La tregua arancelaria de Trump: implicaciones para México

El 1 de agosto, fecha en que se daba por terminada la tregua arancelaria de Estados Unidos al mundo, Trump no logró firmar la multiplicidad de acuerdos que había prometido. Con todo, logró llegar a un acuerdo con el Reino Unido, mediante el cual se estableció un 10 % para sus importaciones, y a uno preliminar con la Unión Europea, mediante el cual las tasas se fijaron, por ahora, en 15 %. Con China, su principal rival comercial, se llegó a una tregua provisional en mayo de este año que se volvió a prolongar desde el 1 de agosto, lo que permite avanzar en lo que realmente le preocupa a Washington: la apertura del mercado chino tanto al comercio como a la inversión. Trump subió a 35 % los impuestos a Canadá, por haber anunciado su intención de reconocer el Estado palestino, y a México, al que había amenazado con subir los aranceles al 30 % por no combatir suficientemente el tráfico de fentanilo, le volvió a conceder una tregua por 90 días.

Como es sabido, la posición de México ha sido denunciar los aranceles hasta ahora impuestos por Washington —25 % para los productos que no cumplen con las reglas del TMEC, más 25 % en autos y autopartes y 50 % en acero y aluminio— por violar abiertamente las reglas del TMEC. Sin embargo, a pesar de que el acuerdo le faculta al país dirimir dichos aumentos a través de tribunales arbitrales o incluso imponer aranceles de retorsión, el gobierno mexicano ha decidido no proceder al respecto, en parte por temor a que las represalias trumpistas se exacerben —como en el caso de Canadá o incluso el de Brasil—, pero también porque espera obtener, una vez que todo el polvo de la guerra arancelaria se asiente, el arancel promedio más bajo de todos los socios comerciales, en la medida que el grueso de las exportaciones mexicanas puedan beneficiarse del acceso preferencial al mercado estadounidense. 

De acuerdo con el gobierno mexicano, 85 % de las exportaciones mexicanas cumplen con los requisitos para entrar libre de aranceles al mercado estadounidense, aunque en la práctica dicho porcentaje podría ser menor, ya que una serie de productos mexicanos ha quedado sujeta a cuotas de exportación —como el caso del jitomate— o a restricciones sanitarias —como el ganado en pie— o a restricciones de seguridad nacional —como los automóviles, el acero y el aluminio—. Tan solo el rubro de automóviles y partes constituyen el 27 % del total de las exportaciones mexicanas al vecino del norte.

Todo esto hacer ver que la naturaleza de la guerra comercial trumpista tiene un doble rasero: por un lado, busca obtener concesiones políticas y por el otro, fortalecer su proyecto MAGA de atraer cadenas de valor a suelo estadounidense, bajo el supuesto de que esto permitirá a los Estados Unidos recuperar la grandeza económica del pasado. La nueva tregua que se le ha extendido a México mantendrá, por consiguiente, los dos niveles en los que las tarifas se negocian. El Reino Unido logró obtener, sin embargo, cupos preferenciales para sus exportaciones automotrices, lo que podría sentar un precedente para México en las próximas rondas de negociaciones respecto a los aranceles MAGA.

Por lo que toca a los aranceles generalizados —que por ahora son de 25 % pero que Trump amenazó con elevar al 30 % y que afecta a las exportaciones que no cumplen con los requisitos del T-MEC— seguirán dependiendo de que el país muestre su voluntad por romper con la “alianza intolerable” entre gobierno y crimen organizado a la que tantas veces se han referido los funcionarios estadounidenses, lo que abre escenarios que van más allá de las relaciones comerciales.

En suma, si el gobierno mexicano logra negociar exenciones o, en el peor de los casos, cupos a la exportación —como en el caso del Reino Unido— para los aranceles MAGA, México podría en efecto lograr aranceles promedio por debajo del resto del mundo; esto siempre y cuando logre también desactivar los aranceles con fines políticos. Es por ello que el país se aferra a mantener vigente el TMEC, a pesar de que Estados Unidos lo violente sistemáticamente: se ha convertido en un instrumento a partir del cual el gobierno mexicano puede negociar exenciones no válidas para el resto de los países. La mala noticia, sin embargo, es que Trump ya también ha anunciado la imposición de nuevos aranceles al cobre y eventualmente a los microprocesadores, lo que mantendrá en la incertidumbre el acceso de cualquier país al mercado estadounidense.

