El 5 de febrero de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un paquete de reformas a la Constitución sumamente ambicioso, que transformaba por completo varios de los aspectos torales del Estado mexicano; era como rehacer la Constitución sin convocar a un constituyente. Entre las reformas propuestas se encontraba una que implicaba una modificación estructural al Poder Judicial y abría una nueva era en la impartición de justicia.

En ese momento, las reformas eran aspiracionales: el presidente y Morena no tenían la mayoría necesaria para hacer cambios constitucionales. Sin embargo, impulsaron lo que se conoció como el “Plan C”: obtener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión —334 diputaciones y 86 senadurías—, para lo cual se estimó que se necesitarían 36 millones de votos en las elecciones de ese año.

A pesar de que el Plan C parecía toda una hazaña, llegó el 2 de junio, fecha señalada para acudir a las urnas a votar por la presidencia de la República y el nuevo Congreso de la Unión, entre otros cargos. Aunque la oposición albergaba esperanzas de recuperar parte del terreno perdido durante los últimos seis años —y, al menos, repetir los resultados de 2021—, Morena y sus aliados obtuvieron una votación histórica, suficiente para conseguir una mayoría abrumadora en la Cámara de Diputados y quedar a tan solo tres escaños de la mayoría calificada en el Senado.

El resultado dio un fuerte impulso al paquete de reformas constitucionales. La prioridad fue la reforma al Poder Judicial. De inmediato, el gobierno y el Congreso comenzaron a trabajar en ella: organizaron foros de análisis, asambleas informativas y, eventualmente, el Legislativo dictaminó la propuesta enviada por el presidente desde febrero.

Una vez instalada la nueva legislatura, el 1 de septiembre, y aún durante el sexenio de López Obrador, la Cámara de Diputados aprobó apresuradamente la reforma al Poder Judicial —sin cambiarle ni una coma— el 4 de septiembre. Fue votada y aprobada en el Pleno de San Lázaro con el respaldo de todos los diputados de Morena y sus aliados, frente al rechazo de la oposición.

En el Senado, el panorama se complicó: Morena y sus aliados no contaban con los votos necesarios para aprobar una reforma constitucional, por lo que se requirió negociar para alcanzar los ochenta y seis votos necesarios. Finalmente, con el voto de un senador de oposición y tras un acalorado debate, el 11 de septiembre se aprobó la reforma. Lo siguiente fue el turno de los congresos locales. El camino ya estaba allanado, y en unas cuantas horas cerca de veinte congresos locales aprobaron la reforma. El 15 de septiembre fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.

¿En qué consistió la reforma?

La reforma constitucional aprobada implica una transformación profunda del Poder Judicial y de la justicia mexicana. Algunos de los puntos principales son:

– La Suprema Corte de Justicia de la Nación pasará de once a nueve integrantes. Las Salas, que resolvían gran parte de los asuntos, desaparecen, y ahora todos los casos serán resueltos por el Pleno. La votación calificada para ciertos asuntos será de seis votos, no ocho como antes.

– El Consejo de la Judicatura desaparece. En su lugar, se crean dos órganos encargados de la supervisión y administración de la judicatura en su totalidad: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración, encargado de manejar los recursos del Poder Judicial y de llevar a cabo las adscripciones de juzgadores.

– Toda la judicatura será electa mediante voto popular: los nueve ministros de la Suprema Corte, las cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina, todas las magistraturas electorales (Sala Superior y Regionales), así como las de circuito, apelación y juzgados de distrito y especializados en diversas materias. Entre 2025 y 2027 se renovarán mediante elecciones todos estos cargos, y posteriormente habrá elecciones judiciales periódicas.

– Desaparece la Sala Regional Especializada en justicia electoral; sus funciones y procedimientos, de alta recurrencia durante las jornadas electorales, serán asumidos por la Sala Superior.

– Se crean los denominados “jueces sin rostro” para casos vinculados con el crimen organizado.

