En 1977, en el marco de la reforma política convocada por el gobierno del presidente José López Portillo y conducida por Jesús Reyes Heroles, el constitucionalista Jorge Carpizo McGregor comenzó a delinear, en sus ponencias, lo que un año más tarde se convertiría en uno de sus análisis más emblemáticos: El presidencialismo mexicano.

Casi cincuenta años después, con al menos seis procesos adicionales de reformas políticas y electorales (1986, 1991, 1994, 2008, 2011 y 2014) y tres alternancias en la Presidencia (2000, 2012 y 2018), que reconfiguraron el sistema político nacional y buscaron dotarlo de mayores rasgos democráticos y menos personalistas, nos encontramos ante una ruta clara y acelerada para reavivar la “deformación del sistema presidencialista” y consolidar nuevamente a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal como el factor predominante y decisivo del sistema político nacional.

Carpizo visibilizó once características especiales mediante las cuales el régimen mexicano no podía ser examinado únicamente como un modelo de predominio institucional del Ejecutivo frente al Legislativo y el Judicial —como sugería Giovanni Sartori en su análisis sobre ingeniería constitucional—, sino como una “deformación del mismo”, que hacía del titular del Poder Ejecutivo Federal un actor “extraordinariamente poderoso y la columna vertebral de todo el sistema político mexicano”.

Entre estos rasgos destacaban: el Ejecutivo como jefe del partido predominante; el debilitamiento del poder legislativo; la integración política de la Suprema Corte; la influencia económica directa; la institucionalización del Ejército bajo su mando; la influencia en la opinión pública; la concentración de recursos en la federación; las amplias facultades constitucionales y extraconstitucionales; el control de la política exterior; el gobierno directo del Distrito Federal, y un elemento psicológico de aceptación generalizada del predominio presidencial.

A partir del arribo de Morena al gobierno del país, lo que hemos presenciado no es únicamente una alternancia ideológica, sino un proceso más profundo de reconstitución del presidencialismo mexicano tradicional.

Durante décadas, este funcionó como la columna vertebral del sistema político nacional: desde 1929, el tránsito del conflicto político hacia la institucionalidad descansó en la construcción de una figura presidencial extremadamente fuerte, capaz de ordenar el proceso político y garantizar la estabilidad del régimen. Precisamente por ello, el largo proceso de construcción democrática que se desarrolló desde finales del siglo XX buscó acotar esa figura.

Limitar al Presidente no significaba debilitar al Estado, sino hacer operativa la lógica republicana prevista desde la Constitución de 1917: un sistema de pesos y contrapesos funcionales.

Las reformas político-electorales iniciadas tras el proceso electoral de 1988 y sostenidas durante los siguientes treinta años —mediante la pluralidad política, la independencia de los órganos electorales y la creación de organismos constitucionales autónomos— no estuvieron dirigidas a reducir la capacidad estatal, sino a acotar el ejercicio del poder presidencial metaconstitucional.

En ese sentido, la reversión gradual de estos procesos de cambio y pluralidad implica, necesariamente, el retorno a una lógica política basada en las facultades extraordinarias del poder presidencial. Más aún, la forma en que se ha llevado a cabo dicha reversión sugiere no solo un cambio programático, sino una transformación estructural del arreglo institucional.

Se cumple nuevamente la sentencia de Arnaldo Córdova: “El papel central que el Estado ha desempeñado en el desarrollo de México, como a nadie puede escapar, corresponde en realidad al hecho de que el Poder Ejecutivo ha sido fortalecido como único camino para que el Estado desempeñe tal papel” (“El presidencialismo mexicano”, en La formación del poder político en México).

Es también, en cierta medida, el retorno del “Ogro filantrópico”, delineado por Octavio Paz en su célebre ensayo de 1978, curiosamente un año después de que Carpizo publicara El presidencialismo mexicano. El Ogro filantrópico es el Estado mexicano: un sistema formado por la burocracia gubernamental y el partido en el poder que despliega actos humanitarios y políticas de asistencia hacia la población, pero que al mismo tiempo conserva el poder y no lo cede ante sus opositores, debilitados por la propia concentración institucional.

No solo eso: el Ogro —de ahí su nombre— también censuraba y perseguía, no con la brutalidad de las dictaduras militares, sino con la eficacia de un sistema político que se reproduce a sí mismo mediante la centralización del poder y la subordinación progresiva de sus contrapesos.

El retorno de esta lógica estatal encuentra hoy un nuevo discurso en la narrativa antineoliberal: bajo la premisa de corregir los excesos de un modelo económico que habría debilitado al Estado y subordinado la política a criterios técnicos o de mercado, se ha construido una legitimidad política orientada a concentrar decisiones estratégicas en la figura presidencial.

Esta narrativa omite, sin embargo, reconocer que en gran medida fueron los excesos del propio presidencialismo los que condujeron progresivamente al país a ciclos recurrentes de crisis presupuestales y económicas, cuya superación solo fue posible a partir de la delimitación de aquellas facultades metalegales ejercidas desde la Presidencia.

Sin embargo, más allá del contenido económico del discurso, lo relevante es su efecto institucional: la recuperación de una concepción del poder en la que el Ejecutivo vuelve a ocupar el centro del sistema político como intérprete principal de la voluntad popular.

En este contexto, la apelación constante al mandato democrático directo ha desplazado progresivamente la lógica de la pluralidad democrática y de la consolidación de contrapesos constitucionales, pues los órganos autónomos y las reglas electorales que buscaban equilibrar el ejercicio del poder han sido reinterpretados no como garantías republicanas, sino como obstáculos ideológicos y abusivos heredados de un modelo anterior que sería necesario eliminar para crear de nuevo un gobierno justo y cercano al pueblo.

Así, el discurso antineoliberal no solo cuestiona políticas públicas específicas, sino que recupera la preeminencia del Poder Ejecutivo dentro de la arquitectura del Estado.

En ese sentido, el nuevo presidencialismo se reviste de legitimidad social y electoral, pero reproduce, en términos funcionales, varias de las características estructurales que Carpizo identificó décadas atrás: centralidad decisional, alineación legislativa, influencia sobre órganos clave y una aceptación social que normaliza el predominio del Ejecutivo como eje ordenador de la política nacional.

De ahí que el desafío para las instituciones democráticas mexicanas no consista en negar la centralidad histórica del Poder Ejecutivo, sino en recuperar el sentido republicano que inspiró el periodo reformista de las últimas décadas.

El verdadero reto político actual radica en retomar la reconstrucción de un sistema de equilibrios que permita que la República funcione no desde la concentración unipersonal del poder, sino desde la cooperación institucional y el control recíproco entre sus órganos constitucionales.

Solo así podrá consolidarse un modelo en el que la fortaleza del Estado no dependa de la hegemonía presidencial, sino de la estabilidad que brindan contrapesos efectivos, deliberación plural y respeto a la arquitectura constitucional que, desde 1917, buscó evitar que el poder político del país descansara en las voluntades y designios de una sola persona. EP

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