Las presiones de Trump ante el tráfico de huachicol y el crimen organizado

En este último mes, la relación entre Estados Unidos y México se ha tensado notablemente bajo la administración de Donald Trump, quien ha intensificado sus reclamos hacia el gobierno mexicano sobre su desempeño en la lucha contra el crimen organizado, el tráfico de fentanilo y el huachicol. Las presiones se manifiestan tanto en declaraciones públicas como en amenazas económicas, arancelarias y exigencias diplomáticas concretas.

Uno de los ejes centrales de la presión es la acusación de que México ha permitido, con omisiones o protección tácita, la operación de los cárteles del narcotráfico. Trump ha llegado a afirmar que los criminales “controlan grandes secciones de México”, responsabilizando directamente al gobierno de Claudia Sheinbaum por permitir que prosperen redes dedicadas al tráfico de drogas, armas y combustibles robados. 

Dentro de esta estrategia de presión, Trump ha señalado la necesidad de que México entregue a ciertos “objetivos” clave, que incluyen tanto capos del narcotráfico como autoridades mexicanas que, en principio, estarían vinculadas con el crimen organizado. Esto no solo plantea una exigencia sobre medidas policiacas o judiciales, sino sobre transparencia institucional y rendición de cuentas del aparato político. 

En lo que toca al huachicol, la presión de Estados Unidos se conjuga con el reconocimiento de que el robo de combustible representa una fuente significativa de ingresos para el crimen organizado, lo cual tiene implicaciones tanto de seguridad como económicas para ambos países. La Embajada de EUA en México ha advertido sobre los métodos usados por los grupos criminales para extraer, transportar y comercializar combustible robado, incluso cruzándolo a territorio estadounidense. Desde el sexenio pasado, funcionarios mexicanos e instituciones del más alto nivel favorecieron el incremento del tráfico de huachicol.

Como respuesta a esas denuncias y reclamos, las autoridades mexicanas han realizado operativos notables: decomisos enormes de huachicol, detenciones relacionadas con estas redes, clausura de refinerías clandestinas, incautaciones de camiones cisterna con combustible, etc. Estados Unidos por su parte ha expresado satisfacción por estos resultados, como lo hizo la Embajada, que celebró un decomiso histórico en Coahuila por 15 millones de litros, además del aseguramiento de hidrocarburo robado en Veracruz y numerosas unidades vehiculares. Después de la visita de Marco Rubio a México, el 3 de septiembre, se detuvo a 14 empresarios y marinos relacionados con el tráfico de huachicol. Entre ellos están dos sobrinos de Rafael Ojeda –el exsecretario de Marina–: uno detenido y el otro, prófugo. El actual secretario, Raymundo Pedro Morales, confirmó que 21 aduanas en 13 estados de la República estaban totalmente cooptadas por estos criminales.

Uno de los puntos más delicados que ha surgido es la propuesta que Trump habría hecho para permitir que el Ejército de Estados Unidos ingresara a territorio mexicano para ayudar directamente en la lucha contra el crimen organizado, la cual fue rechazada por la presidencia de México, que subrayó que la soberanía nacional es inviolable. Además, Sheinbaum ha exigido reciprocidad, ha pedido que EUA también actúe en su territorio contra la delincuencia organizada, ya que, según su gobierno, el problema del crimen organizado también es alimentado por la demanda, el tráfico de armas y por estructuras delictivas dentro de la Unión Americana. Esta última semana, el jueves 18 de septiembre, la DEA le propuso de nuevo a Trump y al Pentágono llevar a cabo ataques militares dentro de México. Esa propuesta incluiría tanto asesinatos selectivos de líderes de cárteles como ataques a la infraestructura del narcotráfico. Derek S. Maltz es quien ha impulsado estas propuestas. No obstante, tanto la Casa Blanca como el Departamento de Defensa se opusieron, por lo pronto, dado que existen preocupaciones legales; no se cuenta con la autorización por parte del Congreso de EUA y, sin duda, ocasionarían repercusiones diplomáticas y de legitimidad internacional.

Los aranceles espejo para China, ¿le convienen a México?

China es el segundo socio comercial de México después de Estados Unidos. Mientras que en 2001, cuando el dragón asiático ingresó a la OMC, las importaciones provenientes de este país sumaban 2.65 % del total, en 2024 alcanzaron el récord del 21 %, de acuerdo con datos del Banco de México. Los rubros en los que los productos chinos se han hecho más presentes en México son sin duda los textiles, los de cerámica y calzado; sin embargo, también han crecido los de mayor intensidad tecnológica, como los ligados al transporte y la electrónica. En 2024, el 21 % de los requerimientos mexicanos en el sector de transporte provenían de China, así como el 28.7 % de los de la industria electrónica.  Esta última cifra resulta importante: es superior a las importaciones en el mismo rubro provenientes de Estados Unidos, que representaron un 26 %. En suma, la emergencia de China en los mercados globales le permitió a México diversificar sus requerimientos de importación y hasta sustituirlos de los provenientes de Estados Unidos.

