El 20 de enero de 2025, en su discurso inaugural, el presidente estadounidense Donald Trump declaró: “Estamos bajo una invasión, una invasión de nuestra frontera sur, y ahora usaremos todas las herramientas del gobierno para detenerla”.

En su segundo mandato, Trump ha ido más lejos que nunca en la lucha contra la inmigración y la delincuencia “importada”, especialmente vinculada al consumo de fentanilo en Estados Unidos. Las nuevas medidas rebasan por mucho lo realizado en su primer periodo. Su Orden Ejecutiva (OE) 14159, Protegiendo a los Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública, es elocuente en este sentido: autoriza medidas extraordinarias de seguridad migratoria; esto es, deportaciones aceleradas, despliegue militar en la frontera y sanciones a jurisdicciones santuario.

En este artículo, exploraremos cómo se está usando la tecnología de punta, especialmente la inteligencia artificial (IA), para llevar a cabo las políticas migratorias de Trump y algunas transgresiones a los derechos de la población migrante e incluso de ciudadanos que podrían estar ocurriendo.

Nótese que la política de seguridad nacional de EUA tuvo un profundo cambio a partir de los actos terroristas del 9/11 de 2001. Se creó entonces el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y, como parte de ello, en 2003 el Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE). Este último se introdujo para proteger a EUA del terrorismo y la inmigración ilegal que pudiera amenazar la seguridad nacional. 

En su primer mandato, Trump amplió las atribuciones de esta institución con la mira puesta en los migrantes indocumentados con antecedentes criminales. El gobierno de Joe Biden, a continuación, trató de limitar el poder del ICE a casos de amenazas serias. Durante su segundo periodo, Trump ha expandido más que nunca las atribuciones del ICE, especialmente mediante la ley One Big Beautiful Bill, que asigna 170 mil millones de dólares a esa entidad para tener la capacidad de financiar las acciones migratorias y aduanales. El plan contempla deportar hasta un millón de migrantes indocumentados por año, durante una década. Al mismo tiempo, se han integrado, más que en ningún otro momento, instrumentos de IA para el rastreo de migrantes, revocación de visas y evaluación de riesgos que pudieran presentar dichos migrantes.

Entre los instrumentos antiinmigratorios basados en IA están, primero, la intensificación en el monitoreo de las redes sociales. Esta práctica se ha utilizado desde 2015 (administración de Barack Obama) cuando aplicaron varios planes piloto: el DHS comenzó a hacer un chequeo manual y automático de las cuentas en redes sociales de un número limitado de individuos que deseaban viajar a EUA con el fin de ayudar a las autoridades a decidir sobre las solicitudes de ingreso al país. Estos programas se fueron multiplicando, pero los viajeros podían responder voluntariamente las preguntas sobre su participación en esas redes sociales. 

A partir de 2017, mediante la OE 13780, Trump permitió “a través de cualquier medio apropiado, asegurar la colección adecuada de toda información necesaria para la evaluación rigurosa de todos los motivos de inadmisibilidad o motivos para la denegación de otros beneficios de inmigración”, con lo que dejó de ser voluntaria la entrega de información. Aun así, el uso de la IA como instrumento para dirimir asuntos migratorios no pudo imponerse en la medida en que lo deseaba inicialmente Trump. 

En 2017, el ICE trató de introducir software para el aprendizaje de máquinas en la Iniciativa de Revisiones Extremas (Extreme Vetting) —Orden Ejecutiva 13780 de 2017— para que procesara información pública disponible, incluyendo redes sociales, y con ello poder alcanzar conclusiones probabilísticas sobre los solicitantes de visa y de ahí inferir motivos para hacer deportaciones. 

No obstante, un grupo de 54 estadounidenses expertos en aprendizaje automático y toma de decisiones automatizada mandó una carta al DHS objetando la Iniciativa de Revisiones Extremas porque, a su juicio, “ningún método computacional puede proporcionar evaluaciones confiables u objetivas de los rasgos que ICE busca medir” (Brennan Center).

