Las feministas entre el sí y el no

Ante la constante amenaza del recorte presupuestal a programas contra la violencia de género, Sandra Barba expone algunas de las acciones contradictorias de un gobierno al que parece no importarle la vida de las mujeres, que son la mitad de este país donde hay entre diez y once feminicidios diariamente.

Texto de 03/08/20

Ante la constante amenaza del recorte presupuestal a programas contra la violencia de género, Sandra Barba expone algunas de las acciones contradictorias de un gobierno al que parece no importarle la vida de las mujeres, que son la mitad de este país donde hay entre diez y once feminicidios diariamente.

I.

Dice el gobierno federal que siempre sí. A la mañana siguiente, que mejor no. Dentro de unas horas negará lo último para finalmente decir que sí. Aunque el próximo día anuncie que ninguna decisión es final y se retracte otra vez. ¿De qué se retracta ahora? De lo anterior. A estas alturas, ¿qué fue lo anterior? Quien sabe, pero hay nuevo comunicado, aunque conviene estar al tanto de las palabras matutinas del presidente porque la cosa —¿cuál de todas?— puede cambiar. ¿Cuándo? Ahorita, de un momento a otro, la semana entrante, a fin de mes. Entonces: ¿sí o no? Pues, depende. Pero no hay que descuidar lo que digan y hagan secretarios, consejeros, integrantes, funcionarios, legisladores, miembros y quien vaya pasando, porque nada de eso tiene que coincidir con lo que el presidente diga entre siete y nueve de la mañana, no por completo, quizá en parte pero ¿cuál?

En 153 días lo sabremos bien a bien. Una vez que termine el 2020 y un diligente equipo de ciudadanos haga la cuenta exacta de los recortes, entonces seguiremos con el pendiente porque la pandemia del COVID no termina con el año fiscal y nada impide que, en 2021, se impongan más medidas de austeridad. 

Le ha pasado y le sigue pasando a una larga lista de siglas y acrónimos gubernamentales, y a sus respectivos gremios: el de escritores, teatreros y artistas visuales, el de cineastas, el de investigadores y estudiantes (veintiséis Centros Públicos de Investigación como el Instituto Mora o el Centro de Investigación y Docencia Económicas). Damita, caballero, no se pide su cooperación voluntaria. Si viajáramos juntos en un vagón de metro, el gobierno federal nos estaría bolseando.

Le pasa también a las secretarías e institutos. Quiero pensar que alguna de las computadoras de la Secretaría de Hacienda —la incluyo en las que iban a compartirse entre cuatro personas— resguarda el cálculo de miles de millones de pesos que ahorraremos cuando al fin se desenchufen los refrigeradores, microondas y ventiladores de la Federación, se marchiten los jardines de las dependencias (los jefes recomiendan que usted adopte una planta de escritorio; yo me permito sugerir que elija una de plástico), se restrinja la dotación de sacapuntas, lápices, engrapadoras y plumas por Departamento y el número de veces que cada servidor público puede empujar la palanca del excusado. No me malinterprete: guardo en mi memoria una muestra, no es aleatoria ni representativa, de funcionarios que abusan del poder de la impresión y coincido en que derrochamos litros y kilovatios, pero no dejo de preguntarme por qué sí ahorraremos en “servicios generales, materiales y suministros” y no en compensar las pérdidas de Pemex, que cada día se desploma multimillonariamente.

“Los tijeretazos se oyeron en los programas, institutos y centros dedicados a las mujeres, aunque lo razonable sería interpretar que las 35 Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y los estudios que financia el Inmujeres caben holgadamente dentro de la excepción 38. En realidad, puede que sí y puede que no. Uno nunca sabe.”

Si tuviera que recomendar una lectura para el confinamiento, escogería el decreto de austeridad del 23 de abril. En los tiempos que corren, ni siquiera es seguro que el párrafo inicial de un texto funcione como introducción —yo no confiaría en ello—, porque, según la primera línea del decreto, la principal razón de los recortes es “la crisis mundial del modelo neoliberal”; la pandemia no se menciona sino hasta el tercer inciso. Fuera de ese detalle confuso, el documento es una lectura exageradamente simple, y por eso ocasionó incontables dudas, un montón de conflictos y una de las peores incertidumbres de las que tengo memoria. A la mitad se enlistan treinta y ocho “programas prioritarios” en los que no se suspenden el gasto ni las acciones del gobierno. Excepciones: las fuerzas armadas, la Secretaría de Salud y los proyectos insignia del presidente seguirán gastando lo mismo. Hasta ahí, nos entendemos, aunque el decreto desconfía de mi comprensión lectora y dedica un inciso más (el sexto) a reafirmarlo: estas secretarías “tendrán trato preferencial”. Queda claro, es más, clarísimo. En el último número de la lista de excepciones, en cambio, se lee: 

“38. Defensa de los derechos humanos.” 

