Desde su regreso al poder en enero de 2025, Donald Trump ha vuelto a colocar a México en el centro de su narrativa de seguridad nacional. A partir de julio de este año, la presión se intensificó con un tono más agresivo y enfocado en un enemigo muy claro: los cárteles de la droga y las redes del crimen organizado.

Su discurso presidencial no solo acusa a los cárteles mexicanos de inundar el mercado norteamericano con fentanilo, metanfetaminas y heroína, sino que también señala la complicidad de sectores del gobierno mexicano. Esto se traduce en la recurrente amenaza de catalogar a estas organizaciones como terroristas internacionales y tratar al gobierno de México como permisivo o incluso capturado por el narcotráfico, lo ha llegado a llamar narcogobierno.

Las presiones de Trump se han articulado en tres ejes en estos últimos meses: la designación terrorista de los cárteles y la amenaza militar; la exigencia de resultados contra los mismos y las extradiciones; y, finalmente, las acusaciones de complicidad gubernamental en México.

Para los estadounidenses, el narcotráfico representa una amenaza a su seguridad nacional. En este sentido, el pasado 12 de julio, Trump anunció un arancel del 30 % a todas las importaciones mexicanas, justificándolo como represalia porque México no ha hecho lo suficiente para detener el flujo de fentanilo. En su narrativa, el comercio y la economía se subordinan al combate contra el narcotráfico. La seguridad está por encima del libre mercado. El mensaje fue claro: si México no actúa frontalmente contra los cárteles, enfrentará consecuencias económicas devastadoras. Esta medida encierra un doble juego, castiga a la economía mexicana y, al mismo tiempo, condiciona la política interna de seguridad.

Desde julio, en varias ocasiones, Trump ha reiterado en declarar a los principales cárteles mexicanos —Sinaloa (CDS), Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sus filiales— como Foreign Terrorist Organizations (FTO). Esto, sin duda, conlleva importantes consecuencias. En primer lugar, implica posibles intervenciones extraterritoriales. Al designarlas como FTO, permitiría legalmente a Estados Unidos realizar operaciones militares o de inteligencia en territorio mexicano sin autorización. Por otra parte, puede ocasionar el congelamiento de activos de cualquier persona, banco o empresa que colabore directa o indirectamente con los cárteles y podría ser perseguida en EUA. También es muy grave la estigmatización del gobierno mexicano. Es decir, al no poder contener a sus propios criminales, México se convierte en un estado fallido o cómplice.

Es de llamar la atención que el pasado 9 de agosto Trump firmó una directiva secreta al Pentágono autorizando planes de ataque directo contra cárteles en América Latina. Sin duda para el gobierno de Claudia Sheinbaum, lo anterior significa un desafío directo a la soberanía nacional. Cada vez es más evidente que el endurecimiento en la frontera no se limita nada más al tema de la migración. Desde finales de julio, el despliegue de 7600 soldados estadounidenses en la frontera sur, junto con la creación de “National Defense Areas” en Texas y Nuevo México, tiene un componente explícitamente antidrogas. Los soldados realizan inspecciones y detenciones con el argumento de frenar el cruce de fentanilo. Además, se han multiplicado los retenes móviles que operan como cordones de seguridad militar. Y han anunciado la contratación de 3 mil nuevos agentes de CBP especializados en detección de drogas. De esta manera, la frontera se convierte en un laboratorio de militarización bajo el pretexto del combate al narcotráfico, pero con repercusiones directas para la relación bilateral.

Después de las diferentes llamadas que la presidenta mexicana ha tenido con Trump, él ha dejado claro que no se conformará con discursos diplomáticos. Pide resultados medibles; por ejemplo, los decomisos récord. En julio y agosto, el gobierno de Sheinbaum reportó la incautación de cantidades históricas de fentanilo en puertos del Pacífico y en la frontera norte, subrayando que son parte de una estrategia para mostrar eficacia. Otro caso es el de las exportaciones de criminales y responsables del crimen organizado que se encontraban presos en cárceles mexicanas. México aceleró la entrega de 29 líderes y operadores de cárteles a EUA durante los primeros meses del año y en agosto mandó a 26 más; esos 55 criminales más bien parece que fueron una ofrenda al gobierno estadounidense: no se respetó su proceso de extradición, ni sus derechos humanos ni el cumplimiento de las normas internacionales. Finalmente, se ha incrementado el número de arrestos focalizados; es decir, la Guardia Nacional y el Ejército han realizado operativos contra células del CJNG y del CS, particularmente en Michoacán y Baja California, buscando exhibir golpes contundentes por parte del gobierno mexicano. Las diferentes acciones mexicanas buscan reducir la presión de Trump y enviar señales de cooperación real. No obstante, hasta el momento no han sido suficientes como respuesta a la amenaza de seguridad nacional estadounidense.