Desde el primer día de su segundo mandato, Donald Trump lanzó nuevas iniciativas basadas en el uso de IA para detener la migración; destaca Capturar y Revocar (Catch & Revoke), que se usa desde abril de 2025 para erradicar “las actividades criminales y reducir riesgos de seguridad”. La herramienta usa IA para revisar la información en redes sociales, entre otras fuentes, de aquellas personas con visa estadounidense que hayan violado las leyes de ese país y, de ser el caso, su visado puede ser cancelado. Aunque esta medida estaba dirigida especialmente a quienes expresaban su simpatía por el grupo terrorista de Hamas, se está aplicando en forma más extendida. Este mecanismo ubica automáticamente a las personas que coinciden con la categoría “Buscadas” y pueden ser deportadas sin el debido proceso o apelación previa. De acuerdo con el Brennan Center of Justice, la administración de Trump espera reunir identificadores de redes sociales para más de 33 millones de personas, “incluyendo aquellos que postulan a la residencia permanente o esperan cambiar su estatus migratorio”.

En segundo lugar, además del uso de redes sociales, la presente política de Trump trata de frenar y revertir la migración aprovechando en gran escala numerosas bases de datos federales, estatales y locales, a la vez que las hace interoperables a través de la IA. Estas incluyen información sensible sobre impuestos, salud, apoyos sociales y direcciones, y pueden ser utilizadas por el ICE y otras autoridades. 

El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), creado por Trump e impulsado por Elon Musk, ha desempeñado un papel central en este esfuerzo de recolección de información: ha accedido transversalmente a fuentes de datos sensibles en las entidades gubernamentales, eliminando las barreras de confidencialidad que existían entre los distintos organismos por motivos de privacidad. Se trata de optimizar y agilizar el uso de esas bases para hacer más expeditos los procedimientos del ICE.

Asimismo, el ICE ha expandido su contrato a la empresa Palantir (especializada en análisis de datos y vigilancia, que ayuda al ICE a localizar, rastrear y deportar individuos), para construir el Sistema Operativo del Ciclo de Vida de Inmigración (ImmigrationOS). Este programa apoyado en la IA, que estaría listo en septiembre de 2025, agilizará la integración de múltiples fuentes de datos: agencias federales (IRS, SSA, USCIS), estatales (DMV, policía) y biométricas; a la vez que funcionará casi en tiempo real. Esto será un importante avance frente a herramientas anteriores menos dinámicas y buscará centralizar y automatizar el ciclo completo de deportación.

En tercer lugar, la administración de Trump ha ordenado usar satélites combinados con IA para monitorear la frontera sur del país, a las agencias de inteligencia militar pertenecientes al Departamento de Defensa; es decir, a la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA), que analiza imágenes satelitales y datos geoespaciales para inteligencia y seguridad nacional, y a la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO), que opera la red de satélites espías estadounidenses. Los satélites de la NRO capturan imágenes en alta resolución y la NGA analiza esos datos en tiempo casi real con algoritmos de IA para detectar cruces de frontera no autorizados, identificar patrones inusuales y enviar alertas automáticas a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EUA (CBP) o al ICE. Aunque el gobierno ha desplegado IA y drones de vigilancia en la frontera desde hace años, esta iniciativa amplía el uso de capacidades militares, usualmente empleadas en conflictos extraterritoriales.

Las instrucciones dadas a la NGA y NRO complementan otro plan llamado “muro virtual”: una iniciativa de 2023 que consiste en erigir torres autónomas en tierra con cámaras, sensores infrarrojos, radar e IA para detectar movimientos humanos. Estos pueden estar integrados con reconocimiento facial y conexión directa a bases de datos federales. Así, mientras el satélite detecta desde arriba, las torres lo hacen desde tierra.

