En la antesala del inicio de las campañas para las primeras elecciones populares que renovarán casi por completo al Poder Judicial de la Federación, la ministra Yasmín Esquivel Mossa ha expresado en todos los espacios públicos a los que ha tenido acceso —y no han sido pocos— su determinación de no solo ser reelecta como ministra, sino también de convertirse en la candidata más votada y, con ello, llegar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Para alcanzar estas aspiraciones, la ministra ha acudido, como una parte de su estrategia, a entrevistas en medios masivos de comunicación en los que sabe que sus interlocutores únicamente le formularán cuestionamientos a modo y nadie le preguntará por los escándalos mediáticos que en su momento la pusieron en el ojo de la crítica pública; por ejemplo, cuando el académico Guillermo Sheridan, en una publicación de Latinus, tanto como en el periódico El País, en un amplio e interesante reportaje, la señalaron por haber plagiado sus tesis, con la que obtuvo su título profesional de licenciada en Derecho y la que presentó para obtener un doctorado en la Universidad Anáhuac.

La exhibición pública de Yasmín Esquivel Mossa como una persona tramposa no ha inhibido sus pretensiones políticas. Ya antes, en 2023, aspiró a la presidencia de la SCJN, y ahora, frente a la reforma que permitirá la elección de juzgadores y con el total respaldo de la autoproclamada Cuarta Transformación, está más que apuntada para, ahora sí, llegar a esa posición mediante el voto popular.

Más allá del plagio de ambas tesis, que como quedó claramente establecido por quienes investigaron los casos, sí ocurrió (independientemente de los juicios que la ministra promovió para silenciar a la UNAM e impedirle que procediera en su contra), lo cierto es que a lo largo de su historial público, Yasmín Esquivel Mossa ha dado pruebas suficientes que la muestran como una persona con escasa integridad. El hecho de que ahora, de nueva cuenta, esté aspirando a ocupar un espacio en el máximo tribunal del país y que sus pretensiones sean respaldadas por el grupo político en el poder, dejan evidencia suficiente para tener certezas, en el mejor de los casos, de que la proclamada transformación del Poder Judicial, en los hechos no tendrá lugar, y en el peor y más probable, de que la transformación puede suceder, pero para que las cosas se pongan peor.

Cuando Esquivel Mossa fue propuesta por el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador para convertirse en ministra de la SCJN, ella argumentó que ese hecho no obedecía a su matrimonio con el empresario José María Riobóo —un relevante contratista de los gobiernos federal y de la Ciudad de México, quien además asesoró al expresidente para determinar la ubicación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México—; desde su perspectiva lo que debía ser materia de análisis era su trayectoria pública. Y creo que tenía parte de razón.

Si bien no puede ignorarse que es esposa de un personaje muy cercano al expresidente que la propuso para integrar la SCJN (un factor determinante, si no es que el único, para ser considerada en la terna de candidatos), también es cierto que no debe cargar con la responsabilidad de la conducta de otros, incluso si se trata de su pareja. Pero también es cierto que ni la prensa de investigación ni la oposición política hicieron su trabajo cuando Esquivel Mossa aspiró por primera vez a la SCJN. De haberlo hecho, habría quedado en evidencia que las objeciones de fondo para su nominación en 2019 por López Obrador, así como para su actual aspiración a ser electa ministra, derivan precisamente de su propia trayectoria.

Veamos solo uno de los muchos escándalos que ese personaje turbio ha generado. En noviembre de 2009, Yasmín Esquivel fue nombrada magistrada de la Sala Superior del entonces denominado Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, cuando su amigo Marcelo Ebrard se desempeñaba como jefe de Gobierno capitalino. Entre el 1 de enero de 2012 y el 12 de marzo de 2019, Esquivel Mossa fue presidenta del citado Tribunal y durante ese tiempo ejerció el cargo asumiendo que el mismo era de su propiedad. Para ella, la ley y sus límites no le aplicaban. El mediático caso de la ‘Supervía’ fue prueba de ello. Este juicio, uno de los más relevantes durante el gobierno de Ebrard, reveló el verdadero talante de la entonces magistrada Yasmín Esquivel Mossa en su trámite y resolución en segunda instancia, donde participó.

