En la revisión del T-MEC programada para el 1 de julio de 2026, el principal riesgo no es un colapso comercial, sino una fragmentación funcional de la integración regional derivada del aumento de los costos operativos, incluso sin incrementos arancelarios. Aunque el presente análisis se centra en México, el desafío es norteamericano: la fragmentación en cualquier eslabón genera costos, retrasos y exclusiones a lo largo de la cadena regional.

Incluso con el T-MEC vigente, un número creciente de operaciones no utiliza el acceso preferencial debido a las reglas de origen, los requisitos de evidencia o los costos de cumplimiento. Este se solicita solo si el ahorro arancelario compensa los costos de documentación, verificación y ajustes; de lo contrario, se paga el arancel de Nación Más Favorecida (NMF).

La diferencia entre la elegibilidad y el uso de preferencias arancelarias es el principal indicador de fragmentación funcional en la integración. En 2024, el 84,1 % de las importaciones de Estados Unidos desde México, el 63.8 % desde Canadá y el 74.9 % en promedio de los socios del T-MEC reclamaron preferencias arancelarias (USITC, 2025b). En una región integrada, un alto número de operaciones sujetas a arancel NMF refleja fricción institucional, aunque en algunos casos resulta racional evitar los costos fijos de cumplimiento si el arancel es bajo o el envío es esporádico.

La fragmentación funcional que ya se observa en el T-MEC es transversal y no se concentra en un solo sector. En automoción, el modelo “justo a tiempo” enfrenta interrupciones o acumulación de inventarios. En el sector agroalimentario, los perecederos sufren pérdida de calidad o rechazo. En semiconductores y electrónica, el alto valor de los insumos y los programas de suministro incrementan las penalizaciones por interrupciones y la demanda de trazabilidad. La fricción sectorial se manifiesta principalmente en los instrumentos de verificación, certificación y evidencia de cumplimiento, más que en los aranceles.

Sector automotriz

En el sector automotriz, las preferencias arancelarias son esenciales porque las cadenas de suministro cruzan la frontera en múltiples ocasiones. Si no se cumplen los requisitos, los aranceles se acumulan y cualquier aumento en el costo de acceso preferencial afecta a la red de proveedores. En 2024, las importaciones estadounidenses de autopartes sumaron 67.4 mil millones de dólares desde México y 16.2 mil millones desde Canadá (USITC, 2025a).

El aumento de los costos de cumplimiento y verificación de las reglas de origen implica un gasto fijo adicional, que suele tener mayor impacto que el arancel, porque modifica los incentivos del acceso preferencial. La industria automotriz ha reportado incrementos de 25 % en personal y tiempo debido a la falta de formatos de certificación uniformes (USTR, 2024a), lo que ha llevado a descartar la aplicación de preferencias en operaciones con márgenes reducidos.

Además, las discrepancias frecuentes incrementan el riesgo contractual y financiero por errores en los requisitos y la documentación. Entre junio de 2021 y el primer trimestre de 2024, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos verificó 652 casos de autopartes, componentes y vehículos de ocasión, por un valor de 48.6 millones de dólares, y detectó 176 discrepancias (27 %). Cuando el margen no cubre el riesgo de ajuste, la preferencia arancelaria pierde relevancia.

El comercio intrarregional ha crecido fuera del canal preferencial, incluso sin una ruptura del tratado. Aumentó la proporción de vehículos sujetos a aranceles al ingresar a Estados Unidos desde Canadá y México: las camionetas ligeras pasaron del 3 % en 2019 al 10 % en 2023; los vehículos de pasajeros provenientes de México, del 0.5 % al 8.2 %; y las autopartes importadas de México, del 9.3 % al 20.5 % entre 2019 y 2023. El valor de vehículos importados con aranceles NMF desde Canadá o México aumentó de 517 millones de dólares en 2019 a 8.9 mil millones en 2023. México concentra más del 80 % del valor de las autopartes con aranceles NMF, con 16.1 mil millones de dólares.

Estos costos de cumplimiento y verificación afectan con mayor intensidad a operaciones pequeñas, intermitentes o con márgenes bajos. La escala permite distribuir los costos fijos de cumplimiento y facilita la defensa legal. Los proveedores medianos y pequeños (Tier 2 y Tier 3) suelen carecer de personal especializado para cumplir con las reglas de origen automotrices del T-MEC (USTR, 2024a). En 2019, había en México 1,948 unidades que fabricaban partes para vehículos, cifra que aumentó a 2,080 en 2025. De estas, el 42.5 % tenía menos de 100 empleados (Secretaría de Economía, 2025).

