Hacia la justicia social en la regulación del cannabis

Zara Snapp, cofundadora e investigadora del Instituto RIA, y Romina Vásquez, coordinadora del área de Comunicación para la Incidencia de esta asociación civil mexicana, nos brindan una perspectiva sobre la regulación del cannabis basada en los derechos humanos y la justicia social. Este es el primer texto de nuestro dossier mensual #HablemosDeDrogasEstePaís.

Texto de y 21/12/20

Zara Snapp, cofundadora e investigadora del Instituto RIA, y Romina Vásquez, coordinadora del área de Comunicación para la Incidencia de esta asociación civil mexicana, nos brindan una perspectiva sobre la regulación del cannabis basada en los derechos humanos y la justicia social. Este es el primer texto de nuestro dossier mensual #HablemosDeDrogasEstePaís.

Desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró por primera vez la inconstitucionalidad que representa la prohibición del autocultivo de la planta de cannabis en noviembre de 2015, y después de cinco fallos a favor para alcanzar la jurisprudencia en febrero de 2019 que obligó al Congreso de la Unión a regularla, el proceso legislativo sigue. Durante dos largos años, traducidos en numerosos foros de Parlamento Abierto, anteproyectos de dictamen que se alejaban sustancialmente de las exigencias y la evidencia, llegaron más prórrogas que parecen que el proceso será interminable.

El 19 de noviembre de 2020, el Senado aprobó por mayoría legislativa la minuta de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que también reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud (LGS) y del Código Penal Federal (CPF). Después de pasarlo a la Cámara de Diputados a finales de noviembre, de nuevo solicitaron y la SCJN concedió una prórroga hasta el 30 de abril de 2021 para legislar sobre la materia —una vez más—, aplazando la garantía de nuestros derechos humanos.

El siguiente paso consistiría en que las comisiones de Justicia y Salud de la Cámara de Diputados retomen el trabajo legislativo a principios de febrero, integrando las mejoras necesarias para cumplir con las sentencias de la SCJN. Después de su aprobación en Comisiones, se tiene que mandar al Pleno para su votación y después tendría que regresar al Senado de la República para su aprobación final.  La minuta tiene que ser aprobada por las dos Cámaras sin cambios para después obtener la firma del Ejecutivo para su promulgación.

Aunque cada retraso significa más días en los que se pueden violar los derechos humanos de las personas usuarias de cannabis, y donde la justicia social no llega a las comunidades cultivadoras, también sabemos que la minuta impugnada por la Cámara de Senadores no se apega en su totalidad a los criterios establecidos por la Corte, y tampoco protege de manera integral el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

El régimen de control de drogas en México presentará modificaciones, pero son insuficientes: si bien se eleva el gramaje permitido de posesión a 28 gramos, la persona usuaria de cannabis aún corre riesgo de ser detenida y presentada ante el Ministerio Público, lo cual refleja la ausencia de una despenalización efectiva. También se contemplan multas administrativas de hasta $11 mil pesos por portación entre 28 y 200 gramos, y de hasta $25 mil por consumir en el espacio público, medida que discrimina desproporcionadamente a las poblaciones callejeras o que viven situaciones familiares y su residencia no representa un sitio seguro. Por ello, resulta necesario homologar los espacios permitidos para consumo a los ya existentes para tabaco. Asimismo, no eliminar el cannabis ni sus isómeros de la lista del artículo 245 de la LGS (declarado inconstitucional anteriormente por una clasificación incorrecta de la sustancia), ni eliminar el delito de posesión simple del artículo 195 del CPF, significa que tanto la criminalización como la extorsión y abuso por parte de las autoridades podría continuar.

De igual forma, observamos que los mecanismos de protección para comunidades cultivadoras, indígenas y ejidales son escasos, e insistimos en reservar la integración vertical exclusivamente para éstas durante los primeros cinco años, así como aumentar el porcentaje de licencias de cultivo a estos grupos al 80%, con el fin de priorizar su beneficio en la cadena de producción, empezar a reparar el daño causado por la política de prohibición y lograr nivelar la balanza de justicia.

“La reforma a las políticas de drogas, el cambio de paradigma hacia la reducción de riesgos y daños, y la regulación de cannabis con un enfoque de justicia social, pueden aportar a la construcción de paz en México.”

Por otro lado, no podemos obviar las mejoras que han sido incluidas en el dictamen, ya que responden a una intensa presión ejercida por organizaciones, colectivos e integrantes de la sociedad civil. En primer lugar, se lograron eliminar los requisitos de registro ante un padrón o la obtención de un permiso para autocultivo sin fines de comercialización. Se mantienen las tres vías de acceso que no son excluyentes entre sí (autocultivo, asociaciones cannábicas y el mercado regulado). Asimismo, ya no será necesario comprobar la licitud de la semilla ni cumplir las exigentes condiciones de testeo y trazabilidad para la comercialización (aunque lo deja a la discreción del Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis).  Se establecen límites a la cantidad de puntos de comercialización para mayores de edad y se brindará una protección legal a las personas cuidadoras de pacientes de cannabis medicinal. La creación del Instituto se debe mantener para garantizar las acciones afirmativas, regular el mercado adecuadamente e impulsar los beneficios de una regulación con justicia social.

Es fundamental dejar de seguir desperdiciando nuestros recursos policiales, ministeriales, judiciales y penitenciarios en actividades que no dañan a terceros y solo perpetúan la marginación social por medio de castigos injustificados. La regulación del cannabis no va a cambiar las condiciones estructurales en nuestro país, pero sí puede lograr un impacto positivo si regulamos bien. Definitivamente no será la varita mágica que revertirá los niveles de violencia que ya hemos normalizado, sin embargo, sí sería un paso en la dirección correcta. Sí tendrá un efecto en la violencia ejercida por parte del Estado hacia personas usuarias si nos dejan de perseguir y si hay una despenalización efectiva, además de dejar de erradicar cultivos ilegales de cannabis y mejor buscar la integración de esas comunidades al mercado regulado. Las personas usuarias y las comunidades cultivadoras deben ser las primeras en ser beneficiadas por la ley. Esto significa aumentar las acciones afirmativas, quitar barreras al acceso, permitir el autocultivo y la operación de las asociaciones desde el primer día de la publicación de la ley en el Diario Oficial.

En cinco años, después de monitorear, evaluar y participar en la implementación de la ley, queremos demostrar que ha funcionado por medio de diversos indicadores, incluyendo la disminución de la erradicación forzada, el descenso de detenciones arbitrarias y casos de posesión simple, el aumento en las personas, comunidades y empresas que participan en el mercado legal y el porcentaje de las comunidades afectadas que se han visto beneficiados por la ley. La reforma a las políticas de drogas, el cambio de paradigma hacia la reducción de riesgos y daños, y la regulación de cannabis con un enfoque de justicia social, pueden aportar a la construcción de paz en México, pero solo si lo hacemos bien. México está más que listo. EP

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