Mientras que en 2001 las importaciones provenientes de Estados Unidos todavía sumaban 67.5 % del total,  en 2024 representaron 40 %. Todo este cambio se dio a la par de que China se convirtiera en el principal socio comercial del vecino del norte, por lo que las industrias ubicadas en la Unión Americana también se beneficiaron de la competitividad de los productos chinos, tanto en las ramas intensivas en mano de obra como en tecnología. De hecho, China fue considerado por Washington como un jugador global desde la visita de Richard Nixon a Pekín, en 1972, hasta el fin de la segunda administración presidencial de Barack Obama, a principios de 2017. Fue a partir de la primera administración de Donald Trump, que el dragón asiático ha sido demonizado como el gran rival tecnológico de los Estados Unidos, lo que ha llevado a una creciente securitización del comercio y de la innovación tecnológica por parte de Washington.

Si bien la guerra comercial iniciada por Trump durante su primera administración, y que se ha tornado más combativa desde su regreso a la Casa Blanca, ha modificado radicalmente las reglas de acceso al mercado estadounidense, a nadie escapa que uno de sus objetivos centrales es desarticular las cadenas de abastecimiento provenientes de China, sobre todo en rubros que Washington considera sensibles o de seguridad nacional, como el acero, el aluminio, el ensamblado automotriz, los microprocesadores y otros relacionados con la electromovilidad. Por ello, a pesar de las negociaciones que mantiene con Pekín, China sigue teniendo los aranceles más altos por ahora impuestos por Trump. Al mismo tiempo, y desde antes de regresar a la Casa Blanca, Trump ha advertido su interés por filtrar el ingreso de insumos chinos desde México o Canadá, lo que se ha convertido en parte de las negociaciones bilaterales que mantiene por separado con sus dos vecinos, como parte de la revisión del TMEC.

Si dicho acuerdo mantuviera su misión original de definir reglas claras para los socios involucrados, las negociaciones se deberían concentrar en aquellos rubros en los que hubiera interés en elevar el contenido regional para excluir los insumos provenientes de terceros, como fue en el caso de la negociación del TMEC, en el que Estados Unidos elevó el valor agregado regional en el sector automotriz además de introducir una cuota salarial favorable a los trabajadores estadounidenses. Dado lo asimétrico de las negociaciones, es de suponer que Washington ahora querrá elevar dichos requerimientos no solo en automóviles, sino en metales, microprocesadores y otras industrias que considere de seguridad nacional y en las que busque excluir los insumos chinos y de otros países.

Sin embargo, desde la negociación del TLCAN y con su transformación en el TMEC, nunca había habido interés ni por parte de Estados Unidos, ni por México ni Canadá, en tener un código común en materia de prácticas desleales de comercio (dumping o subsidios), normas fitosanitarias y medidas de seguridad nacional. Cada país ha mantenido su derecho a mantener sus legislaciones nacionales en la materia: las prácticas desleales de comercio afectan de diferente manera a las industrias nacionales, no se diga ya lo que cada uno considere como un problema de seguridad nacional. 

A pesar de ello, todo parece indicar que tanto Canadá como México están adoptando medidas “espejo” frente a China, ya sea alegando dumping en parte de sus exportaciones o la protección de industrias locales. Tan solo en mayo del año pasado, México impuso aranceles temporales entre el 5 % al 50 % a la importación de 544 fracciones arancelarias, muchas de ellas provenientes de China, que incluían sobre todo el acero, aluminio, textiles, calzado, plásticos, químicos, papel y cartón. Ahora, en el nuevo paquete económico para 2026, se contempla un nuevo aumento significativo de aranceles. Aunque la medida está dirigida a una amplia gama de países sin acuerdos comerciales, China sería, por mucho, el más afectado. Esta vez, la propuesta contempla aranceles de hasta el 50 % en la importación de productos, que además de incluir a las industrias ya protegidas por el decreto de 2024, se extiende ahora a automóviles, autopartes y electrónicos. 

Las razones dadas por el gobierno son nuevamente la protección de la industria y el empleo nacional a la par de reducir la dependencia de insumos asiáticos. No obstante, por ahora no queda claro el daño que las importaciones asiáticas han hecho a las industrias locales respecto a los ajustes que han tenido que hacer frente a los aranceles decretados por Trump. No hay que olvidar que si bien el país diversificó sus importaciones a lo largo de lo que va del siglo, el destino principal de sus exportaciones sigue siendo Estados Unidos. En 2024, el 83 % de las ventas mexicanas al exterior se dirigían a ese país, porcentaje que ha mantenido desde antes de la puesta en marcha del TLCAN. En otras palabras, la competitividad de las exportaciones mexicanas ha descansado también en la incorporación de insumos asiáticos y de otros países.

