México frente a las presiones de Trump

Con el discurso de la seguridad nacional, el presidente Trump profundiza sus presiones sobre el gobierno mexicano. Durante este último mes, la relación entre México y Estados Unidos se ha tensado notablemente a raíz de tres factores clave: el endurecimiento del discurso de Donald Trump hacia México, las sanciones del Departamento del Tesoro a tres instituciones financieras mexicanas y las acusaciones del abogado de Ovidio Guzmán contra la presidenta Claudia Sheinbaum. Estos hechos, aunque distintos, están entrelazados en el contexto de seguridad regional, narcotráfico y relaciones diplomáticas en constante evolución.

En primer lugar, Trump ha reactivado su retórica más dura contra México. A principios de julio de 2025, anunció la imposición de aranceles del 30  % a todas las importaciones mexicanas, a partir del 1 de agosto. Justificó esta medida señalando la supuesta inacción del gobierno mexicano en la lucha contra el narcotráfico, particularmente en el combate contra el tráfico de fentanilo. Trump vinculó, además, el desequilibrio comercial entre ambos países con un presunto fracaso estructural de México para frenar el avance del crimen organizado. Esta decisión ha causado alarma tanto en los sectores empresariales como en el gobierno mexicano, debido a su posible impacto económico inmediato y a su utilización política en el marco electoral estadounidense. Desde su campaña y a partir del 20 de enero en su toma de protesta, fue muy claro en contra del gobierno mexicano; ni los decomisos de droga ni el envío de narcotraficantes por parte de México son suficientes. Trump quiere que se extraditen a altos funcionarios vinculados con el crimen organizado. Así como ha empezado a cancelar visas a varios gobernadores y presidentes municipales, seguirá buscando que le entreguen a importantes narcopolíticos. 

La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado las acusaciones de Trump. Subrayó que México ha logrado reducir los homicidios y aumentar los decomisos de fentanilo, al tiempo que exigió reciprocidad y cooperación en lugar de amenazas unilaterales. También cuestionó que Estados Unidos no persiga con la misma intensidad a quienes exportan armas a México o consumen drogas ilícitas en su territorio. Esta escalada verbal ha puesto a prueba los canales diplomáticos, con la tensión creciente entre los discursos de campaña de Trump y los esfuerzos por mantener una relación bilateral funcional.

Paralelamente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en junio a dos bancos mexicanos —CIBanco e Intercam— y a Vector Casa de Bolsa, por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico, particularmente de los cárteles de Sinaloa, del CJNG y el del Golfo. La acusación incluye transferencias multimillonarias a empresas chinas relacionadas con la producción de precursores químicos del fentanilo. Aunque el gobierno mexicano no ha recibido pruebas formales que respalden estas acusaciones, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores impuso multas por más de 185 millones de pesos a las tres instituciones por fallas en la prevención de lavado de dinero. Las entidades involucradas han negado los señalamientos y han sostenido que sus operaciones se apegan a la regulación financiera mexicana e internacional.

Este caso ha incrementado el desgaste institucional: mientras Washington endurece su política antidrogas a nivel global, México exige pruebas claras y respeto a sus procedimientos legales. El daño a la reputación de estas tres instituciones ha sido devastador, con retiros masivos de clientes, afectaciones bursátiles y riesgo sistémico para el sector financiero mediano del país. Ha sido también un daño para la economía mexicana en su conjunto. El mensaje es claro: si el gobierno mexicano sigue sin hacer nada, las decisiones unilaterales por parte de EUA apenas comienzan.

En este mismo ambiente de confrontación, surgieron también acusaciones directas contra la presidenta Sheinbaum. El 11 de julio, Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán, la acusó públicamente de actuar como “la vocera o brazo de relaciones públicas del narcotráfico”. Estas declaraciones se dieron en el contexto del juicio en Chicago contra el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Lichtman criticó el intento de la presidenta por intervenir en la extradición de Guzmán, calificando su actitud como protectora del crimen organizado.