En un escenario de mayor verificación, como el que se prevé tras la revisión de 2026, las ensambladoras y los proveedores Tier 1 con trazabilidad, equipos de cumplimiento y capacidad legal tienden a beneficiarse. Por el contrario, los proveedores Tier 2, Tier 3 y los exportadores intermitentes enfrentan barreras de entrada derivadas del costo fijo de demostrar origen y cumplimiento, incluso sin cambios arancelarios.

Sector agroalimentario

En el sector agroalimentario, la barrera más frecuente no es el arancel, sino las medidas sanitarias y fitosanitarias, que pueden bloquear las exportaciones incluso cuando los productos cumplen con el resto de los requisitos. Estas medidas incluyen inspección, cuarentena, integridad del producto, cadena de frío y control de plagas y enfermedades, además de documentación como certificados, pruebas, trazabilidad y verificación. De 2019 a 2024, las exportaciones agrícolas de Estados Unidos y México crecieron 9.3 % anual, y las importaciones estadounidenses desde México aumentaron 10 %. En 2024, México representó el 22.8 % de las importaciones agrícolas de Estados Unidos (48,600 millones de dólares) y el 17.1 % de sus exportaciones.

En productos perecederos, los costos de cumplimiento de las medidas fitosanitarias son determinantes. Las demoras y las inspecciones generan pérdidas inmediatas por merma, deterioro de la calidad, penalizaciones y transporte alternativo, y estos costos se trasladan a toda la cadena de suministro. Medidas fitosanitarias más estrictas elevan los costos de inspección y de demora, afectando más el crecimiento del flujo comercial que el margen. Esto impacta sobre todo a productores y exportadores con menor capacidad de certificación y recursos limitados en infraestructura y logística, como laboratorios, sistemas de trazabilidad, empaques y cadena de frío.

Las disputas regulatorias generan presiones adicionales para cumplir con las normativas y aumentan los costos de transacción, sin necesidad de aplicar aranceles. El 20 de diciembre de 2024, un panel del T-MEC determinó que las medidas de México respecto al maíz biotecnológico no cumplían con las obligaciones del acuerdo y carecían de respaldo en evidencia científica (USTR, 2024b). Cuando las controversias técnicas se intensifican, su impacto es tanto operativo como político.

A partir de 2026, con normas sanitarias más estrictas, los exportadores que cuenten con cadena de frío, certificación, trazabilidad y recursos financieros y legales para gestionar rechazos o pausas serán los principales beneficiados. Por el contrario, los productores y empacadores medianos, con logística limitada y márgenes ajustados —en particular en productos perecederos—, enfrentarán mayores dificultades.

Semiconductores

En el sector de semiconductores, la fragmentación funcional se refleja en los requisitos de trazabilidad y certificación vinculados a la seguridad económica. La trazabilidad exige rastrear y registrar el origen, la transformación y los lotes de los componentes, lo que requiere sistemas, auditorías y personal especializado. Este requisito contractual es clave para gestionar riesgos de calidad, propiedad intelectual y continuidad del suministro.

Documentar el origen, el lote y la transformación es crucial en la manufactura electrónica, sobre todo en un contexto de auditorías más estrictas. México y Canadá participan en este sector con circuitos integrados y componentes. En 2024, México intercambió 29,166 millones de dólares en circuitos electrónicos integrados. Tamaulipas importó 1,523 millones de dólares en circuitos y 787 millones en diodos, transistores y semiconductores similares; Reynosa importó 991 millones en circuitos y 753 millones en diodos, transistores y semiconductores similares (Secretaría de Economía, 2025).

En semiconductores y electrónica, los insumos y las capacidades productivas, más que los aranceles regionales, limitan el suministro y la producción. Los costos de trazabilidad benefician a las grandes empresas integradas, al tiempo que aumentan el riesgo de exclusión para proveedores medianos. La transición tecnológica en la industria automotriz incrementa la importancia de los componentes electrónicos. Retrasos o aumentos de costos en estos insumos complican su certificación y afectan las cadenas de producción “justo a tiempo”. En 2024, las importaciones estadounidenses de autopartes en la categoría Electrical & Electric Components ascendieron a 43,9 mil millones de dólares (USITC, 2025a).

