Se abre la llave, se direcciona la manivela pero no cae ni una gota de agua, o la que llega no es de la calidad suficiente: puede enfermar a quien la beba. Y en el tinaco ya no queda nada. Algunos se organizan y se las ingenian para recoger agua de lluvia, muchos más gastan mucho de sus bolsillos para beber agua limpia… 

Esta es la realidad de tantos ciudadanos en México, país que, mientras asiste al gran despilfarro del recurso que ejercen los sectores agropecuarios y de alimentación, tiene 11.5 millones de viviendas sin suministro diario de agua potable; carencia que obliga a comprar el agua en plástico.

En 2021, México se convirtió en el mayor consumidor de agua embotellada en el mundo. A la falta de suministro del recurso vital y mala calidad de la que está disponible por falta de inversión en la infraestructura, se le suma la ausencia de una regulación en las tarifas, como expone un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Según señala la experta en Energía y Medio Ambiente, Sandra López, autora del diagnóstico, los esquemas tarifarios para cobrar por el acceso a agua potable, tanto en términos de transparencia como de equidad, constituyen un tema clave para combatir este gran problema que encara el país: su población tiene que comprar agua en botella  para apagar su sed. 

A pesar de que la Federación brinda subsidios a los estados, municipios y operadores —conformados tanto por gobiernos como particulares—, los mexicanos gastan aproximadamente 1643 pesos anuales en el servicio de agua potable sin que el sistema garantice un suministro seguro e ininterrumpido. La deficiente calidad de este en ciertas regiones del país deriva en que los mexicanos terminen pagando más por agua embotellada que por agua potable.

Cuando se analizan con lupa los datos, son los que menos tienen quienes más acaban pagando por un recurso indispensable, el agua, que es vida. “Mientras que tarifas excesivamente altas impactan directamente en el bienestar de los sectores más vulnerables de la población, tarifas demasiado bajas pueden afectar negativamente la calidad del servicio y de la infraestructura, lo que también perjudica a la población que más necesita el recurso”, denuncia López, para quien el cobro del agua debería balancear consideraciones económicas, sociales y políticas. 

De acuerdo con la experta, las tarifas establecidas por Hacienda y la Conagua, institución responsable máxima de velar por los recursos hídricos y su buen uso, están en la obligación de fomentar una recaudación más equitativa para financiar los gastos y garantizar el acceso y uso sostenible del agua para todos los ciudadanos, vigilando que las federaciones, municipios y organismos operadores logren tener el recurso asequible de acuerdo con las necesidades de las poblaciones que abastecen.

No obstante, como llevan años denunciando especialistas y organizaciones, la Conagua no está haciendo su trabajo, y origina que la imposibilidad del acceso al agua de calidad, un derecho humano, sólo enriquezca a una industria que cada día multiplica sus ganancias.

El desenlace ante la falta de regulación estatal y cumplimiento del cometido de las autoridades suele siempre ser el mismo: de aquello que perjudica a tantos se benefician unos pocos. En México, la sed de su población se ha vuelto un negocio. EP

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