¿Qué le espera a la justicia en México en 2026? Catalina Kühne Peimbert, directora ejecutiva de Impunidad Cero, analiza los retos de la reforma judicial, la persistente impunidad y el papel clave de la ciudadanía para garantizar el acceso a la justicia.
Texto de Catalina Kühne Peimbert 05/01/26
Entre los múltiples diagnósticos posibles sobre México en 2026, hay uno que se mantiene imperturbable, casi inmune a los cambios de administración, a los ciclos económicos y a las crisis coyunturales: la persistencia de la impunidad. No se trata únicamente de un problema jurídico o de diseño institucional; es un fenómeno que moldea la vida cotidiana, condiciona la relación entre ciudadanía y Estado y limita cualquier horizonte de desarrollo. Pensar el 2026 exige examinar con honestidad qué se ha movido, qué permanece y qué podría cambiar si se sitúa la justicia en el centro de la conversación pública.
Durante el último año, el debate público se concentró en la reforma judicial, la violencia criminal y la fragilidad de los contrapesos institucionales. Cada uno de estos temas afecta directamente las posibilidades del sistema de justicia. Los altos niveles de homicidio, la expansión del crimen organizado y la presión política sobre instituciones clave evidencian que el Estado mexicano sigue enfrentando dificultades para cumplir su función más elemental: proteger la vida y los derechos de las personas.
Sin embargo, también 2025 fue un año en que la sociedad civil, la academia y algunas entidades federativas mostraron que existen alternativas viables para reconstruir capacidades públicas. Desde Impunidad Cero, observamos con claridad que 2026 será un punto de inflexión: o se consolidan retrocesos ya en curso o se impulsa una agenda de reconstrucción institucional con objetivos alcanzables.
1. La impunidad como sistema operativo
Los datos oficiales muestran la magnitud del reto: según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, 92 % de los delitos no se denuncian o no derivan en carpeta de investigación, lo que significa que la mayoría nunca llega al sistema de justicia. En homicidio doloso y feminicidio, pese a algunos avances metodológicos, persisten enormes brechas entre incidencia, investigación efectiva y resolución de casos. Mientras tanto, las fiscalías estatales continúan rebasadas: un ministerio público atiende en promedio más de 180 carpetas al año, una carga que hace inviable realizar investigaciones de calidad.
En 2025, quedó claro que la impunidad no es solo un conjunto de fallas técnicas: es un ecosistema que reproduce incentivos perversos. La falta de consecuencias refuerza la violencia; la violencia alimenta el miedo; el miedo erosiona la participación ciudadana; y esa ausencia de participación abre espacio para decisiones opacas. Romper ese círculo vicioso debe ser un objetivo central del país en 2026.
La discusión nacional sobre la reforma judicial, ya aprobada, quedó atrapada durante meses en consignas que nunca abordaron sus efectos reales. Más allá de simpatías o rechazos, el país enfrenta una transformación profunda cuyas consecuencias dependerán menos del texto constitucional y más de su implementación. La elección popular de jueces, magistrados y ministras no resolverá por sí misma los problemas estructurales de acceso a la justicia, pero tampoco basta con lamentar el retroceso.
El desafío será doble: evitar que la reforma erosione la independencia judicial —condición indispensable para una democracia— y construir mecanismos de observación ciudadana que vigilen procesos y resultados. Ejercicios como el Observatorio de la Justicia del Tec de Monterrey, la Ibero y otras instituciones serán esenciales para monitorear nombramientos, desempeño, cargas de trabajo y transparencia.
Lo que realmente importa es asegurar que las personas tengan acceso adecuado, oportuno y confiable a la justicia, algo imposible sin independencia, profesionalización e integridad judicial, así como instituciones abiertas al escrutinio público. 1
Para 2026, será indispensable mirar más allá de la Suprema Corte. Los tribunales locales, que resuelven más del 80 % de los asuntos del país, operan con presupuestos que en algunos estados no cubren ni lo básico. Sin inversión en infraestructura, digitalización y lenguaje claro, cualquier reforma quedará en la superficie.
En 2025, aumentó el reconocimiento público de fenómenos como la violencia vicaria, la violencia contra niñas, niños y adolescentes y la violencia sexual. Este reconocimiento, aunque necesario, no se ha traducido en respuestas estatales suficientes. Persisten fiscalías que no aplican protocolos especializados, autoridades que revictimizan y sistemas de cuidados que descansan casi por completo en las familias, particularmente en las mujeres.
Los datos confirman la tendencia: más de 600 denuncias diarias por violencia familiar y un crecimiento superior al 50 % en violencia sexual en cinco años. Sin sistemas de cuidados, servicios especializados accesibles y personal capacitado, el acceso a la justicia continúa siendo más una aspiración normativa que una realidad material.
Para 2026, el desafío será atender estas violencias que no siempre ocupan el centro del discurso político, pero que determinan la posibilidad de ejercer derechos. Si no se fortalecen unidades especializadas y no se adoptan modelos de justicia restaurativa con enfoque de género, seguiremos administrando daños en lugar de prevenirlos. 2
En 2025, también despuntó la criminalización de defensoras y defensores ambientales y los conflictos por territorio ligados a megaproyectos, minería y actividades ilegales. La justicia ambiental dejó de ser marginal: será un eje central de disputa política en 2026. México registra, en promedio, un ataque grave contra personas defensoras ambientales cada diez días, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), y menos del 1 % de los delitos ambientales llega a sentencia.
Las instituciones de procuración de justicia no están preparadas para investigar delitos ambientales complejos, donde convergen intereses económicos, violencia organizada y corrupción local. La oportunidad del próximo año será construir capacidades interinstitucionales que protejan el territorio sin criminalizar a quienes ejercen su derecho a defenderlo, aprovechando también herramientas desarrolladas desde la sociedad civil. 3
Si algo mostró 2025 es que la ciudadanía está dispuesta a involucrarse activamente cuando encuentra información clara y herramientas accesibles. Proyectos como Denuncia.org, guías de acompañamiento legal y talleres de alfabetización jurídica revelan que miles de personas no solo quieren denunciar, sino también entender el funcionamiento del Estado.
En 2026, uno de los retos será sostener y escalar este involucramiento. La justicia no se transforma solo desde las instituciones: requiere contrapesos sociales fuertes y organizaciones con capacidad técnica que exijan resultados. La ventana de oportunidad existe, pero el Estado aún no está listo para recibirla.
México enfrenta un escenario complejo, pero no inamovible. Tres áreas ofrecen oportunidades reales:
Hablar del futuro de México implica reconocer que la impunidad sigue siendo el principal obstáculo para cualquier proyecto democrático; pero también implica reconocer que existen márgenes de acción: desde la ciudadanía, desde las organizaciones civiles y desde instituciones que, incluso con limitaciones, han mostrado voluntad de mejora.
2026 será un año para decidir si la justicia continúa como promesa o comienza a convertirse en una política pública con resultados verificables. Ese es, al final, el mapa más urgente del porvenir. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