Claudia Sheinbaum respondió desde un escenario nada afortunado. Las acusaciones se dieron el mismo día que estaba en Sinaloa, con el gobernador Rocha Moya, uno de los más acusados por vínculos con el crimen organizado. En una conferencia de prensa improvisada, calificó las declaraciones como falsas, infundadas e inaceptables, aunque al estar junto a Rocha se confirmó lo que el abogado de Ovidio señaló. Tres días después, anunció que demandaría por difamación al abogado de Guzmán en tribunales mexicanos, al considerar que se trata de un intento deliberado de dañar su imagen y debilitar la posición institucional del Estado mexicano. Nunca debió haberle contestado al abogado de un criminal y de poco sirve que se haga una demanda en tribunales mexicanos. 

Estos tres episodios reflejan la creciente complejidad de la relación bilateral y los desafíos que enfrenta México en seguridad, diplomacia y defensa institucional. A pesar de la respuesta mexicana, las presiones de Trump seguirán incrementando en la medida en que él vea riesgos a sus intereses y a la seguridad nacional. Otro ejemplo es el anuncio del secretario de Transporte de demandar al gobierno de México por haber violado acuerdos al sacar los vuelos de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al AIFA, decisión de López Obrador, que sin duda tendrá graves consecuencias. A pesar de la retórica, la relación bilateral está en uno de sus momentos de mayor dificultad y el margen de maniobra mexicano es cada vez más limitado.

Ecos y secuelas de la 17ª Cumbre de los BRICS

La reciente Cumbre de los BRICS en Río de Janeiro resultó más moderada y de menor perfil que las reuniones anteriores del bloque de países emergentes del Sur global, sin dejar de proyectarse como un contrapeso a las coaliciones de los países desarrollados y una alternativa para reformar la erosionada arquitectura multilateral a nivel global. No es sorprendente que haya sido una reunión con características singulares pues, en el último año, la identidad del grupo y el contexto internacional se transformaron en forma drástica y simultánea. Es la primera cumbre de los BRICS ampliado de diez miembros desde la incorporación en 2024 de Arabia Saudita, Irán, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes e Indonesia. Sin duda, un grupo más representativo regionalmente y con mayor peso global que nunca en términos económicos y demográficos (40 % del PIB y 50 % de la población mundial), aunque notablemente más difuso y heterogéneo en intereses, estrategias diplomáticas, contextos regionales, alianzas globales y tipos de régimen político.

A diferencia de 2014, cuando tuvo lugar la primera cita de los BRICS en América Latina bajo la presidencia pro tempore de Brasil, la de 2025 fue una prueba de fuego particularmente difícil y compleja para la experimentada diplomacia brasileña en un contexto inédito por el unilateralismo agresivo, durante los primeros seis meses de la segunda administración Trump, el escalamiento de los conflictos bélicos en Ucrania y Medio Oriente y la intensa polarización ideológica a nivel interno, regional y global. La capacidad de convocatoria y el talante moderador del presidente Lula, quien entre 2023 y 2025 visitó 34 países con la bandera de “No hay alternativa al multilateralismo”, no cumplieron con las expectativas. Hubo ausencias notables como la de Vladimir Putin y Xi Jinping —primera cumbre a la que no asiste— y solo la mitad de los jefes de Estado de los países miembros estuvieron presentes (Brasil, Etiopía, India, Indonesia y Sudáfrica).

En la declaración final, Brasil buscó tejer, sin mucho éxito, equilibrios finos que se vieron mermados por la diplomacia tan vocal del presidente Lula. Además de reiterar los temas tradicionales de la agenda de los BRICS (cooperación financiera, desdolarización, infraestructura, reformas institucionales, seguridad alimentaria y energética, acción climática y desarrollo sustentable), incorporó nuevas cuestiones como el llamado a una gobernanza incluyente y ética de la inteligencia artificial (IA). En temas de política internacional, la declaración reiteró el apoyo a la solución de dos estados en Palestina, solicitó la retirada inmediata y completa de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza, condenó los bombardeos a Irán y expresó preocupación por el aumento del gasto militar de la OTAN, aunque evitó menciones directas a Estados Unidos.

