En México, se denuncian al menos 90 casos de violencia sexual al día y el 91 % nunca llega a una condena. A mediados de febrero, el Congreso reformó el Código Penal Federal para ampliar el concepto de abuso sexual al definir la ausencia de consentimiento y el tipo de actos a los que se expone a la víctima. 

La reforma generó un debate: hubo voces que criticaron que no se aumentaran las penas de prisión, algo que se conoce como “populismo punitivo”. Cabe señalar que la evidencia muestra que mayores penas no reducen los delitos. Por el contrario, la reforma apuesta por algo más difícil: establecer medidas de reparación integral y generar capacidades para la atención a las víctimas.

Si bien la medida está pensada como una solución a un grave problema que afecta de forma más recurrente a infancias y mujeres, surge la duda respecto al alcance e implementación de esta reforma. Desde Impunidad Cero, creemos que esta reforma va en la dirección correcta; sin embargo, requiere de más elementos para consolidarse como una respuesta viable.

El tamaño del abuso sexual en México

Para dimensionar el problema, utilizamos los registros administrativos de incidencia delictiva (carpetas de investigación) de enero a diciembre de 2025, reportados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), así como las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población (CONAPO), con la finalidad de calcular la tasa de incidencia por cada cien mil habitantes.

La gráfica muestra algo que vale la pena subrayar: once estados están por encima del promedio nacional de 24 casos. Sin embargo, es importante considerar variantes como la densidad de población y la eficacia de las fiscalías locales para registrar de forma correcta las denuncias para este tipo de delito.

Que estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas tengan pocas denuncias no significa que haya pocos abusos. Esto puede explicarse por subregistro o bien, porque los delitos no llegan a denunciarse amparados bajo los usos y costumbres, como lo son los matrimonios infantiles y uniones forzadas.

Esto sugiere que el sistema de justicia en estas regiones sigue siendo una barrera. La falta de protocolos de no revictimización y de pertinencia cultural desincentiva la denuncia y deja estas agresiones en el ámbito de lo privado.

La propuesta modelo del Código Penal Federal

La reforma pone al consentimiento en el centro, pero también se orienta a buscar la reparación integral de las víctimas y a fortalecer mecanismos de no repetición al señalar como parte de las sanciones el acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres.

Otro acierto que se busca con la reforma es una homologación de la descripción del delito en las entidades federativas, lo cual forma parte del Plan Integral contra el abuso sexual presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum en noviembre pasado.

Ahora el reto pasa a los congresos estatales, que tendrán que adoptar estos cambios para que la reforma sea efectiva. 

¿Estas medidas son eficientes contra la revictimización?

Una vez identificada la prevalencia del delito en el país y cuál es la propuesta definida por el Congreso de la Unión, vale la pena preguntarnos si estas medidas son suficientes para restaurar los derechos de las víctimas y, sobre todo, cómo mejorar los procesos de denuncia. 

Si la intención es centrarnos en las víctimas, es más necesario que nunca que los protocolos de atención en las fiscalías sean revisados y actualizados para garantizar la perspectiva de género; además, la atención por parte de quienes reciben las denuncias debe dejar de lado sesgos, estereotipos y estigmas, para que quienes decidan denunciar puedan hacerlo en confianza.

Por otro lado, homologar el tipo es el primer paso, pero también se requiere generar una infraestructura adecuada y digna. Por ejemplo, que los Centros de Justicia para las Mujeres, que ya funcionan en algunas entidades, cuenten con los recursos materiales, humanos, tecnológicos y científicos necesarios para la investigación de este tipo de delitos.

Finalmente, respecto a la propuesta de los talleres de reeducación, estos también requieren de infraestructura, personal y un modelo de evaluación que nos permita identificar que, efectivamente, las personas que acuden están comprendiendo la gravedad del daño causado y la importancia de la reparación, en primer lugar para la víctima y, en segundo lugar, para la reconstrucción del tejido social.

Desde Impunidad Cero, publicamos cómo operan y cómo se puede acudir a los Centros de atención a víctimas de violencia de género, donde se atiende a personas que han sido víctimas de delitos como el abuso sexual. Aplaudimos las iniciativas que no se basan en enfoques punitivos, pero la justicia real para las víctimas empieza cuando alguien las escucha sin juzgarlas; eso aún no está garantizado en ningún estado del país. EP

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