I. Elecciones: el punto de cruce

En las democracias contemporáneas, pocas instituciones condensan con tanta nitidez la tensión entre gobernabilidad y gobernanza como las elecciones. En ellas convergen, por un lado, la necesidad de producir gobiernos eficaces —capaces de decidir y ejecutar— y, por otro, la exigencia de que esas decisiones se originen en procesos abiertos, equitativos y confiables.

En las últimas cinco décadas, México ha recorrido un trayecto que va de elecciones funcionales a la estabilidad del régimen —propias de una gobernabilidad con rasgos autoritarios— a elecciones cada vez más complejas, disputadas y reguladas, que expresan una lógica de gobernanza democrática. Este tránsito no ha sido lineal ni ha estado exento de tensiones. Hoy, de hecho, vuelve a ser un terreno en disputa.

No es casual que este debate se registre en Este País, en el marco de su aniversario. La revista nació en 1991, en un momento fundacional de la transición electoral mexicana, apenas unos años después de la creación del Instituto Federal Electoral y de la promulgación de una nueva legislación orientada a dotar de credibilidad a los comicios. A 35 años de distancia, la pregunta ya no es cómo construir instituciones electorales confiables, sino si esas instituciones pueden sostenerse frente a presiones que buscan redefinir su papel.

II. Gobernabilidad y gobernanza: dos lógicas en tensión

La gobernabilidad remite a la capacidad del sistema político para mantener el orden, procesar demandas y tomar decisiones con eficacia. Durante décadas, en México, esa capacidad descansó en un entramado institucional centralizado, con un partido predominante y mecanismos de control político que reducían la incertidumbre electoral.

La gobernanza, en cambio, supone un desplazamiento del poder: de su concentración en el Estado hacia su distribución entre múltiples actores —instituciones autónomas, partidos competitivos y sociedad civil—, bajo reglas que privilegian la transparencia, la inclusión y la rendición de cuentas.

No se trata de una sustitución simple. Gobernabilidad y gobernanza no son dimensiones excluyentes, sino lógicas en tensión permanente. Toda democracia necesita capacidad de decisión, pero también legitimidad en el origen y en el ejercicio de esa decisión.

La gobernanza no se expresa únicamente en el diseño institucional, sino en la capacidad efectiva del sistema político para procesar el conflicto social. En este sentido, las movilizaciones de diversos sectores —productores agrícolas, transportistas, magisterio, madres buscadoras y personal de salud— no constituyen una anomalía, sino una prueba de estrés para la arquitectura democrática.

El problema emerge cuando esas demandas no encuentran cauces de interlocución ni mecanismos eficaces de respuesta. La protesta deja entonces de ser un componente de la gobernanza para convertirse en un síntoma de su debilitamiento, no por la intensidad del conflicto, sino por la insuficiencia de los canales institucionales para procesarlo. En esos casos, la ausencia de gobernanza no elimina el conflicto: lo desplaza hacia la calle y, con ello, reintroduce formas de presión que el propio proceso de democratización había buscado institucionalizar.

En este contexto, las políticas de transferencias monetarias han adquirido un peso creciente como mecanismo de estabilidad. Programas de pensiones, becas y apoyos directos no solo cumplen una función redistributiva, sino que también operan como dispositivos de legitimación inmediata del poder público.

Sin embargo, su eficacia como amortiguadores del conflicto no equivale a la construcción de gobernanza. A diferencia de los mecanismos de interlocución y negociación, las transferencias establecen una relación directa entre el Estado y los beneficiarios, lo que reduce el papel de las mediaciones colectivas. El resultado es una forma de gobernabilidad que puede sostenerse en la entrega de recursos, pero que no necesariamente fortalece la capacidad del sistema para procesar demandas complejas. En otras palabras, atiende los efectos, pero no sustituye ni reconduce los procesos.

Desde una perspectiva conceptual, esta combinación —conflicto social con baja intermediación y compensación mediante transferencias directas— sugiere un desplazamiento en el modo de ejercicio del poder. La tensión entre gobernabilidad y gobernanza deja de expresarse únicamente en las reglas electorales y se traslada también a la gestión cotidiana del conflicto y a la asignación de recursos públicos. Así, la disputa ya no se juega solo en las urnas, sino también en la calle y en el presupuesto.

