La violencia sigue en aumento en Tila, Chiapas, un territorio habitado por indígenas ch’oles. A partir de una conversación telefónica, Dante Saucedo hace un recuento de las amenazas y ataques perpetrados contra sus pobladores desde el 2018, mismo que culmina con el asesinato de Carmen López Lugo, miembro del CNI, el pasado 12 de enero del 2024.
Texto de Dante Saucedo 25/01/24
La violencia sigue en aumento en Tila, Chiapas, un territorio habitado por indígenas ch’oles. A partir de una conversación telefónica, Dante Saucedo hace un recuento de las amenazas y ataques perpetrados contra sus pobladores desde el 2018, mismo que culmina con el asesinato de Carmen López Lugo, miembro del CNI, el pasado 12 de enero del 2024.
¿Contrainsurgencia? ¿Paramilitarismo? ¿Narcoviolencia? ¿Guerra civil? ¿Guerra, simplemente? Es difícil encontrar palabras y conceptos que permitan dar cuenta de la dimensión y la intensidad de la escalada de violencia que ha vivido en los últimos años el Ejido Tila, un territorio de 5,405 hectáreas habitado por indígenas ch’oles en la zona norte de Chiapas. Por vía telefónica, dos compañeros ejidatarios hacen un recuento de esas violencias, hasta llegar a su punto más doloroso: el asesinato de Carmen López Lugo, miembro del Congreso Nacional Indígena, exautoridad ejidal en ejercicio de la autonomía y “compañero comprometido”, perpetrado el 12 de enero pasado.
“el núcleo central de sus demandas desde hace unos 50 años es la restitución plena de 130 hectáreas que la Presidencia Municipal de Tila ocupó y cedió a particulares ilegalmente en su territorio.”
“Nuestra lucha es por la tierra, por el territorio, por la vida”, insisten en más de una ocasión. En efecto, el núcleo central de sus demandas es la restitución plena de 130 hectáreas que la Presidencia Municipal de Tila ocupó y cedió a particulares ilegalmente en su territorio. El fundamento legal de su lucha es la carpeta básica, un conjunto de documentos que incluye un decreto presidencial, un plano definitivo del territorio y una lista de beneficiarios. En ninguno de esos documentos originales se hace mención del Ayuntamiento, ni del fundo legal, la figura agraria-jurídica que permitiría a la presidencia asentarse dentro del área asignada al ejido.
Originalmente asentado en Petalcingo —una comunidad tseltal al sur de Tila pero dentro de los límites municipales— el Ayuntamiento fue trasladado a Tila de manera temporal, pero nunca más volvió a su sitio original, y terminó por establecerse dentro de los límites ejidales. Durante la década de los sesenta, la Presidencia Municipal logró manipular los planos del ejido para insertar en ellos el área supuestamente correspondiente al fundo legal.
A partir de entonces, el ejido interpuso una serie de recursos legales para defender su territorio frente al despojo del Ayuntamiento. El más importante de ellos es del juicio de amparo 259/1982, que sigue sin cumplirse. Después de décadas de sentencias ganadas e incumplidas, el 16 de diciembre de 2015 la Asamblea Ejidal expulsó al Ayuntamiento de su territorio, ejerciendo su derecho al autogobierno y a la autonomía ejidal, en el marco de su derecho a la libre determinación como pueblo originario.
La respuesta del Ayuntamiento y de los grupos de poder político y económico que defienden su retorno a tierras ejidales fue inmediata. Desde entonces, los hostigamientos y la violencia no han hecho otra cosa que incrementar. Al menos desde agosto de 2020, las agresiones entraron en un periodo de agudización que culminó con el asesinato del compañero Carmen.
La primera señal de alarma fue en noviembre de 2018, cuando un grupo de pobladores aliado al Ayuntamiento, usurpó, mediante la falsificación de firmas y de actas de asamblea, los órganos de representación ejidal: la Presidencia del Comisariado y el Consejo de Vigilancia. Puesto que las autoridades agrarias reconocieron sus documentos apócrifos, el grupo comenzó a ser conocido, desde entonces, como “los legales”.
