El ajedrez tridimensional de Trump

A los casi 100 días después de que Donald Trump regresara a la Casa Blanca, la guerra arancelaria iniciada desde enero, contra socios y rivales, parece haber llegado a su pico. Con un impuesto histórico a las importaciones chinas, del 145 %, Trump intenta acelerar la ruptura de cadenas comerciales con dicho país, por razones de competencia y seguridad tecnológica. China, por su parte, elevó sus aranceles al 125 % y prohibió las exportaciones de tierras raras hacia Estados Unidos —insumos clave para los microprocesadores—. Además, el gobierno chino aclaró que no habrá más aumentos: al nivel que han llegado, no habrá interés por parte de sus empresas por seguir comerciando con los Estados Unidos. Poco después, el 11 de abril, Trump antepuso una exención arancelaria generalizada a insumos electrónicos y microprocesadores, incluyendo aquellos provenientes del dragón asiático, aunque estos últimos se mantendrían sujetos al arancel del 25% originalmente impuestos debido al tráfico de fentanilo.  

Trump también decidió “pausar”, por 90 días, los aranceles recíprocos anunciados el 2 de abril, nombrado por él como “Día de la Liberación”. La pausa se hizo después de las caídas generalizadas en las bolsas del globo y de los temores de que la economía estadounidense entre en un ciclo de recesión con inflación. La pausa será utilizada, de acuerdo con Trump, para negociar acuerdos comerciales bilaterales con más de 60 países, incluyendo a la Unión Europea y a la propia China. Dicha empresa, además de costosa, será sin duda titánica para concretarse en tan poco tiempo. 

Los próximos 100 días de Trump pondrán a prueba lo que Peter Navarro, su asesor más radical incrustado en la Casa Blanca, ha llamado el “ajedrez tridimensional”, diseñado por él mismo, y que busca desacoplar a China de la economía estadounidense. Aunque Navarro no ha explicado bien quién ocupa la tercera dimensión del tablero, se puede inferir que, por un lado, las piezas de mayor peso las puede tener el lado estadounidense, mientras que China por ser altamente dependiente de sus exportaciones hacia los mercados globales, y concretamente el estadounidense, cuenta con piezas de menor peso. En esta perspectiva, el tercer jugador lo conformaría el resto de los países comerciantes, justo aquellos con los que Trump intentará llegar a acuerdos bilaterales en 90 días. 

La estrategia de Navarro, que a estas alturas no cuenta con el consenso del círculo cercano de Trump, sería acorralar a China: con aranceles tan altos y con prohibiciones elaboradas a modo para invertir en suelo estadounidense, llevaría tarde o temprano a la potencia asiática a replegarse en el tablero y quedar a la defensiva. Incluso en la jugada riesgosa de mantener un arancel del 25 % para los insumos electrónicos y microprocesadores provenientes de China, a la par de exentar al resto de los jugadores, Trump estaría pensando, aunque con exceso de optimismo, en llegar a acuerdos bilaterales con países que puedan sustituir las importaciones sensibles provenientes de la potencia asiática, incluyendo los minerales críticos. Aquí entraría toda una gama de países con posicionamientos geopolíticos de distinto peso, como Canadá, los pertenecientes al “triángulo del litio” (Argentina, Bolivia y Chile), Ucrania y varios países africanos, entre otros. En el caso de los socios norteamericanos, las jugadas apuntan a presionarlos para construir junto con Washington, una suerte de fortaleza cerrada, a través de requisitos más elevados que se están adicionando al T-MEC, de manera formal o informal, que discriminen entre los insumos provenientes de la región y los extrarregionales.

De ser esto cierto, el ajedrez de Navarro resulta demasiado limitado para la magnitud de lo que está en juego, ya que hay movimientos que se realizan en tableros paralelos capaces de alterar el valor de las piezas con las que China y Estados Unidos están jugando. Es, por así decirlo, moverse en una multiplicidad de tableros, en donde las pérdidas o ganancias en uno de ellos, afectan al tablero tridimensional concebido por Navarro. ¿Dónde quedarían, si no, la volatilidad de los mercados financieros? ¿O el conflicto abierto que se ha manifestado entre Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal y Trump, advirtiendo sobre las presiones inflacionarias y recesivas desencadenadas por su guerra arancelaria? ¿Dónde está el desencanto y oposición que están generando sus acciones ejecutivas, que van mucho más allá de las comerciales y que están fragilizando los valores e instituciones que han fundado y legitimado la democracia de los Estados Unidos?

Los próximos 100 días de Trump demostrarán cuál de los tableros en los que ha decidido jugar tendrá más peso sobre los demás, aunque para entonces se haya incurrido en pérdidas difíciles de subsanar.

