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Hay varias metas deseables en una transición a la democracia: la reducción de la corrupción y la impunidad; un descenso gradual de las tasas de crimen y violencia; una menor concentración de la riqueza y una expansión de oportunidades que permita engrosar las clases medias a expensas de la pobreza; mayor tolerancia y pluralidad en las esferas política y social; mayor libertad de expresión; más equilibrio de poderes, y un aparato gubernamental adecuadamente financiado, eficiente en la aplicación de las políticas públicas, más transparente (y por ende más fácil de medir y evaluar) y que promueva el diálogo social. El avance o retroceso respecto a estas metas es un eje posible de evaluación del desempeño de un gobierno.
El otro eje de la evaluación consiste en estimar, en la medida de lo posible, cuáles de las tendencias que examinamos responden más a políticas efectivas de Gobierno (las que van más allá del mero discurso) y cuáles responden más a procesos sociales y demográficos de largo plazo o a avances científicos y tecnológicos.
Mi tesis es que durante los primeros tres años de la presente administración federal muchas de las tendencias positivas de las dos décadas precedentes han sido revertidas, con frecuencia por la acción deliberada del grupo en el poder (que no se limita al presidente y a su gabinete, sino que incluye al resto de los partidos políticos, sus representantes legislativos, gobernadores y presidentes municipales), y que, en el caso de los ámbitos donde se ha mejorado, las causas se encuentran más en fuerzas civiles, no gubernamentales, y en tendencias globales. Ambas afirmaciones, por supuesto, exigen matices y excepciones.
Breve recuento
Hasta el momento, el periodo de Gobierno se ha dividido en dos partes muy diferentes: entre diciembre de 2012 y septiembre de 2014, el Gobierno proyectó, dentro y fuera, una imagen de pericia política y solidez programática, manifestada en el Pacto por México y la abundancia de reformas constitucionales y legales a que dio lugar; a partir de septiembre de 2014 y hasta la fecha, ha proyectado una imagen de desprestigio, parálisis, indiferencia y estancamiento.
El periodo reformista generó entusiasmo y portadas elogiosas en revistas como Time y The Economist. En materia de seguridad, el mantra gubernamental de la coordinación entre las distintas agencias responsables, además de la reducción notable en la intensidad del tema en la información gubernamental y la cobertura de medios, generó la esperanza de que la violencia hubiera tocado su techo en 2011 para comenzar un descenso gradual pero sostenido. Las perspectivas eran favorables.
Con excepción de la reforma fiscal, que dio pie al primer y hasta ahora único enfrentamiento importante entre la iniciativa privada y el Gobierno, las reformas parecían compensar un déficit de más de 15 años y poner a México al día. Y lo que no es menos importante, a nivel simbólico se enviaba el mensaje de un Gobierno con prioridades, capacidad de negociación y lucidez, dispuesto a sacrificar viejos tabúes de su propio partido con tal de promover el crecimiento y el bienestar.
El aplauso, desde luego, no era unánime, incluso más allá del núcleo duro de la oposición al liberalismo económico: en privado, se expresaban serias dudas sobre la viabilidad de algunas de las reformas pero, sobre todo, preocupación por los niveles inusitados de corrupción en el Gobierno Federal.
El 26 de septiembre de 2014, con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, comenzó formalmente la segunda parte del sexenio, de la cual no hemos salido. No es materia de este ensayo especular sobre el destino de los estudiantes ni sobre la causa de su desaparición, sino tomar nota de que el manejo de la investigación —en lo estrictamente pericial, pero también en lo judicial, comunicacional y político— fue un desastre. El equipo asesor del presidente recomendó no involucrarse en un asunto policiaco local y él tardó semanas en percatarse de las dimensiones del caso y en recibir a los padres de los normalistas. Para entonces el daño ya estaba hecho: abundaban las teorías de la conspiración y se culpaba al Estado mexicano —de hecho, al propio presidente— de un crimen cometido en una jurisdicción estatal y municipal perredista. No es descabellado suponer que nunca sabremos con certeza el quién, cómo y por qué de estos delitos, pero lo cierto es que una mezcla de insensibilidad, falta de instinto político e impericia terminó acumulando el costo político en la administración federal.