Todos los instrumentos antimigración apoyados por IA (vigilancia en redes sociales, uso exhaustivo de bases de datos, y vigilancia satelital) pueden interactuar. Por ejemplo, es posible dar seguimiento a alguien que ingresa ilegalmente a EUA por tierra desde la frontera sur de la siguiente manera: un satélite lo puede detectar cruzando a pie y con la IA se confirma que es un humano y activa una alerta; las torres autónomas cercanas en tierra pueden corroborar el movimiento y captan la imagen facial; ImmigrationOS (cuando esté en operación plena) cruzará la foto con registros y buscará su estatus migratorio. En caso de no tener visa o que esté vencida, el sistema priorizará a la persona detectada como objetivo de detención y notificará a una patrulla cercana. Si la persona tiene publicaciones sospechosas en redes, quizás ya fue detectada por el programa Catch & Revoke y de haber tenido una visa, la persona en cuestión puede ya haberla perdido. Al ser localizada la persona, podría aceptar salir del país voluntariamente o, de lo contrario, sería detenida. 

Tradicionalmente ha sido en el sector cercano a la frontera donde ha sido más intenso el escrutinio migratorio. Las leyes de EUA prohíben a sus agencias de espionaje vigilar a los ciudadanos de ese país o a residentes legales en él, pero sí se admiten búsquedas de forma física “dentro de una distancia razonable de cualquier frontera externa de los Estados Unidos” (100 millas aéreas desde la frontera).

Varios de los instrumentos de vigilancia y medidas migratorias adoptados en EUA podrían estar violando tanto su Constitución como sus leyes internas, además de contravenir estándares internacionales de derechos humanos. Las tecnologías como ImmigrationOS, la vigilancia satelital con IA y programas como Catch & Revoke pueden vulnerar diversos derechos. Por ejemplo, el derecho a la privacidad cuando se usa la IA para rastrear redes sociales, biometría y ubicaciones sin orden judicial, pues se estarían transgrediendo protecciones constitucionales como la Cuarta Enmienda (protección contra registros e incautaciones no razonables); la libertad de expresión, si se revocan visas por expresar apoyo a causas políticas (por ejemplo, Palestina, críticas a Israel o a EUA) ya que podría considerarse una represalia por opinión política, contraria a la Primera Enmienda; el debido proceso, si se hace una deportación o revocación automática de visas mediante algoritmos sin audiencia, defensa legal, ni apelación, lo que vulnera el derecho al debido proceso bajo la Quinta Enmienda.

En cuanto a la protección que deberían recibir los migrantes ilegales de acuerdo a convenios internacionales, están el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que fue ratificado por EUA y protege la libertad de expresión (Art. 19); se pronuncia contra injerencias arbitrarias en la vida privada (Art. 17) y respeta el derecho al debido proceso (Art. 14). Asimismo, existe la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), que prohíbe la devolución de personas a países donde puedan ser perseguidas (principio de no devolución).

Para que estas leyes estadounidenses se aplicaran correctamente, toda acción que implique vigilancia intrusiva o remoción migratoria debería requerir orden judicial o revisión independiente, incluso en casos en que se use la automatización. Asimismo, es necesario garantizar que las decisiones tomadas por la IA sean auditables, transparentes y siempre revisadas por un humano. Que se respete todo lo anterior depende en buena parte del poder judicial de ese país y del Congreso, que no parecen estar cumpliendo sistemáticamente con estas responsabilidades. Asimismo, los organismos internacionales tampoco parecen tener la fortaleza para hacer acatar a EUA los tratados internacionales, como es el caso del Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Alto Comisionado de la ONU para Refugiados (ACNUR).

A la fecha, todos los mecanismos antimigración descritos no han tenido un resultado muy sorprendente: desde la toma de posesión, hasta principios de julio de 2025 se habían realizado 239 mil deportaciones; es decir, menos que en un periodo similar del año anterior, pero sí tuvieron un gran impacto en la autodeportación (para lo cual se ofrecen algunos incentivos, como el otorgamiento de mil dólares y el pago del viaje), que han sumado alrededor de un millón de personas. EP

El análisis independiente necesita apoyo independiente.

Desde hace más de 30 años, en Este País ofrecemos contenido libre y riguroso.

Ayúdanos a sostenerlo.