Hacia 2026, las exigencias se endurecerán con auditorías más detalladas y criterios de seguridad económica incorporados en los contratos y en su ejecución. Se beneficiarán los proveedores con infraestructura sólida, trazabilidad digital, control de cambios y protección de la propiedad intelectual. En contraste, los proveedores medianos con documentación incompleta o dependencias opacas de insumos extrarregionales enfrentarán riesgos crecientes, como penalidades, rescisión de contratos y exclusión de listas de proveedores.

Empleo manufacturero

En el sector manufacturero, el quiebre funcional opera como una variable de ajuste. El empleo es el resultado de decisiones previas. Cuando aumentan los costos fijos de cumplimiento y el riesgo regulatorio, las cadenas optimizan la producción mediante inversión, contratación y cambios de proveedores. Estos ajustes impactan con rezago en el empleo, las horas trabajadas y la organización del trabajo.

Para mantener la producción, la región debe aumentar la productividad, reorganizarse y, en algunos casos, sustituir mano de obra, ya que el cumplimiento regulatorio es cada vez más costoso. En noviembre de 2025, la producción manufacturera creció 1 %, mientras que el personal ocupado y las horas trabajadas disminuyeron 0.4 % y 0.6 %, respectivamente. El personal no dependiente cayó 0.5 % (INEGI, 2026). Esta dinámica puede atribuirse a factores como la estacionalidad, la adopción tecnológica, cambios organizacionales y mayores costos y riesgos de cumplimiento, pero es factible que también responda a una recomposición sectorial.

A esta situación se suma la discrecionalidad y el riesgo de interrupción derivados de la activación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, que añade costos a nivel de planta. Si se confirma la violación de derechos de libre asociación y negociación colectiva, se suspenden los beneficios comerciales en la instalación afectada. En 2024, varias peticiones, como las relacionadas con Autoliv Steering Wheels (Querétaro) y Goodyear-SLP (San Luis Potosí), se resolvieron antes de la revisión del panel (USITC, 2025b). En una integración gestionada por planta y contrato, la reasignación de pedidos entre México, Canadá y Estados Unidos concentra el costo a nivel local, sin modificar el acuerdo.

El horizonte relevante hacia 2026 es el ciclo de decisiones de inversión y contratación, no las reacciones de corto plazo. A largo plazo, ganan las plantas con cumplimiento laboral y sistemas de evidencia que permiten remediar sin detener la producción. Pierden las instalaciones y los proveedores con alta rotación o deficiente administración, ya que el costo de la remediación y el riesgo de suspensión recaen directamente en ellos.

Profundización del quiebre funcional

La revisión de 2026 puede modificar la participación y la concentración, incluso si el comercio total se mantiene. Tras la revisión, existen tres escenarios: mantener la continuidad con mayores restricciones operativas; realizar revisiones anuales que reduzcan los horizontes de inversión y aumenten la incertidumbre; o una ruptura con una renegociación profunda de reglas y acceso. La diferencia económica entre estas opciones depende no solo de los aranceles, sino también del riesgo regulatorio y de los costos de cumplimiento y verificación.

En 2026, lo fundamental no es únicamente la continuidad del tratado, sino el costo de operar bajo sus condiciones. Una integración que exige mayor verificación, discrecionalidad y múltiples requisitos tiende a centralizar el mercado y a reducir la densidad de los encadenamientos productivos, aunque el volumen total de comercio permanezca igual. Por ello, la revisión será determinante para definir quién podrá mantener los requisitos necesarios para seguir formando parte de América del Norte. EP

Referencias

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
(2026). Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) [Boletín].https://www.inegi.org.mx/

Office of the United States Trade Representative (USTR).
(2024a). USMCA autos report to Congress [Report].
(2024b, December 20). USMCA dispute on Mexico’s biotech corn [Press release].https://ustr.gov/

Secretaría de Economía.
(2025). Data México [Base de datos].https://www.economia.gob.mx/datamexico/

U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service (USDA ERS).
(2025a). USMCA – Mexico: Trade & FDI [Webpage].
(2025b). Agricultural trade highlights [Data file].

El análisis independiente necesita apoyo independiente.

Desde hace más de 30 años, en Este País ofrecemos contenido libre y riguroso.

Ayúdanos a sostenerlo.