Trump y su armadura arancelaria

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha desenvainado la espada arancelaria para obligar a rivales y socios —si aún cabe usar esa palabra— a negociar, de manera unilateral, una serie de asuntos pendientes con Washington que abarcan una amplia gama, tanto en materia económica como geopolítica. Por ahora, Canadá y México pudieron librar el amago arancelario del 25% generalizado con objeto de fortalecer sus respectivas fronteras y frenar tanto la migración ilegal y el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos. A principios de marzo, Trump decidirá si se ha hecho lo suficiente o procede la imposición de aranceles. 

No sin sorpresa, el 10 de febrero Trump anunció su decisión de imponer aranceles del 25% al acero y aluminio, sin distinguir entre socios comerciales y rivales. Más recientemente, ha anunciado la imposición de aranceles recíprocos a todos aquellos países que gravan las importaciones estadounidenses. Con ello, Trump no solo ha enterrado lo que quedaba de la Organización Mundial del Comercio (OMC), sino que ha cimbrado las alianzas de Estados Unidos con sus socios tanto en América del Norte como en Europa.

En efecto, la imposición de impuestos al acero y aluminio no está destinada a China, país con el que se ha entablado una guerra arancelaria desde 2018, durante la primera administración Trump, y cuyas importaciones han sufrido un gravamen adicional del 10% a partir de febrero. Tan solo en materia de acero (incluye también hierro), y de acuerdo con datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Canadá es el principal proveedor de acero de la Unión Americana, con el 26% del total, mientras que México provee el 11% y la Unión Europea (más Gran Bretaña) el 17%. En materia de productos de acero y fierro, China es el principal proveedor (21% del total), mientras que la Unión Europea provee el 17%, México el 15% y Canadá el 12%.  Queda claro que los impuestos, de imponerse, afectarán principalmente las importaciones provenientes de los socios tradicionales de los Estados Unidos.

Sin embargo, son esos mismos socios, sobre todo México y Canadá, los que también compran acero y sus productos de los Estados Unidos. 33% de las exportaciones estadounidenses de acero se dirigen a México, 28% a Canadá, 2% a China y 6% a la Unión Europea. En materia de productos de acero, 33% de las exportaciones se dirigen a México, 33% a Canadá, 3% a China y 8% a Europa. En caso de que los socios comerciales eleven sus aranceles en represalia —algo que Washington ya hará con todo el mundo—, la industria acerera estadounidense y las conexas, como la automotriz, se verán seriamente afectadas.

Queda claro que generalizar la guerra comercial que Trump inició con China desde su primera administración, y que ahora intensificó, romperá las alianzas comerciales hechas por Estados Unidos desde prácticamente el fin de la Segunda Guerra Mundial y que repercutirá en detrimento de la propia industria acerera estadounidense, así como en sus industrias conexas. Desenvainar la espada arancelaria contra sus propios socios resta credibilidad al neoproteccionismo supremacista de Trump, pero no deja de ser un mensaje que obliga a la negociación. ¿Qué es entonces lo que está en juego?

Dado que Trump siempre podrá imponer aranceles a Canadá y México para obtener concesiones en materia de migración y narcotráfico, la amenaza de gravar las importaciones de acero y aluminio provenientes de sus dos vecinos busca más bien iniciar la revisión del TMEC, prevista para el próximo año y que tiene el riesgo de politizarse debido a las elecciones legislativas que tendrán lugar en noviembre de 2026. Estados Unidos podrá abstenerse de aplicar dichos impuestos, si Canadá y México aceptan, de manera bilateral, la agenda de revisión diseñada por Washington, donde un tema central es y será la homologación de aranceles o al menos parte de ellos frente a China. 

En el caso de Europa, el mensaje y los resultados resultan más complejos, ya que en materia comercial la Unión Europea está obligada a negociar como bloque, lo que diluye las amenazas de Trump. Como sea, Trump ha dicho que quiere elevar el monto de exportaciones automotrices, pero podría también poner sobre la mesa la apertura del mercado agrícola comunitario, tema contencioso que contribuyó a la parálisis de las negociaciones multilaterales en la OMC.

Por último, el proteccionismo supremacista de Trump se aleja también de la política industrial seguida por Biden, en la que los aranceles tenían la función de apuntalar la descarbonización de la economía estadounidense, a la par de impulsar a través de créditos y apoyos a las industrias estratégicas de la electromovilidad. En dicha estrategia, la relocalización cercana de cadenas de suministro en sectores clave como los de microprocesadores o de celdas de combustible ocupaba un papel central. Es así como el gobierno de Claudia Sheinbaum articuló una nueva política industrial con miras a atraer inversiones para aprovechar las ventajas de la contigüidad geográfica y del acceso al mercado estadounidense que ofrecía el TMEC. Sin embargo, todo esto ha quedado en suspenso mientras no quede claro lo que está detrás de la armadura arancelaria articulada por Trump.