Trump y la narrativa del “narcogobierno”: un arma política contra Sheinbaum

En las últimas semanas, el eje central de la tensión entre México y Estados Unidos no ha sido la economía ni la migración, sino en especial, la seguridad. Donald Trump ha colocado a Claudia Sheinbaum contra la pared con exigencias que apuntan directamente al combate al narcotráfico, la extradición de capos y las sospechas sobre un supuesto “narcogobierno” en México.

En la nueva etapa de tensiones entre México y Estados Unidos, Donald Trump ha encontrado una herramienta poderosa para presionar a la presidenta Claudia Sheinbaum: la narrativa del “narcogobierno”. Aunque no hay pruebas oficiales que sustenten la acusación de que el Estado mexicano opera en complicidad con los cárteles, el simple señalamiento ha tenido un fuerte impacto político y mediático en ambos países.

La estrategia de Trump no es nueva. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ya había insinuado que el gobierno mexicano toleraba a ciertos grupos criminales y que éstos controlaban el 30 % del territorio mexicano. Sin embargo, con Sheinbaum en la presidencia, el tema ha escalado y se ha convertido en un recurso para presionar en todos los frentes: seguridad, comercio y cooperación judicial. Cada vez que Washington exige más extradiciones o mayores decomisos, la sombra del “narcogobierno” reaparece como argumento para justificar medidas unilaterales. En la medida en que no se entreguen altos funcionarios del gobierno y de Morena, las presiones serán cada vez mayores.

El discurso es sencillo y efectivo: si México no actúa con rapidez y contundencia, entonces está “aliado” con el crimen organizado. Esta narrativa coloca a Sheinbaum en una situación delicada. Internamente, necesita mostrar independencia y firmeza; externamente, se ve obligada a entregar resultados inmediatos para no alimentar esa percepción. Así, Trump logra condicionar la agenda de seguridad mexicana bajo la amenaza de etiquetar al país como un “Estado capturado” por los cárteles.

El concepto de “narcogobierno” también le sirve a Trump en el terreno de su política interna. De cara a su base electoral, reforzar la idea de que México es un país dominado por los cárteles justifica una política dura en la frontera, la militarización contra el tráfico de drogas y un trato impositivo hacia Palacio Nacional. Al mismo tiempo, le permite desacreditar cualquier intento de Sheinbaum por negociar en condiciones de igualdad.

Para la presidenta mexicana, el reto es monumental. Cualquier error, omisión o vacilación puede ser usado como prueba de supuesta complicidad. El reciente episodio con la DEA ilustra bien este dilema: la agencia anunció un operativo conjunto contra el narcotráfico —“Operativo Portero”—, pero Sheinbaum negó su existencia, defendiendo la soberanía nacional. Trump, sin embargo, lo presentó como un ejemplo de la falta de transparencia del gobierno mexicano, reforzando la narrativa del encubrimiento.

El impacto político en México también es evidente. La oposición ha tomado el discurso de Trump como un eco para acusar al gobierno de Morena favorable al crimen organizado. Así, la narrativa del “narcogobierno” no solo debilita a Sheinbaum frente a Estados Unidos, sino que erosiona su legitimidad en el plano interno, donde la seguridad es una de las principales preocupaciones sociales.

Es claro que Trump no necesita pruebas concluyentes para que su estrategia sea efectiva. Basta con mantener la sospecha en el aire para condicionar la agenda mexicana y debilitar a su interlocutora. La presión en materia de seguridad no sólo busca resultados contra los cárteles, sino que pone en entredicho la legitimidad del gobierno mexicano. Sheinbaum se mueve en un terreno minado: necesita demostrar que no encabeza un “narcogobierno”, que puede enfrentar al crimen sin tutelaje extranjero y que, al mismo tiempo, logra sostener la relación con el vecino del norte. Para ella, el desafío consiste en romper esa narrativa con resultados claros, pero sin perder el control soberano sobre la política de seguridad. Una tarea que, en el actual escenario, luce tan urgente como compleja.

