Desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, el 20 de enero de 2025, las estadísticas de su gobierno muestran una dramática caída de hasta 90% en el número de personas que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México con el propósito de internarse en territorio estadounidense.

Washington estableció, desde el primer día, que Canadá y México tendrían que pagar aranceles por no hacer lo suficiente en el combate a la migración irregular y el tráfico de fentanilo. Ottawa se mostró sorprendida y, desde el 14 de marzo de 2025, el gobierno del primer ministro Mark Carney nombró a altos funcionarios con estas encomiendas. Por su parte, en el gobierno de Claudia Sheinbaum, México se ha desempeñado, una vez más, con un doble discurso: una retórica soberanista para la tribuna de sus fieles seguidores y, por la puerta trasera, el acomodamiento a los requerimientos de la Casa Blanca.

En palabras del profesor Jorge Durand, Trump ha emprendido una reforma migratoria a la inversa: se salta al Congreso y, a punta de decretos, reforma totalmente el sistema migratorio, con el argumento de la seguridad nacional, aspecto que le da amplios poderes y presupuesto ilimitado. El tenor de esta contrarreforma, diseñada por el muy poderoso Subjefe de Gabinete, Stephen Miller, es monocorde: los migrantes son criminales que se vinculan con organizaciones terroristas para amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos.

Desde el 20 de enero hasta finales de agosto de 2025, al incluirse expulsiones, repatriaciones y autodeportaciones, la cifra rebasa las 350,000 acciones. Más de 80% de las deportaciones se han realizado a países latinoamericanos, y dentro de estos, la gran mayoría ha tenido como destino México, Guatemala, Honduras, Ecuador, Colombia, El Salvador y Venezuela, como se muestra en la tabla 1.

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Instituto de Política Migratoria (MPI), CNN y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

La guerra se extiende también contra los inmigrantes que viven en suelo estadounidense con o sin documentos; las personas no blancas extranjeras que tienen papeles en regla están sujetas a deportación en cualquier momento. Hay numerosos casos de mexicanos con 20 años de vivir y trabajar en Estados Unidos que han sido deportados tras las temidas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La Corte Suprema de Estados Unidos ha dado luz verde, de manera expresa, al perfilamiento racial agresivo solo con base en el origen étnico, no hablar inglés o hacerlo con acento extranjero, su ubicación en ciudades y barrios de inmigrantes, o el hecho de trabajar en oficios en los que la mano de obra migrante es muy numerosa.

Las redadas se han enfilado contra los barrios latinos, especialmente afuera de los supermercados o de las tiendas Home Depot, donde los trabajadores de la construcción, de jardinería y de mantenimiento se congregan para buscar empleo. Una quinta parte de los arrestos han sido latinos sin ningún antecedente criminal y sin orden de deportación.

Trump ha dirigido especialmente las redadas contra las grandes ciudades santuario como Boston, Chicago, Los Ángeles y Washington DC, con la resistencia activa por parte de los gobernadores Gavin Newsom y J.B. Pritzker en California e Illinois. Tampoco es casualidad que Newsom encabece hoy las encuestas para convertirse en el abanderado demócrata en la elección presidencial de 2028.

Además del pánico que prevalece entre los migrantes, las redadas del ICE han provocado un daño directo a empresas en la agricultura, los hoteles, los restaurantes y las empacadoras de cárnicos y aves, que lograron que Trump prometiera que en sus ámbitos habría protección a los trabajadores, porque esas actividades no pueden funcionar sin el trabajo migrante.

Trump ha conseguido una cantidad de dinero exorbitante para instalar nuevos dispositivos tecnológicos de seguridad en la frontera con México, para más plazas en el ICE, y profundizar la militarización de la contención migratoria.

Poco a poco, los números de deportaciones de su primer mandato van quedando atrás, en la persecución de su meta de deportar 1 millón de personas al año y 4 millones en total para su segundo cuatrienio, por encima del promedio del expresidente Joseph R. Biden de cerca de 800,000 por año. Los traslados en secreto, las separaciones familiares y los vuelos a terceros países hacen más difícil la defensa de casos en los tribunales de inmigración, incluyendo el acceso a abogados defensores.

Propuestas

El gobierno de la presidenta Sheinbaum ha aprovechado que Trump se dio por bien servido con la fuerte caída de los flujos a las fronteras, y se ha centrado en impedir la imposición de aranceles por parte de Washington.

Sin embargo, la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, cuya revisión está planteada para iniciar el 1 de julio de 2026, podría poner en el radar a la movilidad laboral regional. No es previsible que se incluya en la agenda, pero, para dejar registro, enuncio varias propuestas al respecto:

1. Firmar un memorando de entendimiento bilateral sobre movilidad laboral.
2. Actualizar un programa de trabajadores migratorios invitados.
3. Expandir los programas de visas H2A y H2B con reformas de portabilidad y escala.
4. Establecer una comisión bilateral de mercados laborales.
5. Reducir los tiempos de espera en la frontera y mejorar la infraestructura fronteriza. 

Las políticas de Trump socavan la viabilidad de estas propuestas, pero, al mismo tiempo, el costo de prescindir o reducir drásticamente la fuerza de trabajo disponible para la economía estadounidense podría operar en una dirección consistente con lo aquí planteado. EP

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