Consideraciones sobre el “Estado de chueco”

El lenguaje y el Estado de Derecho están intrínsecamente vinculados. Aquí, Tito Garza Onofre se asoma lo que pasa hoy.

Texto de 01/07/20

El lenguaje y el Estado de Derecho están intrínsecamente vinculados. Aquí, Tito Garza Onofre se asoma lo que pasa hoy.

Volver sobre las palabras

Al día de hoy, en México parecería que la diferencia entre “describir” y “prescribir” ha quedado completamente obsoleta. En tiempos en que el discurso prima sobre lo sustancial, en escenarios que celebran el encumbramiento de la forma sobre el fondo, en definitiva, resulta mucho más sencillo decir algo y después comprobarlo, sin emitir un mínimo escrutinio de veracidad y obviando emitir un juicio sobre si lo afirmado es correcto o incorrecto.

Ante el actual panorama que fomenta desconfiar hasta de las nociones más elementales, en el que la sensación de rapidez provoca que la percepción del tiempo fluya frenéticamente entre el exceso de información y el absurdo, no queda la menor duda de que ciertos significados —que se habían construido a lo largo de la historia mexicana reciente— se terminen por desmoronar, confundiendo realidades con ficciones y provocando una absoluta incertidumbre respecto al futuro por construir.

Por eso vale la pena volver sobre las palabras y sus expresiones, asumiéndolas como uno de los acuerdos más elementales para el entendimiento colectivo de las personas, e insistir en que siempre convendrá aclarar y distinguir las mismas para propiciar un mayor compromiso entre individuos. 

De ahí que sea pertinente que, de cara al actual contexto de indeterminación generalizada (en gran medida provocada por una emergencia sanitaria de magnitudes globales), sea conveniente distinguir entre lo posible y lo deseable, pues, en definitiva, no es lo mismo la actividad de alguien que explica cómo es algún fenómeno, frente al que dice cómo debe ser. Es decir, no por el hecho de expresar que algo es inconstitucional, esto inmediatamente significa que vaya en contra de la Constitución; en todo caso, se tendrán que argumentar razones y justificar los motivos por los que una determinada medida atenta contra la salud institucional de todo el sistema jurídico político. 

A diferencia de quien al describir simplemente propone una versión del relato —sin la mínima intención transformadora—, la persona que prescribe pretende el cambio y la modificación de la realidad por medio de la imposición de representaciones del mundo que sean capaces de influir sobre este.

La corrección implícita que conlleva prescribir puede resultar un tanto peligrosa si no se toma en cuenta la naturaleza de dicha actividad.

Dicho en pocas palabras, y quizá con una terminología mucho más sencilla, tal distinción entre describir y prescribir se podría condensar en el refrán popular: “Del plato a la boca se cae la sopa”. O sea, por más que se asevere tal o cual cosa, simple y sencillamente, existe una brecha insorteable al momento que se contrasten enunciados descriptivos o de hecho (“ser”) y normativos (“deber ser”).

De lo que se trata, al final, es de exigir cierta congruencia y contar con determinadas herramientas analíticas para ajustar la realidad entre lo que se dice que se es y lo que se aspira a ser… Lamentablemente, por lo menos bajo los estándares de la presente administración federal, las cosas son mucho más enredadas e imprecisas.

El valor de los dichos

Así, siempre jocoso, socarrón y dicharachero, paciente pero perspicaz para abordar cualquier acontecimiento sobre el que se le pregunte, alegre, madrugador y campechano, el presidente de la República mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a través de sus tradicionales conferencias de prensa matutinas, día tras día, no sólo se encarga de revolucionar el modelo de comunicación política en el país y manejar la agenda pública de la nación, sino que también —y quizá sobre todo— ha minado paulatinamente el valor de sus dichos, como asumiendo que mientras se coopte el discurso en el imaginario colectivo, mientras pueda seguir dominando la narrativa predominante, esto bastará y sobrará para poder gobernar y llevar a cabo su afamada “Cuarta transformación” de la vida pública nacional.

Sin medias tintas, teniendo una opinión sobre absolutamente todo —aunque muchas veces más bien parezca una ocurrencia o un disparate— el titular del Poder Ejecutivo se ha encargado de intrincar sus anhelos con sus acciones, y peor aún, simple y sencillamente ya resulta casi imposible identificar entre qué dice en serio y qué no. 

Menospreciando sus afirmaciones y poniendo en entredicho su investidura, tal parece que las palabras del presidente no tienen las mayores consecuencias, ni determinan e influyen sobre toda una colectividad. Cuando López Obrador vocifera consignas y miente a discreción, olvida que cuenta con el micrófono de mayor resonancia en el país; su irresponsabilidad es manifiesta al abusar del mismo y escudado en ese argumento que afirma que puede decir lo que se le pegue la gana (por el sólo hecho de estar legitimado por más de treinta millones de personas que lo encumbraron en el poder en la elección del 2018).