Más allá del contenido, queda claro que el objetivo de la reforma era remover de un plumazo a los jueces y juezas incómodos durante el sexenio, bajo el pretexto de las elecciones judiciales.

Tres batallas jurídicas clave

Aunque el gobierno y Morena echaron a andar la maquinaria legislativa para avanzar la reforma, el camino no fue tan terso: hubo protestas, especialmente de trabajadores del Poder Judicial y del gremio jurídico nacional. En paralelo a la movilización en la calle, se dieron tres batallas jurídicas que considero clave:

I. La sobrerrepresentación
La primera batalla fue por la conformación del Congreso de la Unión y la asignación de diputaciones y senadurías por el principio de representación proporcional. El Consejo general del INE debía evitar una sobrerrepresentación excesiva derivada de las coaliciones electorales, pero aprobó la supermayoría de Morena y de sus aliados. En la siguiente trinchera, en una votación dividida, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la sobrerrepresentación.

II. Las suspensiones ignoradas
Una vez iniciado el proceso legislativo y publicada la reforma constitucional se presentaron cientos de amparos y suspensiones judiciales para frenar el proceso. El Poder Ejecutivo y Legislativo las ignoraron; el INE acató las concernientes a la organización de la elección judicial, lo que derivó en una impugnación ante el Tribunal Electoral que, excediendo su competencia, resolvió en el sentido de continuar con el proceso electoral, invalidando implícitamente las suspensiones.

III. La acción de inconstitucionalidad
El punto culminante de las batallas para frenar la reforma fueron las acciones de inconstitucionalidad que presentaron algunos partidos políticos y sujetos legitimados. Se buscaba analizar la constitucionalidad del contenido de la reforma al Poder Judicial, un asunto que, si bien contaba con precedentes vagos, constituía el caso más relevante para confrontar el contenido de una reforma constitucional con los pilares fundamentales de la propia Constitución. El asunto generó mucha expectativa: era una nueva oportunidad de echar abajo la reforma. El 5 de noviembre, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dio cita para discutir el proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Alcántara. A partir de una construcción muy cuidada, declaraba inconstitucional una parte de la reforma, en lo relativo a la elección de jueces de distrito y magistraturas de circuito. Esto implicaba que esos cargos no serían sometidos a elección popular. En una votación dividida de cuatro votos en contra de la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad y siete votos a favor de la misma, el asunto se perdió. Aunque la postura del ministro ponente reunió una mayoría, se requerían al menos ocho votos para poder considerar la inconstitucionalidad con efectos generales.

La defensa jurídica en contra de la reforma fue amplia, se dio en diferentes momentos y escenarios, incluso llegó hasta instancias internacionales, pero desafortunadamente todas las batallas se perdieron. Fueron cuatro personas, en diferentes momentos, quienes tuvieron la oportunidad de cambiar la historia de la reforma, pero, al final de cuentas, en el INE, el Tribunal Electoral, el Senado y la SCJN sus votos impidieron que se frenara esta reforma.

El reto de organizar unas elecciones inéditas

Frente a un escenario adverso, sin reglas claras, con recursos insuficientes y a contrarreloj, el INE asumió la tarea de organizar unas elecciones inéditas en nuestro país. Por primera vez en la historia más de 100 millones de personas podrán elegir a 881 personas juzgadoras a nivel federal y a 1,677 a nivel local en 19 entidades federativas. 

El proceso electoral diseñado en la Constitución contempla, a grandes rasgos, dos fases. La primera es de conducción política y está orientada a la selección de los perfiles que competirán por los cargos judiciales. En esta etapa se conforman comités de evaluación —uno por cada Poder de la Unión—, y es la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República quien marca el ritmo del procedimiento. Esto representa una regresión significativa: durante la transición a la democracia, uno de los avances fundamentales fue precisamente sustraer a los poderes políticos de la organización de las elecciones, garantizando su imparcialidad e independencia. Hoy, al devolver el control político a esta etapa clave, se compromete la integridad del proceso. La segunda fase está a cargo del INE e implica la organización material de los comicios, así como la regulación de las campañas para procurar condiciones mínimas de equidad entre las candidaturas.

