México se encuentra ante una de las mayores olas de atracción de inversión directa de su historia moderna. El nearshoring parecería ser el gran momento que esperábamos para potenciar la capacidad y aprovechar los más de 45 acuerdos comerciales —principalmente el TMEC— con los vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá, ancla fundamental para la integración económica de Norteamérica. Sin embargo, dicho fenómeno también plantea riesgos de los que es necesario hablar, porque la reubicación de inversiones que viene de Asia o Europa del Este requiere de un nuevo y claro diseño de gobernanza que articule un abanico de políticas públicas. El objetivo debe ser garantizar beneficios sostenibles para todo el país. Por ello, es pertinente preguntar: ¿lo estamos aprovechando de la mejor manera?

De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Economía (SE), en el 2022, México recibió cerca de 17 mil millones de dólares en nuevas inversiones directas, de los cuales el 36% corresponden al sector manufacturero, 15% en el sector transporte, 13% en servicios financieros. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Parques Industriales¹ (AMPIP), en el sector manufactura la Inversión Extranjera Directa (IED) que más destaca es la destinada a los sectores automotriz (78%) y al sector electrónico (13%). De acuerdo con cifras de GBM, el 99% de la atracción de inversiones se ha dado, hasta ahora, en 13 estados, de los cuales Nuevo León ha atraído el 50%. Asimismo, Estados Unidos y Canadá son los países que en 2022 aportaron el 52% de la nueva inversión extranjera directa, seguidos por Reino Unido (3.17%), China (2.34%) y Corea del Sur (2.28%) del total de las nuevas inversiones.

Sin embargo, también en 2022, la IED de España cayó 62% respecto del año anterior, y un dato preocupante, según la firma AT Kearney, es el descenso en la inversión total como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que pasó, entre 2018 y 2021, de 22% a 18.9% por disminuciones en sus dos componentes principales: inversión pública (de 3% a 2.7%) e inversión privada (de 19% a 16.2%). Estos resultados provocaron la salida de México del ranking 2023 que mide a los 25 países con mejores condiciones para atraer la IED. Los analistas de AT Kearney afirman que México ha limitado su atractivo potencial para los inversionistas debido, entre otros factores, a la falta de claridad en el manejo del sector energético. Y, en materia de electricidad –insumo esencial para la inversión directa–, las reformas jurídicas y regulatorias en el sector han favorecido la posición en el mercado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, al mismo tiempo, frenado la participación de inversión en energías renovables –aún con contratos establecidos–, no obstante que los costos de generación de las plantas de la CFE duplican en promedio a aquellos de los privados. Esto, por supuesto, ha implicado una mayor litigiosidad en el sector con importantes impactos negativos en la competitividad del país.

Por otro lado, con lentes de corto plazo, la llegada de la IED al país continúa expresando optimismo. Esto se observa en las cifras de crecimiento de los espacios disponibles en los parques industriales. Según la AMPIP, de 2019 a 2022 la ocupación creció 115%, lo que dejó a 2022 con un porcentaje de espacio disponible de apenas el 2.2% a nivel nacional. En 2022, el 65% de la construcción de espacios industriales se concentró solamente en cuatro ciudades: Ciudad de México (20%), Monterrey (19%), Ciudad Juárez (16%) y Tijuana (10%), principalmente en parques industriales privados. Así, la dinámica de los mercados inmobiliarios industriales a la fecha se distribuye en un 40% en el norte del país, seguido del Bajío (30%), y en menor proporción (17%) en el centro del país. La dinámica, en suma, actualmente responde básicamente a las necesidades de las empresas, la disponibilidad de espacios, y dependiendo de su tamaño y relevancia política, a la venia presidencial, para bien y para mal. Veamos dos historias antagónicas.

