Recientemente, la situación caótica en la frontera sur de Estados Unidos de América (EUA) se ha visto agudizada con la adopción de una serie de políticas por la administración de Donald Trump: la tolerancia cero, la separación de familias, el despliegue de milicias en la frontera, la dosificación del asilo en los puertos de entrada y una declaración de emergencia nacional tras el cierre del gobierno. Estas medidas no sólo no contuvieron el desesperado flujo de migrantes centroamericanos hacia el norte, incluso lo exacerbaron. A pesar de todo esto, el reciente acuerdo entre México y Estados Unidos puede ser visto como un cambio significativo en la relación bilateral: marca un más profundo nivel de entendimiento entre los dos países y representa un avance importante en la cooperación en materia de seguridad, en particular en el tema de las fronteras. De igual manera, se puede ver que México está tomando en serio la excesivamente porosa frontera sur.

El reciente acuerdo se centra en el compromiso de México a desplegar elementos de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala para reducir la migración ilegal. Trump ha dicho retóricamente que su deseo es que esta migración se reduzca a cero, pero eso es imposible. En realidad, no queda claro cuáles son los objetivos del acuerdo porque no se establecen márgenes específicos de disminución del flujo migratorio, únicamente se menciona que debe reducirse la migración en un plazo de 45 días a partir del acuerdo y, si no se logra, México tratará de implementar un acuerdo de tercer país seguro regional con EUA, para varias naciones de Latinoamérica. Los acuerdos de este tipo implican que la solicitud de asilo forzosamente deba hacerse en el primer país seguro al que se ingresa. En este caso, México sería considerado como tal y el flujo de refugiados hacia la frontera con Estados Unidos ya no sería aceptable. Trump amenaza que, si no se logran los objetivos, podrían aplicarse aranceles, mismos que deberían anunciarse con 90 días de anticipación.

Las acciones que se están tomando tendrán un impacto favorable sobre la situación migratoria en México. Hasta este momento no ha existido control sobre los cientos de miles de centroamericanos que transitan por el país de manera continua. Otro factor positivo es que, aparentemente, Trump está dispuesto a negociar aspectos de la relación bilateral. Si bien todo inició como una amenaza, ésta puede ser interpretada como una táctica de negociación. Trump finalmente ha puesto la pregunta correcta sobre la mesa en cuanto a la necesidad de cooperación con México. Además, la opinión pública, tanto en México como en Estados Unidos, parece tener una visión muy favorable de este cambio de actitud por parte de Trump y del presidente Andrés Manuel López Obrador. El hecho es que no puede manejarse satisfactoriamente la crisis actual sin la plena cooperación entre ambos gobiernos.

En primer lugar, deben subrayarse algunos hechos: la vigilancia de la frontera entre México y Guatemala prácticamente no existe. Durante los últimos 15 años, los dos autores hemos visitado la frontera sur en varias ocasiones y es impresionante lo que ahí sucede. A pesar de que existen lugares oficiales de cruce, casi no se usan; para pasar de Tecún Umán, en Guatemala, a Ciudad Hidalgo, en México, la gente paga $20 pesos o $10 quetzales para atravesar el río Suchiate. Pero si no tienen el dinero pueden pasar caminando, pues el agua les llega a la cintura y la corriente es muy ligera. De Guatemala a México no sólo cruzan personas, también se mueve mucha mercancía, en particular productos agrícolas, así como una fuerte cantidad de drogas.

La frontera sur de México está controlada por el crimen organizado y existen miembros de la pandilla criminal Mara Salvatrucha en ambos lados. En una ocasión, al preguntar a la Policía Federal por qué no han desplegado elementos para hacer frente al problema, la respuesta fue impactante: “Porque nos matarían inmediatamente, es una zona totalmente fuera de control”. Esto ha sido un problema para México por muchas décadas. Aunque Trump ha decidido hacer muy mediático su descontento, no es el primer presidente de EUA que se ha quejado de la situación. El nivel de violencia en la zona es tan alto que la representación mexicana en Tecún Umán tiene que regresar hasta Tapachula todas las noches, pues no hay manera de garantizar su seguridad. Cabe mencionar que una de las principales tareas de ese consulado es repatriar restos humanos a México.