Las elecciones judiciales, sin embargo, han resultado especialmente complejas, no solo por la falta de condiciones, sino por la ausencia de una arquitectura óptima del proceso electoral. El INE realiza lo que puede con lo que tiene. Al mismo tiempo, el Tribunal Electoral, en particular la Sala Superior, ha optado por remover cualquier obstáculo que impida la realización de las elecciones, incluso si ello implica ignorar los derechos de las personas participantes y de la ciudadanía en general. Esta actitud ha derivado en la convalidación de violaciones a principios fundamentales de la democracia.

Estos comicios tienen muchas novedades respecto de las elecciones políticas. Por ejemplo: los partidos políticos no podrán participar de ninguna forma, los servidores públicos tendrán que mantener la imparcialidad (pero gracias al Tribunal sí podrán promover el voto de manera genérica); las campañas no recibirán ningún tipo de financiamiento, ni público, ni privado,  y serán pagadas con recursos propios de las candidaturas; las boletas electorales tendrán listas de candidaturas y cada una estará identificada con su nombre y un número, el cual se deberá anotar en una casilla para identificar la voluntad del votante, una forma totalmente nueva de sufragar; debido a la insuficiencia presupuestal y a las prisas por llevar a cabo las elecciones, se instarán la mitad de las casillas que usualmente se instalan en una elección legislativa o presidencial, además los votos no serán contados en la propia casilla, el cómputo se llevará a cabo en las juntas distritales del INE. 

Las reglas para hacer campañas son sumamente estrictas, incluso por momentos irreales, al grado que privilegian la simulación. No se permiten eventos masivos, se privilegia el uso de las redes sociales, pero de manera orgánica, es decir, sin poder comprar pauta en las mismas, lo cual es contrario al modelo que hoy en día tienen las redes sociales para generar visualizaciones y alcance; sí pueden asistir a foros o eventos públicos organizados por medios de comunicación, universidades u organizaciones, pero en ellos se debe garantizar la equidad, es decir, que se inviten a todas las candidaturas para que asistan al menos la mitad de ellas, otra regla utópica, pues implica que se organicen eventos para que participen decenas de candidaturas.

Para la reflexión

Todos los escenarios perniciosos advertidos sobre esta reforma y las elecciones judiciales se han cumplido: el golpe a la autonomía del Poder Judicial y a la independencia de las personas juzgadoras, las candidaturas con vínculos políticos e inexperiencia en la función jurisdiccional, la complejidad de llevar a cabo elecciones bajo estas condiciones y sin presupuesto, la falta de interés de la ciudadanía, por señalar algunos. 

Lo expuesto en estas líneas es solo la punta del iceberg del desastre que se viene para la justicia. Tras el 1 de junio, veremos el resto: los cómputos y resultados serán un reto mayúsculo para la autoridad electoral, la conformación de los nuevos órganos y la adscripción de tantos cargos judiciales en tan solo quince días (del 1 al 15 de septiembre) será una odisea; y una vez que lleguen al cargo, la curva de aprendizaje y familiarización con los asuntos de cada juzgado o tribunal. La justicia del país se va a paralizar durante semanas o meses. 

La reforma ya es una realidad. No veo otras alternativas para revertirla, salvo que venga una contrarreforma, misma que bajo el oficialismo actual no vislumbro posible. Las elecciones judiciales con todos los tropiezos y obstáculos tendrán lugar el 1 de junio. 

Ante este escenario, queda preguntarnos si le cedemos la justicia por completo a la Cuarta Transformación, o si, mediante una participación informada y libre, buscamos generar un bloque —aunque sea mínimo— de resistencia dentro del Poder Judicial, apoyando a perfiles que realmente estén comprometidos con la justicia y el Estado de Derecho. 

El escenario es adverso, pero la batalla siempre es posible. EP

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