Tesla: un hito, pero solo con la venia presidencial

Recordemos que en febrero de este año la empresa Tesla y los gobiernos tanto federal como estatal acordaron, en reuniones de carácter privado, la decisión de que una nueva gigaplanta se ubique en Nuevo León para potenciar su capacidad productiva y aprovechar numerosas externalidades positivas. Actualmente, según la consultora Datoz, al menos el 20% de los componentes de un modelo de Tesla se producen en México y existen ya más de cien proveedores del fabricante ubicados en el país. De acuerdo a un análisis de Banco Santander, dicha inversión tendrá una derrama económica anual de 5 mil millones de dólares (mmdd) de los cuales la mitad corresponderá a contenido nacional, distribuido en una proporción de 80/20 entre empresas proveedoras grandes y medianas, respectivamente.

La llegada de Tesla al norte del país claramente sienta buenas expectativas. Pero vayamos más a fondo. La negociación para la inversión fue un proceso político que se mantuvo bajo secrecía hasta que semanas antes de su anuncio formal, el gobernador Samuel García anticipó la decisión, desatando polémica y confusión. Tras el anuncio, el presidente López Obrador solicitó a Tesla reconsiderar la ubicación de la gigaplanta, para llevarla al centro o sureste del país, justificando su preocupación en relación a la escasez de agua que caracteriza a esa región. Posteriormente, y una vez resuelta su preocupación, Tesla y el gobierno federal y estatal anunciaron la inversión definitiva.

Sin embargo, lo que más se evidenció en esta inversión fue la ausencia de una metodología y un esquema institucional sobre el cual las autoridades pudieran tomar mejores decisiones respecto de la localización de inversiones en los territorios subnacionales. Tal fue la incertidumbre que, semanas previas al anuncio oficial, diversos gobernadores comenzaron a manifestar sus intenciones para competir contra Nuevo León, como si se tratara de un concurso de belleza.

Iberdrola: la incapacidad de construir confianza

En las antípodas de las inversiones frescas y bien recibidas por el gobierno se encuentran las inversiones que han incomodado a las autoridades desde que comenzó el sexenio, concretamente con una de las empresas más despreciadas en la retórica oficial y en la práctica regulatoria: Iberdrola. Por increíble que parezca, una de las grandes empresas eléctricas a nivel internacional, el primer grupo energético de España por capitalización bursátil, y la segunda eléctrica más valiosa del mundo –que suministra energía a cerca de 100 millones de personas en más de 15 países– ha sido objeto desde el 2019 de numerosas controversias. Éstas, o bien se han traducido en litigios locales o internacionales –como el arbitraje contra la CFE por el conflicto relacionado con la planta de Topolobambo III, en Sinaloa, cuya construcción finalizó en 2017 y cinco años después sigue pendiente de iniciar operaciones–; o han sido acreedoras a multas multimillonarias –como aquella impuesta por la Comisión Reguladora de Energía en mayo de 2022 por 9.7 mmdp bajo el argumento de fraude a la ley (hoy abrogada) –; o ha sido sujeta a negaciones de permisos para operar, a suspensiones de operación por presuntos incumplimientos de trámites, o de plano, a desaparecer sus figuras legales sin muchas alternativas.

El 4 de abril pasado, Iberdrola notificó a la Bolsa de Valores de Madrid, donde cotiza la matriz del grupo, la venta de 13 plantas de generación eléctrica en México –equivalente al 80% de sus activos en México– por un total de 6 mmdd a un fideicomiso privado que cuenta con participación estatal mexicana. Paralelamente, el presidente López Obrador anunció la operación como una “nacionalización de la industria” y afirmó que las plantas formarán parte del patrimonio público y serán operadas por la CFE.