Ayotzinapa resultó ser la apertura de una caja de Pandora: una semana antes, el 19 de septiembre, había aparecido un reportaje en Esquire que narraba supuestas ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Estado de México, y que adquirió más relevancia después de Ayotzinapa. Y el 9 de noviembre se dio a conocer el asunto de la “casa blanca”, una mansión supuestamente adquirida por la esposa del presidente a Grupo Higa, contratista de cuantiosas obras durante el gobierno del mandatario en el Estado de México, y posteriormente en el Gobierno Federal.
Las probables violaciones graves a los derechos humanos en sucesos posteriores, como Tanhuato y Apatzingán, más la fuga del Chapo Guzmán, facilitada deliberadamente por distintas autoridades, acentuaron la crisis.
Independientemente de la veracidad de las acusaciones que se le han hecho en estos casos, un hecho incontrovertible quedó al desnudo: el Gobierno actual solo funciona cuando tiene control total de la agenda. Desafortunadamente, en cualquier régimen que no sea una dictadura (y tal vez ni siquiera en este caso), nadie tiene el control total, por lo menos no por mucho tiempo. El triunfo claro en las elecciones de 2012, más el grave deterioro interno de la oposición tras las mismas, dio al Gobierno un amplio margen para tomar la iniciativa y proponer la agenda; un costoso ejercicio de propaganda acompañó una avalancha de reformas importantes que coparon la atención de los diferentes públicos. Mientras ese impulso duró, los críticos del Gobierno pasaron sus 40 años en el desierto, radicales a ultranza que se oponían a la modernización de México.
El último trimestre de 2014, sin embargo, descolocó por completo a los estrategas: la capacidad de improvisar y la voluntad de informar y rendir cuentas brillaron por su ausencia, las tácticas fueron contraproducentes (como la “verdad histórica”, el video de Angélica Rivera, el nombramiento de Virgilio Andrade y el decálogo presidencial sobre seguridad y corrupción) y la credibilidad del Gobierno sufrió, tal vez irreparablemente.
A propósito de información, el Gobierno la confunde con la propaganda y además abusa de ella. Los cortes comerciales de algunas estaciones de radio y canales de televisión son ocupados, a veces en su totalidad, por anuncios gubernamentales que solo irritan a quien los escucha. El Senado se anuncia con cursilería y banalidad y la Comisión Federal de Electricidad como si pudiéramos comprarle electricidad a alguien más; la Secretaría de Relaciones Exteriores se hace propaganda; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano… ¿Alguien sabe para qué se anuncia la Sedatu? Sería gracioso imaginar un anuncio en la radio de Estados Unidos que dijera: “The State Department works for you! The Senate thinks about you!”…
Las reformas
El gran activo de esta administración es el amplio paquete de reformas impulsado por el Pacto por México, capitalizado en su momento por el propio Gobierno y su alianza de partidos. Es muy probable que las reformas den resultados en el mediano y largo plazos. Sin embargo, hay que distinguir entre sus efectos directos y los que solamente son producto de fenómenos exógenos. Además, una larga historia de sobreventa y decepciones obliga al optimismo cauteloso, en el mejor de los casos. Cada una de estas reformas ha sido objeto de análisis exhaustivos; aquí apuntamos tan solo sus efectos generales.
La reforma energética es claramente un avance: si logra aumentar considerablemente el abasto de gas natural para la industria y el consumo doméstico, ya habrá logrado mucho. Las tarifas eléctricas se han reducido hasta 42% en el caso de las industriales, y eso solo puede ser bueno para la productividad. En el caso del petróleo, es una lástima que la reforma llegara justo al final de un largo ciclo de precios altos que se desperdiciaron mayormente en transferencias a gobiernos locales corruptos e irresponsables, pero algo de inversión habrá. Al momento de escribir estas líneas no es claro si Pemex podrá sobrevivir. Además, la nueva Ley de Transición Energética amenaza con revertir esa baja en los precios por la vía de obligaciones excesivas para la industria en la adquisición de “energías limpias” que hoy no están disponibles.
