Vivir en una ciudad con un cielo azul no debiera ser un lujo inalcanzable. De hecho, el acceso a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, se reconoce como un derecho humano universal por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde julio de este año. En su declaración, la ONU manifiesta que la contaminación del aire interfiere con el disfrute efectivo de este derecho humano. Nuestro cielo, frecuentemente gris, es el reflejo del aire contaminado que respiramos. El oxígeno, que después se reparte por todo el cuerpo, entra acompañado de contaminantes, como son las partículas suspendidas finas (con un diámetro menor a 2.5 micras, conocidas como PM_2.5) y el ozono, entre otros. Con la pandemia por COVID-19, entendimos que el aire es un medio por el que se transporta el virus; lo mismo sucede con los contaminantes atmosféricos: están presentes en el aire que respiramos.

Nos equivocamos al pensar que esto no es grave; hemos trivializado la convivencia cotidiana con aire contaminado sin percatarnos de sus enormes impactos en salud, sociales y económicos. Enfrentar problemas complejos, como lo fue la pandemia y la crisis económica subsecuente, obliga a recurrir a estrategias que involucran una amplia variedad de acciones. Esta perspectiva de múltiples dimensiones y acciones de política pública se requiere para aliviar el problema de la contaminación del aire en el largo plazo.

Los efectos adversos de la contaminación del aire para la salud se pueden manifestar en la aparición de enfermedades, en su agravamiento o en un incremento en la mortalidad por causas específicas. Muchos de estos efectos pueden tardar meses o años en manifestarse, bajo la forma de enfermedades crónicas. Debería ser elemental entender que los contaminantes atmosféricos que inhalamos dañan nuestros pulmones. Pero, lo que no es obvio –a la vez que es aterrador– es que, al ingresar a nuestros pulmones con el oxígeno que respiramos y al ocurrir el intercambio gaseoso, llegan al torrente sanguíneo y se reparten por todo el cuerpo, con lo que afectan a otros órganos y sistemas. El daño se expande más allá de las enfermedades pulmonares, ya que pueden ocasionar alteraciones reproductivas, cardiovasculares y del metabolismo. Por demás preocupante, la evidencia científica apunta a posibles daños neurológicos. 

Las partículas de diámetro pequeño, las PM_2.5, son el contaminante atmosférico con el mayor impacto adverso para la salud. Afectan a poblaciones con un rango amplio de edades, incluyendo los bebés, provocando su nacimiento antes de las 37 semanas de gestación (llamados nacimientos pretérmino) o que tengan bajo peso al nacer (de menos de 2.5 kilogramos). Ambas alteraciones minan su salud de ahí en adelante, el resto de sus días. En niñas y niños menores de 5 años el daño se presenta con enfermedades respiratorias agudas, como la pulmonía. En personas adultas, se revela con enfermedades como el cáncer de pulmón y enfisema pulmonar, con diabetes (tipo 2) y con infartos al corazón y cerebrales. Existe también el posible efecto de las enfermedades neurodegenerativas, como es el Alzheimer. Se trata de padecimientos que nos estremecen, porque todos conocemos el terrible deterioro en la calidad de vida de quienes los sufren. Por su parte, el ozono nos hace daño sobre todo en el sistema respiratorio, porque se trata de un potente irritante de las mucosas que lo cubren. 

Las partículas finas y el ozono, al contaminar el aire, afectan la salud de millones de personas en el mundo y los mexicanos no somos una excepción. El daño se puede medir en términos de las muertes prematuras; es decir fallecimientos que se podrían evitar de no existir este riesgo al que nos exponemos cotidianamente. En 2019, a nivel global, las partículas finas fueron responsables de más de 4.1 millones de muertes prematuras, y el ozono, de cerca de 365 mil muertes prematuras. En México, las partículas finas y el ozono cobran factura a la población con cerca de 40 mil muertes prematuras al año, con más de 36,500 ligadas a PM_2.5 y alrededor de 2,300 a ozono. Esta carga de enfermedad exhibe la magnitud del riesgo a la salud al que nos enfrentamos por la contaminación atmosférica y se siente con fuerza en muchas ciudades del país, entre ellas, las grandes zonas metropolitanas del Valle de México, Valle de Toluca, Guadalajara y Monterrey. 

La contaminación del aire corta nuestra esperanza de vida; es decir nos quita años a nuestra existencia. Afecta a todas las personas y a todos los grupos de edad, en particular, daña a los infantes y bebés, porque sus sistemas de defensa y las vías respiratorias se encuentran en proceso de maduración y, asimismo, daña a las personas mayores o con algún padecimiento subyacente. En todo caso, con este recorte de años de vida podemos morir nosotros mismos, una hermana, una amiga, una colega. La contaminación nos pega, nos quita oportunidades de tener alegrías, y nos acerca días de enfermedad, de duelo y pésames.

