La bioética en el país ha evolucionado de manera constante desde sus inicios, con múltiples aportes que han tenido un impacto significativo tanto en el ejercicio de la biomedicina como en los asuntos medioambientales. Las reflexiones y pronunciamientos sobre los derechos humanos han sido una de las conquistas más evidentes. No obstante, la bioética mexicana aún enfrenta varios retos que debe abordar para ejercer una función reflexiva y aplicada más acorde con los grandes problemas nacionales, especialmente en materia de justicia social. La siguiente contribución pretende dar cuenta de ello en dos partes: la primera presenta los avances a partir de algunos hitos históricos, y la segunda expone las falencias frente a los embates al Estado de derecho que presenciamos en la actualidad.

1. Avances de la bioética en México

Antes de 1970, la bioética en México no existía como disciplina formal. En las universidades, especialmente en la Facultad de Medicina de la UNAM, se impartían asignaturas como ética médica o historia y filosofía de la medicina, a cargo de profesores de los colegios de historia y filosofía. Se trataba de un compendio de deontología médica o normas para el correcto ejercicio de la profesión, aplicadas a los principales tópicos de la medicina: el secreto médico, la eutanasia, la mala práctica, la dicotomía médica, los conflictos de interés, entre otros.

No fue sino hasta finales del siglo XX cuando la bioética emergió con un interés creciente en la enseñanza de las ciencias biomédicas. Con aproximadamente veinte años de retraso respecto a su origen, comenzó a importarse el modelo principialista de la bioética. También tuvo gran influencia la conquista del derecho a la asistencia sanitaria, llegada de Norteamérica a través del Patients’ Bill of Rights. La autonomía se consolidó como el principio rector.

A partir de los años noventa, la bioética mexicana inicia de manera sistemática y organizada. Sin duda, figuras como el Dr. Manuel Velasco Suárez y el Dr. Guillermo Soberón fueron clave en este proceso. En el ámbito académico, comienza un florecimiento progresivo: la Universidad Anáhuac publicó la revista Medicina y Ética, en parte vinculada a la revista Medicina e Morale del Instituto Sacre Cuore de Roma, bajo la influencia de la escuela personalista. En 1993, se inaugura la primera maestría en bioética y se celebra el primer congreso de bioética en México

En 1994 surgen otras ofertas académicas en bioética: el Colegio de Nuevo León crea una maestría, al igual que el Centro de Investigación en Bioética en Guadalajara. Posteriormente, el Instituto de Investigaciones en Bioética de Monterrey abre un programa de doctorado. Para el 2000, la UNAM establece la maestría y el doctorado en bioética, mientras que el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de Guadalajara lanzan sus programas de maestría. Así, se introduce de manera explícita la bioética laica y respetuosa del pluralismo moral, que convive con otras posturas de corte clásico o de inspiración religiosa.

Los derechos humanos de primera y segunda generación fueron un eje central en la bioética mexicana, abordados a través de diversos temas, tales como la biología molecular, la ingeniería genética, el pluralismo en la bioética, la autonomía en la relación médico-paciente, el aborto, el SIDA, y el uso de embriones para investigación. También se trataban temas como la pobreza, la ecología y la globalización desde una perspectiva bioética. El enfoque distintivo de la bioética era que, aunque se centraba en estos temas, rara vez tomaba en cuenta la interacción con los contextos o los determinantes sociales de la salud que afectan directamente la posibilidad de ejercer la libertad, un concepto clave en la ética.

En el ámbito institucional, en 1989 el Consejo General de Salud creó un grupo de estudio y un instituto a cargo del Dr. Manuel Velasco. En 1992 se fundó la Comisión Nacional de Bioética, que en el año 2000 adquirió carácter permanente, y en 2005 fue decretada como un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud por la presidencia de la república. En 2003 surgieron las comisiones estatales de bioética. La Conbioética ha desempeñado, desde entonces, una labor creciente de sensibilización, concientización y aplicación en el campo de la bioética, así como en la definición de las políticas públicas que requiere esta disciplina. Destaca la publicación de la Gaceta Conbioética, junto con numerosas obras, videoconferencias y programas educativos. Es especialmente relevante su contribución a la reforma de la Ley General de Salud, en aspectos como el registro, aprobación y seguimiento de los comités de ética clínica y de ética en investigación a nivel nacional, así como la orientación en la organización y funcionamiento de las Comisiones Estatales de Bioética. Su carácter laico y plural permite la inclusión de diversas posturas en la deliberación moral.

