A poco más de diez años de las #LeyesAnticorrupción que dieron vida al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la promesa de un andamiaje institucional capaz de contener la corrupción enfrenta su momento más crítico. Lo que nació como un esfuerzo para articular a las instituciones y a la ciudadanía hoy exhibe vacíos legales, omisiones políticas y un desgaste que amenaza con volver inoperante al principal mecanismo de control anticorrupción del país. Este balance obliga a preguntarse si el SNA ha sido víctima del abandono deliberado o si su diseño requiere una revisión profunda para evitar que una década de esfuerzos se traduzca en retrocesos.

Vania Pérez Morales ha concluido su mandato al frente de este mecanismo y del Comité de Participación Ciudadana (CPC). Durante su gestión se lograron avances técnicos, (como el protocolo de protección a denunciantes y la política de integridad empresarial). Sin embargo, su salida evidencia que, en México, la voluntad política y la voluntad ciudadana siguen chocando de frente contra un sistema que se niega a ser vigilado.

Hablemos del CPC, concebido en 2016 como el órgano ciudadano encargado de vigilar a las instituciones y que ahora se enfrenta a una crisis de legitimidad y operatividad sin precedentes. De sus cinco integrantes, el comité se encamina a quedar con apenas dos miembros activos, que además cargan con el estigma de procesos de designación cuestionados por sus propias irregularidades e inconsistencias. 

Un sistema en parálisis

Desde hace años, organizaciones de la sociedad civil han señalado que la parálisis del SNA no es una crisis aislada a nivel federal sino que es un colapso sistémico que afecta a todo el territorio nacional. Actualmente, el 81.8% de las instancias que integran los sistemas nacionales y estatales carecen de designaciones completas, una cifra que revela una estrategia deliberada de abandono. La omisión legislativa ha convertido a los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA) en estructuras ineficaces: hoy, solo siete estados del país cuentan con sistemas plenamente integrados.

Además, en la reciente revisión de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) diversas naciones presumieron avances en recuperación de activos y desmantelamiento de redes criminales, México llegó con las manos vacías.

¿Qué camino debería tomar la reforma al SNA?

Desde la sociedad civil, sostenemos que urge una reforma de fondo al SNA que blinde el sistema contra el abandono, un rediseño que dote de facultades vinculantes a recomendaciones ciudadanas y que incluso obligue a la titular del Ejecutivo a encabezar formalmente el Comité Coordinador, garantizando que el combate a la corrupción sea una prioridad de Estado y no lo que se ve ahora, un esfuerzo aislado. Y aunque la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Cámara de Diputados comenzará un proceso de reforma al SNA, debido a que dicho mecanismo no ha tenido éxito en su función, consideramos que esta reforma debe transitar hacia una verdadera política de Estado a través de legitimidad y continuidad operativa.

Lo que la reforma al SNA debería contemplar

Entre las propuestas de reforma impulsadas por la presidencia saliente del CPC y diversas organizaciones civiles, destaca la extensión del mandato presidencial a cinco años. El objetivo es eliminar la curva de aprendizaje y la inestabilidad que generan las rotaciones anuales que actualmente fragmentan los proyectos y frenan la consolidación de una visión a largo plazo tanto a nivel nacional como local.

De igual manera, la ruta propuesta plantea dotar de obligatoriedad técnica a la Plataforma Digital Nacional (PDN), una herramienta que permite el cruce masivo de datos entre instituciones para detectar conflictos de interés y empresas fantasma; actualmente el suministro de información por parte de los estados es opcional. También se pide transformar las recomendaciones en mandatos vinculantes con sanciones reales. Es decir, que ante el incumplimiento de una recomendación, se generarían automáticamente procesos de responsabilidad administrativa o penal contra los servidores públicos omisos. Finalmente, la propuesta pone a lasvíctimas en el centro, moviendo el enfoque del castigo individual a la recuperación de activos, garantizando que el dinero desviado regrese a la reparación del daño.

Aun con todo lo anterior, el rediseño debe priorizar la confianza ciudadana. Necesitamos una simplificación radical de la denuncia que elimine el calvario burocrático y garantice protección absoluta a quien alerte sobre un desvío. Sin un mecanismo seguro, el sistema seguirá trabajando aislado de las víctimas.

Para consolidar este compromiso, se propone integrar formalmente a la titular del Ejecutivo a la cabeza del Comité Coordinador, con una reunión anual obligatoria que elimine la distancia entre el discurso y la ejecución. El vacío de vigilancia siempre lo llena la impunidad. Es momento de exigir un sistema que tenga el poder de proteger el patrimonio de todas y todos. EP

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