La construcción de las democracias modernas —democracias constitucionales— pasa, indefectiblemente, por originar entramados institucionales que garanticen su permanencia; además, que generen certidumbre a todas las personas y permitan que todas las personas, con independencia de su proveniencia o deseo, realicen su plan de vida —siempre y cuando sea legal—. El último cuarto del siglo XX y la primera década del XXI estuvieron abocadas a esto. Desde modificaciones constitucionales que reconocieran los avances en materia de derechos de segunda y tercera generación, hasta la creación de organismos y herramientas especializadas que fueran los instrumentos mediante los cuales pudiéramos transitar de derechos de papel a derechos de carne y hueso.

En nuestro país, esto se manifestó en un proceso que denominamos “transición a la democracia”. Comenzó, de acuerdo con sus biógrafos, en 1977 y su final no está acordado; algunos lo asientan en 2000, con la victoria de Vicente Fox —primera derrota del PRI en la contienda a la presidencia de la República—, mientras que otros consideran que el verdadero final llegó hasta el 1 de diciembre de 2018, con la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. 

Dado nuestro contexto actual —uno donde el objetivo ya no es la creación o fortalecimiento de las instituciones o procesos existentes, sino más bien el desmantelamiento o desuso de los mismos—, tiendo a coincidir más con los segundos que con los primeros, y no por las mejores razones. Primero, porque en el sexenio de Fox vino el robustecimiento institucional en materias como la transparencia y los datos personales; en el de Calderón hubo un crecimiento importante y una reforma sustantiva para el Instituto Nacional Electoral. Segundo, porque la situación en la que nos encontramos actualmente deja claro que este proceso de construcción y fortalecimiento institucional está zanjado: ahora, más que conservar o mejorar, estamos ante eventos de debilitamiento, vaciamiento y deconstrucción institucional. En suma: estamos frente a una crisis institucional. 

Esta crisis tiene una particularidad que la agrava: su autor. En otras ocasiones, este tipo de eventualidades habían sido provocadas por una oposición inconforme, por grupos de la sociedad civil con demandas o inconformidades específicas, por el mal actuar de las propias instituciones y quienes las componen o externalidades; hoy esta crisis es obra de la ideología del presidente y su grupo más cercano. Fincados en viejas rencillas y prejuicios añejos, parecen estar obstinados en eliminar, debilitar o someter todo aquello que les parezca neoliberal o bien, que haya sido fundado en el mismo periodo. 

A continuación hago un breve recuento de las múltiples vertientes de esta crisis, todas entrelazadas entre sí. 

No tengo dinero, ni nada que dar: la crisis presupuestal

El dinero es, valga la obviedad, uno de los mecanismos de control más efectivos. En el ejercicio público, también es una de las herramientas de castigo más poderosas y sutiles. Sin tocar una coma de una ley, sin tomarse la molestia de capturar a los integrantes de una dependencia, es posible ahogar una institución a punta de recortes. La desaparición de los fideicomisos —que puso en jaque a las instituciones de educación pública que habían encontrado en este mecanismo una herramienta idónea para cumplir con sus fines—, el recorte a mansalva a órganos constitucionales autónomos independientes —sin considerar las tareas que cumplen y sus compromisos del año en curso— ponen en aprietos a las instituciones y, en últimos términos, a sus usuarios. 

La planeación presupuestal es una tarea delicada: debe estar más allá de las filias y las fobias. Saber cuánto dinero se le otorga a cada institución y para qué cosa, debe atender los fines a cumplir, los datos económicos reales (inflaciones, depresiones, haberes). El mantenimiento de las instituciones —y de casi todo en la vida, dicho sea de paso— atraviesa, necesariamente, por asignar a cada quien el dinero que necesita.  