La estrategia del gobierno mexicano, literalmente, ha sido no luchar con el problema en la frontera, sino poner puntos de revisión ubicados lejos de ahí, hacia el interior de Chiapas, en los lugares con mayor flujo de migrantes. México también ha implementado algunos programas para fomentar el desarrollo regional, con el fin de disminuir los niveles de violencia en la zona. Un ejemplo de esto es el Plan Puebla-Panamá, impulsado por el gobierno de Vicente Fox, que no logró absolutamente nada. México está perfectamente consciente del problema desde hace tiempo, no es algo nuevo. Por años, el gobierno federal sostuvo que no había manera de manejar esa frontera porque se encuentra en medio de la selva; un argumento con poca validez porque los migrantes cruzan por Tecún Umán, no por la zona selvática. Si bien México ha incrementado sus esfuerzos para lograr el cumplimiento de la ley en la frontera sur —y ha conseguido una importante disuasión de los flujos migrantes entre 2014 y 2016— ahora tendrá que trabajar más, debido a la avalancha de migrantes en busca de asilo, desatada por la falta de voluntad política del gobierno mexicano y por la incompetencia en las políticas de Trump.

Es obvio que el acuerdo intenta mejorar la situación en ambas fronteras y de cierta forma debilita los argumentos a favor de un muro. Con mayor razón porque, en este momento, los flujos migratorios hacia EUA son mucho más significativos desde Centroamérica que desde México. Sin embargo, a pesar de lo positivo del acuerdo, la delegación mexicana pudo haber obtenido más; básicamente ha prometido que hará el trabajo sucio sin recibir mucho a cambio. Era muy importante que México llegara a la mesa con una serie de demandas concretas, por ejemplo que EUA tomara medidas prácticas para efectivamente abordar el problema con un enfoque de corresponsabilidad. También habrían podido obtenerse más apoyos concretos por parte de EUA, como capacitación y tecnología de punta para el control fronterizo. México tiene ahora toda la responsabilidad de lidiar con el problema y, si somos realistas, no cuenta con los recursos necesarios para hacerlo. Seis mil efectivos de la Guardia Nacional van a ser destinados a controlar los flujos migratorios a lo largo del territorio nacional. Ni siquiera ha entrado en funciones dicho cuerpo policial y ya se ha desviado un número significativo de elementos, para una tarea no contemplada en su plan original. Es evidente que pudo haberse conseguido un mejor acuerdo.

Hace unos meses —cuando los mexicanos aún sentían una mayor simpatía por los migrantes—, Alan Bersin propuso crear una zona segura de asilo cerca de la frontera sur de México, bajo soberanía mexicana y con presencia de agentes de inmigración estadounidenses. Esta instancia no habría tenido facultades policiacas, sino que habría tenido el propósito de adjudicar y procesar casos de migrantes que quisieran pedir asilo en EUA. En el caso de que la solicitud fuera aprobada, el propio gobierno estadounidense pagaría el traslado de esa persona a su territorio.

Este mecanismo reconocía la responsabilidad compartida en el asunto de los migrantes centroamericanos. Aunque en México fue vista como una violación a la soberanía nacional, no existía tal violación: el plan era sólo crear una zona especial perfectamente delimitada y no desplegar elementos estadounidenses por toda la frontera sur. Llama la atención que la presencia controlada de un número limitado de estadounidenses sea vista como una violación a la soberanía y no la entrada indiscriminada de cientos de miles de migrantes por la frontera sur. Si el asunto de la soberanía es políticamente complicado para López Obrador, posiblemente la Agencia para los Refugiados de la ONU u otra organización internacional podría haber desempeñado un papel activo en el asunto. Por su parte, el plan mencionaba que los migrantes que lograran escapar y cruzaran la frontera norte de México para entrar a EUA, serían devueltos a sus respectivos países con recursos estadounidenses. Esto habría servido como un disuasivo, porque si los migrantes hubieran decidido no solicitar asilo en el sur de México, ya no tendría sentido cruzar todo el país para ser automáticamente rechazados en la frontera con EUA. Hoy, después de este parcialmente exitoso acuerdo, se puede afirmar que llevar a cabo aquella propuesta habría sido mucho mejor para México, en particular porque EUA hubiera corrido con todos los gastos.

Hay una interesante lección sobre qué tipo de presidente tiene México ahora. Hace unos meses, López Obrador recibió con los brazos abiertos a los migrantes y defendió públicamente su derecho a cruzar México para llegar a Estados Unidos. Ahora su postura ha cambiado radicalmente. Eso no lo hace inconsistente: más bien muestra que, en ciertos aspectos, es bastante realista; en particular en cuanto tiene que ver con la relación bilateral con Estados Unidos. Parece que López Obrador no quiere pelear con Trump porque sabe que no serviría para nada. Para cerrar el argumento con algo positivo, es factible que la relación entre México y EUA sobreviva a dos presidentes populistas, uno de la derecha y otro de la izquierda, ambos defensores del libre comercio. EP

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