La empresa ‘Controladora Vía Rápida Poetas’ se creó exclusivamente para construir la ‘Supervía’, una autopista urbana concesionada y planificada durante el gobierno de Marcelo Ebrard en el Distrito Federal. Greenpeace y un grupo de ciudadanos demandaron ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal las ilegalidades que, a su juicio, se cometieron en la construcción de la ‘Supervía’, actuando en contra de los intereses del Gobierno y, especialmente, del interés económico de los empresarios constructores.

Debido al turno, el juicio fue conocido por la Ponencia tres de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal, presidida en esos años por el magistrado Jorge Abraham Fernández Souza. Tras su trámite, en diciembre de 2011 quedó listo para dictar sentencia. Finalmente, la Primera Sala del Tribunal resolvió, por unanimidad de los tres magistrados que la integraban, que la declaratoria de impacto ambiental que sustentaba la obra era ilegal, ya que no se había realizado una consulta pública con los vecinos afectados. En consecuencia, la construcción de la ‘Supervía’ se llevaba a cabo en violación del ordenamiento jurídico en materia ambiental.

En enero de 2012, la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal y la empresa ‘Controladora Vía Rápida Poetas’ apelaron la sentencia ante la Sala Superior del Tribunal. Un dato revelador sobre el manejo del caso fue lo declarado por Yasmín Esquivel Mossa, entonces presidenta del Tribunal, en una entrevista con el reportero Raúl Llanos, publicada en La Jornada el 29 de agosto de 2012, bajo el título: “Titular del TCA analiza excusarse del caso Supervía”.

En esa entrevista, Esquivel Mossa precisó que:

…Grupo Riobóo —del cual es presidente su esposo, José María Riobóo Martín— sí participa con la empresa Controladora Vía Rápida Poetas (OHL-Copri) en la construcción de un tramo de la Supervía Poniente, por lo que analiza excusarse de conocer de la apelación presentada por el gobierno de la ciudad en contra de la anulación de la manifestación de impacto ambiental que aprobó la Secretaría de Medio Ambiente local para dicha obra.

En entrevista, la impartidora de justicia detalló que Grupo Riobóo fue contratado por OHL-Copri para la elaboración del proyecto de ingeniería de los dos kilómetros que recientemente les autorizó el GDF para que extienda esa obra de avenida Luis Cabrera a Periférico.

Por ello, dijo, una vez que reciba el proyecto de resolución sobre dicha apelación del GDF, que estará a cargo de la magistrada Victoria Quiroz, analizará si presenta ante la sala superior su excusa para no intervenir en la discusión y votación de ese asunto.

Después de esta declaración, ocurrida siete meses después de presentadas las impugnaciones del Gobierno y la empresa constructora contra la sentencia de la Primera Sala, el expediente quedó retenido en la Ponencia uno de la Sala Superior sin que se dictara resolución durante 22 meses, hasta agosto de 2013. En la práctica, esto permitió la continuación y conclusión de la ‘Supervía’ con la participación de ‘Grupo Riobóo’, empresa propiedad del esposo de Esquivel Mossa.

Con la obra ya concluida, la Sala Superior revocó la sentencia de la Primera Sala Ordinaria y dictó una nueva resolución. En ella, determinó que ni Greenpeace ni el grupo de ciudadanos demandantes tenían interés jurídico para acudir a juicio y que tampoco demostraron ser afectados por la construcción de la autopista urbana. Por lo tanto, no era necesario analizar si la Manifestación de Impacto Ambiental, emitida por la autoridad capitalina y gestionada por la empresa constructora, cumplía con todas las formalidades legales.