Amenazas a la seguridad bilateral

En estas últimas semanas, el presidente Trump ha intensificado su discurso contra los cárteles mexicanos, considerándolos cada vez más una amenaza para la seguridad nacional. Ha planteado medidas agresivas que van desde sanciones económicas hasta posibles operaciones militares, aunque estas últimas aún no se han concretado. En las diferentes reuniones de inteligencia y seguridad, así como en el proceso de ratificación del nuevo embajador estadounidense para México, Ronald Douglas Johnson, quien fue confirmado por el Senado el pasado 9 de abril, se ha hablado de posibles intervenciones militares en México. Sin duda, estas acciones reflejan una estrategia de presión hacia el gobierno mexicano para que tome medidas más contundentes contra el narcotráfico y la migración irregular. Los estadounidenses han dejado muy en claro que lo que les interesa es que detengan y extraditen a funcionarios y empresarios que hayan favorecido al crimen organizado, al tráfico de fentanilo y, por supuesto, al lavado de dinero. A Trump no le es suficiente el que se hayan mandado 29 capos y criminales. Tienen listas y demandas en contra de varios gobernadores, miembros del gabinete presidencial actual y del sexenio anterior, y no se van a conformar con criminales que ya estaban presos.

De hecho, han evaluado la posibilidad de utilizar drones para atacar a los cárteles de la droga en territorio mexicano. Por supuesto que en los discursos públicos hablan de la importancia de la cooperación bilateral, pero también han mencionado que de ser necesario, actuarían unilateralmente. Durante el mismo proceso de ratificación de Johnson, él mismo mencionó que no descartaría la probabilidad de intervenciones militares. Llama la atención la falta de una respuesta contundente por parte del gobierno mexicano ante esta mención. En cualquier otro momento, nunca se aceptaría y se rechazaría a un embajador, aunque fuese de Estados Unidos, quien antes de llegar avisó públicamente que sería capaz de intervenir a México. Tan sólo la presidenta Sheimbaum ha dicho que no se aceptaría el uso de drones en nuestro territorio y que rechazaría cualquier intervención militar. No obstante, no han hecho mención alguna sobre lo dicho por Johnson. 

Por otra parte, sabemos que los estadounidenses actúan unilateralmente cuando consideran que se afecta su Seguridad Nacional. Así lo hicieron con la llegada de El Mayo Zambada a su territorio en un gobierno mucho más conciliador como el de Joe Biden. Lo que se espera con esta administración de Trump es que las presiones en materia de seguridad sean cada vez más fuertes. En el grupo de México en el Mundo se ha discutido la posibilidad de acciones unilaterales dado que Trump necesita resultados inmediatos y contundentes en un contexto en el que su popularidad ha bajado considerablemente con sus medidas arancelarias, no sólo por los efectos internacionales sino por las reacciones al interior de su propio país. Existe un gran descontento entre la población estadounidense y necesita tener los votos necesarios para las próximas elecciones de medio término, por lo que muy probablemente tome medidas unilaterales en su relación de seguridad con México, independientemente de los efectos para el gobierno mexicano y el daño a la relación bilateral.

La derecha triunfa en Ecuador

El triunfo electoral del presidente Daniel Noboa sorprendió por la amplia diferencia de 11 puntos (55.6 % contra 44.4 %) con la que se impuso a la candidata correísta de Revolución Ciudadana (RC), Luisa Gonzalez. En la primera vuelta, la contienda partió de un empate técnico entre ambos y todas las encuestas anticipaban un resultado muy cerrado. A una semana de la elección, González no ha reconocido su derrota y exige el recuento de votos aun cuando no ha presentado pruebas y su denuncia de fraude resulta endeble ante una diferencia de más de un millón de votos. Este ha sido uno de los procesos electorales con más misiones de observación internacional en la historia del país. Las misiones de la OEA y la UE, aunque han descartado la hipótesis del fraude, han señalado irregularidades y falta de equidad en la contienda por el uso de recursos públicos en favor del candidato-presidente.

Un golpe duro para el correísmo que en 11 de las últimas 12 votaciones presidenciales no ha logrado romper su techo electoral en algunas provincias indígenas. Desde 2017, el sustrato histórico de rechazo al correísmo le ha impedido ser una opción ganadora y, en esta ocasión, le permitió a Noboa arrancarle a González cinco provincias clave que la habían respaldado en la primera vuelta. Los resultados indican que hubo un giro importante en el electorado a favor de Noboa quien obtuvo 1.2 millones de votos más que en la primera vuelta, mientras que su contrincante sólo aumentó su base en 130 mil votantes adicionales. Miembros notables de RC se han deslindado de las acusaciones de fraude que ha hecho González y llaman a una revisión autocrítica de las razones que les han impedido ampliar su base electoral. La “sombra del caudillo” del expresidente Correa en el exilio es considerado para muchos correístas como un factor disruptivo. Queda abierta la pregunta de por qué las nuevas derechas populistas y radicales están siendo electoralmente atractivas para sectores populares en muchos países latinoamericanos, al igual que en Estados Unidos.

