Este año, Impunidad Cero participó en la investigación del Índice Nacional de Transparencia del desarrollo de las instituciones de Seguridad Pública, Penitenciarias y de Procuración de Justicia por estado (2025); proyecto liderado por Causa en Común y que contó con la participación de Perteneces A.C.

El estudio examina la situación actual de las policías, fiscalías y sistemas penitenciarios en las 32 entidades federativas, y muestra cómo el deterioro institucional impacta en la seguridad y en la procuración de justicia. Para el análisis específico de fiscalías y procuradurías, se empleó el índice INTRAPRO, en el que se analizaron seis ejes clave: Carrera, Profesionalización, Régimen Disciplinario, Seguridad Social, Certificación y Autonomía.

Es importante señalar que la Fiscalía General de la República (FGR) fue excluida del análisis por no proporcionar la información requerida, evidenciando la magnitud del problema de transparencia institucional en el máximo órgano de procuración de justicia. 

De esa forma y ante el reciente cambio de titularidad en la FGR, el presente artículo invita a reflexionar sobre los resultados del INTRAPRO en el eje de Autonomía y cuál es la propuesta para el fortalecimiento institucional de los órganos de procuración de justicia.

Resultados del INTRAPRO 

El pasado 3 de diciembre, Ernestina Godoy Ramos rindió protesta como la nueva titular de la FGR. La rapidez del procedimiento y la controversia política tras la salida de Alejandro Gertz Manero, su predecesor, pusieron de manifiesto la complejidad de garantizar la autonomía en la principal institución de procuración de justicia. 

La autonomía como pilar constitucional (Art. 102) no es un fin en sí misma, sino el medio indispensable para garantizar la imparcialidad y la eficacia técnica en la investigación del delito. Una fiscalía es autónoma cuando sus decisiones técnicas como investigar, judicializar o archivar se toman sin injerencia externa, algo esencial para la persecución del crimen, la garantía del acceso a la justicia y el respeto al Estado de Derecho.

En ese sentido, los hallazgos de INTRAPRO revelan que la autonomía es uno de los grandes retos. A pesar de contar con una base normativa, la autonomía de las fiscalías enfrenta limitaciones significativas en su implementación, ya que la influencia del Poder Ejecutivo persiste en procedimientos clave, desafiando los contrapesos existentes. 

Casos como Campeche, Chihuahua, Coahuila y Durango evidencian esto, donde la designación del Fiscal General recae directamente en el Poder Ejecutivo, restando credibilidad. Esta fragilidad es aún más crítica en mecanismos de remoción, donde la facultad de remoción unilateral del gobernador persiste en estados como Durango, debilitando la estabilidad del titular y la independencia frente al ciclo político. 

Ahora bien, el INTRAPRO destaca la urgencia de rescatar las buenas prácticas que fortalezcan la pluralidad y credibilidad. Entidades como Ciudad de México, Nuevo León y Sinaloa han implementado la práctica de incluir a un ente externo (como el Comité de Selección Estatal Anticorrupción, en el caso de Nuevo León) en la elaboración de la convocatoria y análisis de perfiles. Este mecanismo incentiva procesos plurales que buscan perfiles evaluados por organismos de la sociedad civil y la academia, blindando la selección de la persona titular de la Fiscalía Local.

Ante este panorama, la propuesta de la Fiscal General de la República de instalar un Consejo Ciudadano cobra especial relevancia, pues representa a nivel federal una réplica de la necesaria supervisión externa que falta en los estados. Sin embargo, aún falta definir con claridad cuáles serán las funciones específicas y qué tanto margen tendrá para incidir en decisiones institucionales. Un Consejo robusto debería operar como un contrapeso social y ser un garante de la transparencia; esta podría ser la vía para construir una autonomía de ejercicio.

Por todo esto, la designación de Ernestina Godoy Ramos como Fiscal General de la República coincide con un momento crítico para la procuración de justicia. El INTRAPRO revela que la autonomía es endeble por la persistente influencia de los poderes ejecutivos; que la autonomía real es una cualidad que se construye desde la transparencia interna y que hoy está en crisis.   

Es importante que las fiscalías estatales utilicen este momento de renovación federal para adoptar voluntariamente y con urgencia los estándares de transparencia y profesionalización que el INTRAPRO ha identificado como buenas prácticas. Para conocer más recomendaciones y buenas prácticas detectadas, consulta el estudio completo. EP

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