Como ya lo han señalado algunos analistas, la recién difundida Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos viene a confirmar que un mundo multipolar ha emergido finalmente. El corolario Trump a la Doctrina Monroe es otra inquietante comprobación de la agresiva e impredecible política exterior de su segunda presidencia. Apuntan en la dirección de un contradictorio despliegue y repliegue del liderazgo estadounidense en el mundo. En los últimos meses Washington se ha propuesto demostrar que es la potencia regional americana con capacidad para ampliar sus facultades de injerencia e impedir que China o Rusia adquieran activos críticos en la región, para reafirmar que sigue siendo la potencia global preeminente. 

Los Estados Unidos están empeñados, simultáneamente, en ejercer su dominio en América Latina y el Caribe, en encarar y contener a China, en ignorar a la India, en socavar a Europa, en dividir a la OTAN y descalificar a la Unión Europea, en congraciarse con Rusia, aun si ello conduce a la rendición y partición de Ucrania, en medio de la reconfiguración de nuevas alianzas geopolíticas, militares y comerciales. Asimismo, en transar con todos en el Medio Oriente, especialmente con las monarquías del Golfo, en actuar sin escrúpulos para asegurar el apoyo total e incondicional al gobierno de Israel. Por último, en desafanarse de África. Todo ello implica ejercer su poder político, militar y económico por la fuerza, usando igual portaaviones y misiles que aranceles para defenderse y proteger sus intereses en el mundo, sin dejar de realizar grandes negocios y obtener las mayores ganancias. Porque para volver a ser grandes, los actuales dirigentes de la superpotencia consideran que los Estados Unidos necesitan sacar ventaja de todos y aprovecharse de todo en este incierto cambio de época. 

En ninguno de los ocho conflictos que Trump afirma haber resuelto se han alcanzado soluciones de fondo ni se ha conseguido una paz justa y sustentable. El desprecio de Trump por el derecho y la justicia internacionales son cada día más patentes. Si para ganar y vencer hay que engañar, si para tener e imponer tratos y negociar con los distintos liderazgos en los diferentes escenarios de conflicto hay que amagar, presionar y coaccionar, ningún propósito legítimo de pacificación parece tener cabida con él, tampoco apelar a ninguna inexistente reserva moral. 

Somos testigos de una gravísima ruptura histórica. Estados Unidos había sido, desde su fundación y después de la Segunda Guerra, un firme defensor de la justicia internacional. Esa era una de las armas más poderosas de su arsenal diplomático. Proveía bienes públicos globales, lideraba la coordinación de políticas multinacionales y actuaba como el gestor de las grandes crisis, de conformidad con un conjunto de normas y reglas multilaterales ampliamente aceptadas. La ruptura en curso se ha hecho más evidente no solo con el desmantelamiento de la USAID, sino con el rechazo explícito estadounidense a reconocer las obligaciones de alcanzar un acuerdo justo entre el país agredido y el país agresor mediante un desigual y abusivo arreglo transaccional que pretende venderse como un elusivo acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, con una mediación que no es desinteresada. También por las sanciones impuestas a jueces de la Corte Penal Internacional o por la abierta hostilidad y descrédito de las instituciones multilaterales de resolución de disputas.

Múltiples son tanto los intereses como las mentiras y las ambiciones en juego en el despliegue militar y naval estadounidense en el Caribe y el Pacífico Oriental, sin precedente en décadas. La administración Trump viene adoctrinando a la prensa, a los medios de comunicación y al público estadounidense para que asocien los ataques realizados contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes, declarados previamente miembros de organizaciones terroristas, con la detención del flujo de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y otras drogas y percutores químicos; para que la opinión pública acepte el uso de la fuerza —que presume es legal y legítima— con el anunciado desmantelamiento de los cárteles del narcotráfico, y de paso nulificar a otros grupos, desde la frontera sur con México hasta Sudamérica. 

En una lógica de corte neoimperial y supremacista, el gobierno de Trump asume que el hemisferio occidental es el “teatro principal” de su seguridad nacional; el cual concibe como el “vecindario prioritario”, en donde siendo el “patio trasero” las acciones unilaterales y las ejecuciones extrajudiciales se justifican plenamente, tornándose necesarias para disuadir a quienes, según ha declarado, son la nueva amenaza para la seguridad estadounidense. Si antaño fueron los comunistas, hoy son los narcoterroristas. La narrativa nacionalista y proteccionista impulsada por Trump sirve efectivamente para demostrar poder; sin embargo, marca también una regresión para volver a las políticas de intervención e interferencia política y militar abierta o encubierta en los asuntos internos de otros países. 

El gobierno estadounidense afirma que la prioridad es eliminar “cinéticamente”, sin miramientos ni interminables procesos judiciales, a quienes introduzcan drogas a EUA; seguir vigilando y combatiendo a aquellos cárteles y organizaciones que controlan territorios y se han ido apoderando de parte de las instituciones públicas y adueñando mediante extorsiones de múltiples actividades económicas lícitas, siendo capaces de determinar resultados electorales ya sea cooptando o asesinando líderes políticos con responsabilidades de gobierno. 

