La degradación ambiental y la escasez de recursos naturales no solo afectan ecosistemas, también son factores crecientes de conflicto social y político.
Texto de Carlos F. Lascurain Fernández 17/07/25
La degradación ambiental y la escasez de recursos naturales no solo afectan ecosistemas, también son factores crecientes de conflicto social y político.
El concepto de seguridad ambiental ha evolucionado de manera significativa en las últimas décadas. Inicialmente ligado a una visión estrictamente militar de la seguridad nacional, hoy responde a una perspectiva mucho más amplia, que incorpora factores económicos, sanitarios y ecológicos. Este enfoque reconoce que amenazas como el cambio climático, la escasez de recursos naturales y la degradación del medio ambiente pueden convertirse en detonantes de conflictos tanto locales como internacionales, al afectar la estabilidad social, económica y política de las naciones (Lascurain, 2002).
El origen del concepto de seguridad ambiental se remonta a finales de los años ochenta en Estados Unidos, cuando se hizo evidente la necesidad de ampliar el alcance de la seguridad nacional para incluir aspectos no tradicionales, como los recursos naturales y el medio ambiente (Lascurain, 2002). Esta transformación conceptual se respaldó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la cual establece que todas las personas tienen derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal. En este sentido, la seguridad ambiental se ha convertido en un componente clave de la seguridad humana, que comprende siete categorías: seguridad económica, alimentaria, sanitaria, ambiental, personal, comunal y política (UNEP, 1994).
A nivel mundial, diversos eventos naturales han dejado una profunda huella en las sociedades, impactando significativamente la calidad de vida de las personas, frenando el crecimiento económico y comprometiendo el desarrollo sostenible. Estos fenómenos —que van desde desastres naturales como huracanes, inundaciones y terremotos, hasta crisis ambientales más prolongadas, como sequías o la contaminación del agua— no solo generan pérdidas humanas y materiales, sino que también alteran el tejido social, debilitan las instituciones y desafían la capacidad de gobernanza de las regiones afectadas.
La magnitud de estos eventos y su capacidad para desestabilizar comunidades revela la estrecha interdependencia entre el medio ambiente, la economía y la gobernanza. En muchos casos, la falta de políticas públicas adecuadas, la gestión deficiente de los recursos naturales y las desigualdades socioeconómicas agravan las consecuencias de estos fenómenos, desencadenando conflictos sociales, desplazamientos forzados y crisis humanitarias. En este contexto, se vuelve fundamental comprender cómo la seguridad ambiental se ha convertido en un pilar crucial para garantizar la estabilidad y el bienestar de las naciones. Los desafíos que plantea no son meramente teóricos, sino realidades palpables que afectan a millones de personas en todo el mundo.
De acuerdo con el Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas), entre 2010 y junio de 2024 se habían registrado 4,099 conflictos socioambientales en el mundo, de los cuales el 75 % se localizan en países de escasos recursos. Los principales impulsores de estos conflictos son la extracción de combustibles fósiles (19 %), la minería (19 %) y la agroindustria (13 %). La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado que aproximadamente el 40 % de los conflictos internos en los últimos 50 años han tenido una conexión significativa con la explotación de recursos naturales como madera, diamantes, oro, minerales y petróleo.
Un dato particularmente revelador sobre los conflictos ambientales relacionados con el agua es el notable aumento de incidentes violentos vinculados a este recurso. Según el Pacific Institute (2024), en 2023 se registraron 347 conflictos relacionados con el agua en todo el mundo, lo que representa un incremento del 50 % respecto al año anterior. Estos conflictos incluyen ataques a infraestructuras hídricas, disputas por el acceso al agua y el uso del agua como arma en contextos de guerra.