Fentanilo y seguridad ante los ojos de Trump

¿Qué es lo que busca Trump en materia de seguridad con México? Desde su campaña hasta su toma de protesta, se vio claramente que una de sus prioridades es frenar el tráfico de estupefacientes al igual que el acabar con el problema interno que tienen de consumo y muerte por fentanilo. Es así que desde el 20 de enero firmó una orden ejecutiva en la que cataloga a los carteles de la droga como terroristas. Además, la conformación de su gabinete de seguridad con halcones de mano dura, incluido su propuesta de embajador en México, Ronald Johnson, manda un claro mensaje: “No confiamos en las autoridades mexicanas y actuaremos unilateralmente”. La respuesta de Claudia Sheinbaum ha sido retórica en el sentido de respeto a la soberanía. ¿Cómo se puede hablar de respeto a la soberanía cuando partes importantes del territorio mexicano están controladas por el crimen organizado? Ante estos mensajes opuestos, la cooperación bilateral es impensable. Recordemos que en el sexenio de López Obrador nos sacaron del Comando Norte al ver que la política de “abrazos no balazos” no sólo no frenaría en nada la expansión de los carteles, sino también el menú de actividades del crimen organizado. Sabían que sucedería todo lo contrario a lo que pasó. Si los estadounidenses buscaran una política de cooperación con México, estaríamos en el Comando Norte. Hasta hoy no nos consideran confiables y prefieren actuar solos.

Estas últimas semanas hemos visto sobrevuelos estadounidenses en el área de Baja California y el litoral del Pacífico Norte hasta Sinaloa, con aviones cuyos aparatos de reconocimiento e inteligencia, con tecnología del más alto nivel, les permiten contar con información precisa de lo que sucede en el país. Con estos vuelos, le dejaron ver al gobierno mexicano lo que estaban haciendo. Podrían haber sobrevolado a una altura mucho mayor, obteniendo los mismos resultados y no entrando en el espacio aéreo mexicano. Podrían haber pasado desapercibidos, pero no fue el caso. Están actuando unilateralmente y sin aval del gobierno. Lo propio sucede en el mar con la llegada de un buque portaaviones en la costa mexicana de California. El gobierno de Trump tiene tan sólo un mes y las señales son claras y preocupantes. Es apenas el comienzo de un escenario muy desafortunado y peligroso dado que los estadounidenses conocen y desaprueban los vínculos existentes entre el crimen organizado y funcionarios mexicanos en todos los niveles: local, estatal y federal. La solución no se limita a frenar, como se ha empezado a hacer, la política de “abrazos no balazos”. Se requiere mucho más y cortar estos vínculos no será tarea fácil. Es claro que Trump hará lo que considere necesario para lograr sus objetivos y sin consultar a nadie.

América Latina en la mira de Trump

Una de las tantas anomalías históricas de la segunda presidencia de Donald Trump es el inusitado nivel de interés y atención que ha dado a América Latina y el Caribe en los primeros 28 días de su gestión. Para muestra un botón. En el discurso inaugural, el mundo estuvo ausente y América Latina al centro de las preocupaciones de política exterior. El presidente no mencionó a China, Rusia, Ucrania, Medio Oriente ni a las Naciones Unidas, pero sí habló de retomar el control del Canal de Panamá, de cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América, de denominar organizaciones terroristas a los carteles de la droga en México, de deportaciones masivas de migrantes, de sellar su frontera sur y, por supuesto, de aranceles. De las 26 órdenes ejecutivas que firmó el primer día, 10 mandatan cambios en migración, seguridad, frontera y economía que impactan directamente a países latinoamericanos, a lo que se suman los efectos indirectos de la salida de la OMS, del Acuerdo de País y la suspensión de la asistencia al desarrollo.

Hay dinámicas de poder y de política interna que explican el fin del desinterés y de la llamada “negligencia benigna” de Estados Unidos hacia la región. Por un lado, el tono arrogante y unilateral del mensaje de Trump 2.0 junto con sus propuestas de control y expansión territorial continental, son indicadores de una visión neoimperialista en ciernes que busca fincar la estabilidad mundial en balances de poder y concretar la idea de Make America Great Again (MAGA) en el reparto y la reafirmación de zonas de influencia exclusivas. Recuperar el predominio económico del hemisferio occidental y contener la expansión comercial y financiera de China, es un objetivo estratégico central. Latinoamérica es una pieza fundamental del proyecto de recuperación de la primacía estadounidense en competencia estratégica con China. Una suerte de corolario Trump a la Doctrina Monroe.