De ahí la justificación para acusar, castigar, acosar y acabar con el corrompido régimen político de Nicolás Maduro en Venezuela, donde todos sabemos se encuentran las mayores reservas de petróleo del mundo; pero también para desestabilizar y llevar a cabo operaciones encubiertas por parte de la CIA en aquellos países cuyos gobiernos no se subordinen a los dictados de Trump o cuya colaboración le resulte ineficaz o insuficiente, siempre y cuando todas estas medidas aseguren para los intereses nacionales y los intereses privados de las élites y las grandes empresas de los Estados Unidos el acceso, el control y los beneficios de los minerales, los recursos naturales, el agua y las rutas estratégicas en torno al Golfo de México. Aquella orden ejecutiva de cambiar en los mapas el nombre del Golfo de México no fue una mera argucia.

En el actual panorama internacional flota en diversos círculos políticos nacionales e internacionales un presagio funesto. En medios de comunicación, en foros y centros de pensamiento estratégico se sigue considerando y discutiendo la posibilidad de que haya una intervención militar estadounidense —más pronto que tarde— como una demostración de fuerza y poderío. Una nueva intervención militar estadounidense cuyos alcances probablemente sean limitados y que pudiera ocurrir en un escenario cercano, para reafirmar su zona de influencia y remarcar su perímetro de seguridad, sin que se descarte otros escenarios más distantes, como en el Pacífico; sobre todo habiendo zonas de conflicto para los vastos intereses estadounidenses en el gran océano, las cuales no se circunscriben a las tensiones y al rearme de Taiwán o a garantizar la libre navegación en el mar meridional de China. 

Tampoco puede descartarse que Trump pudiera ordenar una intervención a domicilio, en particular contra objetivos específicos asociados con las actividades de los cárteles de narcotraficantes mexicanos y sus intocadas redes en territorio estadounidense. Ahí están las recurrentes declaraciones ante lo que viene ocurriendo en México, su vecino al sur, que destacan los riesgos para su seguridad nacional. Un ataque unilateral en algún punto del territorio mexicano, donde no hay ley, ni estado de derecho, pero sí violencia criminal, sería gravísimo, por improbable que hoy pudiera parecernos. 

La actuación de la superpotencia parece evocar otras épocas, las de la “diplomacia del dólar” o la “diplomacia de las cañoneras”. Para conseguir sus propósitos hegemónicos hoy hay que demonizar a Venezuela y poner a ese rico país empobrecido por sus gobernantes —controlado por un sátrapa poco esclarecido como Maduro— a la defensiva ante una posible, aunque improbable invasión terrestre, sin dejar de amagar de paso a Colombia y poner sobre aviso a los decrépitos regímenes en Nicaragua y Cuba y enaltecer el entreguismo de los gobernantes en turno de El Salvador y Ecuador. 

Hoy basta y sobra con la voluntad del Ejecutivo, aun si no cuenta con la autorización del Congreso para gastar cientos de miles de millones de dólares de los contribuyentes y desplegar una tercera parte del poderío naval, militar y cibernético de los Estados Unidos. Para reforzar las fronteras y las bases militares y aéreas en la región, militarizar Puerto Rico, imponerse sobre el gobierno de la República Dominicana y realizar ejercicios navales intimidatorios con Trinidad y Tobago. Todo ello habiendo establecido un predominio sobre el espacio aéreo y control sobre las rutas marítimas para desplegar cientos de drones, aviones, helicópteros satélites espías y decenas de navíos de guerra junto con miles de marinos. 

Estas acciones de injerencia y desestabilización incluyen ejercer una amplia vigilancia cibernética, hacer uso de algoritmos y campañas de desinformación, así como emplear las nuevas armas vinculadas con la inteligencia artificial, acompañadas con la obtención de ciertas disposiciones legales y contractuales para incentivar y complacer al complejo militar e industrial y conseguir que la narrativa en la opinión pública local e internacional permanezca centrada en una lógica de guerra. 

Gobernantes, legisladores, asesores, cabilderos, traficantes y vendedores de armas en el mundo saben demasiado bien que los más lucrativos negocios y oportunidades de acrecentar el poder de los países desarrollados no están en promover la paz, sino por lo contrario, en hacer y mantener una pendiente de guerras y conflictos, sin acabar con la violencia, la desigualdad y la injusticia que sufren una mayoría de naciones.

Nuevas y viejas tensiones geopolíticas surgen y se agravan. Ninguna guerra parece tener solución. Los planes de paz de Trump resultan exactamente en lo contrario: en un conjunto de ocurrencias, componendas y transacciones destinadas a conseguir nuevas formas de dominación y expolio para obtener los beneficios y las ganancias de los negocios privados a partir de la conducción de los asuntos entre estados. Las principales potencias no estarán interesadas en construir procesos de paz, mientras continúen enfrascadas en hacer sus cálculos y en armarse, mientras no impulsen, de nuevo, la urgente necesidad de repensar el desarrollo en esta era convulsa, con Estados Unidos a la cabeza. Y esto México simplemente no puede ignorarlo. EP

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