La reforma de telecomunicaciones es un caso todavía más claro de una reforma que es positiva, sobre todo porque corrige años de abusos. Las tarifas en telefonía móvil bajaron 12.3% entre junio de 2014 y junio de 2015, y desaparecieron los cargos por larga distancia nacional. Todo esto es bienvenido, desde luego, pero llega con muchos años de retraso: la tecnología y los paquetes de servicios ya existían, pero el esquema abusivo de concesiones y la falta de competencia mantuvieron los precios demasiado altos demasiado tiempo, con la consiguiente limitación en la penetración de los servicios.
La reforma laboral no se ha traducido en un aumento del empleo formal más allá del inercial: mientras la economía no crezca, difícilmente lo hará. El Gobierno presume una creación de empleos que es claramente insuficiente. La reforma pone al día la legislación en distintas modalidades de trabajo ya existentes, pero en sí misma no puede mejorar las condiciones para trabajadores carentes de habilidades para la economía moderna, cuando además hay una sobreoferta de mano de obra y corrupción entre muchos patrones que le dan la vuelta a la ley (a veces como su única opción para poder contratar). La reforma no toca a los sindicatos y sus privilegios (cláusula de exclusión, obligatoriedad en las cuotas, monopolios sindicales). En esta materia, el pendiente más importante se refiere a los sindicatos del sector público. Es curioso que en México los sindicatos que dan problemas no sean los del sector privado, que fueron creados para defender a los obreros de los abusos de los patrones. Las huelgas han pasado de 481 en el año de crisis de 1995 a 68 en 2013, pero los sindicatos del sector público han permanecido como un obstáculo insuperable para la productividad y la eficiencia, con líderes vitalicios que se vuelven multimillonarios impunes y ostentosos (salvo cuando se pelean con el Gobierno). ¿Para qué existen si su patrón es el Gobierno, vigilado por el Congreso y responsable ante el Poder Judicial? La reforma no dice nada.
En materia de transparencia, la reforma (Ley General de Transparencia y Acceso a la Información) está en el aire, toda vez que está incompleta la aprobación de leyes secundarias cruciales, como la Federal, la de Datos Personales y la de Archivos. En cualquier caso, si la mayor transparencia no se convierte en menor impunidad, podría ser contraproducente.
La reforma “educativa” es una reforma laboral del sector, y como tal es claramente positiva. El cambio en la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha dado impulso a su instrumentación, y la lucha contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha dado buenos frutos, pero falta un largo trecho antes de poder decir que la educación en México se encamina hacia la dotación de verdaderas capacidades a los educandos. Es, por su naturaleza, una reforma de muy largo plazo que requerirá ajustes y atención constantes.
La reforma en competencia económica poco puede hacer en ausencia de un verdadero combate a la corrupción. La financiera puede facilitar el acceso al crédito; no obstante, si el financiamiento se carga demasiado al consumo, los efectos pueden ser positivos para el crecimiento en el corto plazo pero riesgosos para la estabilidad financiera en el mediano plazo, en caso de que el endeudamiento de familias y empresas rebase límites sustentables.
De todas las reformas, la más importante es también la que debe evaluarse con mayor cuidado: la del sistema anticorrupción. Es, sin duda, un gran avance, pero si no se traduce pronto en acciones concretas y en medidas iniciales para el desmantelamiento de las redes que la propician, quedará como un nuevo elefante blanco.
El gran éxito de este Gobierno ha consistido en su capacidad para proponer y lograr que se aprueben nuevas leyes. Ha sido un Gobierno legislador, y en la medida en que las leyes se pongan en práctica y demuestren su efectividad, dejará un legado difícil de atacar. Este fenómeno, sin embargo, no es nuevo: México es uno en las leyes y otro en la realidad, y habrá de disculpar a los escépticos en tanto las leyes no se conviertan en hechos.
Corrupción e impunidad
El primer conjunto de los fenómenos que examinamos resulta ser el más difícil de medir por su propia naturaleza: no existen datos que comparar. Afortunadamente, donde sí se registran avances es en el tema de la transparencia, tanto la formal —es decir, la difusión obligatoria de información por parte de las autoridades— como la informal, producto de una mayor libertad de expresión y una pluralidad en los medios y redes sociales potenciadas por la tecnología.
