Como era de esperarse, una vez que Donald Trump asumió la presidencia en su segundo periodo, las presiones sobre México tomaron fuerza. Sus temas de preocupación fueron claramente anticipados durante su campaña: el trasiego de drogas, principalmente el fentanilo; la migración indocumentada, y la seguridad de las fronteras. 

Durante los meses previos al cambio de estafeta, los partidarios de Trump, particularmente en el Congreso, enarbolaron la bandera de que cualquier cooperación con México debía estar centrada, por parte del gobierno mexicano, en la persecución de los cárteles de las drogas, en impedir el tránsito de la migración indocumentada hacia Estados Unidos y en asegurar la frontera sur mexicana.

Una vez instalado en el poder, el presidente Trump declaró la guerra de los aranceles. Hay que destacar que esto se hizo prácticamente con todo el mundo. Canadá no recibió mejor trato que México. A los países que presentaron mayores objeciones les impusieron los aranceles más altos, como fue el caso de Brasil y Colombia.

La política arancelaria ha estado acompañada de constantes provocaciones al gobierno de México, con amenazas de acciones armadas unilaterales para perseguir a los narcotraficantes, comentarios despectivos sobre los mexicanos, militarización de la frontera y amenazas de incrementar aún más los aranceles. Trump securitizó la agenda e insiste en que el gobierno de México no tiene el control de su territorio, lo que puede ameritar y justificar su intervención.

El gobierno mexicano ha decidido, hasta ahora, no contestar a las provocaciones verbales y no responder con reciprocidad en el tema de los aranceles. Se sabe que el presidente Trump y su homóloga Claudia Sheinbaum, aunque no se han reunido en persona, han tenido al menos una decena de conversaciones telefónicas; aunque su contenido se desconoce. Ninguno de los dos gobiernos se distingue por sus políticas de transparencia.

Un tema adicional en la agenda de Trump con México es la colusión de políticos y funcionarios de los tres niveles de gobierno con el crimen organizado. Una de las primeras directivas que firmó Trump al llegar a su segundo mandato, fue la inclusión de cárteles mexicanos en la lista de organizaciones terroristas internacionales. Al poco tiempo le cancelaron la visa a una gobernadora y a un presidente municipal fronterizo, y salió una lista de políticos y funcionarios que podrían estar en la misma situación, lo que ciertamente sembró temor y nerviosismo en la clase política mexicana. 

En lo que se refiere a la militarización, Trump anunció la creación de dos zonas de defensa nacional con efectivos de sus fuerzas armadas, una en Arizona y la otra en Texas, a efecto de ejercer mayor presión sobre los cruces fronterizos y ayudar a evitar el ingreso de migrantes indocumentados. El gobierno de México ha sido cauto en no responder a las provocaciones y ha emprendido un esfuerzo sin precedente en la persecución del crimen organizado. Esto le ha servido para reducir las presiones y las amenazas.

En esta evolución, el gobierno mexicano ha esperado alguna señal en relación con los planes que pueda tener Trump para la revisión/renegociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Hasta ahora, no ha habido ninguna. Sobre el tema permea total incertidumbre. 

Hace unos días, por primera vez desde que tomó posesión Trump, visitó México el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. De las conversaciones privadas nada se sabe, pero, al final, se emitió un comunicado conjunto y hubo una conferencia de prensa de los cancilleres. Sorprendió el tono amigable y respetuoso del secretario Rubio, además del hecho de ser el primer comunicado conjunto en años, después de una reunión de autoridades de alto nivel de los dos países.

En el comunicado, de tan solo tres párrafos, se reiteran los temas planteados como de interés común: “contrarrestar a los cárteles, fortalecer la seguridad fronteriza, eliminar los túneles fronterizos clandestinos, abordar los flujos financieros ilícitos, mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible, incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas”.

En el comunicado se plantea que “se ha establecido un grupo de implementación de alto nivel que se reunirá regularmente para dar seguimiento a los compromisos mutuos y las acciones tomadas dentro de sus propios países”. También es una buena noticia, si se considera que el grupo de alto nivel para los temas de seguridad creado en la década de 1990, desapareció hace varios años. Sin embargo, no se menciona ningún acuerdo ni se hace referencia a ninguna de las acciones. A pesar de ello, el tono en el que se desenvolvió la visita nada tiene que ver con el acostumbrado por Trump para hablar de México. 

¿Qué puede esperar México a partir de este momento? Sin pretender contar con un pronóstico preciso, hay situaciones que se pueden pensar como probables:

• El tono de los voceros oficiales al referirse a México será más apacible, excepto cuando al presidente Trump le convenga lo contrario con fines electorales.
• La política de aranceles se mantendrá en su estado actual, aunque no necesariamente disminuirán las amenazas. En cualquier momento puede haber noticias de lo que pretende hacer Trump con el T-MEC.
• No se incrementarán las medidas de militarización de las fronteras, mientras no suceda algún evento extraordinario.
• Estados Unidos continuará buscando formas en que el gobierno de México “se deje ayudar” para el combate al crimen organizado en su territorio, sin necesariamente alcanzar acuerdos que sean públicos. 
• La política migratoria de Estados Unidos se seguirá endureciendo en el discurso y en las restricciones, pero, como ha sucedido hasta ahora, no habrá deportaciones masivas.
• El grupo de alto nivel de seguridad iniciará sus trabajos e informará (con gotero) periódicamente sobre sus avances. 

El gobierno de México enfrenta un reto sin precedente al tratar con su vecino del norte. Más allá de las asimetrías del poder, que son evidentes en los ámbitos económico y militar, el estilo de gobernar y de hacer política exterior del presidente Trump (que no es exclusivo para México) hace sumamente difícil la cooperación con Estados Unidos, sin subordinación.

Para México, el principal problema de su agenda nacional es el crimen organizado en todas sus vertientes, que se ha enraizado en el territorio y en la sociedad mexicana, afectando de manera brutal a la población, a la economía y a las estructuras de gobierno. Más allá de lo que este problema preocupa a Estados Unidos (número uno en su agenda bilateral). para salir de esta situación, México deberá invertir buena parte de sus recursos y esfuerzos, antes de que sea demasiado tarde. EP

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