III. 1977: apertura sin pérdida de control

La reforma político-electoral de 1977 marcó el inicio de la apertura del sistema. Impulsada desde la Secretaría de Gobernación, encabezada por Jesús Reyes Heroles durante el gobierno de José López Portillo, incorporó a fuerzas políticas previamente excluidas y amplió los cauces de representación, sin desmontar los mecanismos fundamentales de control político.

El Estado seguía siendo el organizador y árbitro del proceso electoral. La gobernabilidad se preservaba mediante la incorporación regulada de la disidencia, no a través de la competencia plena.

Sin embargo, la apertura no alteró de inmediato la lógica del sistema. Amplió la representación, pero subordinó la competencia a la estabilidad del régimen. La tensión entre apertura y control quedó así instalada en el corazón del sistema.

IV. La década de 1990: autonomía como condición de confianza

Sería hasta la década de 1990 cuando esa tensión comenzó a resolverse en favor de la autonomía electoral. La creación y el fortalecimiento del árbitro electoral, que culminaron en la ciudadanización plena de 1996, desplazaron el eje de la gobernabilidad del control político hacia la confianza institucional.

Las elecciones dejaron de ser organizadas por el gobierno para ser administradas por una autoridad autónoma. La estabilidad política comenzó a descansar en la credibilidad de los procedimientos, no en la previsibilidad de los resultados.

La gobernanza comenzó a tomar forma precisamente en ese punto: cuando la incertidumbre electoral dejó de ser una amenaza para convertirse en una condición aceptada del juego democrático.

V. Alternancia y pluralidad: gobernar en competencia y con nuevas actoras

La alternancia en el año 2000 confirmó la eficacia de las reglas electorales para permitir la competencia real. A partir de entonces, el problema dejó de ser el acceso al poder y pasó a ser su ejercicio en condiciones de pluralidad.

Congresos sin mayorías automáticas, gobiernos divididos y negociación permanente se convirtieron en rasgos estructurales del sistema. La gobernanza se expandió más allá de las instituciones electorales hacia la interacción entre actores diversos.

En este contexto, la irrupción de las mujeres en la vida pública adquiere una dimensión estructural. La paridad no es únicamente una medida de corrección representativa ni una concesión normativa: es una transformación en la lógica misma del poder.

La transición de una presencia marginal a una participación paritaria ha modificado la composición de los órganos de representación y, también, las formas de deliberación, los temas de la agenda pública y los mecanismos de inclusión. En ese sentido, la paridad es uno de los desarrollos más acabados de la gobernanza democrática en México: amplía la base de legitimidad y redistribuye el poder político.

Sin embargo, la paridad formal no agota el problema. La distancia entre igualdad normativa y ejercicio efectivo del poder —la brecha entre paridad y paridad sustantiva— revela que la gobernanza democrática no se resuelve únicamente en el acceso a los cargos, sino en las condiciones reales en que ese poder se ejerce.

La incorporación de las mujeres ha tensionado las estructuras tradicionales del poder político, pero también ha evidenciado sus resistencias. Así, la paridad se convierte no solo en un logro institucional, sino en un campo de disputa que refleja, con particular claridad, la tensión entre una gobernanza incluyente y formas persistentes de concentración del poder.

La alternancia no cerró el ciclo de reformas, pero sí modificó su sentido: las elecciones dejaron de ser un problema de acceso al poder para convertirse en un problema de ejercicio del poder en condiciones de pluralidad.

