¿Qué tantos beneficios tiene un Tratado de Libre Comercio (TLC) para países latinoamericanos? ¿Qué tan desventajosas resultan las cláusulas en «letra pequeña»? Este texto es un análisis de las diversas complejidades medioambientales detrás de los TLC.
Las letras pequeñas de los tratados de libre comercio
¿Qué tantos beneficios tiene un Tratado de Libre Comercio (TLC) para países latinoamericanos? ¿Qué tan desventajosas resultan las cláusulas en «letra pequeña»? Este texto es un análisis de las diversas complejidades medioambientales detrás de los TLC.
Texto de Aizailadema Altamirano Ávila 03/08/22
Este texto se publicó por primera vez en 2019 en Ecología Política
La globalización, como un proceso dinámico de creciente libertad e integración mundial de los mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnología y capitales (De la Dehesa, 2000), ha motivado a los países latinoamericanos (PAL) a establecer Tratados de Libre Comercio (TLC) entre ellos mismos y con potencias mundiales, como Estados Unidos, con la intención de no quedarse atrás y competir para impulsar su economía. Pero los PAL tienen poco poder de negociación, y aceptan las condiciones que les imponen, tales como la apertura comercial generalizada, bajos aranceles y crecientes concesiones (Huerta González, 2007). Por lo tanto, terminan firmando hasta las cláusulas en «letra pequeña». Entonces, por un lado, obtienen una apertura comercial ventajosa, hasta que dejan de ser los países que ofrecen los beneficios más atractivos y se los obliga a compartir los privilegios ganados. Por otro lado, se disfraza el verdadero costo de los compromisos adquiridos, que se traduce en la sobreexplotación de los recursos naturales y la pérdida de biodiversidad.
La cuestión es si, aun con estas reglas del juego, los PAL realmente se han visto favorecidos con un crecimiento económico. Y también cuál ha sido el costo ambiental de este crecimiento y si ha valido la pena. En este artículo, se expresa una opinión sobre el impacto de los TLC en la economía y en el medio ambiente de los PAL, a partir de una comparación de sus indicadores financieros asociados a la actividad comercial, su huella ecológica y su biocapacidad.
Introducción
En los años setenta, comenzó la liberalización financiera para los PAL, primero con la reducción y eliminación de ciertas restricciones en las importaciones por parte de Chile. Luego, en los años ochenta, México, Bolivia, Costa Rica, Venezuela y Argentina plantearon una postura similar. Más tarde, Brasil, Perú y Colombia se unieron con una apertura gradual a principios de los noventa (Agosin y Ffrench-Davis, 1993). El objetivo era sumarse a la globalización, entendida como un proceso dinámico de creciente libertad e integración mundial de los mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnología y capitales, que impulsó a los PAL a establecer TLC entre ellos mismos y con potencias mundiales, como Estados Unidos, para eliminar la barrera que representaban las leyes de proteccionismo, y elevar así tanto la inversión extranjera directa (IED) como sus exportaciones, dado el aumento inherente de sus importaciones.
Los indicadores económicos y su repercusión ambiental
Desde el origen de estos acuerdos, estuvo claro que, a pesar de la complejidad de predecir el comportamiento de la economía mundial y de las estrategias evolutivas de sus socios comerciales, ante el multilateralismo y el regionalismo, los PAL tenían que proteger y priorizar la competitividad de sus propios productos. En palabras del economista Adam Smith (1974), cada país podría especializarse en la producción de bienes en los cuales tuviera una ventaja absoluta, es decir, elaborar aquello que mejor pudiera producir y con mayor eficiencia, y a la vez importar aquellos bienes en lo que tuviera una desventaja absoluta. Pero eso no sucedió.
La desilusión, en cuanto a las expectativas del crecimiento económico por la apertura comercial, se debe a que las exportaciones e importaciones de los PAL se resumen en materia prima y tecnología, respectivamente, y para la IED, en mano de obra barata para manufacturar y revender. Entre tanto, mientras se sigue cuestionando lo que es mejor en relación con la competencia económica, se han dejado de lado las consecuencias del impacto ambiental (WTO, 2019).
Por ejemplo, Chile tuvo conciencia de las afectaciones ambientales a causa de la actividad minera en 1990, por lo que en 1992 comenzó a regularizarse la contaminación del sector. Entonces se inició la búsqueda de una coexistencia de la protección ambiental con el desarrollo económico a través del impulso de una legislación apropiada (BNC, 2018). Sin embargo, el dinamismo de este sector ha sido desfavorable para el medio ambiente. En el periodo de 1999 a 2003, durante la crisis asiática, sus exportaciones de cobre representaron cerca del 35 por ciento del total de bienes del país, y al comenzar el superciclo (2004-2014), dicha participación subió a más del 55 por ciento. Esto indica no solo el auge del precio de este metal, sino el estancamiento de las exportaciones no mineras (Ministerio de Minería, 2018). Las estadísticas de 2018 señalan que sus productos no mineros siguen opacados por el cobre, con un 25 por ciento, y por el cobre refinado (incluido el refundido), con el 23.6 por ciento (CEPAL, 2018a).