Se estima que en la actualidad el 20 % del mercado automotriz está conformado por autos chinos. Dichos autos no se exportan a Estados Unidos, pero han ampliado la oferta automotriz para la población mexicana sobre todo en el segmento de autos compactos. Un impuesto del 50 % tendrá un impacto para el consumidor nacional, en un mercado ya afectado por los aranceles de Trump. Si el impuesto se extiende a artículos electrónicos, sin duda, afectará la competitividad de las exportaciones en esta rama. Antes de homologar las barreras arancelarias de México respecto a las que ha impuesto Estados Unidos –algo en que se obstina por ahora Trump– el gobierno debe tener claro que las prioridades de la política industrial del país no son las mismas que las de su vecino del norte, y que China seguirá siendo un socio comercial para los tres países de América del Norte. México debe definir claramente el papel que el dragón asiático seguirá teniendo para apuntalar la competitividad de la economía mexicana, para tener clara su relación comercial con Pekín. De lo contrario, México se verá obligado a elevar las importaciones provenientes de Estados Unidos y concentrar aún más sus exportaciones hacia dicho país, en un momento en que Washington ha elevado el precio para acceder a su mercado.

Las tensiones en el Caribe y sus múltiples tableros

Estados Unidos y Venezuela han entrado en una nueva espiral de confrontación de pronóstico reservado y con diversas reverberaciones en América Latina y el Caribe. Después de meses de ambivalencia por parte de Trump II hacia el cuestionado tercer mandato de Nicolás Maduro, el ala dura del secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, terminó por imponerse sobre la visión pragmática del enviado especial Richard Grenell en la política hacia Venezuela.

En unas cuantas semanas, Trump pasó de negociar la liberación presos políticos y ciudadanos estadounidenses, de coordinar vuelos de deportación de venezolanos a gran escala y de autorizar la licencia de la petrolera estadounidense Chevron en Venezuela, a una política de máxima presión pero distinta a la que ensayó sin éxito durante su primer mandato. En 2019, el cerco diplomático y la imposición de sanciones contra Maduro contó con el acompañamiento de países afines y de la OEA bajo la bandera de restituir la democracia. 

En 2025, las acciones coercitivas son unilaterales y la caja de herramientas más amplia en una edición renovada de la guerra frontal contra las drogas que se vincula directamente a la lógica militarista de las operaciones antiterroristas. El parteaguas fue la decisión de la Casa Blanca de designar como organizaciones terroristas a varios cárteles del narcotráfico mexicanos y venezolanos. En el ámbito mediático, el despliegue de fuerza se asocia cada vez más al discurso antiinmigrante y la criminalización de la migración. Aunque el epicentro es Venezuela, el radar es continental (Canadá incluido), aunque la intimidación se resienta más en los países de la Cuenca del Caribe. Trump II ha resucitado la descertificación a Colombia en la lucha antidrogas después de 28 años y ahora apunta a Nicaragua como país clave en el narcotráfico.

Desde julio, las presiones sobre Venezuela han ido escalando día a día. Al anuncio de Kristi Noem poniendo fin al Estatus de Protección Temporal a venezolanos siguió la acusación de Rubio contra Maduro de ser líder del Cártel de los Soles, el incremento de la recompensa en su contra a la cifra récord de 50 millones de dólares, la incautación de su avión presidencial por “compra ilegal” y el endurecimiento de sanciones económicas a sectores e individuos específicos. El paso decisivo ha sido el mayor despliegue militar y naval en ascenso en el sur del Mar Caribe frente a las costas venezolanas con ataques letales contra tres embarcaciones con supuestos cargamentos de cocaína cruzando líneas rojas del derecho internacional. 

No hay precedentes en la región de un despliegue militar de este tipo, tan común en operaciones antiterroristas en Asia y Medio Oriente, con buques destructores, cruceros antimisiles, un submarino de ataque de propulsión nuclear, aviones de reconocimiento P8 y cazas F-35, y alrededor de 4 mil marines. Venezuela ha iniciado ejercicios militares en el Caribe y movilizado sus milicias en preparación a una posible intervención, además de apretar aún más el cerco autoritario contra la oposición y firmar un nuevo tratado de asociación estratégica con Rusia.

Los llamados venezolanos a la solidaridad internacional han caído en el desierto. Fuera de la declaración de 20 países en el seno de la CELAC reivindicando a América Latina como zona de paz, la región está paralizada por temor y dispersión. México y Honduras, al igual que el nuevo secretario de la OEA, se adhieren al principio de intervención; Colombia y Brasil condenan el uso de la fuerza manteniendo distancia frente a Maduro; Argentina lanza sus críticas al autoritarismo en Venezuela; Trinidad y Tobago y Ecuador aplauden la cruzada antinarcoterrorista, mientras que Puerto Rico mira con preocupación su rehabilitación como centro de operaciones militares.

La ONU no ha reaccionado al llamado de Venezuela y su último informe sobre la situación de derechos es durísimo. Lo más probable es que la crisis en el Caribe quede eclipsada en la 80 Asamblea General por los conflictos en Ucrania, Gaza y Sudán. Todos los escenarios están abiertos y aunque es difícil anticipar qué tanto la política de máxima presión terminará por ayudar o debilitar al régimen de Maduro, sin duda, vendrán incidentes armados en el Caribe. EP

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