La historia de la lucha entre ejidos y comunidades en defensa de su territorio, contra empresas que operan con métodos ilegales, con violencia, con la protección de grupos paramilitares y con el cobijo de gobiernos locales y federales, es también la historia de procedimientos jurídicos de larga duración, en donde generalmente la justicia se diluye. Ganar un juicio no significa obtener justicia, y en ocasiones no significa ni siquiera salvaguardar el territorio por el que se resiste o la vida por la que se arriesga todo. En México, ganar un juicio contra una gran empresa puede significar el hostigamiento, el asesinato y la desaparición, la impunidad y las amenazas.

Esta ha sido la historia del ejido El Bajío, ubicado entre los municipios de Puerto Peñasco y Caborca, Sonora, que en 2014 ganaron 67 juicios contra la empresa minera Penmont, propiedad del amigo del presidente López Obrador, Alberto Bailleres. Este conglomerado es dueño de la mina de oro más grande del país y la sexta más importante a nivel mundial.

Han pasado casi 9 años desde que los habitantes del ejido El Bajío también ganaron 67 sentencias. Se trata de sentencias que giran en torno a la restitución de las tierras ocupadas, la devolución del oro o su equivalente monetario y la reparación ambiental para que las tierras puedan volverse a trabajar. Es a finales de 2022 –y no en enero de 2015, como debería de haber ocurrido– que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) #28, con sede en Hermosillo, y por determinación de la magistrada Alejandrina Gamez Rey, comienza la ejecución de estas sentencias.

“El Tribunal Unitario Agrario ya solicitó peritajes para determinar la cantidad de oro que extrajo la minera y también a otra autoridad en materia ambiental para que le diga si es posible la remediación ambiental, en qué términos y si no lo es que le ponga un precio a la indemnización por este concepto. Los dos peritajes, tanto el de la minera como el del ejido van a ser muy diferentes, porque en la última reunión que hubo descaradamente dijeron que no habían sacado ni un gramo de oro del ejido, que las 3 200 hectáreas que están destruidas no saben qué pasó con ellas, que ellos no fueron”, explicó el vocero de El Bajío, Jesús Thomas, en entrevista para Este País.

No se trata únicamente de una victoria jurídica sin precedentes sino de la posibilidad de que estas sentencias se conviertan en un ejemplo claro de que es posible vencer a una empresa de gran tamaño a través de las instancias de procuración de justicia. Para el ejido, además, la ejecución favorable significa el cierre de un capítulo doloroso en el que ha perdido a personas valiosas y en el que otras más están tras las rejas.

Con cierto recelo, pero confiando en el buen desempeño del TUA, el ejido ya entregó los resultados de sus peritajes y están esperando para que Penmont haga lo mismo y, a partir de ahí, se cotejen y en caso de ser necesario se requiera un peritaje neutral. “Es imposible que el peritaje salga en contra de nosotros –continúa Thomas–, nosotros ya presentamos nuestros resultados y la mina deberá presentar los suyos así como el TUA que deberá presentar los peritajes neutrales. Los miles de millones de toneladas de tierra que fueron removidos, es muy fácil ubicarlos y sacar una cantidad exacta, cualquier ingeniero civil lo puede hacer sin problema y eso se divide entre la cantidad de oro que se extrajo de este tajo. Una destrucción de esta magnitud no se haría si no fuese redituable para la minera”.

“También presentamos los datos públicos que cotizó la minera en la bolsa de valores de Londres. No sabemos si será posible la reparación ambiental pero esperaremos el dictamen”.

El vocero del ejido cree que esta nueva actitud del TUA es parte de la presión que han ejercido organismos internacionales, especialmente la ONU y la embajada de Suiza en México, quienes han estado muy presentes en las audiencias del caso y al parecer le han mandado cuestionamientos al gobierno federal sobre el no cumplimiento de las sentencias ganadas por la El Bajío. “Al gobierno no le gusta dar una mala imagen a la comunidad internacional, menos en una entidad que ahora es el epicentro de una nueva explotación energética, me refiero al litio”.

Una reunión fantasma

En este momento significativo para el curso del juicio, sin un previo aviso o indicador claro, el vocero del ejido fue invitado a una reunión en donde habría presencia de autoridades estatales y federales, pese a que durante todo el conflicto, el único papel que jugaron estas últimas fue el de omisión y represión y encarcelamiento.

“Recibí una llamada del presidente municipal de Caborca [Abraham David Mier], me invitó a una reunión en donde estaría el gobernador [Alfonso] Durazo de testigo, con la minera presente y nosotros presentes, para tratar de encontrar una solución, lo cual no nos parece mal, el intento de estas personas es bueno, siempre solucionar un problema por la vía del diálogo es mejor, lo único que no nos gustó es que quieren sentar a la mesa a los apoderados legales de una persona que se dedica al crimen organizado, que incluso tiene órdenes de aprehensión en Estados Unidos” señaló enérgico el vocero del ejido.

Según reportó el propio ejido en su momento, el pasado 26 de marzo de 2020, en la última ocasión en que las y los ejidatarios lograron desalojar al personal de Penmont, se documentó que en la zona destinada para los patios de lixiviados había una división inusual: alrededor del 75% de la gente en operaciones era personal de la mina y el resto, separados por un cerco, eran miembros del crimen organizado que operaban con herramientas, maquinaria y energía eléctrica proporcionados por la mina.

Jesús Thomas comentó que “era evidente que los tenían trabajando ahí en confabulación o en evidente sociedad y ahora nos los quieren sentar en una mesa de negociación, lo cual evidentemente no vamos a aceptar. Sí nos reuniremos pero no con esa gente con la que no tenemos nada que tratar. ¿Qué tendríamos que tratar con personas ajenas al litigio? Ni tendrían que formar parte de algo ni el gobierno tendría que sentarlos a negociar en un asunto que no les compete. Son los mismos que nos han asesinado a los compañeros, por órdenes de la minera y son también los que se aparecían en el ejido y levantaban a la gente”.

La reunión estaba convocada para tener lugar en el Palacio de Gobierno de Sonora, sin embargo, tal vez por la apretada agenda del gobernador y el presidente, esta mesa de negociación no ocurrió. El ejido tenía claro previamente y no fincó muchas expectativas en una reunión, que en palabras del vocero, de haberse llevado a cabo desde el inicio del conflicto habría evitado muchas cosas negativas. “Si tuvieran ganas de resolver esto ya lo habrían hecho, pero nosotros vamos a continuar con nuestros objetivos”.

“Vamos a seguir defendiendo el territorio, impidiendo que la minera se vuelva a asentar ahí, ni ahora ni nunca, no queremos que ninguna minera venga y siga devastando el territorio. Lo que estamos haciendo es la conformación de una área natural protegida, donando de manera voluntaria toda la superficie que no está contaminada. Vamos a buscar este estatus de protección”.

Al final de la entrevista Thomas expuso que el ejido está preparando una demanda contra la minera en el Reino Unido, debido a que la empresa se ha negado a pagar la indemnización, así que confía en que en unos meses más esté listo este procedimiento y de esta manera ejercer presión sobre la empresa hasta lograr todos los objetivos que legal y legítimamente han ganado, al menos, en el papel. EP

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