Chile es el primer exportador mundial de cobre, por encima de Perú. Estados Unidos es su mayor comprador en América (DIRECON-PROCHILE, 2018). La variación porcentual de su PIB per cápita se ha mantenido en valores positivos, salvo en 2010. Pero, aunque los números parecen alentadores, esta tendencia también ha llevado a un déficit ecológico (o sobregiro ecológico) de -0.6 hectáreas globales (hag), lo que significa que la cantidad de tierra productiva no es suficiente para satisfacer el estilo de vida de su población (T13, 2018), ni la capacidad biológica de sus ecosistemas alcanza ya para regenerar sus recursos y absorber los desechos generados por el hombre (biocapacidad) (WWF, 2017). Esta situación ha colocado a Chile como el primer país de Latinoamérica en sobregiro ecológico desde 2015.
Otro ejemplo es Perú. A diferencia de Chile, sus exportaciones no se concentran en un solo mineral. Se ha distinguido por ser uno de los países de mayor dinamismo en América Latina, con una tasa de crecimiento promedio del PIB del 6.1 por ciento anual en el periodo de 2002-2013 (Banco Mundial, 2019). Sin embargo, la IED en la minería no ha fomentado la generación de empleo, que ha sido marginal: el 1.5 por ciento de la población económicamente activa, frente al 32.7 por ciento de la agricultura y el 26 de los servicios. Es decir que las poblaciones autóctonas se benefician escasamente de la riqueza generada, mientras que han de soportar todos los efectos negativos. Se trata, pues, de un ejemplo más de privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas, entendidas en términos socioambientales, esto es, conflictividad social e impacto ecológico (Blanca, 2018). Ello se refleja en el descenso de la biodiversidad sin que aumente la huella ecológica (1.54 hag), como muestra de que la pérdida de biocapacidad (3.86 hag) se produce en beneficio de terceros países y de que las actividades extractivas intensivas son un factor fundamental en este proceso (MINAM, 2011).
Y si de IED se trata, México es un referente en el sector automotriz. Actualmente, los vehículos automotores para pasajeros (11,6 por ciento) y partes para vehículos automotores (6.7 por ciento) están a la punta de sus productos de exportación, por encima de las extracciones petroleras (5.9 por ciento) (CEPAL, 2018b). Pero, según los acuerdos, México no puede anteponer su preocupación por el medio ambiente a las ganancias de las empresas transnacionales que pasan a operar en el país, y la injerencia del Gobierno en la economía está limitada: no se le permite incrementar salarios, ante el temor de perder competitividad; no puede sancionar a las empresas por atentar contra el medio ambiente ni establecer políticas impositivas para mejorar el financiamiento del Estado (Huerta González, 2017). Aun con estas condiciones, México sigue apostando por este modelo, pues la IED continúa inclinándose a su favor, por encima de otros países con mayor apertura comercial, como Panamá. La tasa de desempleo también se ha reducido: del 6.6 al 3.6 por ciento (CEPAL, 2018b) y actualmente ocupa el cuarto lugar en exportaciones de vehículos a nivel mundial, por debajo de Alemania, Japón y Estados Unidos, y este último es su principal adquisidor (70 por ciento) (Morales, 2019). Sin duda, las alianzas con otros países y las preferencias para la IED han traído beneficios, y estabilidad económica. Pero a cambio de depender en las decisiones de las potencias mundiales, como Estados Unidos, y de una huella ecológica de 2.9 hag, más del doble de la biocapacidad del país, igual a 1.4 hag (Camacho, 2018; SEMARNAT, 2015).
Conclusiones
De acuerdo con los indicadores macroeconómicos, ha existido un crecimiento en los PAL citados. Aunque este no ha sido constante y uniforme, estos países han incrementado su PIB per cápita y han reducido su tasa de desempleo. Desafortunadamente, los sectores de su población que habitan alrededor de las tierras productivas son los que resultan más afectados en su calidad de vida y los menos beneficiados en la distribución de la riqueza.
El costo ambiental de este crecimiento ha resultado en el sobregiro ecológico, debido a que se han explotado los recursos naturales a una velocidad mayor de la que necesitan para regenerarse. Sin embargo, los acuerdos de los PAL con las potencias mundiales continúan fomentando la exportación de materia prima, en lugar de priorizar el desarrollo tecnológico, que hoy se encuentra en manos de la IED y de sus importaciones.
La realidad con respecto a los TLC se encuentra muy lejos de las altas expectativas de los PAL. Aunque dichos acuerdos estén diseñados para mantenerlos como países en vías de desarrollo, los PAL continúan confiando en que la apertura comercial es el camino al primer mundo. Inevitablemente, seguiremos en un mundo globalizado. Pero, para sobrevivir, este necesita que los gobernantes integren gradualmente leyes proteccionistas como parte de una estrategia para fortalecer la economía nacional y dejar de ser tan vulnerables a la sensibilidad del mercado mundial. Los daños ambientales son irremediables, y habrían podido evitarse con una adecuada regulación. Pero ahora lo que se requiere es que se mantenga una estricta gestión que no contemple ningún tipo de excepción en su legislación. EP
Referencias
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