Si bien el gobierno actual ha hecho de la soberanía energética el sinónimo de la autosuficiencia, tanto en hidrocarburos como en electricidad, en manos de sus dos compañías estatales —PEMEX y CFE—, a la fecha no ha logrado revertir la dependencia de las importaciones de gas provenientes de Texas. Como se puede observar en el gráfico, las importaciones netas de gas crecieron desde el inicio del presente siglo, y se dispararon a partir de la última década. Hasta octubre del año pasado, México importaba de los Estados Unidos el 73% de su consumo total; esta cifra es inédita en toda la historia energética del país.

La caída de la producción nacional —en manos de PEMEX desde 2010— y la sustitución acelerada de combustóleo y carbón por gas natural —combustible menos contaminante— en la generación eléctrica, han sido las razones del crecimiento de las importaciones. A pesar de que el gobierno actual ha instruido a PEMEX elevar la producción nacional, de 5,000 a 7,000 millones de pies cúbicos diarios (MPCD) en 2024, es poco probable que lo logre. Los escasos recursos frescos con los que cuenta están siendo destinados a elevar la producción de crudo y a terminar Dos Bocas. Irónicamente, la caída en la extracción contrasta con las vastas reservas de gas con las que el país cuenta: 11.543 billones de pies cúbicos (BPC) de reservas probadas, 76.4 BPC  de reservas convencionales y 141.5 BPC de gas de esquisto.

La demanda de gas natural ha sido liderada por el sector eléctrico, que consume 50% del total, siendo el mayor consumidor la CFE. Ante la caída de la producción interna, y las expectativas en el crecimiento del consumo eléctrico, durante la administración de Peña Nieto se apostó por asegurar el abastecimiento del combustible importándolo de Estados Unidos. Desde la década pasada, la oferta más barata a nivel mundial proviene de Texas, debido al auge en la explotación de los yacimientos de lutitas. Por consiguiente, se amplió la capacidad de importación, que creció de 2,758 MPCD en 2012 a 11,000 MPCD a finales de 2019, gracias a la entrada en operación de siete interconexiones adicionales. La mayoría de los nuevos gasoductos, construidos por empresas privadas, abastece de gas a las termoeléctricas de la CFE, por lo que la capacidad de importación supera el total del consumo nacional, que fue de 8,169 MPCD en 2020.

Lo anterior ha impactado significativamente tanto a la industria gasera como a la eléctrica del país. Dado que los contratos de importación son de largo plazo (25-30 años), a fin de poder amortizar la inversión hecha por particulares en la construcción de los ductos, la CFE y los generadores privados están comprometidos a consumir gas importado sobre el producido por PEMEX, no sólo por lo atractivo del precio, sino por la incertidumbre que se cierne sobre el futuro de la producción nacional.

No obstante, esta apuesta vulneró no sólo la producción futura de PEMEX, sino la oferta misma de electricidad; tal y como lo demostró el apagón sufrido en días pasados y que afectó localidades de 29 estados, debido a la suspensión de exportaciones de Texas a causa del colapso de sus ductos por razones climáticas. La respuesta brindada por el gobierno a la crisis es suplir tal caída por combustóleo y carbón. La medida se justifica si es de manera temporal, pero no si se piensa hacer permanente, como plantea la propuesta del Ejecutivo para reformar la Ley de Industria Eléctrica.

Nuestra dependencia del gas texano y el apagón deberían abrir de una vez por todas los ojos de los mexicanos: urge acelerar la descarbonización de la economía del país, sobre todo en la generación de electricidad, fluido estratégico para la revolución digital que vivimos. Depender menos de las fuentes fósiles y dar preferencia a las renovables es la alternativa; para ello, el gobierno debe restablecer la confianza con las empresas y los consumidores que han apostado por esta meta. EP

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