Crecí en un Colima que hoy parece de ciencia ficción. Era un estado donde la mayor preocupación de una tarde de fin de semana era saber si alcanzaríamos mesa en las Hamacas del Mayor o si el calor nos daría tregua para caminar por la calle Madero y el Jardín Libertad. Los de mi generación crecimos en la cultura del “Aquí no pasa nada”; no por indiferencia, sino porque realmente no pasaba nada. Las puertas de las casas se quedaban abiertas para que corriera el aire; los vidrios de los autos abajo, para que no se sintiera tanto el inclemente calor al abordarlos; los niños tomábamos la calle como extensión de nuestra sala y la noche era una invitación a salir, no una amenaza de no regresar. La máxima expresión de la violencia se daba afuera de alguna fiesta, en peleas de borrachos que no pasaban a más. 

Hoy, ese Colima es un recuerdo que duele. La Palmera de Sebastián y el Rey Colimán custodian los accesos a un estado y a una ciudad que se desangran, donde las cifras de los homicidios dolosos y las desapariciones han convertido a ese, mi querido terruño, en el epicentro de una tragedia nacional.

El colapso de la seguridad en Colima no fue un evento espontáneo. No despertamos un día con la violencia instalada; ha sido una construcción meticulosa de ineficiencias, complicidades y omisiones que atraviesa décadas. Lo que se vive hoy es la herencia de la negligencia y las culpabilidades no sometidas a escrutinio ni a juicio, que por supuesto tampoco recibieron sanción. También está hecha de silencios frente a los delincuentes adinerados, que tomaban día a día más presencia social, mientras autoridades y ciudadanía miraban a otro lado.

Durante los inicios del declive, al finalizar la última década del siglo pasado y comenzar este, la narrativa oficial insistía en que Colima era una “estación de paso” y no una base de los traficantes de droga, quienes además eran “gente de fuera que no se va a quedar aquí”. Mientras las autoridades se conformaban con esas distinciones semánticas, los grupos delictivos tejían redes en Colima capital, en Tecomán y en el puerto de Manzanillo, la joya de la corona, que terminó siendo nuestra zona de mayor vulnerabilidad.

La ceguera institucional ha sido la constante. Vimos pasar distintas administraciones que compartieron rasgos en común: la negación en las declaraciones, la incompetencia y la complicidad en los hechos. Minimizaron los enfrentamientos llamándolos “casos aislados” y criminalizaron a las víctimas bajo el gastado estigma de “en algo andarían”. Desafortunadamente, cuando la violencia toma carta de naturalidad, no suele hacer distingos. Llegó un momento en el que los políticos también empezaron a ser víctimas. Primero el exgobernador Silverio Cavazos cayó abatido por las balas afuera de su casa —una que jamás habría podido tener ni ahorrando todo el dinero de su sueldo— y luego otro, Fernando Moreno, fue baleado en un restaurante, aunque él no murió, al tiempo, un sobrino suyo sí cayó presa de las balas, a plena luz del día.

Los priistas gobernaron mucho tiempo el estado y tienen una larga cola que se les debió pisar, pero eso no quita el desastre del actual gobierno morenista, mismo que demuestra que a Colima no llegó transformación alguna. El cambio de régimen prometió una evolución que, en materia de seguridad, ha sido una dolorosa continuidad o, peor aún, una profundización del vacío de autoridad. La falta de una estrategia local robusta, inteligente, coordinada y valiente ha dejado a la ciudadanía a merced de una gobernanza criminal que parece tener más control territorial que el propio Estado.

Recientemente, Colima volvió a ser noticia nacional por un hecho que estremece: el asesinato de Eugenia Delgado y Sheila Amezcua Delgado, tía y prima, respectivamente, de Mario Delgado, secretario de Educación Pública y figura política relevante en la autoproclamada “Cuarta transformación”. Como colimense que vivió en el estado cuando aún era un remanso de paz, siento una tristeza profunda y una rabia contenida al imaginar el terror que sintieron las víctimas al escuchar a los delincuentes afuera de su casa, rompiendo la puerta de acceso con un marro, para entrar a ejecutarlas; al saber de sucesos semejantes, que han generado los mismos horrores en muchísimas víctimas de la delincuencia.

Ese crimen mostró el rostro de la vulnerabilidad absoluta. Eran dos mujeres que vivían de su trabajo, eran parte de la comunidad colimense y su muerte es otra herida abierta en el tejido social del estado. Expreso mi más absoluta solidaridad con la familia Delgado y también con cada una de las familias que, sin tener un micrófono frente a ellos, sin tener relevancia política, sin contar con la rápida respuesta de las autoridades, hoy lloran a un desaparecido o a un ejecutado en Colima. 