Gracias a ello hoy disponemos de más y mejores herramientas para medir la corrupción y la impunidad presentes. Que sea muy difícil comparar con el pasado no debería ser un problema: las discusiones sobre si hay más o menos corrupción que en el Gobierno de Miguel Alemán son de un interés meramente histórico, cuando no ociosas, y en todo caso la corrupción que nos toca combatir es la que nos afecta hoy.
Difícilmente podrá afirmarse que la transición democrática de México se ha traducido en menores niveles de corrupción, al grado de que hoy es, por mucho, el tema principal de la agenda pública, si no por otra razón porque no puede haber mejoras en ninguna otra área de la vida pública mientras no haya avances, y notables, ahí.
Este es un caso claro en el que la sociedad y el Gobierno se han movido en direcciones contrarias: mientras que la clase política ha elevado los montos, ampliado los ámbitos, refinado los métodos y acentuado el descaro de la corrupción, un número creciente de voces de la sociedad civil ha entendido que este es el nudo gordiano de la pobreza y la violencia. Organismos como Transparencia Mexicana —que ha jugado un papel crucial en la promoción del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)— y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) —a cuyo notable “Transamos y no avanzamos” remitimos al lector para un análisis más específico—, pero también muchas otras instituciones con presencia desde comunitaria hasta internacional, comienzan a generar indicadores precisos para que aprendamos a definir las distintas modalidades de la corrupción y a medir su impacto.
En estos tres años el Gobierno Federal ha contribuido a poner el tema en primer plano, porque ha actuado de tal manera que cualquier avance anterior, el que sea, ha sido efectivamente echado atrás. El presidente tiene una fortuna absolutamente inexplicable, ha aceptado (o su esposa, que para el caso es lo mismo) obsequios de contratistas y amigos con intereses económicos en la gestión gubernamental, y pertenece a un grupo político notoriamente corrupto y patrimonialista; la mayoría de sus secretarios se encuentran en la misma situación, en especial el responsable de la Hacienda Pública. No son, desde luego, los primeros, pero su actuación va en sentido directamente contrario a cualquier evolución favorable en esta materia.
En este tema, como en muchos otros, el federalismo ha sido un desastre: pasamos de una corrupción generalizada, pero arbitrada, a una anarquía absoluta. Gobernadores y munícipes saquean a placer, a ciencia y paciencia de empresarios, medios y demás ciudadanos.
Actualmente está en curso el proceso de legislación y aplicación del SNA. Hay que reconocer a los políticos que le han dado su voto. El problema de fondo en el corto plazo, por supuesto, es que sea cual sea el andamiaje institucional, los gobiernos no tienen la menor autoridad moral para sancionar a nadie: si el presidente puede salirse con la suya en el caso de su mansión, si los gobernadores pueden falsificar decretos del Congreso local para contratar una deuda que luego malversan, mandar matar periodistas, hacerse de bancos, construirse una presa en su rancho y otras cosas más, ¿quién le va a decir al señor policía que no puede completar el gasto con mordidas, o al hombre de la basura que no tiene derecho a los cinco pesitos diarios que cobra por realmente llevarse los bultos? Si además, como en el caso del df, se les diseña un amplio menú de nuevas extorsiones (¿por qué prohibir la vuelta continua a la derecha?, ¿por qué cualquier infracción administrativa implica corralón?), la cosa no pinta bien.