Y es que, si sus palabras sólo se quedaran allí, si no tuvieran ninguna repercusión más allá de entenderlas como ligeras promesas en tiempos de campaña, focalizadas en ganar adeptos, no habría el mayor problema. Sin embargo, parece que el presidente nunca se olvidó del candidato, y el gobernante difícilmente ha dejado atrás los discursos románticos.

“Hay momentos para recitar poesías y hay momentos para boxear”, escribió Roberto Bolaño para diferenciar períodos y categorizar labores. No se equivoca, pues transformar la realidad resulta algo mucho, pero mucho más complejo que arrancar el aplauso a partir de un discurso.

“De lo que se trata, al final, es de exigir cierta congruencia y contar con determinadas herramientas analíticas para ajustar la realidad entre lo que se dice que se es y lo que se aspira a ser…”

En concreto, respecto al tema del derecho, de la relación que han mantenido el presidente y su administración con las normas jurídicas, con sus reglas y principios y sus operadores, en pocas palabras, es posible decir que ha sido un absoluto vodevil. Un ramillete de absurdos en el que, quizá, la principal nota característica en este aspecto sería la tergiversación y desnaturalización por parte del gobierno de ciertos mínimos que se creían establecidos entre el derecho y la política (como el principio de legalidad), guardando determinados límites en torno a la prudencia, la cordura y la racionalidad que, conforme transcurre el sexenio, se han perdido en aras de preferir una concepción particular de justicia que resulte adecuada para sus propios fines; es decir, que no necesariamente sea justa sino conveniente para el proyecto de la llamada “Cuarta transformación”. Dando a entender que el derecho como tal, en muchas ocasiones, es un obstáculo y, por ende, es mejor desentenderse del mismo.

Y es que la intuición que parece tener AMLO respecto a las graves afectaciones que el PRI y el PAN —los gobiernos neoliberales de otras épocas—, han cometido en perjuicio de la salud democrática e institucional del pueblo mexicano, no se puede traducir en otra cosa más que en un sentimiento de injusticia que a su vez desemboca en actos que quieren reivindicar el tiempo perdido, tomándose todo tipo de atribuciones para desmantelar cualquier fenómeno que no se encuentre en sintonía con su proyecto. 

No obstante, esta concepción sobre el derecho, que encuentra bastante resonancia en el cortoplacismo, en la nula visión integral del sistema y en la urgencia por las definiciones a favor o en contra de una sola persona —no de las instituciones—, quizá tendría ciertas potencialidades siempre y cuando se conociera a profundidad cómo funciona el sistema jurídico y la administración pública, atendiendo a las exigencias formales del mismo y a los juegos que entraña dicho ámbito. Porque ahí, justo ahí, radican las esencias del propio derecho y de la política: en servir como fenómenos unificadores y comunitarios que tienden puentes entre desconocidos más allá de ideologías y proyectos sexenales, estableciendo pautas para el futuro y donde los técnicos y los abogados —los operadores jurídicos en general— faciliten dicha labor antes de obstaculizarla o comprometerla.

Pero es un secreto a voces que al presidente no tiene mucha estima por los abogados o, mejor dicho, cree muchas veces que son quienes integran este colectivo, quienes ponen las principales trabas para que se cumplas sus objetivos.

En México, es evidente que la mala fama que caracteriza a los abogados obedece, en gran medida, a esa premisa que postula a esta profesión como la profesión liberal por excelencia, como un oficio guiado por la avaricia y la arrogancia, donde la empatía por las personas que requieren sus servicios y la diligencia profesional pasa a segundo término frente a las ambiciones por obtener (cueste lo que cueste) un fallo favorable y las exigencias técnicas del sistema. Sin embargo, esta caracterización invisibiliza que, a veces, los impulsos que motivan a las personas a emprender un proceso jurídico —a vincularse con un abogado— no provienen de un instrumento reglado y estructurado, de un catálogo de definiciones normativas o de un proceso reflexivo profundo, sino que, en diversas ocasiones, provienen de un sentimiento de empatía, de solidaridad, de inconformidad con las condiciones en las que compartimos nuestras vidas con los demás. Así de sencillo. Así de simple. Se necesitan abogados no sólo para ordenar las discusiones políticas, para saber decir qué se puede hacer y qué no, para que el gobierno encuentre cauce y la ciudadanía tenga la certeza y la seguridad de que en caso de que se comentan atropellos existan personas que puedan velar por el Estado de Derecho.