Bolivia hacia una nueva era política

La primera vuelta electoral en Bolivia marca un giro a la derecha que pone fin a 20 años de hegemonía política del Movimiento al Socialismo (MAS), una fuerza de izquierda populista que bajo el liderazgo de Evo Morales redibujó por completo el país en la Constitución de 2009. La derrota electoral del MAS fue total, una verdadera implosión, en un lejanísimo cuarto lugar con menos del 9 % de los votos, un solo diputado y ningún senador frente los tres primeros lugares de candidatos de la oposición que, en conjunto, suman casi el 80 % de la votación. La caída del MAS es histórica, mas no sorpresiva tras 10 años de desgaste gradual, de fractura interna entre Evo Morales y su sucesor Luis Arce y en la antesala de una crisis económica que se prevé la más grave desde 1985.  Frente al pésimo desempeño del gobierno saliente y en medio de falta de combustible, inflación y desabasto, el voto de castigo al oficialismo era inminente, mientras que la inhabilitación de la candidatura de Evo Morales por ser inconstitucional dejó a su movimiento en la lona.

Como todo fin de ciclo, son tiempos cargados de sorpresas e incertidumbres. La duda más inmediata es qué sector a la derecha del espectro político vencerá en la segunda vuelta el próximo octubre: el centro moderado de la democracia cristiana de Rodrigo Paz (32.2 %) o el neoliberalismo extremo del expresidente Tuto Quiroga (26.8 %). El centrismo de tinte socialdemócrata de Paz tiene mejores pronósticos pues ha sumado la adhesión de Samuel Doria, un político y empresario, quien quedó en tercer lugar con 19.9 % con una propuesta de derecha más técnica que la de Quiroga. En ninguno de los tres casos puede hablarse de derechas radicales lideradas por outsiders sin experiencia política semejante a la de Milei en Argentina o la de Bukele en El Salvador ni particularmente cercanas a Trump o a la nueva derecha internacional. Aunque todos ellos coinciden en la necesidad de llevar a cabo ajustes macroeconómicos y reformas pro mercado e institucionales de envergadura, sobre todo en el sistema de justicia, difieren en cuanto qué tan graduales serán y si deben hacerse de la mano del FMI. Está por verse hasta qué punto la contienda ahondará estas divisiones programáticas y si el próximo gobierno podrá construir los acuerdos legislativos necesarios para sacar adelante su programa en un Congreso en el que ninguna fuerza política tendrá mayoría.

La incógnita mayor, sin embargo, está del lado de los derrotados. La gran pregunta es qué camino seguirá Evo Morales quien, al haber sido inhabilitado para competir, hizo una campaña bastante exitosa en favor del voto nulo logrando atraer a una quinta parte del electorado. Es una fuerza política desestabilizadora y polarizante que abandera la idea de un fraude y desconoce los resultados, pero con peso considerable en ciertos sectores y, sobre todo, con una capacidad de movilización en las calles de la que carecen otros, además de un bastión territorial propio en el Chapare que le ha permitido a su líder evadir a la justicia por cargos de trata y estupro. Será, sin duda, un factor determinante de las condiciones de gobernabilidad que enfrentará el próximo gobierno. Una de las primeras decisiones que deberá tomar quien resulte ganador, será si dará prioridad o no a que se ejecuten las órdenes de aprehensión contra Evo y si buscará ejercer presencia y autoridad en la región andina que hoy controla Morales.

Desde la perspectiva de la geopolítica regional, los resultados de la primera vuelta electoral en Bolivia dejan muchas lecciones y reflexiones. Reafirman que en América Latina los partidos hegemónicos y los líderes populistas aún pueden ser derrotados por la vía electoral y que el mapa ideológico y político latinoamericano es más diverso y cambiante que la narrativa mediática dominante de la polarización entre extremas izquierdas y derechas radicales. El cambio político que se avecina en Bolivia representa un duro golpe para el bloque bolivariano del socialismo del siglo XXI y, aunque el país andino recalibrará sus posiciones de política exterior, es poco probable que desemboque en un realineamiento incondicional con Estados Unidos en su disputa con China: su inserción internacional está fuertemente atada a ambos polos.

El proceso boliviano también estará siendo analizado con lupa por las diversas fuerzas políticas de otros países, en especial de Colombia y Chile, que pronto medirán sus fuerzas en las urnas. Y desde México será de sumo interés observar cómo el país andino buscará salir del atolladero judicial en el que se metió con su experimento institucional de la elección de jueces por voto popular. EP

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