La única esperanza reside en una presión constante de la sociedad civil, en todas sus manifestaciones (pacíficas, por supuesto), hasta lograr resultados tangibles. Por lo pronto, el Gobierno responde con medidas que parecen absolutamente gratuitas y contraproducentes para sí mismo, y que por lo tanto hacen sospechar una soberbia revanchista ante cuestionamientos: Arturo Escobar como subsecretario de Prevención del Delito (fue efímero pero, entonces, ¿para qué?), Fidel Herrera como cónsul en Barcelona…
Crimen y violencia
Algo similar ocurre con las cifras sobre crimen. El único delito que se puede medir con cierta confiabilidad es el homicidio, y aun así hay agitados debates entre los especialistas sobre cuál es la cifra exacta, cuántos son dolosos y cuáles son atribuibles al “crimen organizado”. Lo cierto es que, si bien la incidencia de este delito parece haber tocado su “techo” en 2011, seguimos teniendo más del doble que en 2007, después de década y media de descenso sostenido, incluyendo la crisis de 1994-95.1
Para explicar el súbito repunte de asesinatos a partir de 2008 hay que dilucidar si se trató de una explosión espontánea, o largamente incubada, que simplemente coincidió con la administración de Calderón, o si fue consecuencia directa de políticas adoptadas por las administraciones panistas. La combinación no imposible de ambos factores generaría entonces la pregunta de si las decisiones de Calderón amortiguaron o exacerbaron la tendencia de largo plazo. Sea cual sea la respuesta, el Gobierno actual ha tenido un impacto nulo sobre la cifra, por más que pueda presumir un puntito menos o justificar un puntito más. El tema de fondo sigue siendo que México se volvió un país mucho más violento y no hay trazas de que vaya a regresar en el corto plazo a las cifras previas al 2008.
Del resto de los delitos es mejor ni hablar: no hay un solo dato confiable y la verdad es que nadie tiene una idea más o menos precisa de cuánta gente es víctima de secuestro, asalto a mano armada, violación, extorsión o fraude. Los esfuerzos de los especialistas son, desde luego, bienvenidos en ausencia de información oficial, pero la tarea es imposible ante el miedo de la población a denunciar los delitos. Cualquiera que se haya presentado alguna vez ante un Ministerio Público para dar parte de un abuso o delito se jura no repetir la experiencia: jamás atrapan al culpable y con frecuencia se sufren represalias, incluso fatales. Según una encuesta publicada recientemente, “de los entrevistados, solo dos de cada diez de quienes fueron víctimas de algún delito en los últimos 12 meses presentaron denuncia ante el Ministerio Público”.2
La reforma fiscal, que se propuso como base para un amplio Programa Nacional de Infraestructura, resultó ser solamente una tabla de salvación ante la caída de los ingresos gubernamentales
Por las razones que sea —probablemente cambios demográficos y la urbanización que redujo una de las grandes fuentes de violencia en las zonas rurales—, el caso es que el proceso de avances a la democracia estuvo acompañado por una baja gradual en homicidios. No siempre ocurre así, conforme se relajan los controles de los gobiernos autoritarios, pero en todo caso la tendencia se detuvo y revirtió bruscamente. Entre 2012 y 2014 descendió, pero ha vuelto a repuntar y no es posible afirmar que este Gobierno haya tenido el menor éxito en la materia. Además, se fugó el Chapo, y el señor que relajó los controles y desactivó las alarmas ahora es comisionado nacional contra las adicciones (¡!).
Economía y desarrollo social
Uno de los avances más importantes en los últimos 20 años, y con repercusiones más tangibles en el nivel de vida, ha sido el manejo de las finanzas públicas. La tendencia se ha revertido en el presente sexenio, con tasas de déficit fiscal (% del PIB) de 2.32 en 2013 y 3.18 en 2014, esta última la más alta desde 1992.3 La deuda bruta del sector público se ubica en niveles máximos históricos, del 39.9% del PIB en agosto de 2014 y con tendencia ascendente. En 2007 era del 21.3%.
El PIB creció 3.5% en 2013 y 2.1% en 2014, y habrá crecido entre 2 y 2.8% en 2015.4 El secretario de Hacienda dice que es una buena cifra cuando se compara con las de otros países que tienen más problemas. Lo cierto es que es más o menos lo mismo que crecía el PIB cuando esos países tenían cifras mucho más altas, y que es insuficiente para reducir el rezago.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la pobreza está igual que en 2010, 46%,5 y las discusiones bizantinas sobre una o dos décimas más o menos son totalmente irrelevantes; el caso es que la mitad de los mexicanos es pobre y así será mientras el crecimiento no se mantenga relativamente alto por un buen número de años y no se ataquen las causas principales: violencia, corrupción e impunidad, concentración de la riqueza, poca creación de nuevas empresas (y sobre todo de nuevos empresarios), economía informal y un largo etcétera. Las discusiones sobre las metodologías para medir la pobreza son interesantes académicamente, pero no sirven para nada en ausencia de medidas decisivas.
