Los efectos disruptivos del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca bajo las banderas de “America First” y “Make America Great Again” (MAGA) se resienten con fuerza en la región latinoamericana, hoy dispersa y debilitada. Mientras que en Asia el garrote del presidente estadounidense, sobre todo comercial, ha catalizado iniciativas insólitas de diálogo regional (China, Corea del Sur y Japón), en Latinoamérica ha impuesto un bilateralismo extremo de naturaleza transaccional que acentúa la parálisis y las tendencias centrífugas, al menos en el corto plazo.

Son tiempos complejos en los que confluyen tres factores: 1) el inédito nivel de atención negativa y visibilidad mediática en Washington sobre México, América Latina y el Caribe como fuente de “amenazas existenciales” a su seguridad (migración, narcotráfico, fronteras y vínculos con China); 2) los crecientes vasos comunicantes entre el trumpismo y las derechas radicales latinoamericanas, y 3) el peso creciente de actores conservadores de Florida en el endurecimiento de la política hacia la región, con el Secretario de Estado, Marco Rubio, en el timón.

El panorama latinoamericano no es alentador. Todo apunta a la incapacidad para salir de una década de lento crecimiento, erosión democrática, violencia crónica y regionalismo agónico. Sin duda, es un panorama de alto riesgo por la inminencia de crisis institucionales, péndulos políticos radicales y políticas exteriores imprevisibles en medio del intenso ciclo electoral 2025-2026. Habrá elecciones y cambios de gobierno en Bolivia, Chile, Honduras, Costa Rica, Perú, Colombia, y Brasil, entre otros, donde se observa un avance de las derechas, con ofertas de mano dura frente a la inseguridad con consecuencias aún impredecibles para la gobernanza democrática y la cooperación regional.

En esta coyuntura, México se encuentra en una posición difícil en su doble condición de país norteamericano y latinoamericano, con frentes abiertos al norte y al sur, y márgenes de maniobra que se estrechan día a día. El país está inmerso en el proceso de renegociación —que no de revisión— del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al mismo tiempo que escalan las tensiones entre Washington y algunos países de la región; no soólo con los adversarios históricos (Cuba, Nicaragua y Venezuela), sino también con antiguos aliados, como Brasil y Colombia. Ambos tableros —el bilateral y el regional— estarán cada vez más interconectados, ya sea por decisiones deliberadas con fines tácticos o de manera indirecta por contaminación y rebote.

México estará obligado a mantener una mirada atenta y simultánea en los dos tableros a fin de sortear los escenarios conflictivos que se avecinan. Requiere una diplomacia de equilibrios finos y flexible, para la cual no hay evidencia de mayor preparación en términos de inteligencia estratégica y capacidad diplomática en la región. La presidenta Claudia Sheinbaum ha introducido un estilo más pragmático y activo de “apego a los principios”, sin ajustar aún las posiciones hacia Latinoamérica ni la caja de herramientas diplomáticas en la región, a pesar del cambio tan radical en el contexto regional.

El ajuste más importante ha sido el acercamiento diplomático entre Brasil y México, con un enfoque pragmático que deja atrás la idea de un acuerdo de libre comercio para centrarse en una agenda de diálogo político e inversión sectorial (biocombustibles, energía, salud y seguridad agroalimentaria). Han vuelto las visitas presidenciales entre ambos países después de 15 años de ausencia, en el caso de México, y 6 años en el de Brasil. También se ha reactivado el papel de país sede de reuniones regionales sobre migración, género y cambio climático.

A pesar del giro radical en la situación mundial y regional, son más las continuidades que los cambios. Los programas de cooperación Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro se mantienen en cinco países de Centroamérica y el Caribe; la relación especial con Cuba se amplía por medio de contrataciones de médicos y envíos de hidrocarburos subsidiados; la ruptura de relaciones con Ecuador no tiene visos de solución; la crisis diplomática con Perú se prolonga con la decisión del Congreso peruano de declarar persona non grata a la presidenta Sheinbaum, y, después de un tibio y fallido intento de mediación para transparentar los resultados electorales en Venezuela, se retoma el mutismo frente a la deriva autoritaria en ese país y a la crisis de derechos humanos en Nicaragua.

Algo inusual en un nuevo gobierno es la ausencia de cambios en los cuadros responsables de conducir las relaciones con América Latina y el Caribe. De las veinticuatro embajadas de México en la región, nueve están a cargo de embajadores de carrera, mientras que cuatro (Brasil, Panamá, Perú y Uruguay) no tienen embajador; una está cerrada indefinidamente desde abril de 2024 (Ecuador), y las diez restantes tienen a la cabeza perfiles políticos. La interlocución diplomática al más alto nivel se ha reactivado, aunque de manera selectiva e insuficiente. La actividad del canciller mexicano en la región se acota a su participación en reuniones multilaterales en Brasil (G-20 y BRICS), Honduras (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC), Antigua y Barbuda (Organización de los Estados Americanos, OEA) y San Cristóbal y Nieves (Comunidad del Caribe). En dos de los viajes de la presidenta a la región, aprovechó las citas multilaterales para sostener reuniones bilaterales con países afines e impulsar agendas de trabajo o iniciativas propias, como la anunciada Cumbre por el Bienestar Económico de América Latina y el Caribe. Su viaje a Guatemala se centró en la agenda bilateral de frontera, migración y seguridad. Sin embargo, la diplomacia mexicana en la región sigue siendo más reactiva, inercial y subordinada a la relación con Estados Unidos.

Hoy persisten tres focos rojos en la región que generan tensiones con impacto hemisférico: Cuba y Haití, con escenarios de riesgo político, colapso económico, malestar social y violencia agravados, y Venezuela, en donde los roces militares con Estados Unidos pueden escalar afectando a países vecinos y de la cuenca del Caribe; esto podría complicar la situación interna, que podría desembocar en una crisis de gobernabilidad, en un cambio de régimen, con o sin negociación política, o en una deriva autoritaria mayor.

Frente a estos escenarios, México debe fortalecer su posición geopolítica para buscar atenuar tensiones, acercar posiciones y evitar, en lo posible, el desbordamiento de conflictos. Tanto en el tema de la migración como en el narcotráfico, es urgente trabajar en planteamientos de carácter regional alternativos a los enfoques punitivos que involucren a los países de origen, tránsito y destino, dado el nivel de interlocución con el que cuenta hacia el norte y hacia el sur. De especial cuidado debe ser el tema de la atención y la protección de la seguridad y los derechos humanos de los migrantes, refugiados, desplazados y sus familias. México tendría que posicionarse como país clave en la articulación de esquemas regionales de gobernanza y gestión migratoria para superar los obstáculos de acceso a la protección internacional generados por los cambios en la política migratoria estadounidense.

Latinoamérica constituye el espacio geopolítico natural para que México construya coaliciones y diversifique sus alianzas en temas estratégicos, en los cuales las normas internacionales están siendo ignoradas, incluso torpedeadas, y la acción colectiva es tan urgente como insuficiente. Esto implica que México debe retomar una participación proactiva en los organismos multilaterales regionales —OEA, CELAC, Alianza del Pacífico, Banco Interamericano de Desarrollo, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe—, con una agenda centrada en los temas que más le afectan —comercio, migración y seguridad transnacional—, y en aquellos donde hay mayores convergencias, como salud, resiliencia climática, transición energética, regulación de minerales críticos, gobernanza digital e innovación tecnológica. EP

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