“Las 130 hectáreas que reclaman como fundo legal significan mucho más que la operación de las autoridades municipales: implican el control del comercio local, de los grupos de transportistas, de la repartición de programas asistencialistas y de la derrama económica…”
Durante la entrevista telefónica, la visión de los ejidatarios es clara: “los legales” no son más que una suerte de fachada para los grupos de interés que buscan reinstalar el Ayuntamiento en territorio ejidal. Las 130 hectáreas que reclaman como fundo legal significan mucho más que la operación de las autoridades municipales: implican el control del comercio local, de los grupos de transportistas, de la repartición de programas asistencialistas y de la derrama económica que representan las peregrinaciones religiosas que atrae el Señor de Tila, conocido popularmente como el Cristo negro.. Aun más, abren la puerta a la privatización y la venta de la tierra y, en el contexto de violencia en el que Chiapas está sumergido, implican también el dominio de las rutas de tráfico de drogas y de personas, y el cobro de piso en la región. “Ellos lo que buscan es el control político y económico del pueblo”, afirman los ejidatarios.
En un comunicado fechado el 16 de agosto de 2019, el Ejido Tila denunció las primeras amenazas con arma de fuego. En mayo de 2020 se denunciaron los primeros preparativos paramilitares, dirigidos a hostigar a los ejidatarios. Justamente en agosto de ese año ocurrió la primera provocación a gran escala: un grupo comandado por Francisco Arturo Sánchez Martínez, quien buscaba la candidatura presidente municipal por Morena, destruyó el portón de acceso al núcleo urbano de Tila, que los ejidatarios habían instalado como medida de prevención ante la pandemia de COVID-19. El 29 de agosto se informó que se había encontrado el cuerpo de un ejidatario, muerto y con “huellas de maltrato”. Esa primera escalada de violencia incluyó la entrada de convoyes armados y la detonación de armas de fuego, y culminó el 11 de septiembre de 2020 con un enfrentamiento donde fallecieron tres personas.
El Ejido Tila tiene buenas razones para identificar como paramilitar al grupo de Sánchez Martínez. Su padre, Arturo Sánchez Sánchez —expresidente municipal— y su tío, Samuel Sánchez Sánchez —preso actualmente en un penal de Chiapas— han sido plenamente identificados como dirigentes de Paz y Justicia, un grupo paramilitar financiado y entrenado por los tres niveles de gobierno y por el Ejército mexicano durante la guerra de contrainsurgencia que siguió al levantamiento zapatista de 1994. A finales de los años noventa, el Ayuntamiento de Tila fue un bastión del paramilitarismo: un informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas identificó como líderes del grupo paramilitar a Raymundo Torres, al exmilitar Marcos Albino y a Savelino Torres, expresidente municipal, exsíndico y exregidor de Tila, respectivamente.
Aunque en el año 2000 fueron detenidos 11 integrantes de Paz y Justicia, no es difícil encontrar líneas de continuidad que lo vinculan con los actuales generadores de violencia contra el Ejido Tila. Juan José Díaz Solórzano, miembro del grupo paramilitar, empleado del ayuntamiento y presidente municipal en el período 2005-2007, fue detenido en 2010 con 3.5 millones de pesos destinados a apoyar la campaña de Sandra Luz Cruz Espinosa, expresidenta municipal y esposa del actual edil, Limberg Gregorio Gutiérrez Gómez.
La hegemonía de Francisco Arturo Sánchez Martínez al frente de los ataques contra el Ejido terminó en 2021, con el salvaje asesinato de Moisés Álvarez Ramírez, un ejidatario con discapacidades físicas que trabajaba en el pueblo como boleador de zapatos. El 19 de enero de ese año, a plena luz del día, Sánchez Martínez golpeó brutalmente a Moisés Álvarez, quien falleció días después a consecuencia de la agresión. Aunque existe una investigación abierta sobre el caso, Sánchez Martínez continúa prófugo.
A partir de ese momento, los líderes visibles cambiaron: los compañeros del Ejido han identificado desde entonces a Adelaida Cruz de Santis Martínez Parcero —regidora del Ayuntamiento— y a su hermano, José Rodrigo Martínez Parcero, ambos funcionarios de la Secretaría de Salud, como los responsables principales de la más reciente ola de violencia en Tila. Más allá del cambio de líderes reconocibles, los ejidatarios reconocen al mismo grupo de interés: “son los mismos, operadores del Ayuntamiento”.
El control de los Martínez Parcero ha coincidido con el más reciente incremento de la violencia contra el Ejido y con la intensificación de la disputa por el territorio entre cárteles del crimen organizado. José Rodrigo ha utilizado las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación para infundir temor entre la población, y los ejidatarios lo reconocen como parte de un grupo delictivo más amplio, comandado por Joaquín Flores, “El Chorizo”, con sede en Yajalón, veinticinco kilómetros al sur de Tila.