Sin embargo, esto no es claro, ya que hasta ahora no ha existido una transparencia total sobre las fuentes del financiamiento de la operación, lo que ha generado una alta especulación sobre el nivel de estatización de la operación y, lo más importante, sobre la capacidad que la CFE tendrá de mantener los niveles de eficiencia en la operación de dichas plantas. El gobierno ha afirmado que con esta compra la generación de energía de la CFE aumentaría su participación de mercado y que no implica deuda pública, pero hay dos hechos controvertibles. El primero, tales plantas ya formaban parte de la contabilidad de generación de la CFE al ser activos que operaba Iberdrola bajo contratos de generación exclusiva para la CFE en los términos jurídicos del marco vigente antes de la reforma del 2013; y el segundo, que con la información disponible no es posible evaluar cómo se fondeará la inversión, cuál será su costo de oportunidad, qué consideraciones deberían tener los órganos técnicos del Congreso de la Unión, y qué implicaciones tendrá la operación para el ecosistema de inversión.

Buena gobernanza, una clave para la sostenibilidad del nearshoring

Como podemos observar, el nearshoring presenta, al menos, un punto ciego importante. Lo deseable sería que las inversiones no solo generen retornos positivos financieros en el corto plazo, sino que también que sean sostenibles. Y esto nos lleva a reflexionar en otro tipo de retornos que el país requiere, me refiero a los retornos sociales, ambientales, y éticos. Esto es, que en los procesos los inversionistas y actores interesados, principalmente los ciudadanos, podamos acceder a información confiable, completa y oportuna que permita no solo entender y evaluar las decisiones, sino también participar en los procesos, particularmente aquellos con impactos directos en el medio ambiente y en las comunidades.

Cuando las inversiones se asignan de manera transparente, los ciudadanos y las partes interesadas pueden comprender cómo se toman las decisiones de inversión, cómo se consideran sus intereses y cómo se utilizan los recursos públicos, y tomar decisiones sobre los riesgos y amenazas que se avizoran. Esto podría contribuir también a prevenir la corrupción y el favoritismo que siempre socava la confianza pública. La interferencia política en la asignación de inversiones es una preocupación legítima, ya que puede también generar un uso ineficiente de los recursos públicos. En el caso mencionado sobre la desinversión de Iberdrola, por ejemplo, a la fecha tampoco es claro, por ejemplo, cómo se conformarán las relaciones laborales para la operación de las plantas a cargo de la CFE, habida cuenta de que los costos laborales encarecen en más del doble la generación eléctrica producida por la empresa estatal frente a los costos de las empresas privadas. Así también, ignoramos los riesgos que implicará para el territorio y la población de Nuevo León la planta de Tesla, pues solo contamos con las buenas noticias.

Para evitar la interferencia política y garantizar que las decisiones de inversión se tomen de manera objetiva y transparente, el gobierno mexicano, en sus tres niveles, podría adoptar una variedad de estrategias, propongo tres:

• El desarrollo de criterios de inversión claros que se basen en medidas objetivas como el crecimiento económico, el impacto social y el beneficio público para que las decisiones de inversión se tomen en función del mérito y no de la influencia política.
  
• El establecimiento de organismos independientes que supervisen, transparenten y apoyen en la detección de riesgos y la rendición de cuentas. Estos organismos pueden estar compuestos por un mix de funcionarios, representantes empresariales y expertos o partes interesadas de la región.
  
• La creación de procesos competitivos y de mejora regulatoria a cargo de organismos como la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, por ejemplo, para valorar la conveniencia de establecer reglas claras para procesos de licitación. Esto podría ayudar a garantizar que las decisiones de inversión se basen en la calidad de la propuesta y no en la influencia política.

En resumen, para aprovechar el potencial que presenta el nearshoring y establecer condiciones que garanticen su sostenibilidad, es necesario crear combinaciones de estructuras de gobernanza sólidas con criterios de inversión claros, divulgación completa y clara, mecanismos de supervisión independiente, incorporar mecanismos de consulta y retroalimentación pública, procesos competitivos y órganos de supervisión o auditoría independiente. Pero sobre todo, una visión compartida con objetivos claros para el beneficio del mayor número posible de personas y el cuidado del medio ambiente. EP

1. Organización que agrupa a desarrolladores y administradores de parques industriales en México para promover el desarrollo y crecimiento de la industria de parques industriales en el país y representar los intereses del sector ante organismos gubernamentales y privados. [↩]

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