Sin duda, la evolución de la bioética en México durante el siglo XX ha sido significativa, y en tiempos recientes ha tenido un impacto relevante a nivel nacional e internacional, especialmente en Latinoamérica. Esta evolución ha posicionado al país como referente en la reflexión y el seguimiento de diversos asuntos bioéticos, que van desde la relación médico-paciente hasta la protección de poblaciones vulnerables y la participación bioética en el diseño de políticas públicas.

2. Asuntos pendientes de la bioética

México es un país de inmensa riqueza, pero marcado por profundas desigualdades. En 2022, se reportó que el 10 % de la población con mayores ingresos mensuales ganaba, en promedio, casi 20 veces más que el 10 % con menores ingresos. El coeficiente de Gini se ubicó en 45.4, reflejando una alta disparidad. Además, más de 46.8 millones de personas viven en condiciones de pobreza económica. Esto significa que el 36 % de la población se ubica por debajo del nivel de subsistencia y alrededor del 7.1 % en condiciones de pobreza extrema.

En 2022, la vulnerabilidad por falta de acceso a los servicios de salud ascendió al 39.1 % de la población, en comparación con el 15.5 % registrado en 2016. Si bien el sistema sanitario mexicano ya era señalado por su fragilidad, caracterizada por la descoordinación, fragmentación y recursos insuficientes, las recientes reformas —como la desaparición del Seguro Popular, la creación del Insabi y posteriormente del IMSS-Bienestar— han agravado la situación. Solo entre 2018 y 2022, la disminución de la cobertura dejó a 30.3 millones de personas más sin acceso a servicios de salud. Esta reducción implicó el racionamiento de servicios, mayores tiempos de espera, menor capacidad de respuesta y escasez de medicamentos.

La insuficiencia de la atención primaria en la medicina pública, sumada al aumento de los tiempos de espera, se refleja en la proliferación de consultorios adyacentes a farmacias. Para las personas de escasos ingresos, las dos respuestas más comunes ante la necesidad de atención en salud son: ‘buscar lo más barato’ o ‘aguantarse’, es decir, no buscar atención. En este contexto, los consultorios se han mantenido como la mejor opción de primer contacto, aunque no siempre ofrecen tratamientos efectivos o imparciales, dados sus vínculos con las farmacias que los patrocinan. Entre 2018 y 2020, el número de personas que acudieron a estos establecimientos aumentó en 1.5 millones.

La escasez de medicamentos se ha convertido en un eje central de la crisis sanitaria reciente en nuestro país. Como parte de las reformas impulsadas, se realizaron varios intentos para mejorar la distribución y el acceso a los fármacos, pero todos resultaron fallidos, provocando uno de los desabastos más severos de la historia reciente. La falta de tratamiento para niños con cáncer se ha convertido en un símbolo doloroso de la crisis sanitaria, sin que hasta la fecha se haya encontrado una solución. La escasez no se limita a tratamientos especializados; también faltan insumos básicos en las instituciones de salud, afectando gravemente a los sectores más vulnerables. Jeringas, torundas, antisépticos y material de curación, esenciales para la atención primaria, han sido insuficientes. Esta situación ha disparado el gasto de bolsillo —aquellos gastos que las familias deben cubrir sacrificando otras necesidades ante la falta de acceso gratuito a la salud—, alcanzando el 41 %, la cifra más alta entre los países de la OCDE.