Es pronto para valorar si se trata de un cambio significativo en el mapa político territorial ecuatoriano o si es un resultado temporal de la eficacia de la campaña oficialista para atraer a los indecisos, movilizar el miedo a la inestabilidad económica ante el escenario de un triunfo correísta y capitalizar la consigna de “mano dura contra el crimen” en el inicio de año más violento en la historia del país (750 homicidios dolosos en enero). Sin embargo, no hay que olvidar que el correísmo se mantiene como la primera fuerza política en la Asamblea Nacional, con el 35 % de las curules frente al 10 % en manos del partido oficial, Acción Democrática Nacional. Así pues, en su segundo mandato (2025-2029), Noboa gobernará sin mayoría legislativa, sin estructura partidaria sólida ni un equipo de gobierno solvente. En estas condiciones es muy probable que recurra a medidas efectivas y a poderes presidenciales extraordinarios, como las declaratorias de estado de excepción, para avanzar su programa de gobierno.

La reelección de Noboa tiene importantes implicaciones en la región. Por un lado, es previsible que se prolongue y ahonde el conflicto diplomático con México abierto en 2024 por el asalto a la embajada mexicana en Quito. La bandera antimexicana en Ecuador ha sido utilizada por Noboa durante su campaña electoral al imponer unilateralmente aranceles del 27 % a México en una suerte de “mimetismo” trumpista y, más recientemente, al alertar de posibles atentados en su contra tras su reelección con participación de carteles mexicanos. El gobierno mexicano, por su parte, no ha reconocido los resultados del proceso electoral y ha negado las acusaciones sobre el involucramiento de sicarios mexicanos. Las relaciones con Colombia también podrían tensarse por las declaraciones de Petro cuestionando la integridad de las elecciones. No es el caso de las relaciones con otros gobiernos progresistas como el de Boric y Lula. El punto para destacar son las notables diferencias de posición entre los gobiernos de izquierda latinoamericanos a menos de dos semanas de haberse celebrado la IX Cumbre de la CELAC, donde enarbolaron la retórica de la unidad sin una estrategia común ni propuestas prácticas para hacer frente al difícil contexto de la guerra comercial de Trump.

Por otro lado, y quizá más importante, el triunfo de Noboa representa un avance de las políticas conservadoras que promueve la extrema derecha estadounidense en América Latina y la consolidación de un aliado incondicional de los intereses comerciales y de seguridad de la política exterior del gobierno de Trump. Noboa junto con Bukele y Milei son cabeza de playa del trumpismo en la región no sólo por su cercanía ideológica, sino por su interés abierto y explícito en cultivar acuerdos bilaterales con Estados Unidos para consolidarse en el poder además de obtener ventajas económicas, respaldo político y asistencia militar. Cabe recordar que estos tres presidentes junto con Meloni fueron invitados a la toma de posesión de Donald Trump y son vistos como aliados y como modelos de liderazgo político a emular.

En el caso de Ecuador, el principal tema en la agenda nacional y bilateral es el de la seguridad, donde podrían venir cambios tan significativos como la eventual eliminación del artículo constitucional de 2008 que prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. En octubre de 2024, Noboa envió una iniciativa de reforma constitucional en este sentido como parte de su política de mano dura y combate frontal al crimen organizado en un país al que ha declarado en situación de “conflicto armado interno”. Durante su visita a Mar-a-Lago poco antes de la elección, le planteó al presidente Trump la solicitud de incluir en la lista de organizaciones terroristas a los grupos del crimen organizado que operan en Ecuador. Noboa tiene previsto viajar a Estados Unidos a una semana de su reelección para cerrar este y otros acuerdos en materia de inteligencia, monitoreo militar de fronteras marítimas y territoriales, combate a grupos irregulares con actividades de pesca y minería ilegal, venta de armamento y paquetes de ayuda militar.

En Ecuador, se afianzará un populismo punitivo similar al de Bukele con características propias, pues los retos de seguridad son muy distintos a los de El Salvador. El triunfo de Novoa no sólo refleja la fractura ideológica y la polarización política a lo largo y ancho de la región, sino que representa, además, una plataforma voluntaria de colaboración con el proyecto regional de Trump de retomar el control sobre los recursos estratégicos y la infraestructura comercial y logística frente al avance de China. La alianza de Noboa con Trump no se agotará en los temas de seguridad y vendrán acuerdos en materia migratoria y económica fincados en afinidades ideológicas y personales además de un pragmatismo político transaccional. EP

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