El 18 de octubre de 2023, el Ejido Tila denunció el asesinato de cuatro jóvenes —dos de ellos, hijos de ejidatarios— y responsabilizó al grupo de los Martínez Parcero. El 11 de noviembre, ese mismo grupo realizó una incursión dirigida a amenazar directamente a los compañeros ejidatarios: durante la madrugada, incendiaron la vivienda de Gilberto Martínez —excomisariado ejidal—, balearon la casa de un profesor y atacaron con armas de fuego la Casa Ejidal. El Ejido amaneció con una manta con amenazas directas: emplazaban a las autoridades ejidales a dejar el pueblo en un lapso de doce horas. Por primera vez, el grupo armado firmó con el nombre con el que desde entonces se hace llamar: Grupo Karma. Ese mismo día, por la tarde, volvieron a haber detonaciones en la Casa Ejidal, mientras las y los ejidatarios se encontraban en asamblea.
Los grupos aliados al Ayuntamiento han estado ligados al Partido Revolucionario Institucional, al Partido Verde Ecologista de México, a Morena y a grupos paramilitares y de la delincuencia organizada. Más allá de siglas, nombres y colores, el Ejido Tila reconoce una continuidad en los ataques en su contra: son los mismos grupos de interés que por décadas han buscado controlar, por la vía de las armas, la región ch’ol del norte de Chiapas.
Los compañeros ejidatarios, además, han sufrido la aquiescencia de los tres niveles de gobierno; durante años han denunciado ante las autoridades competentes los crímenes perpetrados en su contra, sin recibir ninguna respuesta concreta. Al contrario, en más de una ocasión han observado y denunciado cómo el Ejército mexicano ha actuado en su contra, respondiendo a las solicitudes de los grupos generadores de violencia.
En noviembre pasado, las Fuerzas Armadas acordaron con el Ejido un periodo de patrullajes en Tila, pero no han actuado en ningún sentido contra los líderes criminales señalados por los ejidatarios. La noche del 12 de enero, ninguna autoridad, ningún partido político y ninguna corporación castrense o civil intervino para impedir el asesinato del compañero Carmen López Lugo.
“«Ya lo tenían checado.[…] Era un compañero bastante participativo, cumplido en lo que hacíamos. Era uno de los que de veras ha participado a fondo.» ”
“Nos sentimos tristes”, dicen los compañeros ejidatarios al hablar de su compa Carmen. Para ellos, no existe la menor duda, su compañero murió por defender la tierra, el territorio y la vida: “Ya lo tenían checado. [..] Era un compañero bastante participativo, cumplido en lo que hacíamos. Era uno de los que de veras ha participado a fondo. Y nos sentimos tristes, porque un compañero que lucha, que le echa ganas, siempre es triste su desaparición así”.
Desde el 12 de enero la violencia ha continuado; dos días después, un comerciante fue asesinado, y ha habido balaceras en comunidades pertenecientes al ejido. En medio de este clima, los compañeros que participan en la Asamblea y en el Congreso Nacional Indígena son quienes corren más riesgo: “como defensores del ejido, estamos muy amenazados”.
Como en otras ocasiones, el Ejido Tila ha presentado denuncias ante la Fiscalía del estado de Chiapas, sin recibir respuestas eficaces ni investigaciones que involucren el contexto local. Por eso hacen un llamado a la alerta y a la solidaridad: “tenemos que tocar puertas en todos lados, que estén pendientes, porque la amenaza sigue, viene algo pesado, algo duro”. Aun así, la experiencia de los compañeros ejidatarios los hace permanecer fuertes en su lucha: “Necesitamos que la Asamblea tome su determinación, y necesitamos organizarnos, emplear nuestro pensamiento para organizarnos”. La coyuntura a la que se enfrentan no es menor: el Ejido Tila tiene claro que las agresiones en su contra no son hechos aislados; al contrario, ponen en riesgo su forma de vida y la continuidad histórica de su existencia como pueblos originarios.
Es difícil encontrar los adjetivos para describir con precisión la magnitud y la crueldad de la violencia a la que ha sido sometido el pueblo ch’ol del Ejido Tila: paramilitarismo, narcotráfico y contrainsurgencia son nociones que se difuminan en un clima de guerra generalizado y propiciado por los tres niveles de gobierno, por las Fuerzas Armadas y por prácticamente todos los partidos políticos. Ante esa bruma de violencias, el horizonte del Ejido Tila es claro: seguir defendiendo su territorio, organizándose y ejerciendo su derecho al autogobierno y a la autonomía ejidal en el marco de su libre determinación. En última instancia, su lucha es por la vida; por habitar, con libertad y dignidad, la tierra a la que históricamente pertenecen. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