Lo anterior se traduce en que uno de los elementos más delicados de la presión de Trump es la narrativa del narcogobierno. Como lo hemos mencionado en textos anteriores, el presidente estadounidense ha insinuado en mítines y conferencias que importantes sectores del gobierno mexicano están infiltrados o cooptados por los cárteles, siendo sus cómplices. El primer caso fue la detención en 2020 del general Salvador Cienfuegos bajo la primera administración Trump. Hasta la fecha sigue siendo un referente que Washington utiliza para justificar su desconfianza, ya que AMLO se comprometió a juzgarlo en México pero, por el contrario, lo exoneró. Por otra parte, se han publicado reportes en los principales medios estadounidenses, retomados por la Casa Blanca en agosto de 2025, que sugieren vínculos entre políticos mexicanos y las estructuras criminales, reforzando la narrativa de que México no solo padece a los cárteles, sino que convive con ellos dentro del gobierno. Trump ha llegado a decir que México tiene un gobierno débil porque protege a criminales o negocia con ellos, alimentando la percepción internacional de que Sheinbaum debe demostrar independencia frente a cualquier sombra de complicidad. Para ella, este es quizá el desafío más sensible: no solo se trata de combatir cárteles, sino de probar que su gobierno no es parte de ellos. No cabe duda de que el discurso del narcogobierno debilita la imagen de México en foros globales, en sus relaciones internacionales, y afecta la llegada de inversiones y la credibilidad diplomática del país. Cabe mencionar que el 25 de agosto, el Mayo Zambada se declaró culpable en la corte de Nueva York: es la primera ocasión en que un criminal confirma que a lo largo de al menos 50 años, de sobornos entregados a políticos, militares y policías para poder operar libremente su negocio.

Ante lo anterior, la respuesta mexicana se ha buscado articular en un delicado equilibrio. En primer lugar, menciona el rechazo a la posible intervención de tropas extranjeras. Sheinbaum declaró en mayo y reiteró en agosto que México no permitirá soldados estadounidenses en su territorio. Se ha tenido la disposición a la cooperación judicial en el sentido en que se privilegian exportaciones de criminales, extradiciones y operativos conjuntos de inteligencia, evitando la imagen de sometimiento. Los discursos de soberanía han sido un tanto desafortunados. La presidenta insiste en que la seguridad es un asunto interno, aunque reconoce la interdependencia con EUA en materia del problema de narcotráfico. En ocasiones, dichos discursos son totalmente opuestos a la cooperación que se está estableciendo, como si ella le hablara a su público interno sin preocuparle las presiones externas. 

Sigue existiendo la negociación para suspender aranceles. En este caso, la promesa de más operativos y decomisos sirvió como moneda diplomática para ganar tiempo frente a los aranceles del 30 %. Al terminar el plazo de los 90 días que dio Trump para tener resultados contundentes en seguridad, de no cumplir sus expectativas, seguramente las presiones serán mayores. Sin duda, la amenaza de intervención no es solo retórica: es un escenario real si México no satisface las expectativas de Trump. No tiene que ser con la entrada de tropas; en muchos casos, se está dando ya de facto, como con la entrada de drones a diferentes partes del territorio, lo que hasta ahora parece ser únicamente con la finalidad de recabar información sobre la delincuencia organizada. Otro caso de posible intervención es el desplazamiento de buques militares cerca de las aguas territoriales mexicanas. Además, se reitera la cooperación con el entrenamiento por parte de agentes de inteligencia, en particular de la DEA, a oficiales mexicanos con el fin de que sean estos quienes detengan y ataquen a los criminales. 

Veremos cómo se procede durante los próximos meses, si bilateral o unilateralmente. Los posibles escenarios futuros son varios. Por un lado, sería conveniente continuar con una cooperación estratégica. México debe seguir intensificando detenciones y extradiciones formales y con apego a derecho, con el fin de evitar futuros aranceles y conteniendo las amenazas militares. Por otra parte, siendo lo deseable para Trump, Claudia Sheinbaum debería confirmar que su gobierno no tiene vínculos con el crimen organizado y que es capaz de romper o detener a los funcionarios de los últimos años que se les compruebe que los tienen. Esto, aunque se antoja difícil, al menos en los dos próximos años en los que se mantiene vigente el periodo para la revocación de mandato, sería el ideal para la misma seguridad de los mexicanos. Aunque Trump lo sabe, la presidenta debería hablar abiertamente con él sobre las presiones internas a las que se enfrenta dentro de su propio gobierno. De otra manera, al no cumplir lo que él quiere, las acciones unilaterales seguirán su curso. EP

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