VI. Reformar las reglas o reconcentrar el poder: la disputa actual

La reconcentración del poder —hacer más fuerte al gobierno, dotándolo de capacidades de conducción e intervención supuestamente perdidas— ha implicado, desde el inicio, la anulación sistemática de los espacios de participación social vinculados con la administración pública. El primer decreto presidencial, emitido el 14 de febrero de 2019, tuvo precisamente ese propósito: cancelar toda aportación de recursos presupuestales a proyectos de organizaciones sociales. A ello se sumaron la total parálisis del naciente sistema anticorrupción; la desaparición de fideicomisos y fondos públicos en 2020; la cancelación de órganos autónomos en materia de evaluación educativa, transparencia y acceso a la información, competencia económica y telecomunicaciones; así como la reciente eliminación de donatarias reconocidas por sus trabajos de investigación sobre la actuación gubernamental.

Las propuestas recientes de reforma electoral —la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2022 y la impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum en 2026— deben leerse a la luz de esta trayectoria. No son episodios aislados ni meros ajustes administrativos: expresan una disputa de fondo sobre el sentido del arreglo electoral construido en las últimas décadas.

La iniciativa de 2022 planteó una reconfiguración profunda del sistema: reducción de órganos electorales, modificación de los mecanismos de representación y una apuesta por la elección popular de las autoridades electorales. Bajo el argumento de la austeridad, se proponía alterar el equilibrio entre autonomía institucional y control político.

La propuesta de 2026, tras el fracaso de una reforma constitucional más amplia, se ha desplegado en un terreno distinto. Los cambios finalmente discutidos —relativos a la integración de los ayuntamientos y a topes presupuestales para los congresos estatales—, junto con el rechazo a la modificación de la fecha de la revocación de mandato, sugieren que el ciclo de reforma electoral ha encontrado, por ahora, un punto de contención.

Sin embargo, el énfasis en la austeridad, particularmente en lo que respecta a la autoridad electoral —como el Instituto Nacional Electoral—, introduce una variable crítica: la posibilidad de que, sin una reforma estructural, se erosione gradualmente la capacidad operativa del sistema electoral. Es una vía menos visible, pero no necesariamente menos eficaz, de reconfiguración institucional.

A ello se suma un frente aún abierto y de mayor complejidad: la elección judicial. A diferencia de las reformas electorales tradicionales, orientadas a ordenar la competencia política, este nuevo diseño traslada al ámbito electoral decisiones que inciden directamente en la configuración del poder judicial. El desafío ya no es solo garantizar la equidad en la contienda, sino preservar la coherencia del sistema democrático.

Vista en perspectiva, la discusión actual no gira únicamente en torno a la eficiencia o al costo de la democracia. Lo que está en juego es el punto de equilibrio entre dos modelos: uno que privilegia la capacidad de decisión del poder político y otro que apuesta por la autonomía institucional, la dispersión del poder y la complejidad regulatoria como condiciones de legitimidad democrática.

VII. El equilibrio en disputa

A lo largo de casi medio siglo, México construyó un sistema electoral cada vez más complejo para resolver un problema fundamental: cómo transformar el conflicto político en competencia regulada y aceptada. Ese sistema no eliminó las tensiones entre gobernabilidad y gobernanza, pero permitió procesarlas sin romper el orden democrático.

No deja de ser significativo que esta reflexión tenga lugar en el aniversario 35 de Este País. Entre ese momento fundacional y el presente se despliega una trayectoria que no es lineal ni acumulativa, sino marcada por avances, tensiones y repliegues.

La ausencia de una reforma electoral de gran alcance no implica la preservación intacta de ese sistema. A veces, los cambios más profundos no ocurren mediante rediseños explícitos, sino a través de ajustes graduales que modifican las condiciones de operación de las instituciones.

México pasó décadas construyendo elecciones para limitar el poder de manera efectiva. Hoy, el poder se muestra decidido a rediseñarlas. No ha logrado su transformación abierta, sino que ha optado por ejercer presiones que reconfiguran su funcionamiento.

Tal vez por eso, más que en la cima de un proceso de consolidación democrática, el país parece encontrarse —como hace 35 años, aunque por razones distintas— en una zona de inflexión: no en el punto de partida, pero tampoco en una línea ascendente. Vivimos un descenso cuya pendiente está por definirse.Y, como suele ocurrir en la historia política mexicana, las tensiones no desaparecen cuando una reforma fracasa. Simplemente encuentran otro cauce. EP