Un problema grave ha sido la caída en los precios del petróleo, especialmente pronunciada entre junio y diciembre de 2014. La reforma fiscal, que se propuso como base para un amplio Programa Nacional de Infraestructura, resultó ser solamente una tabla de salvación ante la caída de los ingresos gubernamentales. Varios proyectos fueron cancelados, entre ellos el tren México-Querétaro, con el que se desactivó otro posible escándalo relacionado con Grupo Higa; otros pasaron al limbo, como el Acueducto Monterrey vi (que involucra también a Higa y al desprestigiado gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina), y a la fecha solo sobrevive el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (nacm), como posible buque insignia de las obras del sexenio. Ojalá que no aparezcan transacciones ilegales en este proyecto, desde la propiedad y adquisición de los terrenos hasta la adjudicación de contratos de obra y servicios. De la cobertura universal en los servicios de salud y seguridad social mejor ni hablar. Quedará para otro sexenio.
Pluralidad, libertad y equilibrios
El respeto a la pluralidad en la esfera social ha tenido avances muy importantes en los últimos 20 años, producto principalmente de esfuerzos ciudadanos sostenidos, como los movimientos por los derechos de homosexuales, mujeres y personas con discapacidad; a favor de la despenalización del aborto y la mariguana, y de muchas comunidades indígenas que buscan proteger su patrimonio territorial, la biodiversidad y los recursos genéticos.
En la esfera política, la pluralidad se ha difuminado en una amalgama de siglas sin diferenciación ideológica ni programática. Más allá de lo relacionado con la sexualidad, es imposible distinguir entre “izquierda” y “derecha” o, si se quiere, entre posiciones más liberales o más socialistas. Un análisis riguroso de las acciones de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, lo ubicaría mucho más como un populista de derecha y mucho menos como un socialdemócrata. Hoy en día la brecha es más visible entre quienes pertenecen a la clase política y quienes no.
El único conjunto de reformas electorales que ha sido benéfico fue el de 1996, que estableció la plena autonomía del Instituto Federal Electoral y mejoró las condiciones de equidad para los partidos y en las campañas. Pero incluso esta reforma provocó una catástrofe: el aumento desmedido de recursos públicos para los partidos.6 El argumento era que así se eliminaría la dependencia respecto a intereses particulares, pero una vez más, la falta de transparencia y la corrupción tuvieron un efecto doblemente negativo: los partidos reciben millonadas del sector público y siguen obteniendo otras tantas del sector privado, de manera totalmente opaca y atadas a condiciones que aumentan la corrupción una vez que los ganadores gobiernan.
De ahí en adelante todo ha sido negativo: tiempos gratuitos en los medios, sin disminución de recursos; una inundación insoportable de propaganda vacua; vía libre para la violación de las leyes (PVEM); un Instituto Nacional Electoral dispendioso y ocupado en tareas de censura, y restricciones a la libertad de expresión, incluyendo la prohibición de difundir los aspectos negativos del historial de los candidatos, entre muchas otras cosas.
Otro pilar de la transición, el federalismo, ha sido simple y sencillamente un fracaso: casi todos los gobiernos estatales y municipales son zona de desastre, desde el amplio margen para el endeudamiento con futuras participaciones federales como colateral, hasta la penetración abierta del crimen organizado y la elección de mandatarios a los que no se puede calificar como otra cosa que delincuentes, pasando por la recentralización de la nómina educativa, las obras que se inauguran sin funcionar jamás o los sobornos obligatorios para todo tipo de trámites o contratos.
Todo esto dista de ser responsabilidad del Gobierno actual, pero no se percibe la menor intención de corregir tales abusos. Antes bien, en el caso del federalismo, existe un fuerte impulso a la centralización del sistema político en lo posible. Se ha avanzado en el régimen de libertades, pero solo en el papel: la inseguridad ha acotado en los hechos muchas libertades de las que se disfrutaba hasta hace poco.