Usted, amable lector, quizá se pregunte si Yasmín Esquivel Mossa cumplió con lo que declaró al periodista Raúl Llanos, excusándose de participar en la sentencia del juicio que involucraba a la empresa de su esposo. No haré cansada la historia, la respuesta es: no. Violando todo principio de imparcialidad, Esquivel participó en el dictado de una sentencia que benefició a la empresa de su marido, a un conglomerado de poderosas compañías y al gobierno de su amigo Marcelo Ebrard. Esa es Yasmín Esquivel, la candidata que ahora pretende encabezar la transformación del Poder Judicial Federal.

Luego de la retención del expediente y el aplazamiento de facto del juicio durante 22 meses en la Sala Superior, cabe preguntar: ¿Yasmín Esquivel Mossa fue ajena a la retención del caso durante casi dos años, sabiendo que la empresa de su esposo se beneficiaba de la continuidad de la construcción? Lo cierto es que, al suspenderse la presentación del proyecto de sentencia, formalmente no se violó ninguna disposición normativa. Sin embargo, también es cierto e insoslayable que, por las implicaciones materiales derivadas de la dilación en la impartición de justicia, se hizo patente el poder de un grupo político-económico. También quedó claro que se tomó una decisión excluyente y claramente adversa a una de las partes en litigio, en abierto beneficio de la otra; que prevaleció el interés económico, y que, si esos hechos no volvieron parcial al sistema de justicia y tampoco fueron considerados actos de corrupción, entonces nada podría considerarse como tales.

Otro punto clave es la actuación de la entonces presidenta del Tribunal, Yasmín Esquivel Mossa, cuyo conflicto de interés resulta legalmente indiscutible debido a la participación de la empresa de su esposo en la construcción de la ‘Supervía’. La ley le prohibía intervenir en el caso y dictar sentencia, pero al no abstenerse, violó lo establecido en el artículo 81 de la entonces vigente Ley Orgánica del Tribunal, así como en el artículo 170 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Ambas disposiciones obligaban a cualquier magistrado con un interés personal —o cuyo cónyuge lo tuviera— a excusarse de conocer el asunto.

No obstante, a pesar de haber dado declaraciones previas a un reportero y de que estas se hicieron públicas, sin importar que en su momento ella misma reconociera abiertamente los hechos descritos, siete años después, en una entrevista concedida a la revista Proceso, Esquivel Mossa negó lo que antes había afirmado, asegurando que no era cierto que:

[…]Grupo Rioboó participó en la elaboración del proyecto de ingeniería de un tramo de la Supervía Poniente, impulsada por el entonces jefe de Gobierno de la capital, Marcelo Ebrard. La vía se construyó entre 2012 y 2013, cuando la magistrada consolidó su poder en el Tribunal. La magistrada niega, categórica, que su esposo haya tenido alguna participación. La construcción de la obra estuvo a cargo de la empresa Controladora Vía Rápida Poetas, creada en noviembre de 2009 con el objetivo expreso de hacerse de la concesión de la Supervía. […] En diversas declaraciones públicas la candidata a ministra ha negado que tenga un conflicto de interés, bajo el argumento de que su esposo no participa en la designación de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Lo mismo declaró a Proceso el viernes pasado.

La autora de la resolución, la magistrada Quiroz, pasó a retiro en 2015, pero además de su pensión cobró en el Tribunal como coordinadora de una maestría establecida por el TJACDMX y la UNAM, para lo que litigó en contra del propio Tribunal con el propósito de hacer legal el doble cobro.

De la lectura de esta segunda entrevista es posible concluir que Yasmín Esquivel Mossa está acostumbrada a aplicar la máxima que señala “Donde dije digo, digo Diego”, y aquí no pasó nada, cuando sí pasó. A esa candidata de la 4T, mentir y respirar le parecen una y la misma cosa.

Veamos las implicaciones de la conducta de Esquivel. ¿Está un juez autorizado para ignorar la ley que rige sus procedimientos y actuar en favor de los intereses de su cónyuge en un juicio, cuando su imparcialidad está comprometida? La respuesta lógica es no.

En el caso de la ‘Supervía’, la entonces magistrada Esquivel Mossa había reconocido públicamente su situación en ese proceso, mismo que, conforme a la ley, no debió conocer ni resolver. Sin embargo, omitió abstenerse y, con ello, incurrió en una falta grave, viciando la sentencia de inequidad.

