente que dieran resultados contundentes en la lucha contra el crimen organizado pero, en particular, se refirió a la entrega de los narcofuncionarios o en su defecto, en que se abrieran carpetas de investigación y se les llevara a juicio en México.

Por su parte, Sheinbaum buscó una llamada telefónica con Trump, cosa que no se pudo dar por los canales directos. Dada la falta de respuesta, tuvo que pedir al embajador Donald Johnson su intervención para conseguir esta llamada. La Casa Blanca aceptó con la condición de que estuviera presente el mismo Johnson. Así sucedió, ella estuvo acompañada por Omar García Harfuch, Juan Ramón de la Fuente y Roberto Velasco. Fue una llamada muy corta, si acaso de tan sólo 15 minutos y todo parece indicar que poco amable y más bien ríspida en la que no se pudo tratar ningún tema de fondo. Razón por la cual, se le pidió de nuevo al canciller mexicano que buscara otra llamada con Rubio que concluyó en llevar a cabo una reunión bilateral sobre seguridad en Washington el 23 de enero.

La presión también se incrementó en los mensajes que particularmente publicaron dos de los principales diarios de Estados Unidos, The New York Times y The Wall Street Journal, donde representantes estadounidenses señalan que hay fuertes presiones para que el gobierno de Sheinbaum y el Senado de la República autoricen operaciones conjuntas entre militares mexicano y estadounidenses en territorio mexicano. 

Por otra parte, la Agencia Aeronáutica de Estados Unidos emitió una alerta para que las aeronaves civiles tengan cuidado en el espacio aéreo mexicano y en el de otros países latinoamericanos dado que se están llevando a cabo múltiples vuelos y prácticas militares en el espacio aéreo del Pacífico. No sólo eso, aterrizó el pasado fin de semana, en el aeropuerto de Toluca uno de sus principales aviones militares, el Lockheed C 130J, el Súper Hércules, sin previo aviso, lo que desató una guerra en las redes sociales por la falta de información sobre su presencia en México.

Muchas de estas presiones y acciones sucedieron también antes de que se llevara a cabo el secuestro de Maduro. Poco a poco fueron mandando señales de que pronto vendría una acción concreta como sucedió.

No obstante, a pesar de las respuestas de la presidenta en que subraya que no habrá intervención de Estados Unidos en México, existe cooperación bilateral. Vale la pena mencionar que también en estos días, se llevaron a cabo cambios en los principales mandos del Ejército y la Marina, tanto de subsecretarios como de directores. Estos cambios fueron avalados por García Harfuch en coordinación y con la aprobación de agentes del Comando Norte. Se ha dicho que la cooperación no es suficiente, veremos hasta dónde aprietan y qué tanto aguanta el gobierno mexicano. EP

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