Monserrat López, de Impunidad Cero, analiza la importancia de generar información con perspectiva de género para entender la violencia que se vive en el país.
Texto de Monserrat López 14/03/22
Monserrat López, de Impunidad Cero, analiza la importancia de generar información con perspectiva de género para entender la violencia que se vive en el país.
A inicios de este año se publicó el documental “Niña sola”, una historia que retrata cómo se vive la violencia de género en el país. Es la historia de Arcelia Verduzco, madre de Cintia Patricia Calderón Verduzco, quien fue asesinada en su propia casa en el 2016, presuntamente, por la ex pareja de Arcelia. El documental retrata cómo escaló la violencia en su relación de pareja, la que pasó de los celos, las humillaciones, el control, los golpes, hasta el probable feminicidio de su hija. Tras casi seis años de lo sucedido, el feminicidio de Cintia aún sigue impune.
La historia de Arcelia es el retrato grabado de la violencia sistémica en México. La violencia de género se da en distintos ámbitos de la vida de las mujeres, como las relaciones de pareja, familiares, escolares o laborales, pero también por parte de las instituciones encargadas de garantizar justicia, reparación y no repetición.
En México 6 de cada 10 mujeres han sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, 44% de ellas han sufrido violencia por parte de su pareja a lo largo de su relación y 78% de las mujeres víctimas de violencia no solicitó apoyo ni presentó una denuncia1. Además, en el país son asesinadas al menos 10 mujeres cada día2 y durante 2019 solo la mitad de los feminicidios reportados tuvieron una sentencia condenatoria3.
Los feminicidios son la mayor expresión de violencia de género, puesto que son el asesinato de una mujer por el hecho de serlo. Sin embargo, en México no podemos conocer la cifra exacta de feminicidios ya que se ha tipificado en distintos momentos y de distintas maneras en los códigos penales locales, lo que afecta en la calidad de los datos que reportan las fiscalías. De acuerdo con estos datos, durante 2021 se registraron al menos mil víctimas de feminicidio (1,006) y 2 mil 747 mujeres víctimas de homicidio doloso2. Esto significa que solo 27% de los asesinatos de mujeres fueron investigados como feminicidios.
Además, aunque los hombres son asesinados en mayor medida que las mujeres, los homicidios de hombres y mujeres no se registran de la misma manera. Los homicidios de hombres tienden a registrarse en mayor proporción como dolosos (intencionales), en relación con los homicidios de mujeres, en los que alrededor de la mitad se catalogan como intencionales4.
De acuerdo con un análisis de ONU mujeres, además de la falta de armonización de los tipos penales, no todas las fiscalías estatales cuentan con protocolos de actuación para la atención de feminicidios y en algunos estados los protocolos están desactualizados. La violencia institucional hacia las mujeres se refleja en la ausencia de información estadística que nos permita comprender el fenómeno de extrema violencia en razón de género, así como en la falta de investigaciones penales bien armadas y con perspectiva de género por parte de las instituciones de procuración de justicia.
La violencia familiar consiste en actos de control o de agresión física, psicológica, patrimonial, económica o contra los derechos reproductivos entre personas que tienen un vínculo familiar, una relación matrimonial o de pareja en el presente, o entre personas que hayan tenido una relación de forma previa.5 Este es el tercer delito por el que más investigaciones inician las fiscalías locales, después de robo y lesiones, y en los últimos siete años los registros de delitos de violencia familiar prácticamente se han duplicado.6
Aunado al incremento en este delito durante la contingencia sanitaria, existe una relación positiva entre la violencia familiar y los homicidios dolosos de mujeres y feminicidios. Es decir, los estados que tienen las tasas más altas de delitos registrados de violencia familiar también presentan las tasas más altas de homicidios de mujeres y feminicidios por cada 100 mil mujeres. Si bien es necesario un análisis más profundo para establecer una causalidad entre estas dos variables, el caso de Arcelia es una muestra de cómo las violencias que viven las mujeres en los ámbitos familiares o de pareja escalan. Detener estas violencias a tiempo puede ser determinante en la vida de las mujeres que experimentan violencia.
Las mujeres víctimas de la violencia están desprotegidas y sin lugares seguros para escapar de su agresor. Los refugios para mujeres, sus hijos e hijas en situación de violencia se encuentran estipulados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), como parte de las acciones y medidas que el Estado establece para proteger a las víctimas de violencia familiar.
Sin embargo, en los últimos años el presupuesto destinado a estos refugios ha disminuido considerablemente, al punto de que en 2022 el “Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos” representa solo el 0.18% del total del presupuesto para la igualdad entre mujeres y hombres, contemplado en el anexo 13.7
Además, hay una ausencia de información estadística que nos permita entender cómo están funcionando los refugios para mujeres. El último censo para conocer el estado de estos centros fue realizado por el INEGI en el 20158. En ese entonces el país contaba únicamente con 83 refugios para las 32 entidades federativas. Los estados con un mayor número de centros fueron Baja California, Chihuahua y el Estado de México, con solo 8 refugios respectivamente. Debido al abandono de estas instituciones y a la contingencia sanitaria, durante la pandemia la Red Nacional de Refugios A.C ha reportado incrementos de 51% en el número de solicitudes de ayuda.
A pesar de que los datos disponibles sobre violencia contra las mujeres son limitados, es posible visualizar patrones sobre la violencia sistémica contra las mujeres que se vive en el país. Esta violencia se refleja en las esferas de la vida más personales y en la violencia institucional que se da por omisiones y falta de investigaciones con perspectiva de género, la falta de información estadística que nos permita entender la violencia que viven las mujeres, así como la ausencia de políticas públicas que cuenten con los recursos necesarios para hacer frente a este problema.
Hasta ahora, con la información disponible sobre violencia, no podemos saber quiénes son las víctimas de los delitos de violencia familiar, sus edades, estados de origen, condición socioeconómica, condición de discapacidad o si son hablantes de alguna lengua indígena. Tampoco tenemos información actualizada sobre las dinámicas de violencia, ya que no se han publicado los resultados de la ENDIREH 2021, ni de la cantidad y calidad de los servicios de refugios para mujeres víctimas de violencia. Es urgente mejorar la información disponible para entender la violencia con perspectiva de género y cómo se relaciona con la crisis de violencia generalizada que vivimos en el país. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
