En este texto, Gerardo Álvarez reflexiona sobre el papel de las armas de fuego en el escenario de violencia que impera en México, y se pregunta qué acciones se deben tomar para revertir esta lamentable situación en aras de alcanzar la paz.
Texto de Gerardo Álvarez 04/12/23
En este texto, Gerardo Álvarez reflexiona sobre el papel de las armas de fuego en el escenario de violencia que impera en México, y se pregunta qué acciones se deben tomar para revertir esta lamentable situación en aras de alcanzar la paz.
The gun changed what he was capable of; he meant it to terrorize his uncle and keep him off his property. Priya Satya, Empire of Guns
El tipo de violencia que acontece en un lugar determinado está condicionado por los diferentes artefactos que se encuentran disponibles para ejercerla. Entender esta idea es clave para pensar y para atender la crisis de violencia, inseguridad y violaciones a los derechos humanos que acontece en México por lo menos desde que, en 2007, la administración de Felipe Calderón resolviera militarizar las labores de seguridad pública en distintos territorios del país, iniciando la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
“Del total de los homicidios registrados el año pasado, 22,309 (67 %) fueron cometidos con un arma de fuego.”
Como cada año, en octubre de 2023 el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) publicó las estadísticas de defunciones registradas (EDR) correspondientes al 2022. De acuerdo con dichas cifras, en 2022 fueron cometidos 33,287 homicidios en México, es decir, 25.9 por cada 100,000 habitantes. Si bien el INEGI registró una reducción respecto a la violencia homicida de 2021, no deja de ser un número que debería alarmar a cualquier persona.
Del total de los homicidios registrados el año pasado, 22,309 (67 %) fueron cometidos con un arma de fuego. Observamos, por otro lado, que la prevalencia del homicidio con arma de fuego supera por mucho la segunda causa con más registros: el contacto traumático con arma blanca (9.7 %). Por ello se insiste en que la masiva e indiscriminada disponibilidad de armas de fuego es un factor determinante de la violencia, la inseguridad y la victimización en México.
El porcentaje de homicidios cometidos por disparo de arma de fuego presenta cifras similares en los últimos años: 68.6 % en 2021; 69.6 % en 2020; 70.6 % en 2019; 70.1 % en 2018; y 68.3 % en 2017. Si bien el porcentaje de 2022 es ligeramente más bajo, se deja ver un claro patrón que indica que la proliferación de armas de fuego es uno de los principales problemas de seguridad pública y construcción de paz a resolver en el país.
Y no solo son los homicidios: la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) levantada por el INEGI reportó que, en 2022, de los 14.6 millones de delitos estimados en los que la víctima estuvo presente, los perpetradores portaban un arma de fuego en el 22.8 % de los casos. Estamos hablando de 3.3 millones de delitos que podrían ser clasificados como asaltos, extorsiones, secuestros, lesiones, violaciones, feminicidios, homicidios u otros. Al tratarse la ENVIPE de una encuesta que mide la percepción de la seguridad, no contamos con información pormenorizada y fidedigna sobre el empleo de armas de fuego para la comisión de gran parte de los delitos no letales. Lo relevante de este dato es la importante presencia que tienen las armas de fuego como herramienta para la violencia y el delito en la percepción de la población.
Vemos que tampoco se trata únicamente de un tema de seguridad pública: en las EDR de 2022, el INEGI reportó que, de los 8,239 suicidios registrados, en 474 (5.8 %) se hizo uso de un arma de fuego. Por su parte, en 2022 fueron registradas 786 muertes accidentales provocadas por un arma de fuego: un aproximado de dos casos diarios. De tal forma, el control de las armas de fuego evidentemente también es un asunto de salud pública y protección civil.
“El porcentaje de homicidios cometidos por disparo de arma de fuego presenta cifras similares en los últimos años: 68.6 % en 2021; 69.6 % en 2020; 70.6 % en 2019; 70.1 % en 2018; y 68.3 % en 2017.”
México es un país con una legislación generalmente restrictiva en lo que respecta a este tipo de armas. Solo hay una tienda legal de ellas en el país —propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)—, el trámite para la portación legal es complejo, y la portación irregular y la posesión de aquellas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas son delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Sin embargo, de acuerdo con el último estimado de Small Arms Survey (2017), México ocupa el séptimo lugar del mundo en cantidad de armas de fuego en manos de civiles, con 16,800,000.
La evidencia indica que la violencia en México es un fenómeno que se alimenta de las armas que ingresan a través del tráfico ilícito desde la frontera norte del país. Un estudio de la Universidad de San Diego y del Instituto Igarapé estimó que, en los años 2010, 2011 y 2012, fue traficado anualmente un aproximado de 253,000 armas de fuego a México desde Estados Unidos.
De acuerdo con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), el 65.5 % de las 24,642 armas enviadas por México a dicha autoridad para su rastreo en 2022 provenía de Estados Unidos. En el 18.1 % de los casos, el país de origen fue indeterminado, presumiblemente por la alteración de las marcas y números de serie que permiten el rastreo.