Aquí es donde vale la pena rescatar y reflexionar en torno a uno de los dichos exclamados ferviente, reiterada y humorísticamente en cada una de las oportunidades en que López Obrador tiene el micrófono. Así, al emitir un mensaje en el marco de la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2018, el presidente insistió en la necesidad que implica cambiar la relación de su gobierno con las leyes, mencionando:

Vamos a hacer realidad el Estado de Derecho, no habrá “Estado de chueco”. El Estado de Derecho significa independencia, autonomía, respeto de los poderes, se termina la vieja práctica porfirista de que la Constitución se respetaba en la forma para violarse en el fondo. Se termina también la práctica de que el poder de los poderes era el Ejecutivo, y el Legislativo y el Judicial estaban subordinados, eso se acabó y vamos a convertir en realidad el principio de los liberales del siglo XIX, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie.

Tal frase también es posible encontrarla a inicios de este año, cuando la detención del exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya, fue tema en una de sus mañaneras, cuando afirmó:

Hay un auténtico Estado de Derecho, no es como antes que se padecía de un estado de chueco, de cohecho, ahora sí podemos hablar de un estado de derecho, no hay protección para nadie, se castiga por parejo a todo el que comete un delito y lo hacen las autoridades correspondientes y en el marco de la legalidad, que es lo que hace la fiscalía en este caso.

De nueva cuenta, con definiciones a la medida, simplificando hasta el extremo y sin el menor pudor en realizar comparaciones inexistentes (ya no se diga en temas de debido proceso), el titular del Poder Ejecutivo, cada vez que se refiere a cuestiones jurídicas, se ha encargado de crear abismos entre sus palabras y la realidad, convirtiéndose en el principal experto en confundir las descripciones con las prescripciones. 

“El titular del Poder Ejecutivo, cada vez que se refiere a cuestiones jurídicas, se ha encargado de crear abismos entre sus palabras y la realidad, convirtiéndose en el principal experto en confundir las descripciones con las prescripciones.” 

Esta idea del “Estado de chueco” —que ni siquiera es original, pues, como ha escrito Daniel Gershenson, es posible encontrarla en escritos de Gabriel Zaid para referirse a “una forma de entender los motivos por los cuales la Excepción es Regla en infinidad de transacciones sociales realmente sujetas a derecho en otros países, pero que aquí sólo ameritan churriguerescos compromisos discursivos”—, embona a la perfección con esa otra idea que afirma que, quizás, lo único congruente en el sistema jurídico mexicano sea su incongruencia. Y es que, ¿cómo definir un país que fue el primero en el mundo en incorporar los derechos sociales a nivel constitucional (incluso antes que la constitución rusa y la de Weimar) pero en el que hoy en día muchos siguen concibiéndolos como meras aspiraciones, como cartas de buenos deseos?, ¿cómo entender un Estado que incansablemente firma y ratifica cuanto tratado internacional de derechos humanos encuentra a su paso, pero que al mismo tiempo implementa políticas públicas contrarias a los mismos?, ¿cómo presumir ser los creadores de la “Fórmula Otero” y alardearse de que nuestra Suprema Corte de Justicia, durante los últimos años, ha seguido una tendencia progresista en la protección de libertades, mientras los índices de impunidad son más altos que nunca y el acceso a la justicia se encuentra atravesado por un fuerte componente clasista?

Aunque queda claro que gobierno, legisladores, abogados y jueces, en mayor o menor medida, son responsables de un difuso y complejo sistema jurídico en México que propulsa a sus ciudadanos a desentenderse del mismo, o en el peor de los casos a corromperlo, los dichos sobre el “Estado de chueco” de AMLO para referirse al estado de cosas jurídicas en los sexenios anteriores resultan insostenibles e incongruentes.

Tropiezos y derecho

Existen muchas instituciones que no por el hecho de haber sido creadas en otros momentos coyunturales históricos están viciadas. Tal vez la administración lopezobradorista debería darse cuenta del daño que le está causando al país el desplegar un discurso de tales magnitudes, una lógica del borrón y cuenta nueva, que desatiende causas estructurales y se enfoca en consecuencias inmediatas. 

Quizá más importante que cualquier dicho o discurso en relación al Estado de Derecho, no hay que olvidar todos y cada uno de los errores que han ocurrido en el ámbito jurídico en lo que va de este gobierno morenista. Tengo la sospecha de que es posible organizarlos, de forma ascendente, en tres categorías que intento desarrollar a continuación:

1. En el primer peldaño estaría el desprecio por las formas, la simple desatención por cuestiones básicas de procedimiento, pero que, indefectiblemente, deriva en vicios que atañen al fondo; un ejemplo concreto de esto es lo sucedido con la publicación y posterior eliminación de un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF); tal vez un acto menor, sin mayores consecuencias jurídicas, pero a todas luces increíble, pues confunde y deja en la incertidumbre lo ahí establecido.

