La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y su nuevo secretario

La designación de Roberto Velasco no se explica tanto por una lógica diplomática clásica como por una combinación de confianza política, continuidad operativa, control interno y capacidad de ejecución en el frente más sensible de la política exterior mexicana, la relación con Estados Unidos. No se buscaba necesariamente a un canciller con trayectoria global, sino a alguien que no generara fricciones internas, que entendiera la lógica política del proyecto y que garantizara alineación con las prioridades del Ejecutivo. En ese sentido, Velasco representaba continuidad sin autonomía excesiva: un operador confiable más que un arquitecto de política exterior.

El desempeño de Velasco dependerá menos de su trayectoria previa y más de su capacidad para adaptarse, construir legitimidad interna en la SRE y demostrar que puede pasar de operador político a canciller con visión más amplia. De lo contrario, su margen se agotará conforme aumente la presión internacional.

Respecto a cómo ve a los miembros del Servicio Exterior Mexicano (SEM), la señal hasta ahora es ambigua. Por un lado, necesita de su experiencia operativa; por otro, su nombramiento sin pertenecer al servicio de carrera refuerza la idea de que el criterio político pesa más que la trayectoria diplomática. Eso inevitablemente genera tensiones internas: cooperación en lo formal, pero escepticismo en lo sustantivo. Sin embargo, si se define por apoyar al SEM y favorecer los recursos de la SRE, podría hacer un cambio muy positivo.

Una propuesta positiva de Roberto Velasco es el acercamiento a embajadores retirados y excancilleres que puede leerse como un intento de compensar carencias: sumar consejo, legitimidad simbólica y, sobre todo, acceso a redes que no se construyen de la noche a la mañana. Ganará, sin duda, en términos de percepción y de orientación puntual; pero ese capital es limitado si no se traduce en decisiones consistentes y en una integración real con la estructura activa de la SRE.

Visita a Barcelona

La visita de Claudia Sheinbaum a Barcelona abrió un espacio interesante para reposicionar a México en el escenario internacional. Después de siete años de aislamiento en que no se participó en foros externos, era necesario replantear nuestra presencia en el mundo. Igual de importante fue el acercamiento con España, dado que la relación bilateral había sido muy lastimada desde 2018. Además, se logró un comunicado conjunto entre España, Brasil, Colombia y México a favor de la no intervención en Cuba.

La visita permite a México reposicionarse como un actor interesado en diversificar sus relaciones exteriores, algo relevante en un contexto de alta dependencia con Estados Unidos. También abre puertas para cooperación en innovación urbana, transición energética y cultura, además de fortalecer vínculos con gobiernos locales y redes progresistas internacionales que pueden ser aliados en las agendas multinacionales como el cambio climático o el desarrollo social.

Sin embargo, lo que se arriesgó tiene que ver con la percepción y la claridad estratégica. Si la visita no se traduce en acuerdos concretos, inversiones o mecanismos de seguimiento, corre el riesgo de verse como un gesto político más que como diplomacia efectiva. Además, el énfasis en ciertos perfiles ideológicos puede alimentar la narrativa de que México privilegia afinidades políticas sobre intereses pragmáticos, lo que complica la relación con actores clave, particularmente en Estados Unidos.

Ahora bien, en el discurso de Sheinbaum, en el que habló de personajes históricos de México, se dio con una narrativa interna. Estas palabras estuvieron seguramente pensadas más para su audiencia doméstica que para generar efectos diplomáticos inmediatos. Reforzaron una identidad política más que una estrategia concreta de política exterior.

A ello se suma su segundo discurso durante la reunión, que fue realmente inconsistente y desconectado de la realidad política internacional. Por otra parte, ¡qué fácil es hablar de democracia, libertad y paz fuera del país sin mencionar la forma en que en estos siete años se han destruido las instituciones democráticas, las libertades y se ha incrementado el número de desaparecidos al tiempo de no atacar la violencia que se vive internamente en México! En ambos casos, se privilegiaron narrativas ideológicas por encima de una lectura estratégica del entorno global, lo que alimenta la percepción de que la política exterior mexicana se mueve más por afinidades políticas que por intereses nacionales claros.

Algo totalmente innecesario fue el respaldo explícito a Cristina Fernández de Kirchner. En lugar de mantener una prudente distancia institucional, México optó por alinearse con una figura polarizante en Argentina con comentarios intervencionistas, lo que puede tensar relaciones con otros actores regionales, como el actual gobierno de Milei.