En este entendido, el problema de la amplia disponibilidad de armas de fuego en México claramente es uno binacional y transfronterizo. Al respecto, México ha emprendido pasos en la dirección correcta desde su política exterior para atender dicha dimensión regional e internacional. Algunos ejemplos son: el protagonismo activo en foros internacionales como el Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego de las Naciones Unidas o la Conferencia de los Estados Parte del Tratado sobre el Comercio de Armas; el impulso de la solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el impacto de la industria de las armas en los derechos fundamentales en la región; la inclusión explícita del tráfico de armas en el contenido del Entendimiento Bicentenario de 2021 (y la posterior tipificación de la compra testimonial y del tráfico ilícito como delitos federales en Estados Unidos); o las dos demandas civiles emprendidas en contra de empresas fabricantes y distribuidoras en Massachusetts (Mexico vs. Smith & Wesson et al) y en Arizona (Mexico vs. Diamond Back Shooting Sports et al).
Dichos esfuerzos diplomáticos resultan necesarios y loables, pero son claramente insuficientes para atajar la problemática que México tiene enfrente y que los datos recientes del INEGI nos ayudan a dimensionar. Se requiere, de esta forma, de una política integral de control de armas que incluya registros actualizados y confiables; que establezca mecanismos de coordinación eficaces entre autoridades de seguridad pública, de defensa, de aduanas, de inteligencia financiera, de salud pública y de relaciones exteriores; que promueva la consolidación de autoridades civiles y profesionales especializadas en balística y control de armas; que revise completamente el papel de la SEDENA como principal órgano regulador de las armas de fuego; que contemple mejores y más programas de desarme, desmovilización y reinserción (DDR); y que implemente políticas públicas focalizadas y basadas en evidencia para la reducción de la violencia armada.
“[…] el problema de la amplia disponibilidad de armas de fuego en México claramente es uno binacional y transfronterizo.”
Como bien rescatan Hamo Yeger y Pérez Ricart: “la brecha entre la política exterior activa y la falta de medidas a nivel interno se explica por la resistencia de actores internos y la ausencia de una política de Estado articulada y coherente en torno a las armas a nivel federal”.1 El protagonismo y el activismo de la Cancillería al suscribir tratados, liderar foros en el plano internacional y promover juicios sobre las armas de fuego y su control deberían venir aparejados con la voluntad política de todo el Estado de atender el fenómeno de las armas de fuego como uno de los factores determinantes de la violencia en México.
Un ejemplo claro de la falta de esta política integral es el desempeño de la SEDENA como órgano regulador de las armas de fuego, y como la instancia habilitada por la ley para la fabricación, adquisición, comercialización, exportación e importación de armamento. Los datos sobre el actuar de la SEDENA en asuntos relacionados con las armas (sistema de licencias, decomisos, importaciones, venta al público, Registro Federal de Armas, etc.) resultan incompletos, desactualizados, no muestran información útilmente desagregada o, de plano, no son públicos “por cuestiones de seguridad nacional”.2
El país tiene que empezar a cumplir con todas las obligaciones de control de armas que ha promovido y suscrito a nivel internacional. Existe una oportunidad para que la Cancillería asuma un papel de liderazgo y coordinación, asegurando que el resto de las dependencias de la Administración Pública Federal —sobre todo la SEDENA— reporte su avance en dichos compromisos; y también para promover el intercambio de buenas prácticas de control de armas desde la cooperación internacional y la asistencia técnica de organismos internacionales.
Debido a que la violencia afecta de manera diferenciada a distintos grupos, una política interna para la reducción de las violencias debería prestar especial atención a la manera y los contextos en que dichas violencias son ejercidas. En un informe de 2021, por ejemplo, Intersecta, Data Cívica, Equis Justicia para las Mujeres y el Centro de Estudios Ecuménicos abordaron específicamente el impacto que la disponibilidad de las armas de fuego tiene en las mujeres. En este sentido, un reto importante también será empezar a comprender el papel simbólico y concreto de las armas de fuego como herramienta de los sistemas de opresión y dominación como el patriarcado o el colonialismo, tal como ha señalado Ana Pamela Romero.3
Por supuesto, la posición geográfica de México es una de las principales causas de la masiva e indiscriminada disponibilidad de armas de fuego y de la violencia armada que esta genera. Es verdad que queda mucho por hacer en ese respecto, sobre todo tomando en cuenta que estamos debajo del mercado legal de armas para uso privado más grande del mundo. Pero dicha posición geográfica no puede convertirse en una excusa para la inacción. El Estado mexicano puede y debe hacer más para reducir significativamente la disponibilidad de armas de fuego y municiones con miras a la necesaria disminución de las violencias y la construcción de un México en paz.
“El Estado mexicano puede y debe hacer más para reducir significativamente la disponibilidad de armas de fuego y municiones con miras a la necesaria disminución de las violencias y la construcción de un México en paz.”
La pacificación del país y el cese de las violencias se antojan imposibles sin una adecuada política de Estado en materia de control de armas de fuego, sus partes y municiones. La sociedad civil organizada, la academia e incluso el Gobierno —a través de la Cancillería— ya están comenzando a poner el tema en la agenda pública. Se trata de un diálogo absolutamente necesario para poder comprender a cabalidad la manera en que la violencia opera en México y, de tal forma, reducir sus expresiones. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
