La migración en el reporte de IDEA Internacional 2025
Ricardo de la Peña analiza uno de los problemas centrales que enfrentan los estados democráticos ante la migración: garantizar el derecho a voto de sus connacionales fuera de su territorio de origen.
Ricardo de la Peña analiza uno de los problemas centrales que enfrentan los estados democráticos ante la migración: garantizar el derecho a voto de sus connacionales fuera de su territorio de origen.
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Como se comentó en un artículo previo, el pasado mes de septiembre IDEA Internacional dio a conocer su informe El Estado Global de la Democracia 2025 (GSD, por sus siglas en inglés),1 en el cual se presenta un capítulo que examina la creciente relación entre la migración internacional y la participación democrática, enfocándose en la cuestión central que enfrentan las democracias en la era de la migración a gran escala: ¿cómo extender el derecho al voto a los ciudadanos que residen fuera de su territorio físico o nacionalidad?
El voto de los residentes en el extranjero
Dado que los flujos migratorios mundiales están destinados a aumentar impulsados por el conflicto, el cambio climático, la desigualdad y la movilidad digital, la inclusión de ciudadanos no residentes en los procesos políticos se ha convertido en una cuestión democrática urgente.
El análisis, que utiliza métodos cuantitativos y cualitativos, se confina a las dimensiones técnicas, legales e institucionales del “Voto Fuera del País” (OCV, por sus siglas en inglés de uso generalizado), sin abordar las consideraciones políticas o normativas más amplias sobre la inclusión de inmigrantes en los países de acogida.
La migración siempre ha estado presente en la realidad humana, aunque la mayor parte de la población mundial sigue residiendo en su país de nacimiento. Sin embargo, la cifra absoluta de migrantes internacionales ha aumentado drásticamente en las últimas tres décadas, pasando de alrededor de 150 millones en 1990 a más de 300 millones en 2024.
Existe una fuerte correlación positiva entre la riqueza nacional y el rendimiento democrático, lo que se refleja en los patrones de migración: la mayoría de los migrantes se han establecido en países con niveles más altos de desarrollo y un mejor rendimiento democrático. Esta dinámica plantea dos desafíos principales: incluir de manera significativa a los residentes no ciudadanos (inmigrantes) en sus instituciones democráticas; e incluir a sus ciudadanos no residentes (emigrantes) en sus procesos democráticos internos a través de los sistemas OCV.
La migración internacional y las identidades transnacionales reavivan el llamado “problema del límite” de Robert Dahl (1971):2 ¿qué determina quién es “el pueblo” de un Estado, y quién puede legítimamente reclamar derechos de participación?
El informe argumenta que la posesión del derecho de voto contribuye a un sentido de pertenencia y dignidad, lo que a su vez se vincula a un mayor apoyo a la democracia. Este sentido de inclusión promueve la resiliencia democrática, definida como la capacidad de un sistema para hacer frente, sobrevivir y recuperarse de desafíos complejos y crisis. Por lo tanto, garantizar el derecho al voto a los ciudadanos en el extranjero puede ser un mecanismo de inclusión que respalde la cohesión social y la resiliencia a largo plazo.
Los países extienden los derechos de voto a sus diásporas por diversas razones, a menudo superpuestas: reforzar los lazos simbólicos y ser parte de un proyecto más amplio de ciudadanía inclusiva; reconocer las obligaciones fiscales de los no residentes y cultivar el sentido de pertenencia en un contexto donde las remesas son una fuente vital de ingresos para el país de origen; reparar lazos rotos con exiliados y refugiados tras conflictos o regímenes de represión; o bien extender el derecho al voto con la intención estratégica de fortalecer su base electoral.
Como mencionábamos, actualmente son casi trescientos millones los migrantes entre naciones (Gráfico 1). Con base en estos números, el informe concluye que la migración es, en última instancia, una cuestión sobre el significado de la pertenencia en una sociedad democrática, que obliga a las democracias a reconsiderar los límites de la política. La resiliencia de las instituciones democráticas a largo plazo dependerá de una reevaluación regular y deliberada de los marcos institucionales para la participación de los ciudadanos no residentes.