¿Qué carajos significa eso? ¿Cuáles programas abarca y cuáles excluye? ¿Por qué el proyecto cultural del Bosque de Chapultepec se menciona por nombre y apellido y los derechos humanos se incluyen al final, como consideración tardía, y de manera imprecisa? ¿Por qué algunas excepciones son rotundas y otras asombrosamente vagas? Después, el decreto deja de serlo (puntos extra por la hibridación de géneros) y se vuelve discurso de templete, promesa de campaña, fragmento de decálogo moral: Fortaleceremos “el blindaje de los programas sociales y proyectos prioritarios”, crearemos “dos millones de empleos”:

“[v]amos a demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis sanitaria, económica o de cualquier otra índole, siempre y cuando no se permita la corrupción, se fortalezcan valores y principios como el humanismo y se gobierne para y con el pueblo.”

La letra chiquita —el último artículo del decreto— dice que la responsabilidad de aplicar todo esto recae en los secretarios de Estado y directores de órganos desconcentrados, organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal mayoritaria. Coinciden los abajofirmantes: Olga Sánchez Cordero, Arturo Herrera Gutiérrez e Irma Eréndira Sandoval.

II.

Los tijeretazos se oyeron en los programas, institutos y centros dedicados a las mujeres, aunque lo razonable sería interpretar que las 35 Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMI), la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y los estudios que financia el Inmujeres caben holgadamente dentro de la excepción 38. En realidad, puede que sí y puede que no. Uno nunca sabe. 

Los titulares de las noticias del 13 de julio corearon que se eliminaba completamente el presupuesto para las AVGM de ocho estados, y parcialmente el de otros dos. El monto era de 37.5 millones de pesos, el equivalente a recoger con el dedo índice las migajas que quedaron en la panera y anunciar a la familia que uno está ahorrando. Los encabezados del 14 de julio informaron que se cancelaba la cancelación. Los del 15 de julio advertían que trece votantes de la Junta de Gobierno de Inmujeres habían aceptado, por mayoría, una reducción de 151 millones de pesos en las partidas de “materiales y suministros, y servicios generales”

Ese solamente es el ir y venir de tres días. A estas alturas existe una maraña de oficios, comunicados, declaraciones, puntos de acuerdo y notificaciones sobre el decreto original. Si se compendiaran, podrían venderse como la exégesis de la palabra de Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿a qué se debe tanta indecisión? ¿Serán errores de los intérpretes que componen el primer círculo presidencial o de los funcionarios que habitan círculos más alejados? ¿Serán recortes que se deciden al tanteo, a prueba y error? ¿O al que se deje se lo lleva la corriente?

Yo tengo la impresión de que todo depende de la capacidad para protestar, movilizar, comunicar, difundir, negociar, cabildear y presionar de los grupos afectados. De una u otra forma hay que volver a acordar con el Ejecutivo y su equipo lo que antes se había acordado en el Presupuesto de Egresos con el Legislativo. 

Uno puede dejar las cosas en el aire, pedir a los demás que esperen un mes, publicar un comunicado esperanzador y patear el balón hacia adelante. Las que no se pueden pausar son las consecuencias. No hay manera de posponer el pago de la luz y el agua y la limpieza y el mantenimiento y la nómina. Con la cuenta bancaria en cero, hay que tomar la decisión —no hay de otra— de frenar proyectos, detenerlos antes de que empiecen a causar gastos. Al otro lado de la línea, Nelsy Ku Chay, vocera de las CAMI, me describe los efectos de que Hacienda haya mantenido el 75% de su presupuesto en un limbo burocrático:

“[Tener] 25%, casi no es nada. Esa cantidad, ¿por cuánto tiempo nos alcanza? Si sumamos y sacamos cuentas podemos cubrir como dos meses de actividad. Si lo ampliamos a diciembre, obviamente tendríamos que recortar personal. Varias CAMI recortaron personal, recortaron su equipo, nada más quedaron las coordinaciones o las [mujeres] que directamente dan atención.”

Le pregunto a Nelsy si alguna tuvo que cerrar por el recorte. “Una nada más, una de Guerrero.” Muy pronto volvieron a abrir porque “las usuarias ya las conocen”; aunque la CAMI esté cerrada, las llaman o las buscan en sus domicilios personales. 