El rechazo colectivo contra el unilateralismo y el proteccionismo comercial por su inconsistencia con las reglas de la OMC no fue bien recibido en Washington, pero la gota que derramó el vaso de la animadversión trumpista hacia los BRICS fue la crítica velada de Lula a Trump en su discurso de clausura con la frase “No queremos un emperador”. La reacción de la Casa Blanca fue tan dura como inmediata. El presidente Trump amenazó con imponer aranceles adicionales del 10 % a los países miembros de los BRICS ampliado, a cuyos miembros acusó de tener una agenda “antiestadounidense” y de ser una “amenaza seria” al tratar de “destruir el dólar”. Aunque los voceros de Itamaraty buscaron contener la tensión negando cualquier sesgo antiestadounidense en la política exterior brasileña, no lograron evitar que Brasil se convirtiera en uno de los principales objetivos de la agresiva política comercial “epistolar” del gobierno de Trump dando lugar a una espiral de medidas arancelarias y tensiones diplomáticas que amenazan con descarrilar la relación bilateral.

Hay más intereses de política interna en juego que consideraciones geopolíticas y económicas detrás de la dura carta del presidente Trump a Lula en la que le anunció la imposición de un arancel del 50 % a todos los productos que Brasil exporta a Estados Unidos, una de las tasas más elevadas de las anunciadas durante la oleada de cartas arancelarias que el presidente estadounidense envió a más de una veintena de países en esos mismos días. La dureza de la medida es un claro mensaje de su intención de ejercer mayor presión sobre Brasil, en una suerte de “castigo ejemplar”, más que sobre otros países con los que Estados Unidos tiene problemas de seguridad nacional o grandes déficits comerciales. Lo insólito de la medida es, sobre todo, su carácter abiertamente político e injerencista con el objetivo expreso de frenar el juicio del Supremo Tribunal Federal en contra del expresidente Bolsonaro, acusado de intento de golpe de Estado y a quien Trump considera una víctima de hostigamiento judicial y persecución política.  Además de la defensa empática de Bolsonaro, un aliado ideológico clave para apuntalar el avance de la ultraderecha en América Latina de cara a los procesos electorales de 2025 en Chile y 2026 en Brasil, detrás de la imposición de aranceles se alegan supuestas violaciones judiciales a la libertad de expresión contra redes sociales estadounidenses e informaciones imprecisas sobre un aumento del déficit comercial.

En respuesta a las amenazas arancelarias, Lula ha anunciado que tomaría medidas recíprocas proporcionales si llegan a concretarse, aunque también ha reiterado su preferencia por el diálogo y la negociación. Del lado estadounidense, sin embargo, se ha redoblado la presión. El Departamento de Estado canceló las visas de funcionarios judiciales brasileños y sus familiares directos, en particular, la del juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, a quien acusa de encabezar un complejo sistema de acoso judicial y persecución política contra ciudadanos brasileños y estadounidenses. Por su parte, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) inició una investigación contra Brasil bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 por prácticas desleales y discriminatorias relacionadas con comercio digital y pagos electrónicos, tarifas preferenciales, interferencia anticorrupción, propiedad intelectual, acceso al mercado de etanol y deforestación ilegal. 

Las relaciones entre Estados Unidos y Brasil atraviesan un momento particularmente delicado por su alto nivel de inestabilidad y lo difícil que será revertir el proceso actual de deterioro ante la ausencia de factores moderadores. No hay un marco institucional de entendimiento mutuo, la interlocución a nivel presidencial está cerrada y Estados Unidos carece de un embajador designado en Brasil que evite rupturas y tensiones recurrentes. La completa falta de sintonía de ambos gobiernos en materia comercial, ambiental, digital y de derechos es un terreno fértil para futuros desencuentros en múltiples frentes. A todo lo anterior se suman los estrechos vínculos entre el bolsonarismo y el trumpismo que tienen la mira en las próximas elecciones intermedias en Estados Unidos y generales en Brasil. Todo apunta a que las tensiones bilaterales se prolongarán durante los próximos meses. EP

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