El objetivo prioritario de la agenda de México con la Unión Europea sigue siendo, básicamente, el mismo desde hace al menos un lustro: la firma y la ratificación del Acuerdo Global Modernizado. Este Acuerdo, cuya negociación concluyó, “en principio”, durante el primer mandato del presidente estadounidense Donald Trump, en abril de 2017, recobra ahora, tras su regreso al poder, mayor urgencia de la que tuvo entonces por reforzar la diversificación de las relaciones políticas y económicas de ambas partes. La nueva política comercial de Estados Unidos afecta especialmente a sus principales socios, entre ellos México y la Unión Europea, cuyas economías no sólo enfrentan “aranceles recíprocos” y otras restricciones de acceso al mercado estadounidense, sino también un ataque frontal al sistema multilateral de comercio. Este escenario genera enorme incertidumbre a todos los actores económicos y amenaza con tendencias recesivas.

La conclusión de la negociación del Acuerdo Global Modernizado es hoy una incógnita: mientras que la Comisión Europea la anunció en enero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia de prensa que “había avances”, pero no confirmó que hubieran concluido. Así pues, una primera tarea para el gobierno de México en los próximos meses sería aclarar este punto. El siguiente paso sería agendar su firma. La próxima Cumbre Unión Europea-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), prevista para noviembre de 2025 en Santa Marta, Colombia, ofrece una oportunidad apropiada. Sería una señal poderosa del interés de la Unión Europea y Latinoamérica por reforzar los lazos que las dos regiones han construido por más de 3 décadas para vincularse de forma institucional, basándose en reglas. Se busca que en esta Cumbre, la Unión Europea y el Mercado Común del Sur (Mercosur), cuyas negociaciones concluyeron en enero de 2025, anuncien también la firma de su acuerdo. Que las economías más grandes de Latinoamérica anuncien su voluntad de vincularse de manera más estrecha e institucionalizada con la Unión Europea sería un éxito político para las dos regiones y daría algo de estabilidad a los actores económicos que tanto la necesitan ahora.

Tras la firma, se iniciaría la aplicación provisional de la parte económica del Acuerdo, quedando para más adelante la ratificación de los apartados sobre diálogo político y cooperación, que, al ser competencia compartida o exclusiva de los Estados miembros, debe pasar por los parlamentos nacionales o subnacionales. La parte económica del Acuerdo incorpora nuevas disciplinas comerciales y de inversión que no existían cuando se negoció el Acuerdo Global original, a finales de la década de los 90, por ejemplo, sobre comercio electrónico, propiedad intelectual y nuevas denominaciones de origen, además de un nuevo marco más ágil y actualizado para la solución de controversias. La mayoría de los aspectos de este acuerdo ya son parte de los compromisos internacionales de México como parte del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), de modo que no requerirían modificaciones importantes de la legislación interna mexicana, pero ayudarían a apuntalar la diversificación.

Más allá de la firma del Acuerdo Global Modernizado, hay dos temas que ya se están atendiendo con la Unión Europea y que requieren seguimiento. Por un lado, obtener apoyo europeo para la preparación de los exportadores mexicanos hacia aquella región con la finalidad de que puedan cumplir con los requerimientos que imponen dos nuevas regulaciones en materia medioambiental de la Unión Europea: el Reglamento Europeo contra la Deforestación y el impuesto al carbono, que se impone para una lista de productos cuya producción genera altos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, como el cemento, la cual se irá ampliando con el tiempo. Por otro lado, es preciso afinar y avanzar los proyectos de la agenda de inversiones de Global Gateway, esquema que ofrece incentivos, garantías y ayudas a las inversiones europeas, particularmente en infraestructura verde y proyectos vinculados al desarrollo sustentable. Estos proyectos deben cumplir con estrictos estándares de gobernanza, sociales y medioambientales, que concuerdan con los objetivos del gobierno mexicano y pueden generar beneficios directos para la población.

En cuanto a las relaciones con los Estados miembros de la Unión Europea, sigue pendiente recomponer la relación política con España, principal inversionista en México después de Estados Unidos, y con innumerables lazos personales y culturales que se ven afectados por el desencuentro al más alto nivel. Se requiere de un trabajo diplomático fino y discreto para destrabarlas; sin duda, hay la voluntad de hacer algo por la parte española. El gobierno de Pedro Sánchez ha tenido gestos conciliatorios, como otorgar el premio Princesa de Asturias al Museo Nacional de Antropología, para mostrar su interés por mejorar la interlocución política con México, país que ocupa un lugar de alta prioridad en sus relaciones exteriores. Esta ventana de oportunidad podría estrecharse o cerrarse de haber un cambio en el gobierno de ese país hacia la derecha. España y México han trabajado conjuntamente en la agenda de la cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, celebrada en Sevilla, cuyo seguimiento deberá darse en México. Reanudar el diálogo político bilateral al más alto nivel entre estas dos potencias medias ayudaría a que ese trabajo fuera más terso y potente, en beneficio no sólo de ambos países, sino de la sociedad internacional en su conjunto, que requiere de voces constructivas para contrarrestar las dinámicas geopolíticas disgregadoras y polarizantes que hoy dificultan la cooperación internacional.

Los tiempos que corren presentan enormes desafíos para México y la Unión Europea, en primera línea de las políticas disruptivas de Washington. En este contexto, el gobierno mexicano requiere reforzar sus alianzas, y Europa es un socio imprescindible en la defensa conjunta del Derecho Internacional, el orden multilateral, el intercambio económico basado en reglas y los objetivos de desarrollo sustentable. La agenda está ahí y los mecanismos para trabajarla también. Hay que aprovecharlos. EP

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