A pesar de su manifiesta parcialidad, ni la oposición política ni la prensa de investigación consideraron relevante este hecho en 2019. Así, pasaron por alto que una de las candidatas a la SCJN había intervenido directamente en un juicio dentro del tribunal del que formaba parte, dictando una sentencia que benefició ilegalmente a la empresa de su esposo, a un poderoso conglomerado de contratistas y concesionarias, y que, en cambio, perjudicó a los ciudadanos demandantes y a una organización ambientalista.

El domingo 2 de febrero de 2025, como parte de su campaña adelantada para convertirse en ministra electa de la SCJN, Esquivel Mossa acudió al programa El Chamuco TV. En esa emisión, una de las figuras más prominentes de la 4T para impulsar el ‘cambio’ en el Poder Judicial declaró sin ruborizarse:  

En el Poder Judicial, de acuerdo a (sic) las cifras del INEGI, es el Poder Judicial, de las instituciones de nuestro país, el que está calificado como mayor (sic) corrupción.

La percepción de la ciudadanía, el 69% percibe que dentro de las instituciones el más corrupto es el Poder Judicial […]

Las personas perciben al Poder Judicial como un poder donde los jueces se venden, donde entregan los asuntos, le dan la razón al mejor postor, donde hay factores económicos o políticos que definen quién tiene la razón en los asuntos, y eso, pues eso no es justicia. La justicia la perciben los mexicanos como una justicia lenta, una justicia tardada, una justicia que no es expedita y pronta como dice el 17 constitucional.

Sus interlocutores, los caricaturistas Hernández, Rapé y El Fisgón, no quisieron o no se atrevieron a preguntar si ella era parte de la corrupción que denunciaba. Tampoco la cuestionaron sobre si había “vendido” algún juicio, si en algún caso había dado la razón al mejor postor, o si habían influido en ella factores económicos o políticos al dictar alguna sentencia. Mucho menos la cuestionaron sobre si pensaba que retener durante casi dos años un expediente que impugnaba una construcción, hasta que la misma concluyera, constituía una forma de impartir justicia lenta, tardada, en lugar de justicia pronta y expedita. Sobra decir que tampoco indagaron sobre qué piensa de los juzgadores que dictan sentencias en beneficio de sus propios familiares.

Si los personajes encargados de impartir justicia después de las elecciones de este año tienen la misma estatura jurídica e intelectual que esa candidata de la 4T, no llegaremos ni a la esquina. Y así será porque la candidata del gobierno Esquivel Mossa representa la fusión del poder económico con el nuevo Poder Judicial: ella encarna el interés del negociante, el del juez vendedor.

El caso que he relatado es solo un ejemplo de la realidad que imperará en el supuestamente ‘transformado’ Poder Judicial de México. Esquivel llegó a la SCJN como resultado de una canonjía otorgada a su marido. Nadie se preocupó por analizar su historial como juzgadora. Fue electa con los votos del oficialismo de Morena y sus aliados, pero también con el respaldo del PRI y el PAN. Ya en la SCJN, hizo lo que mejor sabe: proteger intereses personales y de grupo.

En cualquier país medianamente civilizado, alguien con su trayectoria no podría aspirar ni siquiera a la titularidad de un juzgado cívico. Sin embargo, en el México de la ‘transformación’, es posible que no solo se le ratifique como ministra, sino que además se le elija popularmente. Con el tiempo, aquellos que la encumbraron —y quienes, aun conociendo su historial, la volvieron a respaldar— sentirán el peso de su corrupción. Lamentablemente, no serán los únicos: toda persona que busque justicia habrá de enfrentarse a una jueza constitucional simuladora, cínica e impostora. EP

Este País se fundó en 1991 con el propósito de analizar la realidad política, económica, social y cultural de México, desde un punto de vista plural e independiente. Entonces el país se abría a la democracia y a la libertad en los medios.

Con el inicio de la pandemia, Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.

Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.