Sobre las modalidades aceptadas para emitir el voto desde el extranjero, a lo largo del tiempo se ha mantenido una distribución básicamente constante (Gráfico 2), a pesar de los cambios en las lógicas y discursos, e incluso en las condiciones tecnológicas.
El caso mexicano
El caso de México y el “Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero” (VMRE) representa un ejemplo paradigmático de la dificultad y la necesidad de extensión de la franquicia a las diásporas, un tema central en el análisis de la resiliencia democrática planteado por el documento sobre migración que estamos comentando. Con una de las diásporas más grandes del mundo, concentrada principalmente en Estados Unidos, la inclusión de estos ciudadanos ha sido un proceso largo y lleno de retos logísticos, legales y de participación.
El derecho al voto de los mexicanos en el extranjero es relativamente reciente, instrumentándose por primera vez para la elección presidencial de 2006.3 Este avance se logró tras años de presión de las comunidades migrantes y académicos que argumentaban que, al contribuir económicamente al país mediante remesas —lo que en el documento se menciona como una motivación económica para la extensión de la franquicia— y mantener un vínculo cultural, no debían ser excluidos de las decisiones políticas. Esta extensión del derecho político es vista como un paso hacia la ciudadanía transnacional, que ha obligado al Estado mexicano a reconfigurar sus límites electorales.4
Sin embargo, los primeros resultados fueron modestos. En 2006, de los 40,876 ciudadanos registrados, se recibieron 32,621 votos. Esta baja cifra inicial, desproporcionada en relación con el tamaño de la diáspora mexicana, subrayó el reto logístico y la necesidad de simplificar los mecanismos de votación.
Frente al “problema del límite” y el desafío de la logística, el Instituto Nacional Electoral (INE) de México ha tenido que reinventar continuamente los mecanismos institucionales para el OCV, tal como sugiere el documento.5
El modelo inicial, restringido al voto postal, se expandió para mejorar la accesibilidad y la participación mediante el voto electrónico por internet, implementado para agilizar el proceso y reducir el costo del envío postal. Asimismo, se puso en marcha el voto presencial en sedes consulares a partir del proceso 2023-2024, lo que permitió a los ciudadanos emitir su sufragio en módulos instalados en embajadas o consulados.6
Esta expansión de modalidades ha sido clave para el aumento de la participación, haciendo eco de la idea de que la resiliencia democrática depende de la reevaluación y adaptación de los marcos institucionales.
Entonces, el proceso electoral federal de 2023-2024 marcó un hito histórico en términos de registro y participación. La Lista Nominal del Electorado en el Extranjero (LNERE) registró 223,970 ciudadanas(os) inscritos para votar desde el extranjero. La participación efectiva en la elección presidencial de 2024 superó los 184,000 votos, con la modalidad electrónica por internet dominando la votación, al alcanzar los 122,497 votos. Este incremento en los sufragios recibidos fue notablemente superior al de procesos anteriores, lo que el INE ha calificado como “resultados inéditos” que, a su vez, exigen seguir trabajando en la credencialización y el fomento del voto (Gráfico 3).
A pesar del éxito reciente, el desafío persiste: el INE estima que hay 1.5 millones de personas con credencial para votar expedida en el extranjero, y la diáspora total es de aproximadamente 12 millones de mexicanos, lo que subraya la enorme “área de oportunidad” para garantizar el derecho político al sufragio activo para todos los connacionales (INE, 2024). El reto, por lo tanto, ya no es sólo legal, sino de alcance, difusión y consolidación de la identidad cívica a través de las fronteras. EP
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). (2019). Retos y expectativas del voto migrante en México a doce años de implementación. En D. Cienfuegos Salgado y R. Calvo Soler (Coords.), Derecho Electoral de las Entidades Federativas Mexicanas (pp. 307–328). Universidad Nacional Autónoma de México. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5755/18.pdf[↩]
Instituto Nacional Electoral (INE). (2024). Informa INE cifras históricas de registro y participación del voto en el exterior en elecciones 2023-2024 (Comunicado de Prensa No. 450). Central Electoral. https://www.wordreference.com/esen/comunicado[↩]
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