Las buscan porque son las únicas que están ahí mismo, en las comunidades, intentando garantizar el derecho a una vida libre de violencia y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas. En las CAMI trabajan parteras tradicionales que reciben a las embarazadas, hay refugios para las que son víctimas de violencia en casa. Ayudan a prevenir los embarazos de las adolescentes con información sobre métodos anticonceptivos. Educan a los jóvenes en “la cultura de la paz, de los buenos tratos” para prevenir el machismo violento en el noviazgo. Acompañan a las mujeres a presentar sus denuncias y traducen todo lo que pueden, porque los funcionarios sólo hablan español y no les entienden, por ejemplo, en los ministerios públicos. 

Como si esto no implicara trabajo de sobra, han sido ellas —afectadas por la incertidumbre y los recortes— y no el gobierno federal —responsable de ambos— quienes buscan reuniones, envían oficios, activan su red, consiguen el apoyo de organizaciones afines (como EQUIS Justicia para las Mujeres, la Red Nacional de Refugios y Amnistía Internacional) y publican comunicados para recuperar la totalidad del presupuesto. “Ya es doble o triple chamba”, le digo a Nelsy, “además del trabajo en las CAMI, y en sus propias casas, hacen la chamba de negociar con el gobierno”. Se ríe y asiente. Así han estado los últimos tres meses, desde abril:

“Había mucha frustración, mucho enojo. Que nos digan que nada más tenemos un 25% es casi como una ofensa a lo que nosotras estamos haciendo, al compromiso, al trabajo voluntario que hacemos cada año. Como que no se reconoce, no es visto, no es valorado como una cuestión laboral.”

Su respuesta me recordó la cobertura minuciosa y exhaustiva de Itxaro Arteta en Animal Político: Las mujeres que trabajan en la CAMI La Paloma–Ju Wokkow de Navojoa, Sonora, apenas cobran, en estas circunstancias, mil ochocientos pesos al mes, y las que pertenecen a la Casa Nääxwiin, del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, no han percibido un sueldo en estos meses. Otra feminista, en una conversación personal, me señaló lo siguiente: el Estado, quien debe garantizar los derechos laborales de las mujeres, es el primero que los viola. 

Encima, Nelsy cree que si no se hubieran movilizado, jamás habrían obtenido el 25% que hoy tienen. A sus pronunciamientos, escritos y acciones respondieron “varias diputadas honorables” de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. Sin embargo, aceptar una cuarta parte del dinero no fue fácil:

“Las compañeras habíamos dicho que no íbamos a recibir ese recurso. Varias CAMI decían: No lo vamos a aceptar. Vamos a mantenernos. Hasta que nos aprueben el 100% aceptamos. Y nos mantuvimos así. Pero ya después dijimos que cada una lo revisara con su grupo, que cada quien tome la decisión que cree pertinente. También nosotras analizábamos, con nuestras asesoras, cuáles eran las implicaciones ante Hacienda, cómo iba a estar el convenio. Porque Hacienda o Gobernación podían decir: ya las apoyamos con una cantidad, aceptaron y hasta ahí llegó.” 

El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que reparte el dinero de Hacienda, escucha a las mujeres de las CAMI, “tiene apertura al diálogo”, pero no se compromete —no puede hacerlo— a conseguir todo el dinero. Ninguna de ellas sabe con certeza en qué terminará el asunto. Se la pasan al tanto de las noticias:

“De repente nos enteramos de algo o se publica una cosa relacionada con los pueblos indígenas o con las mujeres, y pensamos: ¿Y las CAMI donde quedaron?”

Hace dos semanas recibieron una noticia más: se les entregará otro 25%. Nelsy aclara que hubo una confusión en los medios de comunicación. Todavía no tienen ese dinero: no pueden empezar a gastarlo, no se han hecho las transferencias. Les dijeron que lo tendrán en agosto. Otra vez hay que esperar.  Pero, ¿qué hay del otro 50%? 

““Ya es doble o triple chamba”, le digo a Nelsy, “además del trabajo en las CAMI, y en sus propias casas, hacen la chamba de negociar con el gobierno”. Se ríe y asiente. Así han estado los últimos tres meses, desde abril.”

Estoy por terminar la entrevista. En medio de la incertidumbre que naturalmente ocasiona la pandemia y la que indebidamente causa el gobierno federal, a Nelsy no le quedan más respuestas, únicamente preguntas:

¿Quién tiene la decisión final para que un programa cierre y un anexo se quede sin cumplir? Entonces, ¿en manos de quién está? ¿De Hacienda? ¿Del presidente de la República? 

El gas de la retórica se disipa y los gobernantes al fin se muestran como son: la responsabilidad es una papa caliente y ellos, jugadores de primera liga. EP

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