Este mes, la reflexión del Grupo México en el Mundo analiza tres temas relevantes en el panorama internacional.
Texto de Susana Chacón, Isidro Morales & Guadalupe González 20/11/25
Este mes, la reflexión del Grupo México en el Mundo analiza tres temas relevantes en el panorama internacional.
La gira de Donald Trump en octubre pasado a países ubicados en el Pacífico asiático culminó, sin duda, con un encuentro con Xi Jinping, en Corea del Sur, donde se anunció la renovación de la tregua arancelaria entre los dos países y la posibilidad de llegar a un acuerdo comercial más definitivo. Siguiendo el formato de negociaciones precedentes, Washington anunció concesiones en materia de exportación de microprocesadores y China se comprometió a mayores compras de soya y productos estadounidenses a la par de suspender, por un año, el embargo que pretendía imponer a sus exportaciones de tierras raras. Los avances y acuerdos comerciales anunciados por Trump durante su gira hacen ver los límites y alcances de los mismos.
En el caso de China, único país capaz de doblegar el arma arancelaria trumpista, el dragón asiático está dispuesto a flexibilizar la apertura de su mercado a las importaciones e inversiones estadounidenses a cambio de llegar a un acuerdo en la producción e intercambio de microprocesadores de nueva generación, claves para el desarrollo de la inteligencia artificial y el futuro de la electromovilidad. El encuentro entre mandatarios dejó en claro que China seguirá siendo un socio comercial importante de los Estados Unidos, a pesar de contar todavía con un arancel nominal del 47 %, el más alto hasta ahora impuesto por Trump. Sin embargo, mientras la potencia asiática ponga en la mesa de negociación el acceso a su mercado y su cuasimonopolio de tierras raras y otros minerales críticos, tendrá el suficiente peso para mantener su presencia comercial en territorio estadounidense.
Los acuerdos anunciados con Japón y Corea del Sur incluyen un recorte de aranceles a cambio de que las dos potencias asiáticas eleven sus importaciones agrícolas y automotrices provenientes de Estados Unidos, a la par de elevar las inversiones hacia ese país. Dichas inversiones estarán, además, financiadas con fondos públicos y se canalizarán hacia sectores prioritarios de los Estados Unidos.
Para los países de menor desarrollo de la región, las concesiones han sido de otra índole. Además de abrir su mercado a las exportaciones estadounidenses, algunos de ellos se han comprometido a adoptar medidas extraterritoriales impulsadas por Washington para incentivar el desacoplamiento con insumos provenientes de China. Malasia, por ejemplo, ha aceptado imponer controles a la exportación de ciertos productos si Washington se lo solicita, además de apoyar las sanciones que este país imponga a individuos o empresas. Camboya, a su vez, ha aceptado imponer cuotas y aranceles espejo hacia terceros países, similar a los adoptados por Estados Unidos, además de proveer información sobre los flujos de inversión extranjera directa que ingresan al país. Con Vietnam, se ha anunciado, aunque todavía no aceptado, la posibilidad de imponer gravámenes a los insumos chinos que se triangulan por este país hacia Estados Unidos.
Dado que todos los acuerdos anunciados hasta ahora no son del todo definitivos, ya que son susceptibles de ser ampliados o profundizados, además de estar sujetos a los exabruptos de Trump, están mandando su mensaje al resto de países que aún se encuentran negociando arreglos comerciales con Washington, como es el caso de Canadá y México, en un momento en que la revisión del T-MEC se ha iniciado. Es probable que Washington pida, por ejemplo, mayores inversiones de Canadá hacia Estados Unidos o la adopción de medidas extraterritoriales por parte de sus dos vecinos, entre otras consideraciones, como condición para mantener vigente el acuerdo.
En las últimas semanas, la administración de Donald Trump ha intensificado sus presiones contra México y Venezuela, lo que representa un viraje geopolítico con profundas implicaciones regionales y humanitarias. Esta escalada no solo refleja una estrategia frente al narcotráfico, sino también un claro uso del discurso de seguridad para justificar una acción militar que confronta la soberanía de otros países latinoamericanos. Es evidente que su postura de seguridad nacional, incluye un mensaje claro para China y Rusia de buscar incrementar su interés de control, presencia y poder en el hemisferio occidental.