En ese mismo sentido, está el caso de la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora, otro ejemplo en donde el Presidente no utilizó las facultades que le correspondían para decir algo al respecto, propiciando que el tema se enturbiara al grado de llegar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), porque no se hizo caso a una cuestión mínima que enlista la Constitución, pero que, al mismo tiempo, resulta crucial para su eventual constitucionalidad: conocer las causas graves que el ministro supuestamente le hizo saber a AMLO para que este aceptara su dimisión.

2. En el segundo nivel se podrían colocar aquellos errores causados por la ignorancia en la materia de la técnica jurídica en distintos actos que inevitablemente afectarán derechos de terceros y, por ende, terminarán en tribunales para declararlos sin efectos, evidenciando que en este tipo de cuestiones da igual que el caldo cueste más que las albóndigas; en todo caso, lo importante será lo simbólico y el saber que se están realizando acciones aunque no prosperen en el mediano plazo. Basta con recordar el desenlace en la SCJN que tuvo la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, los bochornosos escándalos con el congelamiento y descongelamiento de cuentas desde la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Santiago Nieto, o cómo olvidar el memorándum para echar abajo la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Todos y cada uno de estos casos denota una falta de técnica y estrategia jurídica. Más bien dejando entrever un ejercicio de prueba y error y que, pase lo que pase, por lo menos se dejará la constancia de que ha existido la voluntad para intentar cambiar el estado de las cosas.  

3. Por último, en la cúspide de esta categorización podría colocarse algo así como las perversidades jurídicas, aquellas artimañas que pocas veces se han visto en la historia jurídica reciente de la administración pública y que tratan de ultrajar cualquier parámetro previamente establecido, destruyendo el camino a seguir para llevar a cabo dichas acciones y aprovechando una coyuntura tan turbia como favorable para quienes gobiernan; piénsese en los acuerdos que desde el Ejecutivo se han emitido durante esta pandemia, desde el penoso decreto de austeridad, pasando por el controvertido y ahora impugnado acuerdo de militarización, hasta llegar al acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), que, en pocas palabras, ha permitido violar los contratos existentes y anular proyectos de interconexión futura de plantas eólicas y solares. Esto es un ejemplo de llevar el derecho a sus límites, de usar trampas para confundir y estudiar más bien las grietas y los quiebres y lagunas de las legislaciones en juego para poder conseguir los propios objetivos a costa de lo que sea —y en medio de una situación de emergencia mundial—. A todas luces, un atropello que debería ejecutarse con mayor diligencia para evitar reveses que —en los tres casos en cuestión— difícilmente prosperarán.

Todo esto que se propone desde una perspectiva analítica puede, tal vez, encontrar una explicación práctica que recae en desatender uno de los cargos más importantes en cualquier administración, que es el de Consejero Jurídico. Porque, ante el trabajo tan turbio y poco refinado en cuestiones jurídicas que abonen al Estado de Derecho, queda en evidencia que el titular de esta dependencia ha preferido no decirle que no a su superior y operar desde la sombra cuestiones que minan principios de transparencia y buen gobierno en las intrincadas relaciones que conlleva el derecho y la política. Así como AMLO decía que el ahora extinto Seguro Popular no era seguro ni popular, quizá vaya siendo hora de aceptar que su Consejero Jurídico no es consejero ni jurídico. 

Para finalizar, bien vale saber que cuando se anhela un gran cambio es mejor un pronóstico más mesurado, ser conscientes de que los avances y transformaciones alcanzadas en los últimos tiempos en parte obedecen al esfuerzo colectivo de ciudadanos de todas las regiones y de todas las clases sociales —no dependen sólo de una fuerza política ni de una sola profesión o disciplina—. Necesitamos instituciones que trasciendan individuos y traspasen sexenios, que resistan de forma paciente situaciones azarosas y continúen construyendo una obra interminable. 

No se trata de que el pesimismo de la razón opaque al optimismo de la voluntad, sino de entender que los grandes cambios conllevan años y estos no se pueden desentender del derecho ni sus instituciones; la verdadera fuerza transformadora indefectiblemente transita por el acatamiento de las reglas.El mayor riesgo que engloba el discurso de la transformación es de índole temporal: cambiar el futuro es fácil cuando no se habla del presente. Cuando se prefiere describir que hacer algo para que esa descripción cambie. Si AMLO aspira realmente a construir un Estado de Derecho, antes que decretarlo y dejar atrás el Estado de Chueco, debería empezar, de una vez por todas, a tomarse en serio sus palabras. Pues no hay que olvidar que el derecho será muchas cosas, pero sobre todo también es lenguaje. EP

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Dulce Olivia 71,
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