Más allá de los discursos, los acuerdos concretos fueron limitados. No se anunciaron mecanismos vinculantes ni compromisos financieros relevantes, lo que refleja tanto la diversidad de intereses entre los participantes como las restricciones políticas internas que enfrenta cada gobierno. Aun así, el encuentro sirvió para enviar una señal política clara: el progresismo busca reorganizarse como bloque frente a liderazgos disruptivos como el de Donald Trump y sus equivalentes en otras regiones.

Ormuz y lo que está en juego al desbloquear el bloqueo

El bloqueo de Ormuz por parte de Irán fue una posibilidad subestimada por Trump y Pete Hegseth, su secretario de Guerra, así como por Netanyahu, primer ministro de Israel, cuando le vendió a Trump la idea de provocar un cambio de régimen en el país persa, de acuerdo con información revelada por The New York Times. Esta ala golpista y radical no pudo ser frenada ni por Marco Rubio (secretario de Estado) ni por el vicepresidente J.D. Vance, que se mostraron más escépticos sobre los riesgos de la escalada. Vance abiertamente advirtió que una nueva intervención militar en Irán —después de la que tuvo lugar en junio del año pasado y que había ya destruido la capacidad nuclear de Irán— podría desquebrajar el apoyo que los republicanos habían dado a su proyecto MAGA (Make American Great Again), ya que les había prometido que Estados Unidos no se involucraría más en guerras, además de que no aseguraba el derrumbe de la república islámica.

A más de 50 días de haberse iniciado el conflicto, la correlación de fuerzas en el Golfo Pérsico parece darle la razón a Vance, quien desde el 18 de abril ha intentado llegar a un armisticio con Teherán, en el marco de una tregua que ha tenido sus altibajos, en buena parte porque no ha sido respetada por Israel, al mantener sus bombardeos en el Líbano. Después de un primer fracaso, el que se perfila por ahora como un eventual sucesor de Trump a la Casa Blanca, intentará nuevamente esta semana llegar a un acuerdo, en Islamabad, Pakistán, con sus contrapartes iraníes. 

A pesar de que el ataque israelí-estadounidense ha eliminado a cuadros clave de la clase política de Irán y diezmado severamente la capacidad de defensa balística del país, el control del estrecho de Ormuz por parte de la Guardia Revolucionaria desde los primeros días de haberse iniciado el ataque le ha dado un arma de negociación que podría definir el destino de la guerra. El cierre se hizo selectivo, ya que Irán permitió el tránsito de buques que no fueran de sus enemigos, a la par que cargos iraníes con petróleo salían para abastecer a los mercados globales, sobre todo de Asia, aprovechando que Trump les había levantado temporalmente las sanciones para atemperar los precios del crudo. Además, Teherán empezó a cobrar el tránsito por el estrecho, como una medida para resarcir los desastres de una guerra, a todas luces, ilegal e injustificada. De esa manera, el gobierno obtenía ingresos para apuntalar su resistencia. Esto se terminó, cuando desde el 13 de abril, Trump decidió imponer un bloqueo al propio bloqueo iraní, amenazando con destruir “toda una civilización” si Teherán no aceptaba sus condiciones, declaración que cimbró a buena parte de los miembros del Capitolio, que se ha empezado a preguntar sobre la capacidad mental del presidente para seguir en la Casa Blanca.

En su regreso a Islamabad, Vance tendrá que ir con los pies de plomo para negociar objetivos más humildes: la suspensión temporal del programa nuclear iraní —Washington se inclina por 20 años, mientras que Teherán por cinco— y las condiciones de apertura del estrecho de Ormuz —sin condiciones de acuerdo con Washington, con cuotas compartidas entre Irán y Omán para compensar los desastres de la guerra—. Difícilmente las negociaciones llegarán a un armisticio, ya que quedan otros diferendos pendientes, como el levantamiento de sanciones que sufre Irán desde que se rompió el Acuerdo de 2015, la salida de Israel de los territorios ocupados en el Líbano y las garantías de que la república islámica no volverá a ser atacada. Si Vance corre con suerte, lo más probable es que logre una extensión de la tregua, para mantener las conversaciones abiertas, lo que llevaría a un escenario muy similar a las negociaciones que se llevaban en Ginebra, poco antes de haberse iniciado el ataque. 