Por un lado, Trump ha dejado en claro su descontento con México. No solo por la represión a la marcha del pasado 15 de noviembre ante lo que dijo que el gobierno mexicano tiene grandes problemas de gobernabilidad por su relación con el crimen organizado y por la creciente corrupción de sus funcionarios. Además, acusa al país de seguir permitiendo la entrada de fentanilo a su territorio y declaró que estaría orgulloso de ordenar ataques contra narcolanchas mexicanas, aunque sin confirmar si lo haría o si consultaría con el gobierno de México. Esto significaría un cruce de línea peligroso, ya que favorecería la posibilidad de intervención en el país bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Además, no se limita a amenazas verbales: ha sugerido que el Congreso aprobaría una acción así, incluso con un respaldo bipartidista. Veremos hasta qué punto esto se mantiene como amenazas o se procede con acciones unilaterales.
Al mismo tiempo, en el caso de Venezuela, Trump no descarta ninguna acción militar para cambiar el régimen de Nicolás Maduro. Se trata de una presión concreta: el despliegue militar en el Caribe ha aumentado, con el portaaviones USS Gerald R. Ford formando parte de lo que EUA llama la Operación Lanza del Sur, dedicada a combatir a los narcoterroristas. En paralelo, Trump ha abierto la puerta al diálogo diplomático con Maduro, lo que sugiere una dualidad entre amenaza y posible negociación. Sabemos que con Maduro no se puede negociar por lo que esto complejiza el escenario. Pensar en acordar con él significa mantener un régimen criminal.
Sin embargo, esta estrategia de doble filo, amenazar con bombardeos y al mismo tiempo hablar de diálogo, es peligrosa. Por un lado, la amenaza militar desestabiliza a la región, incrementa el riesgo de escalada y vulnera las soberanías mexicana y venezolana. Por otro lado, la posibilidad de conversación con Maduro podría ser usada como un gesto calculado más para ganar legitimidad o presionar que para lograr un acuerdo real.
La justificación del uso de la fuerza extraterritorialmente comenzó con sus órdenes ejecutivas desde el 20 de enero pasado. Para México, la implicación es particularmente grave, permitir ataques militares desde Estados Unidos equivaldría a renunciar a parte de su autonomía. Los cárteles son un problema real, pero la militarización externa puede traer más daño que beneficio, especialmente si no va acompañada de políticas amplias de prevención, desarrollo social y cooperación bilateral. Por un lado, Marco Rubio dice que no intervendrán directamente, al mismo tiempo que Trump subraya su enojo con las autoridades mexicanas.
En cuanto a Venezuela, Trump ha centrado su mensaje en el anticomunismo y la guerra contra las drogas. Sin embargo, su acción militar atacando lanchas y matando a supuestos narcotraficantes es ya una forma de intervención, con costos humanos y políticos. La alternativa del diálogo, que difícilmente es genuina ni viable, no podría quedar supeditada a la amenaza de bombardeo. En dado caso, se deberían proponer mecanismos para la construcción de una paz duradera.
Es claro que la presión ejercida por Trump en estas últimas semanas es un ejercicio de poder y búsqueda de mayor hegemonía. Utiliza el discurso de la seguridad para plantear intervenciones que podrían vulnerar la soberanía regional. Al mismo tiempo, coquetea con el diálogo para mantener una apariencia diplomática. Si bien combatir el narcotráfico es una meta legítima, no puede ser el vehículo para una política exterior agresiva que pone en riesgo la autonomía de México y Venezuela. La región debe estar alerta ya que el escenario dista de ser alentador.
La decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas con México marca el punto más álgido de una crisis incubada desde diciembre de 2022, cuando México denunció la destitución de Pedro Castillo como un “golpe parlamentario” y otorgó asilo a su familia. Desde entonces la tensión se mantuvo activa, pero bajo el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum el conflicto se profundizó y culminó con la ruptura formal de relaciones durante el gobierno de Javier “Jeri” López en Perú. Sheinbaum ha mantenido la línea de López Obrador, quien en su momento llamó a Boluarte “usurpadora” y se negó a entregarle la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. El gobierno peruano percibe esta continuidad como prueba de una política exterior ideologizada e injerencista.