Fama, dicen que tengo mala fama: la crisis de legitimidad

Además del recorte presupuestal, las instituciones democráticas sortean otro brazo de la crisis: un golpe reputacional. Con poco sustento, o un sustento que “si bien no es falso (en algunos casos), se exagera”, se ha construido una narrativa que envilece a una buena parte de las instituciones del Estado mexicano. Si bien sería ingenuo negar que efectivamente en una buena parte de los recintos del país se detectaron casos de corrupción, de malversación de fondos, de abuso de autoridad o de mera inoperancia, esto tiene que combatirse por la vía institucional. Utilizar los procesos y procedimientos legal y democráticamente establecidos que permitan atajar la impunidad, generar castigos ejemplares y sanear tanto a las instituciones como al sistema de justicia del país, aplicados de forma imparcial y no como un mecanismo de desacreditación para unos pocos, haciendo caso omiso de las irregularidades de otros o, de plano, desestimándolas. 

Esta crisis conlleva, además de un desgaste innecesario de las instituciones asediadas, un daño adicional. La mala reputación que se busca hacer a estas instituciones afecta sus productos. Para el caso de las elecciones, pone en entredicho la legalidad y pulcritud de las mismas; para el caso de las instituciones educativas, demerita el valor del título de sus egresados y los carga de los mismos prejuicios que a su centro de estudios. En suma, debilita la propia labor del Estado, que actúa a través de las mismas. 

Flaco hasta los huesos, vivo en agonía: la crisis de la austeridad

Otra de las crisis, de la que se habla poco, es en la que se encuentran sumidas las propias entidades y dependencias de gobierno a causa de la austeridad. La reducción con machete de los presupuestos y el personal dio como resultado instituciones que hoy no pueden realizar a cabalidad las funciones que les fueron encomendadas. Si bien la intención original —que fue adelgazar al estado de un sobrepeso excesivo, provocado por años de crecimiento sin justificación— era la correcta, la aplicación de las medidas de austeridad que no consideraron necesidades particulares de cada entidad, sus cargas de trabajo, los planes y programas que tenían que ejecutar, han dejado a una administración pública en crisis, que sortea gracias casi que únicamente a la tenacidad, el talento y el compromiso de muchos mexicanos y mexicanas. 

Esto no debería ser así. Una conquista laboral, una garantía de derechos, es también generar condiciones dignas para el servicio público. Elementos básicos como proveer de lugares de trabajo idóneos o instrumentos para realizarlo, son obviedades que hoy, en muchos lugares, se pasaron por alto. Contrario a lo que algunos piensan, el servicio público no se asemeja, ni debería asemejarse a un apostolado lleno de sacrificios, sino a la ejecución de un servicio profesional y profesionalizado, que permita cumplir con cada una de las tareas encomendadas.

En los hechos, esto también tiene repercusiones para todas las personas. Los retrasos, los errores humanos, la mala aplicación de las políticas públicas, en muchos casos, responden no a la incompetencia del personal, sino a las sobrecargas de trabajo a las que están expuestos y que resultan imposibles de cumplir. Así también se configura un círculo perverso: se refuerza el estereotipo de que la administración pública es poco eficiente y, en consecuencia, se justifica su desaparición. Los neoliberales están de fiesta. 

Yo tomo las decisiones, yo escojo las posiciones: la crisis de la gobernanza

También los últimos 40 años presenciaron el fortalecimiento de la gobernanza: ejercicios para incluir una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones en materias clave. Estos culminaron en la creación de marcos normativos que implicaban —en algunos casos, como condición de validez de un procedimiento o criterio— escuchar a las comunidades afectadas/involucradas, realizar consultas y procesos de auscultación pública, entre otros. Decisiones que antes se tomaban de forma vertical y a puerta cerrada, fueron, poco a poco y con mucho esfuerzo de por medio, haciéndose más horizontales y democráticas —no sin sus propios problemas de operación, eso sí—. Hoy, muchos de estos procesos están recordando la máxima porfirista: “acatados, pero no cumplidos”. 
Esta crisis también tiene matices que, hay que decirlo, son autoritarios. En franco desacato a las leyes y reglamentos, se proponen y se imponen perfiles para comandar instituciones de educación pública, órganos constitucionales autónomos y otras entidades de gobierno que no cumplen con los requisitos legales, ni de trayectoria, de conocimiento o de entendimiento de los problemas que tendrán que enfrentar, incluso a pesar del franco rechazo público hacia dichos nombramientos. En otros casos, también violando los principios legales, se opta por dejar vacantes los nombramientos por tiempo indefinido, profundizando así los problemas al interior de dichas instituciones, que deben lidiar con cargas de trabajo adicionales, falta de certidumbre y parálisis en la toma de decisiones.