Si bien los iraníes saben que Trump utiliza la diplomacia para acumular fuerza —tal y como sucedió en Ginebra— en esta ocasión, las treguas podrían no favorecer a Trump. La caída de su popularidad, el impasse que mantienen los demócratas en la negociación del presupuesto de este año —algo que sin duda afectará el gasto para defensa—, la volatilidad provocada en los mercados financieros, de crudo y materias primas por el doble bloqueo que afecta a Ormuz, y las elecciones para renovar parte del congreso en noviembre próximo, han puesto a Trump en la necesidad de llegar a un acuerdo con Teherán, lo más pronto posible para que pueda venderlo como victoria a sus correligionarios. Tomar Ormuz mediante una intervención terrestre podría resultar todavía más catastrófico para la economía global y para el futuro político de los republicanos. Vance tiene muy clara su misión, sobre todo si quiere perfilarse como el próximo candidato republicano para las elecciones de 2028. Los iraníes lo saben, pero ellos también están jugando a modificar las coaliciones políticas existentes en los dos países agresores.

Elecciones e incertidumbre en América Latina

En los próximos seis meses se decidirá el futuro político de Perú, Colombia y Brasil en elecciones sumamente cerradas que redibujarán a la región en su conjunto y su lugar en el tablero global. En 2025, las derechas no tradicionales lograron triunfos clave en las principales elecciones presidenciales de la región y este giro ideológico podría profundizarse aún más, lo que dejaría en franca minoría y al borde del aislamiento a los gobiernos de izquierda en México, Guatemala y Uruguay. De los resultados electorales en estos países sudamericanos dependerá el futuro de iniciativas como el Escudo de las Américas con su mano dura contra el narcotráfico y la migración y, en el polo contrario, de la reciente alianza progresista iberoamericana sellada en Barcelona. 

El panorama es particularmente complejo por el factor disruptivo y polarizador que podría desempeñar la administración Trump. De cara a las elecciones intermedias de noviembre y con una popularidad en picada tras el fracaso en Irán y de su política arancelaria, seguramente continuará su inédita asertividad e injerencia explícita en la política interna de América Latina. Lo que resulta más difícil prever es si los esfuerzos de Trump por apuntalar el avance de las derechas latinoamericanas afines al movimiento MAGA tendrán los efectos esperados o si empujará a los electorados en la dirección contraria. La presión geopolítica estará presente, más que nunca, en estas elecciones.

Sin embargo, el tema no se agota en la disputa ideológica ni en el renovado ánimo intervencionista estadounidense. Está en juego la gobernabilidad democrática en la región. Por razones distintas, estas tres democracias latinoamericanas están bajo fuerte tensión: Perú por la trampa de inestabilidad crónica en la que se encuentra desde hace una década y de la que difícilmente saldrá en la segunda vuelta de junio; Colombia con una gobernabilidad compleja por la composición fragmentada y sin mayorías del Congreso recientemente electo; Brasil por la extrema polarización política y los cuestionamientos a la legitimidad del proceso por parte de la derecha radical bolsonarista. Los riesgos de judicialización de las elecciones e, incluso, de violencia política están presentes en los tres países.

Se trata de un escenario complejo en un mal momento por la debilidad de las instancias multilaterales de acompañamiento y monitoreo de la democracia en la región. La incertidumbre es, por tanto, la nota en todos los casos. En Brasil las encuestas muestran una situación de empate técnico entre el lulismo y el bolsonarismo; en Colombia el oficialismo petista se enfrentará a una derecha radicalizada en la segunda vuelta; y, en Perú, está aún por definirse judicialmente cuál de los dos candidatos en las antípodas del espectro ideológico competirá por la presidencia con Keiko Fujimori. En Perú, además, se abre un escenario sumamente interesante en el que se verá si la reforma política para el regreso al bicameralismo y la reelección rinde frutos para contener la tensión permanente entre el Ejecutivo y el Congreso detrás de la inestabilidad de los gobiernos.

En elecciones tan estrechas y competidas donde el ganador se definirá por pocos votos o por la vía judicial, las probabilidades de violencia política y protesta social están abiertas con posibles secuelas de alcance regional. Estará a prueba la resiliencia democrática en estos tres países clave, ya sea por la fuerte fragmentación del sistema de partidos con niveles récord en Perú y Colombia, o por la polarización extrema en Brasil. La gran pregunta en el aire no es solo cómo votarán los electores sino por qué lo harán: ¿por simpatía ideológica, por hartazgo y castigo o por intereses pragmáticos? Las lecturas que hagan los diversos actores políticos latinoamericanos de las motivaciones detrás del voto en estas próximas elecciones determinarán no solo sus estrategias gubernamentales, sino también sus posiciones de política exterior en temas estratégicos como la competencia entre China y Estados Unidos, la vigencia del derecho internacional y el futuro del multilateralismo. EP

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