La última ola de tensión inició con el gobierno anterior de Dina Boluarte a raíz de declaraciones de la presidenta mexicana consideradas en Lima como francamente injerencistas. El 6 de octubre, Sheinbaum afirmó públicamente que “en Perú hubo un golpe de Estado técnico contra un presidente legítimo” y añadió: “lo que pasó con Pedro Castillo es inaceptable para la democracia en América Latina”. El gobierno de Dina Boluarte respondió llamando a consultas a su embajador y exigiendo una rectificación que no llegó. Unos cuantos días después, la presidenta peruana fue destituida por el voto unánime del Congreso. La crisis escaló de forma irreversible cuando México concedió asilo político a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, acusada de rebelión y participación en el intento fallido de Castillo por cerrar el Congreso. Tras su excarcelación por decisión del Tribunal Constitucional, la exministra peruana buscó asilo en la embajada mexicana. Para Lima, el asilo fue la “gota que derramó el vaso”, pero no lo único. El canciller peruano declaró que “México ha cruzado todas las líneas de respeto diplomático”, y su gobierno anunció la ruptura de relaciones diplomáticas, no de las consulares. No era la primera vez que Perú reaccionaba con dureza. En 2023 había declarado persona non grata al embajador mexicano, Pablo Monroy, tras su labor para facilitar la salida de la familia Castillo.
En esta crisis no hay inocentes, la respuesta peruana también obedece a cálculos internos y a la situación de inestabilidad política cuasipermanente en Perú con siete presidentes desde 2018. La presidenta Boluarte enfrentó niveles de apoyo que rara vez superaron el 10 %, un Congreso desprestigiado que gobierna sin contrapesos reales, una sensación generalizada de inseguridad ciudadana y una percepción internacional marcada por las denuncias de violaciones graves a los derechos humanos durante las protestas de 2022-2023. Convertir a México en adversario externo ha sido útil pues ha permitido a los gobiernos interinos mostrarse firmes ante un enemigo ideológico y reencuadrar la crítica internacional como hostilidad política. Es una crisis sostenida por espejos. En México, defender a Castillo y a sus colaboradores refuerza el relato de un hemisferio dividido entre gobiernos progresistas y élites conservadoras. Para Perú, denunciar la intromisión mexicana permite presentar al gobierno como defensor de la soberanía ante el activismo diplomático —real o percibido— de la izquierda regional. Así, ambos gobiernos operan bajo la misma lógica: sacrificar una relación bilateral primordial para obtener ganancias políticas internas. Como resultado, la política exterior deja de ser una herramienta profesional y se convierte en una extensión de la disputa doméstica con cálculos cortoplacistas.
¿Fue desproporcionada la reacción peruana? Desde un punto estrictamente diplomático, sí. El asilo es una figura reconocida del derecho internacional latinoamericano y precepto constitucional en Perú (art. 36) otorga el asilo la calificación que acepta que su calificación le corresponde al país asilante. Declarar la ruptura total de relaciones es una medida extrema que suele reservarse para casos de agresión directa o riesgo de seguridad. Pero la pregunta es insuficiente si no se considera la fragilidad institucional peruana: cualquier gesto hostil, por menor que sea, se amplifica en un ambiente político incierto y con un gobierno que necesita mostrar autoridad.
La ruptura entre México y Perú ocurre en una coyuntura crítica que ahonda la fractura latinoamericana cuando la región debería estar articulando posiciones comunes frente al retorno de Donald Trump y sus presiones anunciadas y adoptadas en migración, comercio, política antidrogas y seguridad. Sin capacidad de coordinación, América Latina enfrenta una Casa Blanca cada vez más asertiva sin mecanismos colectivos de negociación, entregando a Washington lo que más le conviene: un continente dividido, reactivo y sin voz propia. Al final, el dato más preocupante es la ausencia de diplomacia eficaz. Ni México ni Perú desplegaron mecanismos de desescalamiento, consultas discretas o mediación. La relación bilateral se administró a través de conferencias de prensa y redes sociales, no de la actuación de diplomáticos profesionales. Ambos gobiernos sacrificaron deliberadamente la posibilidad de procesar el conflicto en privado.
La política exterior nunca opera en condiciones cómodas. Su función es construir puentes incluso cuando los gobiernos se detestan. Renunciar a ello es renunciar a la diplomacia. La crisis México-Perú no es solo un desacuerdo coyuntural; es un síntoma de algo más profundo: la región ha perdido el hábito de gestionar sus diferencias sin destruir canales de interlocución. Y cuando un continente deja de hablarse, la política exterior deja de existir. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
