El 18 de enero del presente año, en la ciudad de Oaxaca, se reunieron diversos actores que de alguna manera están relacionados con diversos aspectos de la investigación, promoción, documentación y descripción de las lenguas originarias de México. El objetivo central de este encuentro fue escuchar diversas voces para trazar una ruta que permita al Gobierno federal, a través de la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología (SECIHTI), implementar políticas y prácticas desde sus respectivos ámbitos, basadas en el conocimiento científico para la mejora de las condiciones no sólo de las lenguas, en abstracto, sino de quienes las hablan; es decir, de las personas. Desde mi perspectiva, lo anterior puede traducirse en la promoción de nuevas legislaciones, o bien, en la reforma o verdadera aplicación de las ya existentes. 

Una de las voces que resonó al unísono fue la que llamaba a cambiar la dirección de la política que tradicionalmente se ha llevado a cabo; es decir, la que principalmente se dirige a los pueblos y hablantes de lenguas indígenas, pero que deja de lado a la gran porción monolingüe hispanohablante. La política -comentaron varios participantes de la mesa en la que participé- debe dirigirse también hacia los hispanohablantes monolingües, debe promover la normalización de escuchar lenguas indígenas en los medios de comunicación, en las oficinas públicas, en las escuelas —sobre todo en aquellas que no forman parte de la Dirección General de Educación Indígena Intercultural y Bilingüe (DGEIIB), institución encargada de implementar programas educativos bilingües en comunidades indígenas—. Es la opinión de muchas personas participantes en ese encuentro que la transmisión de las lenguas indígenas se ve severamente afectada por la discriminación de la que son objeto cuando tienen que salir de sus comunidades. Esta discriminación, vale la pena resaltarlo, se da en las escuelas, en los lugares de trabajo, en la calle; prácticamente, en todos los ámbitos de la vida pública e, incluso, la privada. 

Aunado a la falta de visibilización y representación de las lenguas y sus hablantes en el espacio público, la reproducción de estereotipos folklorizantes, denigrantes o ridiculizantes tan presentes en los medios de comunicación son un factor de legitimación de la burla, el escarnio y, finalmente, la discriminación. Al respecto, una participante comentó que a veces la discriminación hacia las lenguas y las personas que las hablan, se disfraza de chiste o de broma, y eso ha permitido que se normalice discriminarlos. 

Además de visibilizar las lenguas en los espacios públicos y combatir los estereotipos, el reto, pues, parece ser reforzar las legislaciones existentes con respecto al derecho que todas las personas tienen de vivir libres de discriminación; en este caso, por causa de su lengua materna. Sin duda es un reto fuerte: implicaría —fue una idea que se escuchó— sancionar a medios o creadores de contenido que utilicen estos estereotipos denigrantes, como parte de sus plataformas; además, sancionar a instituciones o empresas que no promuevan o, peor aún, desincentiven el uso de las lenguas originarias en los lugares de trabajo. Valdría la pena pensar si es posible aplicar este tipo de sanciones; honestamente, desconozco cómo tendría que funcionar ese mecanismo, pero no me parece imposible. 

Otra idea surgida en estos diálogos, una muy interesante, es que el plan de estudios considere como un derecho de la población general conocer las lenguas y culturas de la región que habitan; es decir, crear una consciencia de que en el territorio, además de español, se habla(n) otra(s), lenguas y, posiblemente, pensar en una asignatura de la lengua y su cultura. Por ejemplo, pensemos en una primaria del municipio de Puebla, donde hay una vasta mayoría de monolingüismo en español pero que coexiste con comunidades nahuablantes históricamente establecidas en esa región. El modelo se podría replicar en las diferentes regiones del país.

Otro reclamo, que me dejó pensando profundamente, fue que se debe promover el uso de las lenguas originarias de México no sólo como lenguas que “transmiten conocimientos ancestrales, o tradicionales…” (que sin duda lo son), sino que debería promoverse su uso como lenguas de transmisión del conocimiento general y científico. Esto, sin duda, tendría un efecto importante en un cambio en la perspectiva folklorizante, paternalista con la que usualmente se tratan, tanto a las lenguas como a las personas; se reconocería el valor del que gradualmente han sido desprovistas por las políticas hispanizantes. Pensando de manera quizá (muy) optimista, esto podría ser el inicio de un cambio en las actitudes negativas que impiden la transmisión intergeneracional de las lenguas originarias.  

La población general tiene derecho a saber esto, y tiene derecho a aprenderlo y apreciarlo. Es posible que si se conjuntan estas medidas —las acciones positivas en las comunidades, el refuerzo o creación de la legislación y la reeducación de la población general hispanohablante— quizá sea posible detener y revertir la dinámica que ha llevado a las personas a abandonar sus lenguas y a dejar de transmitirla a las nuevas generaciones. EP

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