Enemigos íntimos del cálculo y la norma: la crisis de legalidad

El desprecio por todo aquello que esté institucionalizado comienza por el punto de origen de dichas instituciones: el marco legal. Aunque no somos un país donde el estado de derecho sea muy respetado, ni muy apreciado —ni por los gobernantes, ni por los gobernados— hoy nos encontramos frente a un fenómeno de abierta confrontación y desestimación. Con una argumentación muy cercana a la de la desobediencia civil, que llama a no obedecer las leyes injustas, las autoridades en turno han decidido no acatar la ley en materia energética, presupuestal, de transparencia y un largo etcétera.

Esta crisis de legalidad también tiene otra manifestación: la creencia de la inutilidad de la norma como un mecanismo para provocar cambios y como un testaferro del conservadurismo. A pesar de tener mayorías legislativas, el gobierno ha hecho poco uso de las normas para transformar todo aquello que les parece injusto, más allá de la retórica diaria sobre si las leyes hoy vigentes favorecían a unos privilegiados en detrimento de la mayoría, estas quejas —fundamentadas o no— no han implicado transformaciones legislativas. De igual modo, las veces que han utilizado estos recursos jurídicos, lo han hecho con tal desaseo —como utilizar herramientas jurídicas erróneas o que no son viables para los fines que buscan conseguir— que sus iniciativas son fácilmente detenidas en tribunales, o simplemente mueren. En ese sentido, también podríamos decir que los abogados somos víctimas de esta crisis. 

Dime, quién te dio el derecho: la crisis de derechos humanos

Más allá de la crisis de legalidad, resalto una crisis que me preocupa primordialmente: la de los derechos humanos. Desde siempre, México ha sido un país donde el cumplimiento cabal de las garantías de los derechos humanos no es sencilla; pero hoy, las diversas manifestaciones de la crisis antes descritas, aunado a los efectos de la pandemia, el nulo desarrollo económico y la profunda crisis de seguridad que no ha hecho más que agravarse, han generado un contexto donde los derechos humanos sean una de las principales víctimas. 

Los últimos veinte años han sido cruciales en el avance del reconocimiento de ciertas prerrogativas como derechos humanos: la consideración como parte de la garantía de los derechos humanos la obligación del Estado a rendir cuentas a sus ciudadanos; la intervención del Estado para generar una regulación antimonopólica en los mercados; la generación de condiciones para garantizar un medio ambiente adecuado para el correcto desarrollo de las personas; la aceptación de la diversidad cultural, lingüística y étnica de nuestro país; el reconocimiento a las brechas de género y la implementación de mecanismos para paliar la desigualdad entre hombres y mujeres. Todo esto es el resultado de un proceso lento, gradual, empujado la mayoría de las veces por la sociedad civil y no exento de tensiones y luchas. 

Hoy, la animadversión por todo lo acaecido en las primeras dos décadas del siglo XXI pone en riesgo estos avances en materia de derechos; empezando por la generación de un entramado institucional de salvaguardia y protección que, si bien tiene amplísimas áreas de mejora, contaba ya al menos con un objetivo y una planeación orientados a garantizar estos derechos fundamentales. Estamos tirando el agua del neoliberalismo con el niño de los derechos dentro. 

Termino con un breve apunte: ¿a quién beneficia la crisis institucional? Creo que, si miramos con detenimiento, a las mismas élites que desde siempre han apostado por su desaparición. La eliminación o el debilitamiento de las instituciones es, en últimos términos, el del Estado y en estos tiempos de macrocorporaciones mundiales y de poderes ultrasalvajes, un Estado débil implica dejar en indefensión a millones de personas. Estos tiempos reclaman más Estado, mejor Estado, no menos. EP

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