Para comprender mejor la magnitud de este problema, es fundamental analizar casos concretos en los que la degradación del medio ambiente ha desencadenado crisis humanitarias y conflictos sociales. En 2020, agricultores del estado de Chihuahua protagonizaron protestas y enfrentamientos con las autoridades debido al cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos. Argumentaban que la entrega de agua al país vecino comprometía el abastecimiento local para riego, especialmente en un contexto de sequía. Las tensiones escalaron hasta desembocar en la toma de la presa La Boquilla y enfrentamientos con la Guardia Nacional, que resultaron en la muerte de una persona.
Otro caso significativo es el que se ha desarrollado en la Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná, ubicada en la frontera entre México y Guatemala, donde se han registrado múltiples conflictos socioambientales. Esta región enfrenta problemas relacionados con la deforestación, la extracción no regulada de recursos naturales y la falta de acceso equitativo al agua. La ausencia de coordinación binacional y la exclusión de las comunidades en la toma de decisiones han exacerbado las tensiones, generando conflictos violentos entre los habitantes por el uso y manejo de los recursos naturales
México enfrenta una realidad preocupante en materia de seguridad ambiental. La fragilidad —e incluso el desmantelamiento— de las instituciones encargadas de la gestión de emergencias y la protección del medio ambiente es un hecho evidente. A lo largo de los años, las políticas públicas orientadas a la prevención y mitigación de desastres han sufrido recortes presupuestales significativos, lo que ha limitado seriamente la capacidad del Estado para responder de manera efectiva a crisis ambientales o eventos naturales de gran magnitud.
La constante reducción de recursos destinados a la protección civil, la conservación ambiental y la gestión del agua ha dejado a millones de mexicanos expuestos a riesgos que podrían evitarse con una administración adecuada. Esta precariedad institucional se manifiesta en la incapacidad para coordinar esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno y para implementar estrategias preventivas sólidas.
Además, México es un país particularmente vulnerable a múltiples problemas ambientales: desde la escasez hídrica y la contaminación del aire, hasta la deforestación, la pérdida de biodiversidad y el manejo inadecuado de residuos. Sin embargo, el gobierno no ha logrado integrar estos desafíos en su agenda de prioridades. Las autoridades parecen ignorar el potencial de estos problemas para escalar en conflictos sociales, como los que ya se observan en regiones donde las comunidades compiten por recursos escasos, especialmente el agua. Esta falta de previsión y planificación no solo incrementa el riesgo de enfrentamientos entre ciudadanos y gobiernos locales, sino que también erosiona la confianza pública en las instituciones, debilitando aún más el tejido social y la gobernanza.
Si bien las crisis ambientales son un fenómeno global, México enfrenta una situación particularmente compleja debido a su vulnerabilidad geográfica, la debilidad de sus instituciones y la limitada capacidad de respuesta del gobierno. El país atraviesa una crisis hídrica que se ha intensificado en los últimos años. En 2023, el 85 % del territorio experimentó condiciones de sequía. Esta problemática es especialmente grave en el norte y centro del país, donde la disponibilidad de agua es limitada y la población depende de fuentes sobreexplotadas.
Las poblaciones rurales y las periferias urbanas son las más vulnerables, pues enfrentan cortes recurrentes de agua y sobrecostos en su acceso. En regiones como Paso del Norte, Nuevo León y Tamaulipas, las disputas por el agua evidencian profundas desigualdades en el acceso a este recurso vital. La falta de coordinación entre autoridades locales y federales ha intensificado las tensiones. La dependencia de acuíferos sobreexplotados y el uso excesivo del recurso en la agricultura industrial han agravado la escasez, poniendo en riesgo el abastecimiento urbano.
La seguridad ambiental es un tema crucial que debe abordarse con una visión integral y preventiva. Los ejemplos presentados demuestran que la degradación del entorno y la escasez de recursos pueden detonar conflictos que afectan la paz y la estabilidad, tanto a nivel local como internacional. En el caso de México, el riesgo de conflictos derivados del estrés hídrico es una amenaza latente que exige políticas de gestión sostenibles, así como una coordinación eficaz entre los distintos niveles de gobierno para prevenir futuros enfrentamientos. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