Lo que ha seguido a ese lamentable suceso es una de las muestras más bajas de la degradación del debate público. En redes sociales y en ciertos sectores de la prensa, ha proliferado una hipótesis tan temeraria como infundada por falta de pruebas: que estos asesinatos fueron una “venganza directa” contra Mario Delgado, cometida por el crimen organizado.

Es necesario ser categóricos: no existe, hasta el momento, una sola evidencia sustentada en hechos, en dictámenes periciales o en indagatorias ministeriales que sustente esa afirmación. En el ambiente tóxico y el debate degradado que se da en las redes sociales, ese tipo de aseveraciones no son de extrañar, pero en los medios de comunicación la vara de medir tiene que ser distinta, porque la irresponsabilidad no puede ni debe calificarse igual en gente que se dice profesional en el ámbito de las noticias. Lanzar esa teoría, sin pruebas, no es ejercer la libertad de informar, es alimentar el morbo político que revictimiza a las fallecidas y a sus familiares y amigos. Al decir que fue una “venganza”, se desplaza el foco de la tragedia humana —la pérdida de dos vidas— hacia una narrativa política. Se reduce a dos mujeres asesinadas a simples piezas de cambio en un conflicto de poder.

Afirmar sin pruebas que el asesinato de las familiares de Mario Delgado fue una “venganza” es ignorar que en Colima mueren ciudadanos todos los días por motivos que van desde el robo con violencia hasta la confusión en el fuego cruzado. Alimentar la tesis de la “venganza política” solo sirve para distraer de la verdadera causa: el Estado ha perdido el monopolio de la fuerza y la justicia.

En ese sentido, las especulaciones solo sirven para que las autoridades se sientan presionadas a dar resultados políticos, en lugar de resultados jurídicos que se traduzcan en sentencias condenatorias para los culpables o, peor aún, para que la opinión pública dicte sentencia social antes de que se inicie una investigación seria.

El problema en Colima es que la violencia se ha democratizado en el peor de los sentidos. No distingue entre barrios populares y zonas residenciales, entre criminales, ciudadanos comunes, políticos y sus familiares. Los homicidios sin aclarar y la desaparición de personas, esa que es un tipo de muerte suspendida que tortura a miles de colimenses, son las pruebas más claras de que todos los órdenes de gobierno, durante muchos años, han fallado en su deber más básico: proteger la vida de sus ciudadanos y castigar a quienes la quitan.

No debemos permitir que la norma sea el miedo. No podemos aceptar que la respuesta de nuestras autoridades locales y federales sea el encogimiento de hombros o la retórica de la “herencia maldita”. Es cierto que el problema se gestó hace muchos años, que han pasado uno y otro sexenio y nada se arregló, pero la responsabilidad de resolverlo es de quienes hoy están al mando.

Colima merece empezar a tener justicia, por la tía y la prima de Mario Delgado, sí, pero también por la exalcaldesa priista del municipio de Cuauhtémoc, Gabriela Mejía Martínez, revictimizada por el fiscal general de Colima, Bryant Alejandro García Ramírez, cuando declaró públicamente que ella, asesinada el pasado 14 de octubre, usó una camioneta y habitó una casa que habían sido propiedad de personas vinculadas al crimen organizado, sin que esos hechos aclararan quién la asesinó y por qué. También se pide justicia por los cientos de jóvenes y adultos muertos sin que se haya procesado y sentenciado a sus homicidas; por todos los que no han regresado a sus casas y por las familias que excavan la tierra buscando respuestas.

En este sentido, habría que recordarle a la gobernadora Indira Vizcaíno que la verdadera solidaridad con las víctimas (sean familiares de figuras públicas o ciudadanos anónimos) no se expresa con mensajes de condolencias en X (antes Twitter), sino con una reingeniería total de la Fiscalía, que hoy se encuentra rebasada y, quizá, infiltrada.