En cuanto a los equilibrios, la breve primavera de contrapesos que se vivió entre 1997 y 2012 ha comenzado a revertirse: el Congreso ha sido sometido, primero, a pactos cupulares extraparlamentarios (aunque hayan dado como fruto reformas deseables, así ha sido); la mayoría relativa del pri, que se convierte en absoluta cuando pacta con partidos como el Verde y Panal, le ha restado fuerza al Poder Legislativo y, lo que es más grave aún, el Ejecutivo ha vuelto a intentar interferir en las designaciones en el Poder Judicial con personajes sin trayectoria en el mismo y con deudas políticas con el Gobierno.
Gestión de Gobierno
Los claroscuros son muy marcados también en la operación concreta del Gobierno. Hay avances en áreas como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se ha logrado un círculo virtuoso de reformas al sistema de pensiones y mejoras en la compra consolidada de medicamentos, atención al público (eliminación de la “prueba de supervivencia”, por ejemplo) y dinámica laboral. El IMSS tiene limitaciones estructurales, fundamentalmente presupuestales y sindicales, pero se pueden observar logros. Esto contrasta con otras áreas, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cuyo servicio civil de carrera de facto, construido desde la época de Julia Carabias y con cuadros formados en la unam y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), está siendo desmantelado sistemáticamente con la imposición de juniors políticos, advenedizos y gente del PVEM, además de recortes presupuestarios severos. Se prometen cosas que no se pueden cumplir en la cop21 (farol de la calle) pero se destruye y entrega la Semarnat (oscuridad de la casa).
Algo similar ocurre, por ejemplo, en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Uno de los pocos logros del panismo en la presidencia ha sido también entregado a la política partidista y a negocios sospechosos, además de que el cambio abrupto en la política general de vivienda, si bien necesaria en cuanto a la redensificación, ha dejado demasiados cadáveres empresariales de manera probablemente innecesaria.
En general, una tendencia preocupante ha sido la colonización de espacios anteriormente reservados para especialistas técnicos con miembros del grupo político nuclear, en detrimento de áreas sensibles incluso para la seguridad nacional y el bienestar de largo plazo (la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas).
Estos son solo ejemplos extremos entre muchos casos que, con mayor o menor intensidad, se repiten a lo largo de la estructura gubernamental, en la que convive un grupo muy grande de buenos servidores públicos de carrera, con vocación, que han aprendido mucho y que viven de su salario, con bandas organizadas de delincuentes que desprestigian el oficio y causan un daño mayúsculo. Con frecuencia son estos últimos los que tienen los mejores puestos y lucen más, a expensas de gente valiosa que no pasa de director de área a pesar de su conocimiento acumulado. Gracias a estos nos parecemos menos a Somalia.
Los pendientes
El Gobierno tiene una tarea enorme con la sola instrumentación de todas las reformas que promovió. Fuera de eso, que no es poco, el resto se carga a la sociedad civil: la insistencia en la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y el fin de la impunidad. Este trabajo no le interesa al Gobierno ni a los partidos, y más vale asumirlo así. Es crucial hacerles entender que no se trata de las preocupaciones de un supuesto “círculo rojo” de intelectuales de la Ciudad de México, gente privilegiada que se da el lujo de pedir honestidad al Gobierno, sino de un reclamo generalizado cuyo efecto más pernicioso es el crimen, manifestación drástica de la degradación moral provocada por gobiernos incapaces de hacer cumplir la ley y sus cómplices.
Es crucial que iniciativas como “Tres de tres” se conviertan en un reclamo generalizado e, idealmente, en requisito legal (hasta ahora pocos han hecho caso y entre los que sí, muchos han presentado información falsa o inescrutable), pero la perseverancia es indispensable para que sean exitosas. Hay demasiadas explicaciones pendientes; es responsabilidad de esa sociedad civil no permitir que la desmemoria obre en favor de los culpables, lo que parece ser la apuesta de estos. La lista sobrepasaría el espacio asignado a este texto, pero el punto es que si permitimos que el tema de la corrupción deje de ser una prioridad nacional, todo lo demás será inútil.
1 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_07_4.pdf.
2 Nexos, noviembre de 2015, p. 46.
3 http://www.mexicomaxico.org/Voto/DeficitFiscal.htm.
4 http://laeconomia.com.mx/pib-mexico.
5 http://www.coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx.
6 http://www.nexos.com.mx/?p=25810.
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