La exposición continua y crónica —es decir, aquella que tiene una duración que va de meses, hasta años— a los contaminantes atmosféricos es responsable de la mayor carga de enfermedad y la que más recorta nuestra vida saludable. Por ello, una prioridad central de nuestros gobiernos y sociedades debe ser lograr un aire limpio lo más pronto posible; debemos reducir las concentraciones de los contaminantes todos los días, en todas las estaciones del año, todos los años. No resolvemos el problema con acciones orientadas meramente a controlar “picos” de las concentraciones de contaminantes unos cuantos días del año, aquellos en que la meteorología “se porta mal” al no traer vientos o lluvias que ayudan a dispersar los contaminantes. Ésta es en esencia la ruta que se sigue cuando se implementa el Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM); legado de los años noventa. Abatir las emisiones contaminantes durante un par de días en los que se limita la circulación de ciertos vehículos, en los que se restringen actividades comerciales e industriales y se pide que se reduzcan las operaciones de la central termoeléctrica y de la refinería vecinas (ubicadas en Tula, Hidalgo), es una estrategia fútil, vana, inútil para resolver el problema de la contaminación del aire. Es una respuesta que parece ignorar la severidad de los nocivos efectos de la contaminación del aire en la salud de los ciudadanos, niños, adultos y ancianos, hombre y mujeres, en el país.

Es indudable que el consumo de combustibles fósiles, de los cuáles dependemos fuertemente para el transporte, para procesos industriales y para la generación de energía eléctrica, es en gran parte responsable de la contaminación atmosférica. Los expertos indican que la combustión de los combustibles fósiles es responsable del 35 % de las muertes prematuras atribuibles a las partículas finas, que contaminan el aire que respiramos (Lancet, 2022). En las zonas urbanas, el transporte es una fuente predominante de contaminantes atmosféricos; los vehículos que utilizan gasolina y diésel (derivados del petróleo) como combustibles contaminan porque sus motores tienen una combustión parcial, que resulta en la generación de partículas finas y de gases. Algunos de estos gases, además de ser tóxicos en sí mismos, forman parte de procesos fotoquímicos que generan más partículas finas y ozono. En la ZMVM, los vehículos automotores son la fuente de emisiones más importante de partículas finas, con más del 40% de estas emisiones. Los vehículos que utilizan gasolina, es decir, los particulares, mayoritariamente, son responsables de casi la tercera parte, y un 70% se atribuye a los que utilizan diésel, siendo éstos los autobuses de pasajeros de alta capacidad y los camiones de carga pesada.

En el marco de la COP27, finalizada hace apenas unos días, en Egipto, México anunció su compromiso para lograr cero emisiones netas en 2050. Tenemos la relativa fortuna de que, para mitigar el cambio climático, se requieren estrategias que coinciden con las que necesitamos para combatir la contaminación del aire. Las autoridades mexicanas no dieron a conocer cómo piensan cumplir con dicho compromiso. Pero, de ser serias en ello, es inevitable que entre sus acciones se encuentre la reducción drástica en el uso de combustibles fósiles para el transporte.  Nos urge que el sector transporte sea sustentable y limpio, que no utilice combustibles fósiles, que sea de cero emisiones. La estrategia, en esa dirección, ha de incorporar cambios en la forma en como nos transportamos y, por supuesto, en la composición y tipo de la flota vehicular. Es imperante lograr una movilidad que sea multi-modal, en la que reduzcamos el dominio del coche particular para su reemplazo por el transporte público —que se debe acompañar de los calificativos “limpio y sustentable”—, y que sea activa-no motorizada, con la infraestructura necesaria y una planeación urbana acorde para multiplicar los desplazamientos a pie y en bicicleta. 

El objetivo de contar con un sector transporte limpio, sustentable y eficiente es de largo aliento. Por ello, en el camino hacia su cumplimiento, conviene repasar varios pendientes que tenemos en el desarrollo sustentable del país. De aquí al 2050 es indispensable modificar el tipo de vehículos de nuestra flota para que sus fuentes de energía sean, gradual e incrementalmente, las que permitirán cumplir con nuestra meta de cero emisiones. Mientras hacemos esa transición, todos los vehículos automotores nuevos, que utilicen gasolina o diésel, sean particulares, de transporte de pasajeros o de carga, que se vendan en México, deberán incorporar las tecnologías más avanzadas para el control de emisiones contaminantes. Por ejemplo, en los países de la Unión Europea y en Estados Unidos, entre otros, la regulación exige a la industria que los autobuses de pasajeros y los camiones de carga nuevos, que utilizan diésel, estén equipados con tecnologías conocidas como EURO VI o equivalentes. Éstas reducen las emisiones de partículas finas en 98% y, además, el 2% restante es de partículas mucho menos tóxicas. En México, se ha pospuesto la entrada en vigor de la normatividad correspondiente, que limita las emisiones contaminantes de los vehículos de pasajeros y de carga —vehículos con un peso mayor a 3.857 tons— del 2019 al 2022 y, más recientemente, al 2025. 