Será porque en distancia, no en cariño, estoy lejos de Colima, y quizá por eso mi mirador pueda ser parcial o incorrecto, pero me gustaría ver a mis paisanos más activos; me gustaría saber que se movilizan más y más y que no solo lo hacen quienes tienen a un familiar o amigo desaparecido o muerto;  quisiera saber que los murmullos en las pláticas entre vecinos, amigos y familiares se transforman en estruendo diario, en clamor potente, para que haya investigaciones y para que estas se conduzcan con rigor técnico y no bajo el dictado de las conveniencias políticas o de la tradicional lenidad de policías y fiscales. Habría que gritar todos los días que ya basta de especulaciones que solo enturbian el camino a la verdad. Los colimenses que recordamos el estado luminoso, tranquilo y seguro que alguna vez fue y los jóvenes que no lo conocieron y que solo han vivido en medio de la violencia y de los pretextos para no controlarla, no podemos conformarnos con menos que la recuperación de la paz.

La memoria de quienes siguen perdidos o la de aquellos que están muertos sin que se haya esclarecido su homicidio, nos obliga a hablar, no a callar. También nos obliga a demandar que el gobierno municipal, estatal y federal deje de ser un espectador de nuestra propia tragedia.

Para profundizar en esta herida abierta, es necesario trascender el sentimiento y observar la frialdad de los datos. La tragedia de Colima no es una percepción; es una anomalía estadística que ha convertido a uno de los estados más pequeños del país en el más peligroso bajo una métrica irrefutable: la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes.

La violencia en Colima ha dejado de ser de “oleadas” para convertirse en un estado de sitio permanente. Mientras que a nivel nacional se habla de una estabilización de los homicidios, en la entidad los números cuentan una historia de abandono institucional, porque los homicidios van al alza. Esa entidad federativa ha encabezado repetidamente el ranking nacional de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes y ha superado con creces los umbrales de lo que organismos internacionales consideran una situación de conflicto armado o epidemia de violencia.

Desde el sexenio de Ignacio Peralta, ese mismo que en los espectaculares de su campaña se presentaba como el más capacitado para encontrar la estrategia definitiva que erradicaría la violencia y la impunidad, hasta la administración actual, que prometió nada más y nada menos que la transformación, el incremento de los homicidios no ha sido lineal, sino exponencial. La transición de gobierno no trajo un cambio de estrategia, sino una parálisis operativa; y en ese tiempo los grupos delictivos se fragmentaron y empezaron a disputar cada calle de la capital, de Villa de Álvarez, de Cuauhtémoc, de Tecomán, de Manzanillo y de todo el estado.

Y hablando de Manzanillo, no se puede entender la sangre derramada en las calles de Colima sin mirar hacia el océano. El puerto es el principal punto de entrada de precursores químicos para drogas sintéticas (fentanilo y metanfetaminas). El control de la aduana y de las terminales portuarias es el objetivo principal de los cárteles hegemónicos y del cártel local, que también quiere tener su tajada del pastel. La ineficiencia de las autoridades federales y locales radica en su incapacidad para blindar al puerto sin asfixiar la economía, porque hoy permite que la “derrama delictiva” se extienda hacia el resto del estado. Así, mientras el puerto rompe récords de movimiento de contenedores, los municipios ven caer sus índices de desarrollo humano debido a la inseguridad.

Si el homicidio tiene datos que escandalizan, la desaparición es lo que desgarra el tejido social de forma silenciosa, pero constante. Colima presenta una de las tasas de desaparición más altas del país, también con relación a su población. Y hay datos que resultan críticos, porque el fenómeno de las desapariciones en la entidad ha mutado. Ya no se trata solo de personas presuntamente vinculadas a actividades ilícitas; hay un incremento alarmante en la desaparición de mujeres y hombres jóvenes y de trabajadores en edad productiva, que se encontraban en el lugar y momento equivocados, simplemente porque por ahí pasaron los delincuentes. Por eso es posible afirmar, sin temor a equivocarse, que la violencia en Colima es una crisis sistémica y no una simple percepción mediática.

Para quienes crecimos mirando entretenidos los volcanes, cuando la tranquilidad era nuestro sello de identidad, ver los datos actuales de homicidios y desaparecidos es un ejercicio de duelo constante. Es verdad que la ineficiencia de los sexenios anteriores creó las condiciones, pero la pasividad de las autoridades actuales está sellando el destino de una generación de colimenses. La esmerada mediocridad, la trabajada incapacidad de quienes antes tuvieron y hoy desempeñan altas responsabilidades en el gobierno de Colima quedan probadas al ver la frialdad de la incidencia delictiva.  

No podemos permitir que el análisis de la violencia se reduzca a una “guerra de narrativas” en la prensa y en las redes sociales. Colima requiere una intervención pública mayor, que entienda que la seguridad no es un tema de imagen política, sino de supervivencia básica. EP

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