Otro de los temas más sonados en relación al mal manejo por parte de la autoridad sanitaria tiene que ver con la pandemia por el COVID. Si bien esta produjo estragos a nivel global, poco se ha reflexionado sobre los reportes que han mostrado un exceso de mortalidad superior a 800 mil personas, tal como lo ha informado la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México, ocupando el cuarto lugar mundial en países con muertes por exceso, después de Perú, Bolivia y Ecuador. El gobierno ha subestimado el fracaso en el manejo de la pandemia, con las repercusiones que tuvo sobre las poblaciones más vulnerables.

La bioética ha tocado estos temas, pero de manera general. No se ha pronunciado de manera más crítica, quizás por utilizar métodos verticales que no toman en cuenta los contextos o que no se detienen a afectarse por el sufrimiento de las mayorías; o quizás por el temor a la politización que pueda hacerse de la reflexión o a sufrir represalias. Sin embargo, los datos duros son contundentes, más allá de cualquier afiliación política. La bioética no puede dejar de considerar estas situaciones y pronunciarse al respecto, ya que lesionan cualquier tipo de justicia, incluso la más minimalista.

Un segundo ámbito en el que la bioética mexicana ha hablado poco es en los factores del contexto que perpetúan las desigualdades. Uno de ellos es la ausencia del Estado ante su función rectora. Aunque la ocupación central de Lomnitz es una interpretación del fenómeno desbocado de la violencia en México, sus tesis tienen que ver con el abandono del papel del Estado ante sus deberes primarios, los cuales ha descuidado notablemente. Uno de estos es la provisión y distribución de la salud, lo que ocasiona que la población quede a su suerte en uno de los rubros más sensibles para el bien común. Manteniendo su soberanía, el Estado se ha desprendido de algunos elementos centrales de la administración pública, tales como la adjudicación de justicia. La soberanía se mantiene al centralizar el poder en la Presidencia de la República, así como en la importancia y protagonismo de las fuerzas armadas en la gobernanza, algo sin precedentes en la historia del país. Sin embargo, ha abandonado los rubros en los que le corresponde proveer los mínimos de justicia, como es la atención de la salud. Si bien la seguridad social fue uno de los logros del Estado mexicano en el siglo XX, ha sufrido una serie de embates, tales como el aumento y envejecimiento poblacional, la disminución presupuestal, la ola privatizadora sin control que ha encarecido los servicios médicos, y los manejos erráticos de la administración del sistema de salud, dejando cada vez a más población a su suerte, la cual pasa a ser atendida por la beneficencia pública o se ve obligada a vender sus bienes para pagar atención privada.

Se ha ocasionado lo que Albert Hirschman calificó como salida, voz o apuestas diversificadas. Es decir, aquellas escapatorias que utiliza la población para satisfacer sus necesidades básicas ante el abandono del papel rector del Estado, o un uso selectivo del mismo orientado a incrementar la soberanía y el control, pero no en garantizar derechos universales ni en el empoderamiento de la población. La salida conlleva el abandono de la institución, como cuando las personas optan por atenderse de manera privada debido a la creciente ineficiencia del sistema público. La voz, en cambio, significa tratar de transformar la institución mediante una mayor participación: como los padres de niños con cáncer que se organizan para denunciar el desabasto de medicamentos esenciales para el tratamiento de sus hijos. La diversificación se refiere a las diversas estrategias de supervivencia que las personas ensayan para no quedar en el vacío. Por ejemplo, atenderse en la medicina pública pero pagar los análisis en la privada para acelerar los tiempos, que se ven retrasados por la incapacidad del sistema para atender adecuadamente, o mantener un empleo formal, aunque mal pagado y con malos tratos, pero que garantice que el trabajador no quede sin atención médica ante un problema grave de salud que no podría costear por sí mismo.

Hay otros rubros en los que la bioética podría pronunciarse de manera más aguda, si lo hiciera desde una perspectiva de justicia social, y con un enfoque más crítico y horizontal, como la bioética de intervención o del cuidado. Este tipo de lecturas es sumamente necesario en un país donde, a través de los datos duros, se evidencia un deterioro progresivo en los indicadores de atención de la salud. EP

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