Conviene recordar que contar con diésel con una concentración de azufre ultra baja (UBA, 15 partes por millón, ppm), permite que dichas tecnologías avanzadas para el control de emisiones funcionen de manera óptima y que los vehículos, aún con tecnologías menos avanzadas, reduzcan las emisiones de contaminantes a la atmósfera. En México, el calendario oficial para distribuir diésel UBA en todo el territorio se ha pospuesto incontables veces desde el 2009; la más reciente resolución estipula como fecha de cumplimiento enero de 2025. 

Un complemento fundamental a lo anterior es que las autoridades locales cumplan con las atribuciones que tienen que ver con limitar la contaminación derivada de los vehículos en circulación. Algunas que conviene recordar son la de modernizar y la de verificar el cumplimiento del programa para obligar a los dueños de los vehículos a darles mantenimiento frecuente para reducir sus emisiones lo más posible, cuando menos dentro de los límites que marca la normatividad correspondiente.

El deterioro de los vehículos es un potente enemigo de la buena calidad del aire. A esto conviene añadir mecanismos para desincentivar su uso, estableciendo zonas de bajas y muy bajas emisiones, en las que se limite su circulación. Asimismo, es necesario eliminar los subsidios a los combustibles. No sobra enfatizar lo relativo a impulsar una movilidad con sistemas de transporte público optimizados y activa. Estas dos tareas ayudarían a que los vehículos particulares reduzcan su actividad y sus emisiones, a mejorar la calidad del aire y a que seamos más sanos al movilizarnos andando a pie y en bicicleta.

Conviene señalar algunas recomendaciones que se han planteado para mejorar la sustentabilidad ambiental y la calidad del aire. En ese terreno, la Unión Europea (UE) ha trazado una recuperación económica post-pandemia de COVID-19 con el calificativo de “verde”. Así, impulsa un proyecto legislativo para cumplir con la meta al 2050 de que la región sea neutra en carbono, acompañada de un transporte de cero emisiones. Se plantea que se prohíba la venta de vehículos automotores nuevos que utilicen gasolina o diésel a partir del año 2035, y que su ciclo de vida finalice con la meta del 2050. Entre las medidas para acelerar la salida de los vehículos a gasolina y diésel se desincentivará su uso con un incremento en los impuestos y en el precio de estos combustibles, a la par de hacer más estrictos los estándares para los vehículos nuevos, para reducir sus emisiones y mejorar su eficiencia energética (los kilómetros recorridos por litro de combustible). 

De manera complementaria, al ser el transporte de carga un emisor significativo de contaminantes a la atmósfera, ya que se encuentra entre los mayores consumidores de combustibles fósiles, la UE plantea la producción limpia de hidrógeno para utilizarlo como combustible, mediante el uso de fuentes de energía renovables. Un ejemplo paradigmático es Suiza: en ella los tractocamiones que utilizan celdas de hidrógeno ya forman parte de su flota y para 2025 serán más de 1,500 unidades que circulen en sus carreteras.  En Suiza se produce hidrógeno limpio (separación de hidrógeno y oxígeno del agua) mediante el uso de energía renovable, con más del 50% de la energía eléctrica generada en plantas hidroeléctricas.  

La cooperación internacional para la innovación, para compartir las mejores prácticas, para el monitoreo, tanto de los niveles de contaminación, como de las estrategias implementadas y de los avances, entre otras, puede revitalizar y acelerar el actuar de las autoridades federales, estatales y locales, que, por ahora, en México, parecen dormidas y quizá supinas, en cuanto a combatir la contaminación del aire.

México debe tener como meta la protección de la salud de su población y poner como prioridad que todos respiremos aire limpio. Es imperante proteger a las y los recién nacidos, a las niñas y niños, así como a las personas socialmente vulnerables y económicamente desprotegidas -éstas se exponen mayormente a la mala calidad del aire al pasar más tiempo expuestas a la nube contaminante durante sus largos trayectos entre la casa y el trabajo-, para que la esperanza de vida no se acorte por una exposición involuntaria y determinada por el lugar en el que se nace, en el que se vive. Que nuestros años de vida sean saludables y que vivamos los años que nos toca vivir.

México debe posicionarse como un país en donde el gobierno y la industria se corresponsabilicen de nuestra modernización, con una respuesta post-COVID-19 que impulse una recuperación económica “verde”. Se trata de una fusión de medidas para lograr un objetivo, como lo es una respuesta necesaria en tiempos de guerra. La sustentabilidad del planeta y la protección de la salud de la población están íntimamente ligadas. La contaminación del aire interfiere con el disfrute efectivo a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, reconocido por la ONU como un derecho humano universal. La expectativa es que el reconocimiento de este derecho humano ejerza como un catalizador para la acción y que los ciudadanos se empoderen para que nuestros gobiernos rindan cuentas de las iniciativas, acciones, así como de los éxitos. EP

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