En el ámbito interno, el interés trumpista por Latinoamérica responde a una lógica político-electoral y cultural. El profundo malestar social detrás de la ola nacionalista, conservadora, antiglobalista y nativista que llevó a Trump al poder genera un contexto singular en cual el tema migratorio se convierte en la prioridad número uno de su segundo mandato. Otros asuntos como la epidemia del fentanilo y la desindustrialización abonan a un fuerte ánimo proteccionista. Dado que las principales banderas y métricas de éxito del actual gobierno estadounidense son cumplir con la promesa electoral de detener la “invasión de inmigrantes”, recuperar el control de las fronteras y acabar con los carteles que inundan las calles de drogas letales, no es sorprendente que la mirada se haya volcado hacia América Latina.

Un factor adicional es la recomposición burocrática en curso con el arribo de latinos e intereses de Florida al equipo de gobierno, la mayoría halcones y conservadores furibundos. Por primera ocasión hay un número importante de latinos de origen cubano, de políticos y empresarios de Florida y exmilitares al mando de la diplomacia estadounidense: Michael Waltz como asesor de seguridad nacional, Marco Rubio como secretario de Estado, Mauricio Claver Carone como enviado para América Latina, Richard Grenell como enviado de asuntos especiales. Muchos de ellos tienen intereses particulares y redes propias en países de la región, sobre todo en el Caribe (Cuba y República Dominicana), Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Panamá) y el norte de América del Sur (Colombia y Venezuela). Sin embargo, hasta el momento no hay un único centro decisorio en la política regional de Trump y persisten visiones muy distintas, unas más pragmáticas y otras más ideológicas, pero todas de mano dura.

En menos de un mes ha habido un sinnúmero de acontecimientos sin precedentes.  Una crisis diplomática con Colombia, el aliado histórico de Estados Unidos y socio global de la OTAN, por el trato inhumano de los deportados colombianos en aviones militares que se desactivó con la mediación de Claver Carone dejando mal parado al presidente Petro. Dos rondas distintas de amenazas de imposición de aranceles contra México, la primera condicionada a la cooperación migratoria y de seguridad y la segunda sectorial al aluminio y el acero con afectaciones en otros países de la región, ahora en pausa hasta marzo. Un viaje relámpago del enviado especial Richard Grenell a Venezuela que derivó en un amplio paquete de acuerdos bilaterales –como el regreso de prisioneros estadounidenses, la aceptación de vuelos de repatriación de venezolanos y la ampliación de concesiones petroleras– que en la práctica significa un crudo reconocimiento pragmático del régimen de Maduro y un duro golpe para la oposición. Hay que añadir la serie de tensiones verbales con el gobierno de Panamá provocadas por las acusaciones estadounidenses sobre un presunto control chino del canal y el cobro excesivo y discriminatorio de peajes. Por si lo anterior fuera poco, la Casa Blanca anunció la rehabilitación y ampliación de la base de Guantánamo con fines de confinamiento temporal y repatriación de migrantes deportados.

Por último, el secretario de Estado Rubio realizó su primera gira internacional a cuatro países de Centroamérica (Panamá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica) y República Dominicana. Un hecho inédito que derivó en acuerdos ventajosos, uno a uno y bajo presión, en los tres grandes temas, todos ellos negativos, de la agenda trumpista: migración, seguridad y competencia con China. Los países visitados aceptaron recibir vuelos de repatriación de connacionales y de otras nacionalidades (salvo República Dominicana que se negó a recibir a migrantes de Haití). Bukele fue más lejos y ofreció su infraestructura carcelaria para admitir deportados de terceros países con antecedentes criminales y miembros de carteles (Tren de Aragua y M13) a cambio de proyectos de energía nuclear civil y electrificación. En materia de seguridad, hubo acuerdos para crear fuerzas de tarea mixta de seguridad fronteriza contra el crimen organizado, el paso de migrantes y en materia de ciberseguridad y telecomunicaciones. Costa Rica y República Dominicana firmaron acuerdos para acelerar el desarrollo de microprocesadores estableciendo límites a la participación de China. Y Panamá anunció que no renovaría su adhesión a la iniciativa de la Franja y la Ruta firmada en 2017.

En medio de esta vorágine resaltan varias omisiones igualmente sorprendentes, en particular la escasísima atención que Trump 2.0 ha prestado a Cuba y Nicaragua. Las zanahorias brillan por su ausencia. En estos pocos días, Washington ha desplegado una frenética diplomacia coercitiva basada en la bilateralización extrema de su interlocución, lo que profundiza las condiciones históricas de asimetría en su relación con América Latina. Frente a esta avalancha, los países de la región no han dado muestras de un mínimo de capacidad de acción colectiva. El triste papel de la CELAC en la breve crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos habla por sí sola de la impotencia latinoamericana. EP

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